INTERVENCIONES CONGRESO 12 DE ABRIL GRUPO SOCIALISTA

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY: — DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 122/000016). 

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Comenzamos por el punto I del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, corresponde debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cancela. 

La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Buenas tardes, señorías. Boa tarde. Al Grupo Parlamentario Socialista le sorprende comprobar la rapidez que en este caso muestra este Gobierno en funciones en dar conformidad a la tramitación de esta proposición de ley publicada el 18 marzo de 2016 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y que ya estamos debatiendo en este Pleno, sin agotar el plazo previsto en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados. 

Una iniciativa por la cual se pretende ampliar el mínimo exento de cotización de los primeros 500 euros del sueldo hasta el 31 diciembre de 2017 para la contratación indefinida, extendiendo el beneficio a los contratos temporales, que se transformen en indefinidos como medida para impulsar el empleo. Ojalá este Gobierno en funciones hubiera demostrado la misma diligencia para el cumplimiento de otras obligaciones que le han sido exigidas por los demás grupos parlamentarios y de las cuales ha hecho la más absoluta dejación. 

El Partido Popular sigue pensando que el problema de la creación de empleo está en los costes que implican para las empresas los trabajadores y las trabajadoras y por ello abarata los salarios, acaba con la negociación colectiva y la única medida que se le ocurre es que los empresarios no abonen las cuotas que les corresponde. 

Empezaron con estas políticas que ustedes llaman de impulso de la contratación indefinida ya en el año 2013 con el contrato tarifa plana, sustituyéndola después por el llamado mínimo exento, y nos proponen ahora ampliar este mínimo exento hasta el 31 de diciembre de 2017. 

El beneficio de la cotización se aplicará durante un período de cuarenta y ocho meses a la base de cotización por contingencias comunes y una importante novedad en este caso es aplicar este beneficio a la transformación de contratos temporales en indefinidos, afectando también a la parte de cotización de los trabajadores y trabajadoras. 

Siguen, como ya nos tienen acostumbrados, apostando por medidas que no solo no han creado empleo, sino redistribuido y precarizado el existente y deteriorando el mercado de trabajo, pues se aplica también a la contratación a tiempo parcial; contratación a tiempo parcial utilizada de forma abusiva que ha llevado a que en nuestro país tengamos trabajadores y trabajadoras a la carta con jornadas excesivas y con salarios que no permiten cubrir unas mínimas necesidades, y todo ello casi a coste cero para el empresariado. 

No creemos necesaria su incentivación, sino al contrario, reforzar su control y reajuste. Esta medida de mínimo exento precariza el empleo, pues no son exenciones en función del salario, sino que el empresario se beneficia igual y en la misma cuantía contrate a trabajadores con salarios dignos o con salarios bajos y vacían directamente la caja de la Seguridad Social, pues, al contrario que las bonificaciones, las exenciones van directamente a la línea de flotación de la Seguridad Social. 

Además, no contento el Gobierno ahora en funciones, quiere aplicar esta exención no solo a los nuevos empleos, sino a las transformaciones de contratos temporales, cuando bien saben o deberían saber que la mayor parte de los contratos temporales lo son en fraude de ley y, por tanto, indefinidos desde su celebración, por lo que fomentar su transformación no añade nada a la creación de empleo estable, sino que tan solo resulta gratis al empleador. 

Una vez más también se atreven a adoptar esta medida en solitario, al margen del Pacto de Toledo y de las organizaciones sindicales. Los salarios ya excesivamente bajos —el 34% de los trabajadores y de las trabajadoras españolas ganan menos de 645 euros al mes— hacen que las cotizaciones hayan descendido de forma preocupante. Con estas medidas se detraen recursos públicos a través de defectuosas políticas activas de empleo y a los empresarios les salen aún más barato los trabajadores. 

Lo que pretenden es privar de ingresos a la Seguridad Social premiando contrataciones que se hubieran producido exactamente igual. Existe un amplio consenso entre las organizaciones sindicales e Inspección de Trabajo, técnicos de la Administración, estudios en el ámbito de la universidad y la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fundamentado en la experiencia y en el día a día respecto de la escasa eficacia de este tipo de políticas activas basadas en reducciones de cuotas, que además, como en este caso, no son neutras y se generalizan de forma indiscriminada. 

Constituyen, por tanto, un peso muerto para el sistema de la Seguridad Social y perjudican a los colectivos más vulnerables, generando una seria limitación del gasto hacia otras políticas activas, como la orientación y la formación, imprescindibles para superar el problema de paro de larga duración y el déficit de competencias del que adolece nuestra población activa. 

