Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo
de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1
de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado de alarma
en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que, por el momento ha sido prorrogado en tres
ocasiones, hasta el 9 de mayo de 2020.
La declaración del estado de alarma ha permitido la adopción de medidas que han
conseguido alcanzar gradualmente el objetivo de disminuir la transmisión de la
enfermedad y reducir al máximo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados
intensivos hospitalarios, de acuerdo con los datos proporcionados por la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica.
La Comunicación «Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las
medidas de contención de la COVID-19», presentada el pasado 15 de abril por la
presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, ha considerado
esenciales las medidas extraordinarias adoptadas por los Estados miembros.
Se afirma
que dichas medidas, basadas en la información disponible en relación con las
características de la enfermedad y adoptadas siguiendo un criterio de precaución, han
permitido reducir la morbilidad y mortalidad asociada al COVID-19, al tiempo que
han permitido reforzar los sistemas sanitarios y asegurar los aprovisionamientos
necesarios para hacer frente a la pandemia.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, con fecha 16 de abril de 2020,
definió los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el levantamiento de las
medidas de desconfinamiento.
Entre los citados principios, merecen especial atención
por su relación con el ámbito de la movilidad y el transporte, la necesidad de minimizar
los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como lugares cerrados y lugares
públicos donde se produce una gran concentración de personas; y que se asegure el
compromiso del conjunto de la población en la aplicación de las medidas adoptadas a fin
de continuar protegiendo los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de las
personas.
De acuerdo con los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, como autoridad competente delegada en sus áreas de responsabilidad, queda
habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios para establecer
condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la
protección de personas, bienes y lugares.
En este contexto, el transporte de mercancías y viajeros debe seguir realizándose,
en todo caso, con la debida protección de la salud. En la continua evaluación de las
condiciones en las que se vienen desarrollando ambos tipos de transporte, las medidas
que se van adoptando deben tener en cuenta, de una parte, la necesidad de facilitar el
transporte de mercancías en todo el territorio nacional, y de otra, que el transporte
público de viajeros garantice la movilidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del
Real Decreto 463/2020.
Con base en los datos disponibles, los criterios indicados con carácter general por el Ministerio de Sanidad en los distintos informes sobre evolución de
la situación de emergencia sanitaria, se estima necesario en el momento actual fijar las
condiciones de utilización de las mascarillas en los distintos modos de transporte, como
medida transversal para asegurar la contención de los contagios con carácter previo al
inicio de nuevos escenarios, así como establecer los criterios de ocupación de los
vehículos y concretar otras medidas dirigidas a asegurar el compromiso conjunto de la
población.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 14 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispongo:
Artículo 1. Utilización de mascarillas en los medios de transporte.
- 1. El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. En el caso de los pasajeros de los buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote. Asimismo, será obligatorio para los usuarios de los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor.
- 2. Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros deberán ir provistos de mascarillas y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.
Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre.
- 1. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.
- 2. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes.
- 3. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las vías respiratorias y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.
- 4. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes deban ir sentados, las empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de la mitad de los asientos disponibles respecto del máximo permitido. En todo caso, en los autobuses se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor.
- 5. En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se procurará que las personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como referencia la ocupación de la mitad de las plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.
Artículo 3. Actuaciones destinadas a reforzar la protección de los usuarios en los nodos
de transporte.
- 1. Los gestores de nodos de transporte (estaciones, intercambiadores de transporte, aeropuertos, estaciones marítimas) en los que se produzca la entrada y salida de pasajeros, establecerán y aplicarán los procedimientos y medidas organizativas necesarias para procurar el movimiento ordenado de los mismos a su paso por las instalaciones y evitar las aglomeraciones.
- 2. Los gestores de infraestructuras y servicios de transporte deberán reforzar los mensajes y cartelería en zonas en las que se puedan producir aglomeraciones (estaciones de tren, autobús, paradas de metro y autobús, aeropuertos, puertos, etc.) recordando la necesidad de mantener la distancia de seguridad y medidas de higiene.
Artículo 4. Medidas tendentes a la gestión de la demanda del transporte público.
