CONSEJO MINISTROS 20072018

El Gobierno eleva un 4,4% el techo de gasto para 2019 hasta alcanzar los 125.064 millones de euros

El Ejecutivo mantiene la previsión de crecimiento económico y su compromiso de reducir el déficit. Además, prevé la creación de alrededor de 1.200.000 puestos de trabajo en tres años y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11%. Por otra, parte el Gobierno mejora las pensiones de viudedad de las personas con 65 años o más.

​El Ejecutivo ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de los próximos tres ejercicios, así como el límite de gasto no financiero del Estado para 2019. Además, ha presentado un informe de la situación de la economía española, que incluye el escenario macroeconómico para el periodo 2018-2021.

• La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la hoja de ruta del Gobierno tiene como objetivo recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones para resolver sus problemas y hacer que la recuperación económica llegue a las familias.
• Con este fin, el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del objetivo de déficit para los próximos ejercicios. "Se trata de 6.000 millones más para el bienestar de los ciudadanos, en especial para las clases medidas y trabajadoras", ha dicho Montero.
• El déficit del Estado queda establecido en el 1,8 para 2019; el 1,1 para 2020 y el 0,4 para 2021 y los parámetros de deuda pública se sitúan para el conjunto de las administraciones en el 96,1% del PIB en año 2019, en el 94,1 en 2020 y en 91,5 2021.
• Montero ha asegurado que, con estas cifras, "continuamos en la senda de reducción de nuestro nivel de endeudamiento". Además, ha apuntado que las administraciones más beneficiadas serán las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En este sentido, ha argumentado que el Gobierno pretende que políticas públicas como la sanidad, la educación, la dependencia y la atención a las personas en situación de desempleo lleguen a los ciudadanos "con independencia de quiénes son las administraciones que se beneficien de este margen".
• Las comunidades, ha precisado, "dispondrán de 2.500 millones más para elaborar sus presupuestos en 2019 que revitalizarán el Estado del bienestar".
• Asimismo, la ministra ha indicado que se fija la tasa de variación de la regla de gasto que afecta a todas administraciones públicas en el 2,7 en el año 2019, en el 2,9 para 2020 y en el 3,1 para el año 2021.
• La titular de Hacienda, ha concretado, que el límite de gasto no financiero para 2019 queda fijado en 125.064 millones de euros: "Esto significa que incrementamos el techo de gasto para 2019 un 4,4% con el objetivo de posibilitar un presupuesto expansivo que garantice una recuperación económica justa. Esta será la cifra referente para el nuevo presupuesto".
• Este ajuste, ha dicho, es consecuencia de "un escenario macroeconómico donde las bases del crecimiento siguen siendo estables con unos márgenes fiscales de los que se van a beneficiar principalmente las administraciones territoriales". Montero también ha señalado que la recaudación tributaria "se comporta de forma favorable", por lo que la medida no va a suponer "un mayor esfuerzo fiscal ni para clases medias o trabajadoras ni para pymes o autónomos".

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado que las previsiones realizadas en el cuadro macroeconómico del Gobierno "están basadas en hipótesis prudentes con respecto a la evolución de la economía internacional".

• Calviño ha señalado que se prevé un aumento paulatino de los tipos de interés tanto a corto como a largo plazo, una ligera apreciación del euro en este año, la estabilización del tipo de cambio en los próximos años, un crecimiento mundial sólido y que las exportaciones en España sigan creciendo a buen ritmo.
• La ministra también ha resaltado que la previsión de crecimiento del PIB en 2018 se mantiene en el 2,7% y para 2019 en el 2,4%.
• Nadia Calviño ha mantenido que estas previsiones son coherentes con el esfuerzo estructural de reducción del déficit del 0,4% del PIB que se ha comunicado a la Comisión Europea.También nos permite mantener una tasa de crecimiento del 2,4%. "Nuestra política se orienta a una consolidación fiscal que no esté reñida con el mantenimiento y la sostenibilidad del crecimiento económico y la creación de empleo en los próximos años", ha subrayado.
• Además, ha estimado que estas previsiones son coherentes con la agenda social del Gobierno y con su propósito de recuperar la inversión en el Estado del bienestar. Asimismo, ha subrayado que los ministerios de Hacienda y Economía se han comprometido a mantener la estabilidad presupuestaria como objetivo imprescindible para reducir el peso de la deuda pública en España y apostar por el crecimiento sostenible a medio y largo plazo.
• La titular de Economía y Empresa ha informado de que el Gobierno prevé que entre el cuarto trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2021 se creen alrededor de 1.200.000 puestos de trabajo, es decir, una media de 400.000 al año. Su objetivo es que en 2020 haya más de 20 millones de ocupados, nivel previo a la crisis.
• El Ejecutivo también confía en que la tasa de paro siga disminuyendo a un ritmo aproximado de entre uno y dos puntos porcentuales al año y se sitúe por debajo del 11% al final de 2021

