DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CALENDARIO DE
LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD EDUCATIVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000001).
El señor PRESIDENTE: Corresponde debatir la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Presidente, señor ministro, señoras y señores diputados,
representantes de la comunidad educativa, subo a esta tribuna para solicitar la toma en consideración de
una proposición de ley destinada a suspender la implantación de la Lomce. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor. Espere, señor Simancas. Por favor, si van a
salir del hemiciclo, háganlo en silencio.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: La mal llamada —decía— Ley para la mejora de la calidad
educativa. Pretendemos, además, que la paralización de la Lomce suponga el primer paso para su
derogación efectiva y su sustitución por un nuevo marco regulatorio, una nueva regulación estable,
perdurable, que debe ser fruto de un gran pacto social y político sobre el mejor futuro para la educación
en España.
Como saben ustedes, la Lomce se aprobó en diciembre del año 2013 con el respaldo exclusivo
del Partido Popular y con la mayor parte de la comunidad educativa manifiestamente en contra: docentes,
estudiantes, padres y madres de alumnos, administraciones autonómicas.
Por tanto, se trata de una ley
no dialogada y no acordada, una ley estructural impuesta por una mayoría coyuntural y, ahora que las
mayorías han cambiado, bastaría probablemente con este argumento para reclamar la paralización de la Lomce. Sin embargo, el Grupo Socialista no solicita el fin de esta ley porque sea una ley del PP que
atiende solo y de manera sectaria a las ideas e intereses que defiende el PP.
Proponemos parar la Lomce
porque su implantación está provocando incertidumbres, confusión, dificultades prácticas y graves
perjuicios en los centros educativos para profesores, para docentes, para los alumnos y para las familias.
Y sobre todo, solicitamos parar esta ley porque se trata de una mala ley para la educación en nuestro país.
En el Grupo Socialista estamos convencidos de que el futuro de España será lo que sea su educación y
no queremos para el futuro de nuestro país el atraso, la desigualdad, el autoritarismo y el clericalismo
añejo que representa la Lomce. (Aplausos).
Paremos la Lomce, deroguemos la Lomce y alcancemos
cuanto antes un gran pacto social y político que proporcione a la sociedad española la educación de
calidad y con igualdad de oportunidades que necesita y que merece. Este es el objetivo de la proposición
que les presentamos.
Señorías, el 13 agosto de 2015 el Ministerio de Educación rechazó la propuesta de hasta doce de las
diecisiete administraciones autonómicas para llevar a cabo una moratoria en la Lomce, una moratoria en
la conflictiva implantación de una ley ya de por sí conflictiva; mayoría que hoy se ha reproducido en la
reunión de la Comisión General del Ministerio de Educación, esta misma mañana: doce de diecisiete
comunidades autónomas.
Pero el Gobierno se ha negado, el Gobierno quiere una aplicación a toda prisa
de su ley, a matacaballo, sin tener en cuenta la opinión y las dificultades lógicas en los centros educativos.
En consecuencia, la implantación de la Lomce está siendo precipitada, confusa, con instrucciones
contradictorias y sin recursos suficientes. Entre los desarrollos más controvertidos de la ley están, desde
luego, las famosas reválidas.
En pocas semanas, si no lo remediamos, cientos de miles de niños y niñas
que cursan 6.º de Primaria se enfrentarán a una prueba anacrónica e inútil. Porque, ¿cuál es el objetivo
de esta reválida? ¿Detectar los problemas que aquejan al conjunto de la enseñanza primaria a fin de
corregirlos? ¿Qué sentido tiene entonces hacer la prueba al final mismo de la etapa, cuando ya no cabe
corrección alguna? ¿Se trata de comprobar el grado de asunción de competencias por parte de los
escolares? ¿Por qué no confiar entonces en la evaluación de los profesores que trabajan día a día con
esos escolares y saben muy bien de su evolución? ¿Por qué despreciar el trabajo de estos docentes y
confiar más en el resultado de una prueba concreta que se realiza en unos minutos y que puede estar
sesgada por los nervios o por un mal día para el estudiante?
Esta prueba responde al anacronismo pedagógico de concebir el desarrollo del aprendizaje como una
especie de carrera de obstáculos que el estudiante debe ir superando para no ser arrojado a la cuneta del
fracaso escolar. Algo peor incluso, la prueba responde al interés por elaborar ránquines competitivos con
los que premiar a determinados centros educativos y con los que estigmatizar a otros sin tener en cuenta
las condiciones bien diferentes en las que han de hacer su trabajo día a día.
Desde luego, evaluar para
diagnosticar y mejorar, sí, siempre, pero evaluar para competir, para premiar aún más a los centros ricos
y para estigmatizar aún más a los centros pobres, no, no cuenten, señorías, con nosotros para esto.
Esta reválida solo sirve para provocar estrés en niños de corta edad, para generar una desconfianza
inmerecida entre los docentes y para añadir tensiones, disfunciones y agobios presupuestarios a unos
centros educativos muy castigados ya por los recortes.
Y si hay problemas en la reválida de primaria, no
menos problemas hay con las reválidas que ha sembrado la Lomce en la enseñanza secundaria y en el
bachillerato que, además, son punitivas: o apruebas o fracasas. Si existía en nuestra enseñanza un
consenso dificultoso pero relevante era el establecido en torno a la selectividad.
La prueba de acceso a la
universidad garantiza, aún hoy, unas aptitudes mínimas para los estudiantes que llegan a la enseñanza
superior y al mismo tiempo esta prueba distribuye a los aspirantes en los estudios más demandados
mediante una prueba única, válida para todos los campus, garantista de la igualdad de oportunidades.
Con la Lomce este consenso ha saltado por los aires y ahora mismo los alumnos de bachillerato de este
país viven una incertidumbre absoluta sobre los procedimientos que han de llevarles a la universidad a
partir del próximo curso. Si no lo remediamos aquí, en 2017 ya no habrá selectividad. Los estudiantes
tendrán que superar la reválida punitiva de 2.º de Bachillerato y además tendrán que superar las pruebas
que cada una de las universidades establezca específicamente.
Es decir, que un aspirante a estudiar
medicina puede pasarse meses o años, tras superar la reválida de bachillerato, haciendo una prueba
distinta de acceso en cada universidad. Además de disparatado, este es un proceso que acaba con la
igualdad de oportunidades.