Las administraciones competentes para establecer los horarios comerciales en sus
respectivos ámbitos podrán modificarlos en caso de que se considere necesario para
reducir la intensidad de la demanda en la hora punta del transporte público en su
territorio.
Disposición derogatoria única.
- 1. Quedan derogados los apartados 3 y 4 del artículo 3 de la Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo.
- 2. Queda derogado el artículo 1 de la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.
Disposición final única. Vigencia.
Esta orden será de aplicación desde las 00:00 horas del día 4 de mayo de 2020
hasta la finalización del estado de alarma, incluidas sus prórrogas o hasta que existan
circunstancias que justifiquen nueva orden ministerial modificando la presente.
Madrid, 3 de mayo de 2020.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos Meco.
Transcurridas ya siete semanas desde la declaración del estado de alarma, periodo
durante el cual las medidas adoptadas y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía
española han permitido reducir notablemente la expansión de la epidemia por COVID-19,
nuestro país se encuentra preparado para iniciar la transición hacia una nueva
normalidad.
Esta transición deberá incorporar las precauciones y medidas de prevención
necesarias para la minimización de riesgos, tanto en lo que se refiere a posibles
repuntes de la enfermedad como a la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios,
preservando en todo momento la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad.
En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de abril de 2020 el
Plan para la transición a una nueva normalidad, en el que se establecen los principales
parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva
normalidad, con las máximas garantías de seguridad sanitaria y recuperando
progresivamente los niveles de bienestar social y económico anteriores al inicio de esta
crisis.
Este Plan prevé un proceso de desescalada gradual, asimétrico, coordinado con las
comunidades autónomas y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función
de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.
Aunque en este Plan la desescalada no se concibe como un proceso matemático ni
automático, sino que deberá desarrollarse en función de la evolución de la epidemia y de
las capacidades estratégicas de los servicios sanitarios, sí establece un esquema útil
sobre el que diseñar y ejecutar las diferentes estrategias de transición.
En este sentido,
en el Plan se establece una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada
diferenciadas en función de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que
podrán transitar los diferentes territorios en función de diversos criterios e indicadores
hasta llegar a la nueva normalidad, una vez finalizada la fase III, en la que terminarán las
restricciones sociales y económicas, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica, la
capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la
ciudadanía.
A día de hoy, todo el territorio nacional se encuentra en la denominada fase cero,
definida por las medidas establecidas por la declaración del estado de alarma y las
órdenes dictadas por las diferentes autoridades competentes delegadas.
La decisión sobre el avance o retroceso en los diferentes territorios a través de las
distintas fases corresponderá al Ministro de Sanidad mediante un proceso de
gobernanza conjunta o cogobernanza con las comunidades y ciudades autónomas, en el
que ambas instituciones actuarán en permanente diálogo bajo los principios de
cooperación y colaboración.
Las decisiones finales se tomarán a partir de la evaluación
conjunta del panel de indicadores previsto en el Plan y considerando todos los factores
que pueden influir sobre la evolución de la epidemia.
En este proceso de cogobernanza, las comunidades autónomas y las ciudades de
Ceuta y Melilla podrán trasladar al Ministerio de Sanidad propuestas específicas de
desescalada en sus territorios de acuerdo al esquema orientativo previsto en el citado
Plan, así como plantear alguna actividad no contemplada entre las actividades
permitidas en las diferentes fases.
Asimismo, aunque la unidad territorial de referencia que se fija es la provincia, la isla o la ciudad autónoma, podrán proponerse ámbitos de
aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto.
Esta orden regula el procedimiento a seguir para la elaboración, remisión y
tramitación por las comunidades autónomas y ciudades autónomas de propuestas de
desescalada de acuerdo a las medidas establecidas en la declaración del estado de
alarma.
Las propuestas deberán estar basadas en las fases y actividades contempladas en el
anexo II del Plan e incluirán, tanto las medidas cuya adopción se propone, como la
información epidemiológica, sanitaria, social, económica y de movilidad que justificaría
su aprobación.