El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto que recoge una subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad para las personas con 65 años o más. En 2018, el incremento será de cuatro puntos -del 52 al 56%-; y a partir del 1 de enero de 2019, alcanzará el 60%.

• El objetivo de esta medida es mejorar las pensiones de las personas de mayor edad que tengan recursos limitados. Según los cálculos de la Seguridad Social, podrán beneficiarse de la subida unas 400.000 personas este año y cerca de 500.00 el año que viene, "mujeres y viudas en su mayor parte", ha aclarado la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
• La medida, que se aplicará ya en la nómina del mes de agosto, supondrá un aumento del gasto para la Seguridad Social de 301,31 millones de euros en 2018 y de 1.381,73 en el año 2019.
• El Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno cumple con una disposición adicional de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social), que no había sido desarrollada hasta ahora, en la que se preveía un incremento gradual durante ocho años de la base reguladora de la pensión de viudedad hasta alcanzar el 60% el 1 de enero de 2019.

La ministra de Educación y Formación Profesional ha informado de la decisión del Consejo de Ministros de levantar el bloqueo a la tramitación en el Congreso de los Diputados de 44 proposiciones de Ley que había decidido el Ejecutivo anterior.

• Según ha explicado Celaá, algunas de esas 44 proposiciones tienen "muchísimo interés social", ya que afectan a temas fundamentales como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación, la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, la supresión de las tasas judiciales, la revalorización de las pensiones o el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
• Celaá ha argumentado que "con este desbloqueo, el Gobierno devuelve a las Cortes el protagonismo que se les supone en una sociedad democrática avanzada". Recordemos que el Consejo de Ministros celebrado el pasado 12 de junio ya adoptó una decisión similar con otras 18 proposiciones de Ley.

La portavoz también ha informado de la decisión del Consejo de Ministros de proponer a la periodista Rosa María Mateo como administradora provisional única de la corporación RTVE, un mandato que se prolongará hasta que los grupos parlamentarios acuerden la renovación de "los órganos de dirección de la Corporación con arreglo a la Ley 21/2017".

• Como director del Instituto Cervantes, el Gobierno ha nombrado al poeta granadino Luis García Montero, quien "se va a encargar a partir de hoy de trabajar para que nuestro idioma, nuestra lengua, siga siendo un vehículo cultural de máximo nivel".
• En el ámbito internacional, la ministra Celaá, tras condenar en nombre del Gobierno "los graves sucesos violentos ocurridos recientemente en Nicaragua", ha anunciado que el presidente del Gobierno comparecerá en diciembre de 2018 ante el pleno del Parlamento Europeo "para explicar su visión sobre el futuro de Europa".
• El Consejo de Ministros ha aprobado también una modificación de la Ley de Marcas que resulta "de gran interés para las empresas españolas". Las marcas, según ha explicado Celaá, tienen una notable dimensión macroeconómica: aportan el 41% del empleo, el 45% de las exportaciones, el 40% del PIB y el 55% de la inversión en I+D+i. Esta nueva regulación, ha añadido, "supone un importante en la lucha contra la piratería".
• Además, el Ejecutivo ha aprobado la reanudación de las obras del Hospital Universitario de Melilla, en las que se invertirán más de 88 millones de euros.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/200718-consejo.aspx