La Conferencia de Rectores, con toda lógica, ha pedido una moratoria al
Gobierno en funciones, y el Gobierno en funciones, como es lógico, como es de su lógica, se ha negado,
claro está. Pero hay más, mucho más. Los repetidores de 2.º de Bachillerato que han cursado con
modelo LOE este año tendrán que repetir con modelo Lomce el año próximo.
No tiene sentido, pero nadie ha resuelto aún el problema y nadie ha establecido quién va a pagar la solución al problema. Los
estudiantes de la FP básica, incluso los que obtengan un aprobado raspado, tienen prioridad sobre los
titulados en secundaria, incluso los sobresalientes, para acceder a la FP de grado medio.
Tampoco tiene
sentido y tampoco tiene solución. El paso de la formación profesional de grado medio a grado superior
también está sin resolver y puede darse perfectamente el caso de un estudiante de jardinería en grado
medio que decida cursar enfermería en el grado superior sin obstáculo alguno. Podría pasar perfectamente
—permítanme la broma— de podar a amputar sin ningún obstáculo.
Señorías, la Lomce es una mala ley que se está aplicando de manera chapucera, sin diálogo con la
comunidad educativa, sin acuerdo con las administraciones autonómicas, sin claridad en las instrucciones
a los centros educativos, sin respeto a los profesionales docentes, sin recursos económicos suficientes.
La Lomce es una mala ley y su aplicación es un auténtico desastre, un desastre que tenemos que parar
con esta iniciativa que sometemos a la consideración del Pleno del Congreso. Queremos parar y queremos
derogar la Lomce, pero no porque sea una ley del PP; queremos parar y derogar la Lomce porque es una
ley que no resuelve los problemas de la educación en el presente y porque genera problemas aún más
graves para el futuro.
La Lomce parte, señorías, de un análisis falso. Las dificultades de nuestra enseñanza
no están en los resultados de los informes PISA, en los que generalmente figuramos en los tramos medios,
y la raíz de nuestro elevado abandono escolar tiene muy poco que ver con ley alguna, con esta y con la
anterior. No es verdad, como sostienen los ideólogos de la Lomce, que en la educación española falte
esfuerzo, talento, excelencia.
Lo que falta en la educación española, sobre todo tras el paso del Partido
Popular por los Gobiernos, son los recursos para que el esfuerzo y el talento de nuestros docentes y de
nuestros estudiantes puedan transformarse en éxito individual y colectivo. Esto es lo que falta. Claro que
buscamos la excelencia, todos queremos la excelencia, pero para nosotros la excelencia sin equidad, sin
igualdad de oportunidades es tan solo elitismo, discriminación y darwinismo social.
Claro que hay
problemas en la educación española, pero no se resuelven, señorías, con reválidas y catecismos. Los
problemas reales de la educación española se resuelven con diálogo, con inversión, con respeto a los
docentes y con una apuesta simultánea por la calidad y por la equidad. Por eso no nos gusta una ley
segregadora como la Lomce.
El sistema educativo debe servir para compensar las desigualdades de
partida con que el niño llega a la enseñanza, no para consolidar esas desigualdades con segregaciones
tempranas y con reválidas punitivas. Frente a las desigualdades sociales hay dos modelos educativos: el
que ayuda a cada cual en función de sus necesidades y el que discrimina tempranamente entre presuntos
listos y presuntos torpes para enviarlos por caminos distintos, y la Lomce representa el segundo modelo,
el más injusto.
La Lomce es también una ley mercantilista, porque persigue formar antes buenos empleados que
ciudadanos capaces y los ciudadanos deben ser capaces de ser buenos empleados y capaces también de
ejercer críticamente sus derechos y sus libertades. (Aplausos).
Es mercantilista porque permite que un
alumno transcurra toda la etapa de escolarización obligatoria sin haber estudiado nunca filosofía y es
mercantilista porque hace posible que todos los Franciscos Granados de este país adjudiquen suelo público
para construir centros educativos privados y que los montadores de muebles de Ikea olviden después sus
maletines con cientos de miles de euros en los dormitorios de sus suegros. (Aplausos).
También es una ley
autoritaria y contraria a la participación democrática en los centros educativos, porque resta capacidad de
decisión a los consejos escolares, a los docentes y a las familias, mientras refuerza la capacidad de decisión
de los directores nombrados a instancias de la Administración. Y es una ley clerical, porque invierte la
tendencia laicista de la propia sociedad española, convirtiendo el adoctrinamiento religioso en materia
curricular y evaluable.
Mientras nuestros vecinos europeos procuran reforzar el currículum educativo con
más idiomas, más tecnología y más soft skills, aquí se examina a los niños con padrenuestros y avemarías,
y a esto lo llaman calidad educativa. (Aplausos).
Es una ley que refuerza la religión y devalúa la formación
profesional, pensada otra vez —como antaño— para recoger al alumnado residual del sistema, como la vía
del fracaso, como el destino preestablecido para los alumnos con dificultades.
Créannos, señorías, la FP
española no necesita importar grandes inventos; necesita plazas, profesores y los recursos que ustedes
recortan. Es una ley que no respeta al profesorado porque le niega la formación que requiere; que no respeta
a las familias porque les limita la participación democrática; que no respeta a los centros educativos y a las
administraciones territoriales porque les niega los recursos básicos para cumplir con su labor.
Es una ley
barata para una educación devaluada, como puso de manifiesto el informe del Consejo de Estado. Es una
ley para una educación low cost. De hecho, la Lomce supone el tercer paso en una estrategia calculada de
desmontaje de la enseñanza pública de calidad.
Primero fueron los recortes en el gasto educativo, después los recortes en las becas y, más tarde, la ley para administrar una educación barata. La derecha suele
reivindicar el uso eficiente de los recursos, pero no suele admitir que para que los recursos sean eficientes
primero tienen que ser suficientes, y los recursos de la Lomce no lo son.
Señorías, queremos derogar la Lomce para sustituirla por una nueva ley fruto de un gran pacto social
y político, como decíamos. Será difícil porque existen grandes diferencias ideológicas entre algunos de
nosotros.
Todos decimos promover el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos la igualdad de
oportunidades mientras otros subrayan la libre elección y la supervivencia solo del más fuerte. Para el PP
la excelencia tiene que ver con el resultadismo y con los ránquines, y para el Partido Socialista la excelencia
depende de la equidad, de la atención a la diversidad, de la participación y del conocimiento adquirido.
(Aplausos).