Una vez recibida la propuesta, el Ministerio de Sanidad la estudiará conjuntamente
con la comunidad o ciudad autónoma en cuestión, oídos asimismo a los ministerios
competentes por razón de la materia. La decisión, que en todo caso se procurará que
sea consensuada, la adoptará el Ministro de Sanidad, conforme a lo dispuesto en los
artículos 4.3, 7.6 y 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, según el caso.
La competencia para dictar esta orden y las que correspondan durante el
denominado proceso de desescalada hacia la nueva normalidad se basa en lo previsto
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Así, el artículo 4.2.d) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que,
para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del
Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad
competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás
áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás titulares
de los departamentos designados como autoridades competentes delegadas a los
efectos del citado real decreto.
Por su parte, el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, habilita al
Ministro de Sanidad para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones
interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean
necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la
adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Finalmente, los artículos 7.6 y 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
habilitan al Ministro de Sanidad a dictar órdenes e instrucciones en relación con las
actividades y desplazamientos a que se refieren los apartados 1 a 4 del artículo 7, y a
modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades
enumeradas en los apartados 1 a 5 del artículo 10 del citado Real Decreto, siempre por
razones justificadas de salud pública, con el alcance y ámbito territorial que
específicamente se determine.
En su virtud, resuelvo:
Primero. Ámbito de aplicación.
La presente orden será de aplicación a todas las propuestas que, en relación a la
transición hacia una nueva normalidad, realicen las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla para ampliar, modificar o restringir las medidas relativas a lugares,
establecimientos, desplazamientos y actividades suspendidas con motivo de la
declaración del estado de alarma y que se refieran al área de responsabilidad del
Ministro de Sanidad.
Segundo. Remisión de propuestas.
- 1. Las propuestas referidas en el apartado anterior serán remitidas al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Sanidad, por la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma o ciudad autónoma.
- 2. Salvo circunstancias debidamente justificadas, la primera propuesta se remitirá antes del 6 de mayo a las 14:00 horas, y las sucesivas propuestas, al menos, con una semana de antelación a la fecha propuesta para su aprobación.
- 3. Una vez remitidas las propuestas, cualquier modificación sustancial de las condiciones que sirvieron de base para la elaboración de las mismas, deberá ser comunicada de manera inmediata al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Sanidad.
Tercero. Contenido de las propuestas.
1. Las propuestas deberán tener, al menos, el siguiente contenido:
- a) Un análisis introductorio sobre la fase en la que en ese momento se encuentra el territorio respecto del que se realiza la propuesta y la fase de desescalada a la que se propone transitar mediante la adopción de las medidas incluidas en la propuesta.
- b) La descripción de las medidas de desescalada a adoptar y las fechas tentativas para su entrada en vigor.
- c) Un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población. Este análisis se realizará de acuerdo a los siguientes indicadores:
- 1.º Las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario en:
- i. Sistemas de alerta precoz y vigilancia epidemiológica.
- ii. Identificación y contención rápida de fuentes de contagio.
- iii. Capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio confirmadas y potenciales.
- iv. Atención Primaria. v. Asistencia Hospitalaria.
- 2.º Mecanismos y estructuras existentes y previstas para garantizar las medidas necesarias de protección colectiva para reducir el riesgo de transmisión.
- 3.º La evolución epidemiológica en el territorio, en términos de transmisión, casos activos y capacidad de identificación, aislamiento y control de casos y contactos.
- 4.º Cuantos otros elementos se considere oportuno incluir respecto al impacto epidemiológico y sanitario de la propuesta realizada.
- d) Cualquier aspecto de relevancia desde el punto de vista económico, social o de movilidad.
2. Con carácter general, cada propuesta incorporará grupos completos y
coherentes de medidas, de acuerdo con las fases y ámbitos de actividad contemplados
en el anexo II del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad. En todo caso,
dichas propuestas deberán efectuar un análisis de riesgos y estar en consonancia con el
grado de desescalada apropiado según la información epidemiológica y sanitaria
existente.