EL GOBIERNO APRUEBA LOS NUEVOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA 2019-2021 ASÍ COMO EL TECHO DE GASTO DEL ESTADO PARA 2019

• El Consejo de Ministros ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria 2019-2021 que flexibiliza los objetivos de déficit para apuntalar el crecimiento y potenciar las políticas sociales
• La senda prevé que el déficit en 2019 sea del 1,8% en lugar del 1,3%, un mayor margen que se reparte mayoritariamente entre las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social
• Se afianza la senda decreciente de la deuda pública, que se situará en el 91,5% del PIB en 2021.
• El techo de gasto del Estado para 2019 aumentará un 4,4% hasta alcanzar los 125.064 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Estado para 2019, que asciende a un total de 125.064 millones de euros. Dos elementos que ponen las bases para elaborar los Presupuestos Generales de 2019 y cumplir de esta forma con el compromiso del Gobierno de apuntalar el crecimiento económico y potenciar las políticas sociales.

• Los objetivos de déficit aprobados suponen una revisión de la senda de consolidación anterior, y se adaptan en mayor medida a la realidad económica, garantizando la reducción del déficit público y un crecimiento económico sostenible, a la vez que permiten el impulso de la agenda social.
• Para el conjunto de las Administraciones Públicas se contempla un déficit máximo del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% del PIB para 2020, y del 0,4% del PIB para 2021.
• En el desglose por Administraciones Públicas, el déficit de la Administración Central se reducirá hasta lograr el déficit cero en 2021. Por su parte, las Comunidades Autónomas también reducirán su déficit de forma más progresiva con la nueva senda negociada con la Comisión Europea.
• Para las Entidades Locales se contempla equilibrio presupuestario en todo el periodo 2019-2021.
• Finalmente, la Seguridad Social reducirá su déficit hasta situarlo en el 0,4 por ciento del PIB en 2021, siendo el subsector que acomete el mayor esfuerzo de consolidación.
• Capacidad (+) Necesidad (-) Financiación, SEC-2010 (En porcentaje del PIB) 
•                                        19    20  21
• Administración Central -0,4 -0,1 0,0
• Comunidades Autónomas -0,3 -0,1 0,0
• Entidades Locales 0,0 0,0 0,0
• Seguridad Social -1,1 -0,9 -0,4
• Total Administraciones Públicas -1,8 -1,1 -0,4
• En cuanto a los objetivos de deuda pública para el periodo 2019-2021, se han fijado los siguientes para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores:
• Administración Central y Seguridad Social 70,1 68,9 67,2
• Comunidades Autónomas 23,7 23,0 22,2
• Entidades Locales 2,3 2,2 2,10,0
• Total Administraciones Públicas 96,1 94,1 91,5
• Asimismo, a efectos del cumplimiento de la regla de gasto que afecta a todas las Administraciones Públicas, en el informe de situación que acompaña a este Acuerdo de Consejo de Ministros se ha establecido la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. La variación del gasto computable nominal de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar dicha tasa de referencia en este periodo, siguiendo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento:  2,7 2,9 3,1
• En el Acuerdo que el Gobierno remite a las Cortes Generales con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, debe incluirse el límite de gasto no financiero del Estado para 2019, que no es sometido a votación, el cual asciende a 125.064 millones de euros, un 4,4% más respecto al Presupuesto de este año.

ANTEPROYECTO DE LEY DE MARCAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Marcas 17/2001 y la adapta a la Directiva europea 2015/2436, que armoniza las legislaciones comunitarias y facilita el registro y la gestión de las marcas.