Para nosotros lo público es garantía de justicia, para el PP lo privado es garantía de libertad
para perpetuar las diferencias; lo inclusivo frente a lo competitivo, lo participativo frente a lo jerárquico, lo
laico frente a lo confesional. Hay diferencias, sí, diferencias de fondo.
Ahora bien, ¿es necesario el
acuerdo? Indudablemente, sí. Las bases del sistema educativo constituyen los fundamentos mismos de
la convivencia, los pilares sobre los que asentar el progreso individual y el desarrollo colectivo.
Ninguna
ley logrará cambiar a fondo y a mejor el sistema educativo si no parte de un amplio consenso social y
político. No se trata de volver a la Logse o a la LOE; no es eso lo que pretendemos, aunque reivindicaremos
siempre la contribución de las leyes socialistas a la universalización y a la socialización de la enseñanza
en nuestro país.
No queremos volver a la Logse o la LOE, pero entenderán que tampoco nos conformemos
con la Lomce de las reválidas y los rezos.
Señores diputados, señoras diputadas, termino como comencé. Hay leyes para el ser y leyes para el
estar. España será lo que sea su educación.
Queremos una educación de calidad y equidad para una
España más desarrollada y más justa. Cambio en la ley, cambio en la educación y cambio en el Gobierno
cuanto antes. Pongámonos a ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Simancas.
Nadie ha solicitado la utilización del turno en contra. Por lo tanto, pasamos al turno de fijación de
posiciones.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, es un orgullo para mí hablar en esta Cámara sobre educación porque pienso que está en el
corazón del programa político, social y económico que representa Ciudadanos y diría que lo está por tres
razones principales. En primer lugar, porque la educación es la base de la igualdad de oportunidades.
Con
un trato divergente que discrimine a la gente, a los estudiantes, a los alumnos y a las personas por su
origen socioeconómico no lograremos tener la sociedad que queremos.
En segundo lugar, la educación es esencial para nosotros también porque es la base de nuestro
modelo económico. Hablamos siempre de cambiar el modelo económico, de reformar nuestra economía.
La educación es el corazón de la economía del conocimiento, la única que nos permitirá en el futuro
mantener nuestro Estado del bienestar.
El capital humano es la esencia del crecimiento económico y del
desarrollo de los países.
En tercer lugar, la educación es esencial, decía, porque es la clave para tener una democracia sana.
Solamente con una buena educación tendremos personas críticas y tendremos ciudadanos completos
que piensen de forma independiente, que dialoguen y que mejoren nuestra democracia.
Por tanto, la
educación es el pilar de cualquier proyecto sensato para un país. En definitiva, la educación es la base de
nuestro futuro; sin embargo, en España nos hemos encontrado en los últimos años con bastantes
problemas.
Hasta ahora la educación se ha reformado siete veces desde la llegada de la democracia, ni una sola
de las leyes ha estado vigente por más de seis años y ninguna contó con el consenso de los principales
partidos de esta Cámara. La educación, señorías, está excesivamente politizada en este país. Los partidos
tradicionales la han utilizado como un arma arrojadiza, como un arma de confrontación en vez de como
un arma de construcción y los problemas de fondo han permanecido inalterados. Déjenme que les
mencione algunos de esos problemas.
Probablemente, el problema prioritario es el enorme fracaso escolar. Seguimos teniendo el fracaso
escolar más alto de la Unión Europea. Uno de cada cinco alumnos sigue abandonando la escuela sin
terminar y la inmensa mayoría no vuelve a reengancharse nunca.
De hecho, las colas del paro están
llenas de estudiantes que no han terminado la educación. España, además, ocupa una posición mediocre
en todos los organismos y evaluaciones internacionales, muy por debajo de lo que nos tocaría por nuestro
poder adquisitivo. Tenemos menos conocimientos en ciencia, en comprensión lectora y en matemáticas
que los países de nuestro entorno, tenemos muy pocos alumnos excelentes y muchos rezagados.
Fracasamos en los dos principales objetivos de la educación: la equidad y la eficiencia. En España en
demasiadas ocasiones se recurre a la repetición. Uno de cada tres alumnos ha repetido curso antes de
cumplir los quince años y eso absorbe el 8% de nuestro presupuesto en educación y todavía agrava más
los problemas en las aulas. La media de repetición en los países de la OCDE es muchísimo menor que la
que tenemos.
En España se sigue premiando el estatus socioeconómico y se sigue minusvalorando la meritocracia.
Los países de nuestro entorno tienen menores desigualdades en la educación y permiten un acceso más
fácil a la educación pública. En España tenemos un enorme problema de trabas a la igualdad de
oportunidades por el enorme coste del material escolar.
Cada familia española gasta aproximadamente
de media 1.200 euros al año en material escolar. En España tampoco contamos con planes eficaces para
tratar a los alumnos con necesidades especiales diferentes, pero déjenme que me pare un segundo a
hablar de algo que probablemente es lo más importante: los profesores. Es el factor clave de la enseñanza.
Por encima de los recursos tecnológicos, por encima del tamaño de las aulas, los maestros y maestras
son los que deben liderar el cambio educativo en nuestro país.
Sin embargo, solamente el 8% de nuestros
profesores cree que su labor es valorada por la sociedad y la mayoría cuenta con insuficientes apoyos
para ejercer su labor. Por tanto, déjenme que desde esta Cámara mande un mensaje de reconocimiento
a los profesores, que están trabajando cada vez con menos recursos y haciendo una labor esencial para
nuestro país. (Aplausos).
Hemos hablado de los problemas y ahora permítanme que les diga cuál es la propuesta de Ciudadanos
para cambiar la situación. En primer lugar —es lo más importante—, debemos hablar de un gran acuerdo
transversal. En educación, a pesar de que algunos parezcan tener más interés en encontrar diferencias
que similitudes, existen algunos espacios significativos para el consenso. Ciudadanos ha propuesto en la
Comisión de Educación la creación de una comisión parlamentaria que tenga como objetivo la consecución
de un pacto nacional por la educación.
Podemos ponernos a trabajar desde ya, no necesitamos que
empiece un Gobierno, podemos hacerlo ya desde esta Cámara. Podemos hablar, podemos dialogar,
podemos intentar buscar consensos; no nos quedemos con los brazos cruzados, criticando los problemas
de siempre. Ese pacto tendría que estar basado en tres cuestiones principales, aunque hay algunas otras.