La combinación de acciones de empleo y formación es claramente predominante en el contexto de los países europeos más avanzados; lo anómalo es lo que ocurre en España. Nadie gasta tanto en incentivos al empleo como nosotros y nadie destina tan pocos recursos a la orientación laboral. 

Después del drástico ajuste presupuestario en el inicio de la pasada legislatura, los incentivos al empleo se han vuelto a convertir en la política activa que más presupuesto absorbe. En la actualidad existen más de setenta modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones de cuota. En total, si sumamos los 2.100 millones de euros en reducciones y exenciones previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se superan los 7.300 millones destinados a políticas activas, de los que más de la mitad se destinan a incentivos al empleo, que lo único que aportan es descapitalización del sistema de Seguridad Social.

Por eso esta proposición se nos antoja no solo inaceptable sino también irresponsable, y debemos rechazar este tipo de medidas que apuntan al coste del empleo como problema del mercado laboral sin hacer ninguna otra consideración más profunda. No se han enterado de que es justo lo contrario lo procedente: la necesidad de aumentar los ingresos del sistema de Seguridad Social para garantizar las actuales prestaciones sin tener que recurrir al consumo anticipado del Fondo de reserva, como ya están haciendo. Han optado por seguir utilizando la Seguridad Social como instrumento de financiación de medidas de empleo, que la experiencia ha demostrado que son de dudoso éxito. 

Esta medida choca frontalmente con la realidad que actualmente sufren las cuentas de la Seguridad Social. Al finalizar el último Gobierno socialista había acumulados 60.815 millones en el Fondo de reserva. En tres años de legislatura el Ejecutivo del Partido Popular ha gastado un 38% de ese fondo. Actualmente solo cuenta con 32.481 millones de euros, menos de la mitad de los más de 80.000 millones que habían recibido. 

Reducir el desempleo y la precariedad laboral son dos grandes retos prioritarios para nuestro país. Es preciso plantear un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas de paro y la precariedad laboral. Uno de cada cuatro desempleados —más de un millón de personas— lleva cuatro años sin trabajar y más de 2 millones lleva dos años o más en situación de desempleo. 

Las tasas de participación en formación son bajísimas y caen fuertemente con la edad. Solamente uno de cada cuatro parados o paradas de larga duración menores de veinticinco años participa en algún proceso formativo, porcentaje que cae por debajo del 10% en caso del grupo de edad entre veinticinco y treinta y cuatro años. 

Pese a esta situación, en los últimos años se ha recortado drásticamente el gasto en políticas activas que potencian la formación y el acceso de colectivos más vulnerables al mercado de trabajo y se han destinado fundamentalmente a bonificaciones, subvenciones y exenciones ineficaces. Es necesario un cambio de diseño y contenido de nuestras políticas activas y no más de lo mismo, que es lo que ustedes están planteando. 

Lo que ahora se necesita no son exenciones, sino un plan de choque de empleo e inserción laboral con un gran objetivo: incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que buscan y no encuentran su primer empleo y evitar la cronificación del paro, reincorporando cuanto antes a la actividad a los que pierden su empleo, impidiendo periodos prolongados de desempleo. 

Los programas de fomento de empleo deben consistir no en exenciones, sino en bonificaciones, que se financiarán directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que no sean neutras, sino que apoyen el empleo de los colectivos más vulnerables. 

Los socialistas estamos radicalmente en contra de este tipo de medidas que apoyan el empleo con salarios más bajos y a la par esquilman las arcas de la Seguridad Social. 

Consideramos que ligar la exención del pago de cotizaciones a la creación de empleo proporcionará al Gobierno del Partido Popular la excusa suficiente para justificar la bajada de las pensiones en un par de años, lo cual no va a ocurrir porque no van a seguir gobernando. Estas medidas son el reconocimiento implícito de los estragos que ha causado la reforma laboral sobre la contratación indefinida y repercutirán negativamente en los ingresos de las arcas del Estado, beneficiando solamente al empresario. 

Con políticas como las que hoy debatimos aquí el Partido Popular se disfraza de social para ocultar políticas antisociales, con las que dan otro golpe a los ingresos de la Seguridad Social que se hará a costa de trabajadores y pensionistas. Con nosotros no cuenten. (Aplausos).

DEL SEÑOR IGLESIAS TURRIÓN Y OTROS 57 DIPUTADOS, 25 DE EMERGENCIA SOCIAL. (Número de expediente 123/000001).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez. 