• La norma introduce novedades en aspectos materiales y procedimentales y da mayor homogeneidad a los sistemas de marcas de los Estados miembros. Se evitan así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.
• La nueva regulación supone un avance importante en la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas.
• Una de las principales novedades de la norma es la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente. Para adaptarse a las nuevas tecnologías, una vez que entre en vigor, la marca podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio (sonoro, vídeo, holograma, etc.), siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad.
• Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse. Por otro lado, desaparece el concepto de "marca notoria" y se prevé solo la categoría de "marca" o "nombre comercial renombrados", aquella que sea conocida por el público en general, lo que le otorgará una protección especial.
• En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación para formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación. El texto atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos.
• El nuevo sistema facilitará el registro y la gestión de marcas en la Unión Europea y en España.
• La necesidad de probar el uso de una marca contribuirá a depurar la creación de monopolios injustificados. Se instaura, de este modo, un mecanismo novedoso para España, que refuerza la actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
• La nueva normativa ofrecerá a los usuarios procedimientos administrativos ágiles para la declaración de nulidad y caducidad de las marcas registradas, dejando la vía judicial para controversias de mayor calado económico.
• En definitiva, esta norma mejorará el funcionamiento del mercado interior, aumentará la seguridad jurídica para los ciudadanos de la UE y facilitará la erradicación de monopolios injustificados

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN EL ÁMBITO DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios.

• La Ley General Presupuestaria autoriza al Gobierno para que acuerde que la fiscalización e intervención previa se limite a comprobar determinados extremos, unos tasados por dicha Ley y, adicionalmente, otros contemplados en el ordenamiento jurídico en su conjunto y seleccionados en atención a su trascendencia en el proceso de gestión y que tienden a asegurar la objetividad y transparencia en las actuaciones públicas.
• El ámbito objetivo de este acuerdo se circunscribe a la reforma y regulación de la citada modalidad de control en relación con los tipos de gastos afectados por la Ley de Contratos del Sector Público, que ha introducido novedades tanto en materia de contratos administrativos como en materia de encargos a medios propios personificados, derogando en dicho ámbito al anterior acuerdo de 30 de mayo de 2008.
• Las importantes reformas introducidas por la nueva normativa en materia de contratación del sector público han justificado la necesidad de este acuerdo, sin perjuicio de que también se han incorporado algunos extremos fruto de los resultados derivados del control ejercido durante la vigencia del acuerdo anterior.
• Entre las reformas introducidas por la reciente Ley de Contratos del Sector Público, que han conllevado su reflejo en los extremos que deben comprobarse en el ejercicio de la función interventora, cabe enumerar, entre otras, la nueva regulación de los criterios de adjudicación, de la forma de acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia, de las condiciones especiales de ejecución, la introducción del nuevo procedimiento abierto simplificado y las reformas en el régimen de modificaciones contractuales.
• Asimismo, las adaptaciones en la regulación del recurso especial en materia de contratación, en el procedimiento con negociación, así como en las técnicas de racionalización de la contratación, y en la regulación de los encargos a medios propios personificados, sin carácter exhaustivo, han justificado la necesidad de revisar el alcance de los extremos que regulaban los citados aspectos.

INFORME SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL DE 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma conocimiento del Informe general sobre la planificación estratégica de subvenciones en el Sector Público Estatal en el ejercicio 2017 elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

• La Ley General de Subvenciones establece que los órganos de las administraciones públicas deben concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
• El Informe general realizado por la IGAE, que describe la situación a 30 de septiembre de 2017, pone de manifiesto la limitada implantación de la planificación estratégica de subvenciones en los diferentes ámbitos de la gestión pública estatal, si bien adelanta el esfuerzo que los ministerios están realizando para incluir en su organización el modelo de gestión por objetivos en materia de subvenciones y ayudas públicas.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LA INTERVENCIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de aplicaciones con destino a la Intervención General de la Administración del Estado, en el ámbito de presupuestos, fondos europeos y costes de personal y pensiones públicas, cuyo valor estimado máximo es de 12.617.244 euros.

• La Oficina de Informática Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado solicita la licitación de los servicios profesionales para el desarrollo de aplicaciones en el ámbito de presupuestos, fondos europeos y costes de personal y pensiones públicas de clases pasivas.
• El periodo de la contratación es de 25 meses, entre el 2 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de prórroga.
• El procedimiento de adjudicación propuesto es el procedimiento abierto, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• El presupuesto total de licitación para prestar los servicios descritos en el pliego de prescripciones técnicas ascenderá, como máximo, a 6.361.193,86 euros, IVA incluido, con la siguiente distribución por lotes teniendo en cuenta el calendario de reconocimiento de obligación:
• Lote 1: Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la presupuestación del Sector Publico estatal y la gestión de Fondos Europeos con destino a la Intervención General de la Administración del Estado, por importe de 3.609.188,00 euros.
• Lote 2: Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de los Costes de Personal y Pensiones Públicas con destino a la Intervención General de la Administración del Estado, por importe de 2.752.005,86 euros.