La prioritaria, como decía, son los profesores. Hemos hablado desde el principio de crear un MIR docente,
un MIR que dignifique la carrera de los profesores, que les permita tener una proyección, una progresión
académica y acceder a la buena formación. Hemos hablado también de la Educación Infantil, de 0 a 3,
que es absolutamente clave.
Un euro invertido en los primeros años de la educación es infinitamente más
rentable que un euro invertido más tarde. Y hemos hablado de muchas otras cosas.
Para terminar, déjenme que les diga que en Ciudadanos estamos a favor de dejar de tirar para los
lados. Queremos ir hacia adelante. Queremos abandonar de una vez por todas la retórica de la
confrontación. Pensamos que no sirve para nada parar, derogar e ir para atrás.
No creemos que las leyes
anteriores hayan ofrecido soluciones a estos problemas que acabo de mencionar. Lo que ha inspirado el
espíritu de nuestro acuerdo con el Partido Socialista —esta ley se presentó antes de ese acuerdo— es
que hay problemas con la Lomce y que tiene que cambiar, pero la solución no es volver a la LOE ni a la
ley de Zapatero.
La solución es sentarnos en una mesa y encontrar respuestas a esos problemas de los
que hemos hablado. Me gustaría que los viejos partidos discutieran con la misma vehemencia de la que
hablan sobre ciudadanía o sobre religión —cuestiones muy importantes—, sobre cómo mejorar la calidad
de la enseñanza en las matemáticas, la creatividad de nuestros alumnos y la calidad de nuestros
profesores.
Por esa razón, nos vamos a abstener en esta votación.
Para concluir simplemente quería hacer una pequeña cita de Kennedy: La educación es la clave del
futuro, la clave del destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un mundo mejor. Estemos a la
altura de los tiempos, por la igualdad, por el progreso y por la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, señor presidente.
Señores y señoras diputadas, el 28 de noviembre de 2013 en esta misma Cámara se aprobó el texto
definitivo de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. El Grupo Parlamentario Popular votó
en solitario frente al rechazo unánime de todo el resto de grupos parlamentarios. En dicho texto no se
incluyó ninguna de las enmiendas ni aportaciones del resto de fuerzas.
Aquel día, señorías del Grupo
Parlamentario Popular, no solo hicieron oídos sordos al resto de fuerzas políticas, también desoyeron el
grito unánime de la sociedad y de la comunidad educativa. Redactaron una ley que contradecía todos los
conocimientos procedentes de los sistemas educativos de otros países, así como la investigación en la
práctica educativa. Ustedes aprobaron una ley de educación de marcado carácter ideológico que suscitó
el rechazo de toda la sociedad, tanto en las calles como en las instituciones.
Antes incluso de que se
aprobara dicha ley, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, junto
a los principales sindicatos y representantes del alumnado y las familias firmaron ya el compromiso de su
derogación. Es una ley que nació ya condenada al fracaso.
Nos encontramos ahora, tan solo dos años después, teniendo que cumplir ese compromiso por la
irresponsabilidad de un Gobierno todavía en funciones; el compromiso de derogar una ley que nunca
debió ser aprobada.
En democracia los votos no se pueden usar como un cheque en blanco y las
cuestiones de Estado como la educación nunca deben abordarse sin el diálogo con la comunidad
educativa. Para la sociedad en general y para quienes somos profesionales del mundo de la educación
ha sido difícil entender cómo un Gobierno que dice apostar por la calidad de la educación es el mismo que
ejecuta el mayor recorte en materia educativa en nuestro país de toda la historia.
La triste realidad,
señorías, es que en una única legislatura la inversión en educación ha retrocedido a las cantidades de
hace una década. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de la educación cuando se contratan menos
profesores y se aumenta el número de alumnos por aula? Su Gobierno ha pedido a los y las docentes de
nuestro país que enseñen mejor pagándoles menos y obligándoles a trabajar más horas, ha pedido al
alumnado que aprenda más con menos becas y ha cargado a las familias con todo el coste de la educación
de sus hijos e hijas.
¿Es así como el Partido Popular entiende la mejora de la calidad de la educación?
Ustedes pretenden hacernos creer que la mejor forma de enseñar es no enseñar y que la mejor forma de
aprender es no aprender. Quizá la mejor forma que tengan ustedes de gobernar es que dejen de una vez
de gobernar y, siguiendo su misma lógica, nosotras estamos plenamente convencidas de que para que
esta ley se implante de manera satisfactoria la mejor solución es que no se implante.
Son muchos los motivos para oponerse a esta ley, para votar a favor de que se paralice su aplicación.
Buena parte de estos motivos se los vinieron repitiendo tanto el alumnado como la comunidad educativa
y las asociaciones de padres y madres, pero como entonces no quisieron escuchar, se los voy a repetir yo
hoy.
Estas son algunas de las conclusiones del Foro de Sevilla, que fueron publicadas en el manifiesto Por
otra política educativa, suscrito por un grupo de académicos e intelectuales de toda España y que cuenta
con un amplio respaldo de la comunidad educativa. En este manifiesto se denuncia que la Lomce plantea
un enfoque eminentemente utilitarista de la educación.
Entiende la educación como el motor que promueve
la competitividad de la economía y así se priorizan los contenidos técnicos sobre cualquier contenido o
estudios de humanidades. Sin embargo, ya decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón
no es educar en absoluto. Con su modelo educativo habría que olvidar frases como esta, así como al gran
maestro que la pronunció.
La filosofía, el arte y el pensamiento crítico resultan a su parecer inútiles en una
sociedad de mercado. Otros en cambio pensamos, como Nuccio Ordine, que existen saberes que son
fines en sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada ejercen un papel
fundamental en el desarrollo de la humanidad.
Además, su ley limita la participación democrática del
alumnado y las familias en los centros escolares y convierte los consejos escolares en meros órganos
consultivos. Su ley saca la Educación para la Ciudadanía del currículo para incluir la Religión. Su ley
rebaja la responsabilidad de los poderes públicos y los pone al mismo tiempo al mismo nivel que la
potestad de regulación y financiación de los agentes privados. Su ley segrega al alumnado en función de
su condición socioeconómica y blinda la educación segregada por sexo.
Por todos estos motivos nuestra postura es clara: apostamos decididamente por la derogación
completa, inmediata e inequívoca de la Lomce. (Aplausos). Para ello creemos imprescindible iniciar un
proceso de elaboración colectiva de una nueva ley de educación que cuente con la participación de la comunidad educativa y que de una vez por todas se establezca un diálogo abierto y sincero con el conjunto
de la ciudadanía.