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente. Señor Mayoral, al escucharle desde la tribuna del Congreso de los Diputados pareciera que lo estuviera haciendo en un acto de campaña de su partido. Aquí no es necesario gritar, no es necesario sacar pancartas; en esta Casa, en la sede de la soberanía del pueblo español basta con traer buenas iniciativas, haberlas trabajado, conseguir el apoyo de la mayoría, votarlas y ganarlas. (Aplausos). 

¿Sabe además lo que falta para que esa ley que ustedes nos traen hoy aquí pueda ser una realidad? Un Gobierno que la ejecute, que no será nunca el Gobierno de Rajoy. (Aplausos). Coincidimos con ustedes en el análisis que hacen de la situación aunque he echado de menos que en ese análisis hicieran ustedes alusión a que en gran medida la situación de pobreza que hoy vive nuestro país se debe al Gobierno del señor Rajoy, es consecuencia de las políticas que adoptó el Gobierno de la derecha. 

A veces parecen ustedes más preocupados de otras cosas que de derrotar a ese Gobierno y de criticar a ese Gobierno que ha originado la situación de pobreza que hoy vive nuestro país. No insistiré en los datos, son escalofriantes, 3 millones de parados sin ningún tipo de prestación; 2,5 millones de niños en pobreza; casi 2 millones de familias que no pueden calentar sus casas; 750.000 hogares que no tienen ningún ingreso. Eso es lo que nos mueve a nosotros, a los socialistas, a plantear un cambio de Gobierno, un Gobierno que acabe con la desigualdad y con el sufrimiento que está viviendo nuestro país como consecuencia de las políticas del Partido Popular. 

Le decía que coincidimos en el diagnóstico. La crítica, señorías, es mucho más fácil que legislar y mucho más fácil que gobernar. Señorías, señor Iglesias y cincuenta y siete diputados y diputadas que firman esta iniciativa, ya no son tertulianos de televisión. Ustedes han llegado a este Congreso de los Diputados a representar a las ciudadanas y a los ciudadanos españoles. (Aplausos). 

Deben asumir que esto ya no va de dar titulares, ni totales, ni cortes de radio, esto va de legislar y, como se ha dicho en esta Cámara, esta iniciativa deja mucho que desear. Una ley es algo muy serio, afecta a millones de personas. No solo contiene esta ley errores de forma, a lo que me referiré después, sino también tiene muchos errores de fondo. 

Lo que más le preocupa a mi grupo parlamentario es que una ley que dice atender la emergencia social de nuestro país no aborde las causas ni ponga límites a esas causas, sino parches a las consecuencias. No se entiende, por ejemplo, que no se regule lo que tiene que ver con la falta de rentas o las rentas más bajas. 

Que no haga mención a planes de choque para el empleo, ni a la protección social de los desempleados o a un ingreso mínimo vital. Echamos de menos la atención a la situación de pobreza infantil o a la desprotección en la que viven hoy las personas dependientes. Por tanto, lo que nos ha llamado la atención a priori han sido estas ausencias. 

Pero, señorías, si no lo remediamos, y aunque esta ley pase el trámite parlamentario de toma en consideración, sucederá que esta ley ni siquiera agote el plazo de enmiendas, porque si no lo remediamos, si el día 2 de mayo se convocan elecciones, esta ley queda agotada, decae y no hay solución a ninguna de las propuestas que aquí se han recogido. (Aplausos). 

Entro en el contenido de la ley, y empiezo por el título: Ley 25 de Emergencia Social. Queda bien como titular, pero la técnica legislativa dice que el título de una ley debe referirse a lo que en ella se contiene; que cualquier persona que lea el título de la ley sepa a qué se refiere. Por tanto, debemos obviar expresiones genéricas, citas, números, etcétera. 

Pero si entramos a leer el preámbulo, empezamos a saber qué es lo que querían ustedes decir con eso de Ley 25, y es que quieren desarrollar el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguimos leyendo la ley. El artículo 1 comienza diciendo que la presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para atender las necesidades más urgentes de emergencia social. Con todo esto y con la extensión que tiene el artículo 25, que ya se ha leído aquí, teniendo en cuenta que ustedes quieren desarrollar la emergencia social en nuestro país, pensaríamos que iban a abordar en su totalidad la situación de emergencia. 