3. En la medida de lo posible, las propuestas se remitirán de acuerdo con el
formato que a tal efecto comunique la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación al órgano autonómico competente, a través de la Secretaría General de
Sanidad.
Una vez recibidas las propuestas, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación del Ministerio de Sanidad contactará con los órganos a los que se refiere el párrafo anterior para la valoración cualitativa y cuantitativa de los diferentes indicadores
de situación en cada unidad territorial de la propuesta, así como del impacto de la
ampliación o restricción de las medidas relativas a lugares, establecimientos,
desplazamientos y actividades.
Cuarto. Requisitos previos.
1. Será requisito imprescindible para la toma en consideración de la propuesta el
cumplimiento, al menos, de las siguientes condiciones:
- a) Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes.
- b) Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
2. Será también requisito indispensable para la toma en consideración de las
propuestas enviadas, que la comunidad autónoma proponente siga dando cumplimiento
efectivo, puntual y con la debida calidad a las obligaciones de remisión de información y,
en particular, la información prevista en el anexo I de la Orden SND/234/2020, de 15 de
marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Quinto. Unidad territorial.
1. Con carácter general, la unidad territorial sobre la que realizar las diferentes
propuestas será la provincia, la isla o la ciudad autónoma.
2. No obstante, de manera motivada, podrán establecerse ámbitos de aplicación
diferenciados en unidades de nivel territorial distinto, en cuyo caso las propuestas
deberán especificar:
- a) Las razones por las que se considera que el territorio en cuestión tiene unas condiciones de homogeneidad que aconsejan un tratamiento común del mismo y diferenciado del resto de la provincia o de la comunidad autónoma.
- b) Las garantías de movilidad y aislamiento que se aplicarían en ese territorio respecto al resto de la provincia o de la comunidad autónoma.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, las propuestas remitidas
harán constar las consultas realizadas a las entidades locales en cuyo territorio se haya
propuesto un ámbito de aplicación diferenciado.
Sexto. Tramitación y decisiones.
1. El Ministerio de Sanidad estudiará las propuestas conjuntamente con las
comunidades autónomas, como administraciones competentes para la gestión de sus
respectivos servicios sanitarios y de salud pública. Asimismo, consultará, en su caso, a
los Ministerios competentes por razón de la materia, y valorará, de manera cualitativa y
conjunta, los indicadores y criterios técnicos previstos en el Plan para la Transición hacia
una Nueva Normalidad aprobado en el Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020.
Durante este análisis conjunto se producirá, al menos, una reunión bilateral de
carácter virtual entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería con competencias en
materia sanitaria de la comunidad o ciudad autónoma solicitante.
2. En caso de que alguna comunidad o ciudad autónoma no remitiese al Ministerio
de Sanidad ninguna propuesta sobre las medidas a aplicar en cada fase de desescalada,
este podrá presentar a la comunidad o ciudad autónoma una iniciativa a partir de la cual
se llevarían a cabo las actuaciones contempladas en el apartado anterior.
3. La modificación de las medidas relativas a los lugares, establecimientos,
actividades y desplazamientos afectados por el estado de alarma se formalizará, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.3, 7.6 y 10.6 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el titular del Ministerio de Sanidad, que emitirá las correspondientes
Órdenes, previo informe de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación
a través de la Secretaría General de Sanidad.
Séptimo. Disponibilidad de profesionales sanitarios.
Durante el tiempo de vigencia del actual estado de alarma y sus posibles prórrogas,
las comunidades autónomas velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de
profesionales sanitarios. Si bien no se recomienda un número de profesionales inferior al
existente en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo,
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, sí será necesaria la reorganización de los mismos de acuerdo con las
prioridades de esta fase de transición, dotando a las estructuras de Salud Pública y
Atención Primaria de los recursos necesarios.
Octavo. Facultades de ejecución.
Corresponderá a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de
las ciudades autónomas, así como a las entidades locales, la ejecución de las
previsiones que se establezcan en las órdenes que dicte el titular del Ministerio de
Sanidad al amparo de lo previsto en esta norma.
Noveno. Efectos.
Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Décimo. Régimen de recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 3 de mayo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca
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