Tenemos claro que la única forma de dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo
es apoyarse en los y las profesionales de la educación que trabajan en él. Solo así podemos acabar con
este vaivén de aprobación y derogación de leyes educativas, que han sido hasta siete en treinta y ocho
años de democracia, dos de las cuales ni siquiera llegaron nunca a aprobarse.
En este sentido, confiamos
en que el Partido Socialista apueste definitivamente por poner en marcha con nosotros un Gobierno de
cambio en nuestro país que permita iniciar este diálogo y apueste por una nueva ley de educación
progresista, que dé la estabilidad política y presupuestaria necesaria al sistema educativo de nuestro país.
Como veis y como ya ha manifestado el ponente de Ciudadanos, esta postura es mucho más cercana
entre Podemos y el Partido Socialista que con el Partido Ciudadanos; esperamos que lo recordéis.
(Aplausos).
Nuestra posición en este debate no puede ser otra que la de votar a favor de esta iniciativa ante la
necesidad inminente de paralizar la Lomce.
Hoy tenemos una oportunidad que no debemos dejar pasar,
una oportunidad para detener las medidas más controvertidas de la que ha sido la legislatura más negra
del Partido Popular. Sin embargo, es imprescindible que esta paralización solo sea el primer paso hacia
la derogación definitiva de la Lomce.
Tenemos claro que lo peor de la Lomce todavía está por llegar. Las
evaluaciones externas y los ranking de centros, así como los itinerarios en 4.º de la ESO son solo la punta
de lanza de un modelo educativo netamente neoliberal.
Un modelo que busca hacer competir a las
escuelas públicas con las escuelas privadas y pretende convertir lo que es un derecho fundamental en un
negocio de unos pocos. Las evaluaciones externas condicionan lo que se enseña al alumnado y, en este
sentido, son una poderosa herramienta de política educativa, son un método para seleccionar personas y
no para evaluar contenidos, que es para lo que debería servir el sistema educativo.
Solo un paso más allá
de las evaluaciones externas se encuentran los ranking de centros, algo que la mayoría de los países de
la Unión Europea ya ha rechazado en numerosas ocasiones, especialmente porque estos ranking
contribuyen a una ilegítima comparación entre aquellas escuelas que atienden al alumnado en desventaja
social y con mayores dificultades, que siempre salen injustamente perjudicadas en los mismos.
Las evaluaciones de final de etapa instalan la desconfianza en la labor del profesorado y en su
capacidad para promover y evaluar los aprendizajes. Además de esto, generan itinerarios de externalización
que expulsan al alumnado con más necesidades del sistema educativo, exigiéndole volver a demostrar
que ha aprendido contenidos por los que ya ha sido evaluado.
Los itinerarios diferenciados al final de la
enseñanza obligatoria que plantea la Lomce convierten al sistema educativo en un catalizador de
desigualdad, creando callejones sin salida para el alumnado con más problemas.
Seleccionar de manera
temprana en función del rendimiento académico condena al alumnado en desventaja social a cursar
itinerarios con menor formación y reconocimiento. Además, a través de los programas de mejora del
aprendizaje y el rendimiento, los conocidos como Pemar, y la FP básica, la Lomce crea un sistema de
selección que orienta al alumnado con menos calificaciones hacia una formación de baja cualificación,
que genera obra barata y precaria, aparentemente la que más le gusta al Partido Popular.
Se pervierte así
el sentido de la educación que, como bien definió Nelson Mandela, es la que permite que el hijo de un
agricultor pueda llegar a ser el presidente de una gran nación. (Aplausos). Además, la eliminación de la
selectividad acaba con el único mecanismo que mínimamente permitía garantizar la igualdad de acceso
a las universidades públicas.
Para concluir, quisiera manifestar que Podemos va a luchar por una educación, como decía Pablo
Freire, que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.
Por eso desde aquí
queremos hoy dar las gracias a todos los que durante estos años no han dejado de pensar, de trabajar y
de desobedecer; a los profesores, profesoras y orientadores, educadores, educadoras que en estos
últimos años se han dejado la piel para mantener la calidad de nuestro sistema educativo, que han
preparado desayunos y han llevado ropa a las escuelas para sus alumnos y alumnas en riesgo de
exclusión, que han trabajado cientos de horas de más para suplir cientos de docentes menos.
Desde aquí
nuestro más sincero agradecimiento. Gracias a toda la comunidad educativa y a los cientos de miles de
personas que han defendido en las calles una educación pública y de calidad. No solo se ha quebrado en
estos últimos años el presente de muchos niños, niñas, adolescentes y familias, sino el futuro de todo un
país, porque un país más desigual es un país peor y porque, como tantas veces hemos gritado en la calle
y en las plazas, la educación de nuestros niños y de nuestras niñas no se vende, se defiende.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Belarra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, debo decirles que mi grupo albergaba la esperanza de que la cordura y el sentido común imperasen en ustedes, señores del Grupo Socialista, antes de someter nuevamente a la sociedad española a un debate de confrontación en materia educativa.
Es evidente que para ustedes las buenas intenciones expresadas con el fin de lograr un pacto por la educación han quedado olvidadas desde el mismo momento en que han decidido situar esta materia en el centro del enfrentamiento político.
Nos da cierta tristeza porque, después de transcurridos varios meses desde las pasadas elecciones, la conclusión es clara: Ustedes ni han entendido nada ni han aprendido nada. Desde aquí les digo que si lo que pretenden es enfrentar a la educación en España con nosotros no van a contar. Este grupo parlamentario sigue manteniendo en pie la oferta que hizo al conjunto de la sociedad española, a partidos políticos, a la comunidad educativa: la necesidad de lograr, de una vez por todas, un gran pacto por la educación.
Somos plenamente conscientes de que los españoles no pueden seguir sometidos a los vaivenes e incertidumbres impulsados por quienes se creen poseedores de la verdad absoluta. Nosotros estamos muy lejos de esa postura. Por eso ustedes no nos pueden dar lecciones ni en respeto democrático ni en búsqueda de acuerdos, porque siempre que hemos asumido responsabilidades de Gobierno hemos valorado lo aportado por Gobiernos anteriores, aun siendo de diferente signo y no estando de acuerdo con algunas de sus iniciativas.