Pero no, se han quedado solo en tres cuestiones: la asistencia sanitaria, la vivienda y los suministros energéticos. Son solo tres cuestiones las abordadas y, además, lo hacen ustedes de manera incorrecta, sesgada e ineficaz. No me voy a detener más en la técnica. Paso a hacerles una última consideración general, que también se ha puesto sobre la mesa esta tarde y que es importante, la que tiene que ver con la dotación económica. 

Dicen ustedes que esta ley no genera incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal al servicio público. En esta ley, hacen caer el peso de la gestión de los servicios en los trabajadores de los servicios sociales de nuestro país, que verían incrementada la carga de trabajo. Hacen recaer sobre ellos todo el peso de las actuaciones en materia de vivienda y de energía. Choca esto con la realidad que hoy viven los servicios sociales en nuestro país y que ustedes parecen desconocer. 

La pasada legislatura se llevaron a cabo grandes recortes en lo que tuvo que ver con el plan concertado y la Ley de Bases del Régimen Local, que limitaron estos servicios sociales y que hoy están en déficit, con lo que no pueden asumir más carga de trabajo si no les dotamos de más medios. No es serio decir que la gestión de emergencia social se puede abordar sin poner encima de la mesa más medios, porque eso es engañar a la ciudadanía. 

Respecto al derecho a la salud, volvemos a entrar en su técnica legislativa. Título primero, artículo único. Este artículo suprime el artículo completo y parte de otro, el artículo 1, y también del apartado decimotercero del artículo 4 del Real Decreto 16/2012. Con esta supresión, señorías, ustedes no están recuperando la sanidad universal, que es lo que interpreto que deseaban hacer con esta ley, y nos están dejando en el vacío legal. Señorías, ahí tienen ustedes la proposición de ley para recuperar el Sistema Universal de Salud del Grupo Socialista, que serviría de base a enmiendas de esta ley y que, sin duda, es una propuesta seria para abordar y recuperar la sanidad universal. (Aplausos). 

En materia de vivienda me sorprendían también, señor Mayoral, las citas y lo que usted ha dicho que recoge esta ley. Me hubiera gustado que hubiera señalado en qué artículos concretos de esta proposición de ley que usted nos ha presentado se recogía, por ejemplo, la dación en pago o la reestructuración de la deuda. 

Sencillamente, no aparecen en el articulado de la ley. Han perdido ustedes una oportunidad de reflejar en esta ley las medidas que llevan tiempo haciendo y diciendo en diferentes sitios. Pero más grave nos parece aún que en materia de vivienda no se reconozca en ningún artículo de la ley qué requisitos

deben cumplir las personas desalojadas para que se haga efectiva la garantía del realojo. 

No dicen ustedes quiénes son los beneficiarios. Por tanto, esta ley queda sin sentido y sin poderse aplicar a aquellas personas que lo precisan. En cuanto a la garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia de género, me van a permitir sus señorías que les hable con toda la autoridad moral de quien pertenece a un grupo parlamentario que impulsó la primera ley, la Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género. (Aplausos). 

Nosotros creemos que la problemática de la violencia de género ha de abordarse de manera global, no de manera tangencial, como ustedes hacen refiriéndose solo a la posibilidad de ese recurso habitacional. Si de lo que se trata es de alejar a la víctima del maltratador no basta solo con dotarle de una vivienda o de un recurso habitacional. La violencia de género tiene muchas aristas y el acceso a la vivienda de partida, sin garantías de atención y de protección, no puede representar una ayuda para las mujeres que la padecen aun debiendo asegurarse la misma. 

Termino con el suministro energético. ¿Quién paga? ¿Quién paga esto? ¿Las eléctricas? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad creen que esto lo pagarían las eléctricas? No, esto no lo pagarían las eléctricas; lo pagaríamos todos nosotros en la factura de nuestros consumos. Nosotros creemos, coincidiendo en el objetivo, que la propuesta sería que lo financiáramos a través de los Presupuestos Generales del Estado, reconociendo que se trata de una política social y que el propósito es dar garantías a todas esas familias que no tienen recursos ni manera de atender sus casas. 

Señorías, señor Iglesias y los cincuenta y siete firmantes, esta ley va a pasar el trámite; nosotros la vamos a apoyar, pero puede decaer en quince días y no será ley porque ustedes no van a apoyar al Gobierno que la lleve a cabo. ¿Y sabe por qué la vamos a apoyar? Porque nosotros votamos con ustedes para corregir las políticas de Rajoy, mientras ustedes votan para mantener a Rajoy en el sillón de La Moncloa. (Aplausos). 