APROBADA LA SUBIDA DE LA BASE REGULADORA DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DE LAS PERSONAS CON 65 AÑOS O MÁS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aumenta en 8 puntos el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad.

• A partir de la nómina de agosto, aumenta desde el 52% hasta el 56% el porcentaje que determina la pensión de viudedad. Desde el próximo 1 de enero de 2019, la viudedad será el 60% de la base reguladora, así se culmina la subida de 8 puntos.
• Esta subida que beneficia a las personas con 65 o más años y que no perciben ingresos por trabajo ni otras pensiones, notarán esta subida a partir de la nómina de agosto.
• En el caso de que sean pensiones complementadas a mínimos, no percibirán variación en la paga, ya que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta un mínimo que se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
• Tener 65 años, no percibir otra pensión pública ni ingresos que superen el límite fijado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder beneficiarse de la pensión mínima de viudedad, son los requisitos imprescindibles para acogerse del incremento,
• En definitiva, el objetivo es el de mejorar las pensiones de las personas de mayor edad -65 o más años- con recursos limitados. En este sentido, la norma señala que no deben percibir otra pensión pública española o extranjera, ni ingresos por trabajo u otros rendimientos por encima del límite establecido en los PGE (7.347,99 €/ año, para 2018).
• Los beneficios de este incremento no tienen carácter consolidable, es decir, la persona recibirá la mejora en la pensión mientras siga cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.
• Para quienes cobran una pensión de viudedad complementada a mínimos, la subida no supondrá un aumento de la paga. En este colectivo, las pensiones reciben el mínimo establecido cada año en los Presupuestos. Por lo tanto, esta mejora se absorbe parcial o totalmente en el complemento que abona el Estado.
• La mejora hoy aprobada es independiente de la subida adicional de las pensiones que se aplicará con efectos retroactivos del 1 de enero y que con carácter general supone un aumento del 1,35% (que se suma al 0,25% aplicado en enero). En el caso de las pensiones mínimas, la subida adicional será del 3% (2,75% + 0,25%) en todas las modalidades. Esta subida ha sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
• La Seguridad Social prevé que este año cerca de 400.000 personas se beneficiarán de la mejora de la pensión de viudedad, alrededor de 465.000, a partir del 1 de enero de 2019, cuando se culmine el aumento de la viudedad hasta el 60% de la base reguladora.
• Para la Seguridad Social la aplicación de la base reguladora del 56%, se estima un aumento del gasto de 301,31 millones de euros desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018.
• A partir de 2019, cuando culmine la subida hasta el 60%, el aumento del gasto anual para el sistema de la Seguridad Social, será de 1.381,73 millones de €/año.
• El Real Decreto aprobado hoy da cumplimiento a la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto -Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social- que preveía la aplicación gradual de la subida, en un plazo de 8 años a partir del 1 de enero de 2012, hasta el 60% de la base reguladora de la pensión de viudedad.
• Los gobiernos posteriores aplazaron la entrada en vigor de la medida hasta el presente año, en que la recién aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge en una de sus disposiciones adicionales un incremento del 4% en el porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad y otro 4%, hasta el 60%, a partir del 1 de enero de 2019.

REAL DECRETO QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS SANITARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el mismo tipo de consumo.

• El principal objetivo de esta norma continúa siendo el de proteger la salud de la población de los efectos adversos de una posible contaminación del agua de consumo humano. La propuesta supone una mejora en la gestión de la calidad sanitaria del agua para este consumo, ya que se instauran Planes Sanitarios del Agua, basados en la evaluación de riesgo, que posibilitarán que se puedan adecuar los parámetros a controlar y su frecuencia, según los resultados de la evaluación del riesgo.

Tomado de: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20180720.aspx