Permítame que recupere la historia. Desde el año 1996 al año 2000, el Gobierno del Partido Popular aplicó la ley vigente en aquel momento, la Logse, aun no ha habiéndola aprobado en su día y teniendo serias dudas sobre su efectividad. Tan solo se intentó reforzar la presencia de las Humanidades en el sistema educativo, pero ustedes, los que debieron haber sido los aliados culturales en esta materia, se opusieron frontalmente.
¿Y ahora le preocupa a usted la filosofía, señor Simancas? El Gobierno del Partido Popular aprobó en el año 2002, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, tras comprobar la ineficacia de la Logse. Pero ustedes la paralizaron, no le dieron ni la más mínima oportunidad. Después, abordaron la elaboración de la LOE, una reedición en aspectos fundamentales de la malograda Logse, que, dos años después de su aprobación, arrojaba tasas de abandono educativo temprano de más del doble de la Unión Europea.
Por eso, la pasada legislatura, asumimos la responsabilidad de cambiar el modelo educativo. España no podía mantener ni un día más una educación que no conseguía acortar la brecha que nos separaba de Europa en abandono educativo temprano, que condenaba a nuestros jóvenes al más absoluto de los fracasos, que no les ofrecía las más mínimas oportunidades.
Y eso lo hemos hecho entre todos, señorías, gracias al conjunto de la comunidad educativa, a la gestión de las comunidades autónomas, pidiendo enormes esfuerzos en cuatro años verdaderamente complicados. Lo hemos hecho, además, respetando aquellas medidas que consideramos eficaces para la mejora de nuestro sistema, porque la Lomce, señorías, no solo respetó buena parte de la Ley orgánica de educación socialista, sino que incorporó más del 70% de las propuestas educativas del pacto social y político por la educación que impulsó el ministro socialista Gabilondo.
¿Se refieren, por cierto, a estas medidas cuando habla de medidas precipitadas, confusas o segregadoras? Señorías, están totalmente equivocados. Ustedes van al contrario del resto de la comunidad educativa, incluso de las comunidades autónomas. Pretenden utilizarlas a estas como ariete contra el Gobierno, pero mientras ustedes vociferan, ellas acuerdan.
El pasado mes de agosto, acordaron con el Gobierno siete planes para la mejora del sistema educativo, en idiomas, en nuevas tecnologías, en profesorado, en acción profesional, en empleabilidad. ¿No se lo han contado, señoría? No, señorías, nosotros no somos como ustedes. Es una pena que en este proceso de avance, de mejora, no hayamos contado ni con la más mínima ayuda por su parte. Su único objetivo fue desde el primer momento paralizar la ley, impedir su aplicación como fuera.
Por eso, no esperaron al debate parlamentario para anunciar que a la menor oportunidad derogarían la ley. Por eso, el 80% de las enmiendas presentadas fueron de supresión. No presentaron alternativa, señoría, no tienen alternativa, porque la única que conocen es la que ha conducido al sistema educativo español al más absoluto de los fracasos. (Aplausos).
Ustedes no pueden plantear esta proposición de ley en la Cámara y no valorar las consecuencias, porque las tiene. Por lo pronto, si a ustedes les queda cierto grado de responsabilidad y un hipotético deseo de lograr un gran acuerdo, debo decirles que actuaciones como las del día de hoy no solo no lo favorecen, sino que lo dificultan.
Pero supongamos que ese gran acuerdo ha quedado, al igual que otros ya desterrado de sus expectativas. Al menos, entiendo que habrán valorado las consecuencias que una supuesta paralización de la Lomce pudiera producir. Porque, si se quita la Lomce de forma inmediata, hay un vacío y la escuela no puede funcionar.
No lo decimos nosotros, señorías. Estas son las palabras del señor Álvarez Areces, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. También son las conclusiones a las que han llegado sindicatos de profesores, padres, titulares de centros. Esta es la realidad que ustedes no pueden ni se atreven a explicar. ¿O se sienten capaces de explicar a las familias cuyos hijos cursan 1.º de Bachillerato que el año próximo, por un capricho suyo, exclusivamente suyo, cursarán un currículum completamente diferente al previsto, donde no habrá correlación entre las asignaturas, algunas desaparecerán y otras serán nuevas y requerirán contenidos impartidos en años anteriores?
¿Les han explicado que esta situación puede frustrar sus expectativas de acceso a la universidad? ¿Han valorado la situación de los 18.000 centros educativos en los que la Lomce se está aplicando? ¿Han valorado la situación del profesorado que se ha estado preparando para los cambios organizativos y curriculares?
Todo ello por no hablar de la pérdida de recursos económicos que implicaría su derogación. Ustedes, a los que tanto les preocupa la financiación, deberían tomar nota. Señorías, hasta el pasado diciembre las comunidades autónomas habían recibido 168 millones para la implantación de la Lomce. Otros 368 millones recibirán a lo largo de este año. Buena parte de ellos con cargo al Fondo Social Europeo. Su pequeño capricho implicaría la pérdida de 615 millones de euros provenientes de Europa. Ni más, ni menos.
¿No creen que, cuando menos, sería más sensato sentarnos a hablar, valorar aquellas medidas de éxito que permitan mejorar a los alumnos y corregir aquellas que no cumplan sus objetivos, en vez de enzarzarnos en debates sin sentido? Señorías, nosotros no estamos cerrados al cambio, estamos cerrados al retroceso, y paralizar la ley y derogarla para volver a recetas del pasado sería la peor de las condenas para el sistema educativo.
Por cierto, el Apocalipsis en el que ustedes fundamentan su intervención no ha llegado a la educación, señor Simancas, por mucho que les pese. Es más, el sistema educativo español está hoy mejor que hace cuatro años. Este Gobierno heredó una tasa de abandono educativo temprano que superaba el 26%, hoy estamos en el 19,97%, seis puntos por debajo.
Por primera vez el abandono educativo temprano ha bajado del 20% en nuestro país. Pero esto no es suficiente, señorías, tenemos que seguir avanzando. Queremos lograr un gran pacto por la educación y creemos firmemente en él. Trabajaremos sin descanso para lograr el acuerdo porque por encima de todo nos preocupan las personas.
Ellas son la base del sistema educativo y a ellas nos debemos. Nos debemos a los docentes, por eso debemos reforzar su posición como centro del sistema educativo, elaborando un marco regulador de la función docente, cambiando el sistema de acceso, diseñando una verdadera carrera profesional, reforzando su formación a lo largo de toda la vida, defendiendo su autoridad en el ejercicio de su función. También a las familias, a ellas les debemos un derecho fundamental: la libertad. La libertad de elegir la educación y el centro para sus hijos; esa libertad que es garantía de calidad y que tanto les molesta.