Eso es lo que sucede. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Esto es lo que no se entiende, señor Iglesias. Comprendo que le resulte difícil de explicar, pero esto es lo que no se entiende. No se entiende que usted no quiera sumarse a un Gobierno de cambio para no solo aprobar esta ley 25, como ustedes la llaman, sino para subir el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, la protección a los desempleados, para atender de verdad la emergencia social. 

Les pido que miren —como decía el señor Mayoral— a los de abajo, a los que les votaron, porque seguro que ellos sí preferirían un Gobierno y un presidente socialista a que siga Rajoy sentado en La Moncloa. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

VIDEO ISABEL RODRÍGUEZ      INTERVENCIÓN ISABEL RODRÍGUEZ

DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ, SEÑOR BATALLER, SEÑOR CANDELA Y SEÑORA SORLÍ), SOBRE CRITERIOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO. (Número de expediente 162/000147).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Milla. 

El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señores ministros, el Gobierno en funciones del Partido Popular, del que ustedes forman parte, en tiempo de descuento y huido del control de esta Cámara, ha lanzado un ataque furibundo contra la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, un ataque impulsado por la obsesión centralista de sus dirigentes y amparado en los dogmas de la austeridad suicida que el Gobierno de Rajoy ha tratado de imponer con la excusa de la crisis. 

Basta ya, señor ministro, de misivas amenazadoras remitidas con el único objetivo de tratar de recuperar alguna de la mucha credibilidad perdida ante las instituciones europeas. Ya está bien, señor ministro, de decisiones sectarias contra Gobiernos autonómicos elegidos hace tan solo unos meses que están teniendo que afrontar la carga que han recibido de los anteriores gobiernos del Partido Popular, a los que usted trato con tanta laxitud. 

La realidad, señorías, es que el Gobierno del Partido Popular lleva años tratando de asfixiar a las comunidades autónomas imponiéndoles niveles de déficit mucho más exigentes que los que se reservaba para él mismo. Les ha puesto el listón mucho más alto para que les resultara imposible saltarlo, para presentarlas como incumplidoras, para descargar sobre ellas las responsabilidades de su fracaso en la rebaja del déficit y para dejar un hueco en las cuentas públicas que le permitiera hacer al Gobierno de España una reforma fiscal electoralista, destinada a llenar el bolsillo de los contribuyentes con una renta más elevada. 

El Gobierno de Rajoy, del que forma parte el señor Montoro, se ha reservado el lado más ancho del embudo para hacer su reforma tributaria, mientras dejaba el lado más estrecho del embudo para las comunidades autónomas; es decir, para la sanidad, para la educación o para la atención a la dependencia. 

Les ha prestado dinero, es verdad que les ha prestado dinero, un dinero que tienen que devolver, un dinero que ha disparado su endeudamiento, un dinero que les ha entregado a cambio de exigirles que acataran un catálogo de condiciones diseñado para tratar de someterlas a sus postulados ideológicos. Por eso se lo prestaba en vez de entregárselo a través del sistema de financiación autonómica, que es lo que habría asegurado la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. 

El Gobierno del que forma parte el señor Montoro lleva años criticando el modelo de financiación autonómica, casi tantos años como los que lleva negándose a cambiarlo, faltando reiteradamente a la obligación de revisarlo cada cinco años, como establece la norma que lo regula. Es lo que dice la propia ley. En 2014, el señor ministro anunció que cambiaría la financiación autonómica. De hecho, se llegó a constituir un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Se constituyó hace dos años. Ese grupo de trabajo solo se reunió un par de veces porque poco después el propio ministro dijo que el clima político era irregular y lo paralizó todo. Quizá lo paralizó porque descubrió que tenía que buscar un hueco en las cuentas públicas para hacer esa reforma tributaria que tenía en la cabeza, la reforma tributaria en beneficio de la minoría a la que el Partido Popular favorece con amnistías fiscales y con cambios tributarios. 

Señor Baldoví, en nuestra enmienda, la enmienda que hemos presentado, instamos al Gobierno de España a reformar urgentemente el modelo de financiación; a garantizar la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas; a corregir los desequilibrios que hayan podido producirse durante la aplicación del modelo que aún está en vigor, porque la propia ley que lo regula dice que se deben corregir las deficiencias a los cinco años; y a compensar, de acuerdo con lo que establece la Lofca, a aquellas comunidades que se hayan visto afectados por una insuficiencia recurrente de ingresos, como es el caso de la Comunitat Valenciana, la única autonomía, como usted ha dicho, que tiene una renta por habitante inferior a la media y, sin embargo, contribuye a las políticas de gasto público en España como si su renta por habitante fuera muy superior a la media. 