Ya sabemos que su apuesta es ese pensamiento único y uniforme. Lo ha definido muy bien la consejera de Educación de Castilla-La Mancha. En esta región —dijo— la educación solo tiene un color, el rojo, el de los socialistas. ¿A esto se refería usted cuando hablaba de ideología en la educación? Nos debemos a los alumnos, ofreciéndoles un sistema educativo de calidad que garantice la misma igualdad de oportunidades, a todos, con independencia de dónde residan y el centro al que acudan, que les forme en nuevas exigencias, en idiomas, en nuevas tecnologías; un sistema que no abandone a ninguno por el camino, porque todos tienen sus inquietudes y sus aptitudes y deben poder desarrollarlas.
Señorías, no terminan ustedes de entender que con la Lomce se acabaron las vías de primera y de segunda. Creemos en un sistema exigente, sí, pero a la vez inclusivo e integrador, que ayude más a quien más lo necesita, que dé respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales, que fomente la convivencia, la solidaridad, la participación. Creemos en un sistema en el que cada alumno encuentre su camino, un camino de éxito.
Eso es lo que hemos trasladado a la sociedad y ha funcionado. Por eso los alumnos, en vez de abandonar el sistema, han optado por quedarse en el mismo. Por eso la formación profesional ha incrementado el número de matrículas en un 30% y por eso la formación profesional dual se ha incrementado en un 400%.
También les debemos un sistema transparente, señor Simancas; sí, señorías. No termino de entender su oposición frontal a las evaluaciones, esas evaluaciones de las que disponen veinticuatro de los treinta y cuatro países de la Unión Europea y que hacen que los alumnos mejoren el nivel de rendimiento entre un 20% y un 40%. Señorías, desgraciadamente, la iniciativa que hoy debatimos no tiene nada que ver con la mejora del sistema educativo.
No disfracen una decisión que ya estaba tomada, porque esta ley solo tiene un problema, que no es su ley. Señor presidente, señorías, estamos ante una oportunidad extraordinaria. Los ciudadanos nos han situado en ella y debemos aprovecharla. Les pido que reflexionen, que nos sentemos a hablar y que, de una vez por todas, en vez de practicar su política de tierra quemada, logremos un gran acuerdo en educación. Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Belarra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, debo decirles que mi grupo albergaba la esperanza de que la cordura y el sentido común imperasen en ustedes, señores del Grupo Socialista, antes de someter nuevamente a la sociedad española a un debate de confrontación en materia educativa.
Es evidente que para ustedes las buenas intenciones expresadas con el fin de lograr un pacto por la educación han quedado olvidadas desde el mismo momento en que han decidido situar esta materia en el centro del enfrentamiento político.
Nos da cierta tristeza porque, después de transcurridos varios meses desde las pasadas elecciones, la conclusión es clara: Ustedes ni han entendido nada ni han aprendido nada. Desde aquí les digo que si lo que pretenden es enfrentar a la educación en España con nosotros no van a contar. Este grupo parlamentario sigue manteniendo en pie la oferta que hizo al conjunto de la sociedad española, a partidos políticos, a la comunidad educativa: la necesidad de lograr, de una vez por todas, un gran pacto por la educación.
Somos plenamente conscientes de que los españoles no pueden seguir sometidos a los vaivenes e incertidumbres impulsados por quienes se creen poseedores de la verdad absoluta. Nosotros estamos muy lejos de esa postura. Por eso ustedes no nos pueden dar lecciones ni en respeto democrático ni en búsqueda de acuerdos, porque siempre que hemos asumido responsabilidades de Gobierno hemos valorado lo aportado por Gobiernos anteriores, aun siendo de diferente signo y no estando de acuerdo con algunas de sus iniciativas.
Permítame que recupere la historia. Desde el año 1996 al año 2000, el Gobierno del Partido Popular aplicó la ley vigente en aquel momento, la Logse, aun no ha habiéndola aprobado en su día y teniendo serias dudas sobre su efectividad. Tan solo se intentó reforzar la presencia de las Humanidades en el sistema educativo, pero ustedes, los que debieron haber sido los aliados culturales en esta materia, se opusieron frontalmente.
¿Y ahora le preocupa a usted la filosofía, señor Simancas? El Gobierno del Partido Popular aprobó en el año 2002, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, tras comprobar la ineficacia de la Logse. Pero ustedes la paralizaron, no le dieron ni la más mínima oportunidad. Después, abordaron la elaboración de la LOE, una reedición en aspectos fundamentales de la malograda Logse, que, dos años después de su aprobación, arrojaba tasas de abandono educativo temprano de más del doble de la Unión Europea.
Por eso, la pasada legislatura, asumimos la responsabilidad de cambiar el modelo educativo. España no podía mantener ni un día más una educación que no conseguía acortar la brecha que nos separaba de Europa en abandono educativo temprano, que condenaba a nuestros jóvenes al más absoluto de los fracasos, que no les ofrecía las más mínimas oportunidades.
Y eso lo hemos hecho entre todos, señorías, gracias al conjunto de la comunidad educativa, a la gestión de las comunidades autónomas, pidiendo enormes esfuerzos en cuatro años verdaderamente complicados. Lo hemos hecho, además, respetando aquellas medidas que consideramos eficaces para la mejora de nuestro sistema, porque la Lomce, señorías, no solo respetó buena parte de la Ley orgánica de educación socialista, sino que incorporó más del 70% de las propuestas educativas del pacto social y político por la educación que impulsó el ministro socialista Gabilondo.
¿Se refieren, por cierto, a estas medidas cuando habla de medidas precipitadas, confusas o segregadoras? Señorías, están totalmente equivocados. Ustedes van al contrario del resto de la comunidad educativa, incluso de las comunidades autónomas. Pretenden utilizarlas a estas como ariete contra el Gobierno, pero mientras ustedes vociferan, ellas acuerdan.
El pasado mes de agosto, acordaron con el Gobierno siete planes para la mejora del sistema educativo, en idiomas, en nuevas tecnologías, en profesorado, en acción profesional, en empleabilidad. ¿No se lo han contado, señoría? No, señorías, nosotros no somos como ustedes. Es una pena que en este proceso de avance, de mejora, no hayamos contado ni con la más mínima ayuda por su parte. Su único objetivo fue desde el primer momento paralizar la ley, impedir su aplicación como fuera.
Por eso, no esperaron al debate parlamentario para anunciar que a la menor oportunidad derogarían la ley. Por eso, el 80% de las enmiendas presentadas fueron de supresión. No presentaron alternativa, señoría, no tienen alternativa, porque la única que conocen es la que ha conducido al sistema educativo español al más absoluto de los fracasos. (Aplausos).
Ustedes no pueden plantear esta proposición de ley en la Cámara y no valorar las consecuencias, porque las tiene. Por lo pronto, si a ustedes les queda cierto grado de responsabilidad y un hipotético deseo de lograr un gran acuerdo, debo decirles que actuaciones como las del día de hoy no solo no lo favorecen, sino que lo dificultan.
Pero supongamos que ese gran acuerdo ha quedado, al igual que otros ya desterrado de sus expectativas. Al menos, entiendo que habrán valorado las consecuencias que una supuesta paralización de la Lomce pudiera producir. Porque, si se quita la Lomce de forma inmediata, hay un vacío y la escuela no puede funcionar.
No lo decimos nosotros, señorías. Estas son las palabras del señor Álvarez Areces, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. También son las conclusiones a las que han llegado sindicatos de profesores, padres, titulares de centros. Esta es la realidad que ustedes no pueden ni se atreven a explicar. ¿O se sienten capaces de explicar a las familias cuyos hijos cursan 1.º de Bachillerato que el año próximo, por un capricho suyo, exclusivamente suyo, cursarán un currículum completamente diferente al previsto, donde no habrá correlación entre las asignaturas, algunas desaparecerán y otras serán nuevas y requerirán contenidos impartidos en años anteriores?
¿Les han explicado que esta situación puede frustrar sus expectativas de acceso a la universidad? ¿Han valorado la situación de los 18.000 centros educativos en los que la Lomce se está aplicando? ¿Han valorado la situación del profesorado que se ha estado preparando para los cambios organizativos y curriculares?
Todo ello por no hablar de la pérdida de recursos económicos que implicaría su derogación. Ustedes, a los que tanto les preocupa la financiación, deberían tomar nota. Señorías, hasta el pasado diciembre las comunidades autónomas habían recibido 168 millones para la implantación de la Lomce. Otros 368 millones recibirán a lo largo de este año. Buena parte de ellos con cargo al Fondo Social Europeo. Su pequeño capricho implicaría la pérdida de 615 millones de euros provenientes de Europa. Ni más, ni menos.
¿No creen que, cuando menos, sería más sensato sentarnos a hablar, valorar aquellas medidas de éxito que permitan mejorar a los alumnos y corregir aquellas que no cumplan sus objetivos, en vez de enzarzarnos en debates sin sentido? Señorías, nosotros no estamos cerrados al cambio, estamos cerrados al retroceso, y paralizar la ley y derogarla para volver a recetas del pasado sería la peor de las condenas para el sistema educativo.
Por cierto, el Apocalipsis en el que ustedes fundamentan su intervención no ha llegado a la educación, señor Simancas, por mucho que les pese. Es más, el sistema educativo español está hoy mejor que hace cuatro años. Este Gobierno heredó una tasa de abandono educativo temprano que superaba el 26%, hoy estamos en el 19,97%, seis puntos por debajo.
Por primera vez el abandono educativo temprano ha bajado del 20% en nuestro país. Pero esto no es suficiente, señorías, tenemos que seguir avanzando. Queremos lograr un gran pacto por la educación y creemos firmemente en él. Trabajaremos sin descanso para lograr el acuerdo porque por encima de todo nos preocupan las personas.
Ellas son la base del sistema educativo y a ellas nos debemos. Nos debemos a los docentes, por eso debemos reforzar su posición como centro del sistema educativo, elaborando un marco regulador de la función docente, cambiando el sistema de acceso, diseñando una verdadera carrera profesional, reforzando su formación a lo largo de toda la vida, defendiendo su autoridad en el ejercicio de su función. También a las familias, a ellas les debemos un derecho fundamental: la libertad. La libertad de elegir la educación y el centro para sus hijos; esa libertad que es garantía de calidad y que tanto les molesta.
Ya sabemos que su apuesta es ese pensamiento único y uniforme. Lo ha definido muy bien la consejera de Educación de Castilla-La Mancha. En esta región —dijo— la educación solo tiene un color, el rojo, el de los socialistas. ¿A esto se refería usted cuando hablaba de ideología en la educación? Nos debemos a los alumnos, ofreciéndoles un sistema educativo de calidad que garantice la misma igualdad de oportunidades, a todos, con independencia de dónde residan y el centro al que acudan, que les forme en nuevas exigencias, en idiomas, en nuevas tecnologías; un sistema que no abandone a ninguno por el camino, porque todos tienen sus inquietudes y sus aptitudes y deben poder desarrollarlas.
Señorías, no terminan ustedes de entender que con la Lomce se acabaron las vías de primera y de segunda. Creemos en un sistema exigente, sí, pero a la vez inclusivo e integrador, que ayude más a quien más lo necesita, que dé respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales, que fomente la convivencia, la solidaridad, la participación. Creemos en un sistema en el que cada alumno encuentre su camino, un camino de éxito.
Eso es lo que hemos trasladado a la sociedad y ha funcionado. Por eso los alumnos, en vez de abandonar el sistema, han optado por quedarse en el mismo. Por eso la formación profesional ha incrementado el número de matrículas en un 30% y por eso la formación profesional dual se ha incrementado en un 400%.
También les debemos un sistema transparente, señor Simancas; sí, señorías. No termino de entender su oposición frontal a las evaluaciones, esas evaluaciones de las que disponen veinticuatro de los treinta y cuatro países de la Unión Europea y que hacen que los alumnos mejoren el nivel de rendimiento entre un 20% y un 40%. Señorías, desgraciadamente, la iniciativa que hoy debatimos no tiene nada que ver con la mejora del sistema educativo.
No disfracen una decisión que ya estaba tomada, porque esta ley solo tiene un problema, que no es su ley. Señor presidente, señorías, estamos ante una oportunidad extraordinaria. Los ciudadanos nos han situado en ella y debemos aprovecharla. Les pido que reflexionen, que nos sentemos a hablar y que, de una vez por todas, en vez de practicar su política de tierra quemada, logremos un gran acuerdo en educación. Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 186; en contra, 112;
abstenciones, 41.
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