Una comunidad cuyo Gobierno, el que preside ahora Ximo Puig, gasta por debajo de la media, y a pesar de ello incurre en elevados déficits. Y es así porque se ve afectada por un problema de insuficiencia de ingresos que padecen casi todas las comunidades autónomas, pero que en la Comunitat Valenciana es mucho más grave, mucho más grave por los niveles que alcanza, porque se trata de un déficit de carácter estructural. 

Es cierto que a lo largo de dos décadas los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, los Gobiernos valencianos, se gastaron mucho dinero que no tenían en lo que menos falta hacía. Es cierto que se lo gastaron en grandes eventos tan ruinosos como efímeros que acabaron sirviendo muchas veces como incubadora del despilfarro y de la corrupción. 

Las deudas que dejaron, las deudas que ahora pesan sobre las arcas públicas de la Comunidad Valenciana, fruto de una gestión sin duda abominable, no deben mezclarse con las deudas que ha generado la falta de recursos del sistema de financiación autonómica; esas deudas son a las que alude usted en su PNL y son las deudas a las que nos referimos también nosotros en nuestra enmienda. 

Una enmienda, la del Grupo Socialista, que lo que hace en definitiva, lo que hace finalmente, es subrayar la necesidad de asegurar la viabilidad de los servicios públicos que ofrecen las comunidades autónomas, asegurar su viabilidad de acuerdo con los principios de igualdad, de solidaridad y de suficiencia financiera, y el Gobierno de España tiene la obligación de asegurar esa viabilidad, de garantizarla sin amenazas y sin actuaciones sectarias. Muchas gracias. (Aplausos).

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha dicho esta mañana en el programa “Las Mañanas de Cuatro”, que “resulta que quienes eluden sus obligaciones fiscales, no se esconden en desiertos lejanos ni en montañas remotas” en referencia al ex presidente del Gobierno José María Aznar, a quien Hacienda multará con más de 270.000 euros por irregularidades fiscales, según informaciones periodísticas publicadas en el día de hoy.

• Para el dirigente socialista parece que “Aznar, se ha hecho un Monedero” ya que, según las informaciones periodísticas, Aznar habría declarados sus ingresos a través de una sociedad familiar para ahorrarse pagar la mitad de los impuestos; una fórmula muy parecida a la utilizada en su día por el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero que también pretendió ahorrarse los impuestos de un pago de 400.000 euros.
• Preguntado por la aparición del Ministro de Industria en los papeles de Panamá y las explicaciones dadas por éste a la aparición de pruebas que sitúan a José Manuel Soria como titular de una sociedad “OffShore”, Óscar López ha dicho que las argumentaciones de Soria “se parecen mucho a las que en su día dio Rajoy en las que decía que todo era falso salvo alguna cosa”.
• El dirigente socialista ha explicado que nadie que esté en la vida pública puede tener cuentas ni dinero en paraísos fiscales “porque solo se busca o bien ocultar el origen del dinero, o bien no pagar impuestos”.
• Por eso, ha recalcado Óscar López, “me encanta que Pedro Sánchez haya dicho que si hay un solo socialista en la lista de los papeles de panamá, fuera, al minuto, se acabó”, ha dicho.

Montoro tendrá que dar explicaciones de su reunión con Aznar, ha defraudado a Hacienda y a todos los españoles. Resulta que los que eluden sus obligaciones fiscales, no se esconden en desiertos lejanos ni en montañas remotas. 

La única vía es la 199, que nos pongamos de acuerdo las fuerzas del cambio. Los españoles quieren un Gobierno transversal. En los votantes de Podemos hay desconcierto. Un partido que se dice de izquierdas está dando una prórroga a Rajoy. 

• Si hablamos de lo que nos une, estoy seguro de que nos podemos entender. Si se anteponen los sillones, no. Si ha fallado un acuerdo es porque Iglesias no se ha querido sumar, ha sido un problema de un personalismo extremo con Iglesias. 
• Tenemos un acuerdo firmado basado en nuestro programa para enmendar los 4 años de errores del PP, no podemos gobernar con ellos. Nosotros somos de centro-izquierda y C's de centro-derecha. 
• No lo he negado nunca. Este es el mérito del acuerdo. Tenemos que renovar la Constitución,mejorar nuestro marco de convivencia,porque la España de hoy no es la del 76. Para solucionar la cuestión catalana nosotros proponemos votar un acuerdo. Iglesias propone votar un ruptura.