INTERVENCIÓN CRISTÓBAL MONTORO COMISIÓN HACIENDA 7 ABRIL

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN FUNCIONES (Montoro Romero): Gracias, señor presidente. Señoras y señores componentes de la Mesa, señorías, en primer lugar, aunque el presidente expresaba un buen deseo me parece que es inútil, las fotos no pueden salir bien cuando falla el material de reflejo. (Risas). Para mí es un honor comparecer en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en una situación que todos encontramos extraordinaria, también en términos de situación política en España y como miembro de un Gobierno en funciones. 

Comparezco en relación con el desarrollo de las decisiones que puede tomar —con los límites legales— un Gobierno en funciones. Lo hago a petición propia para explicar a sus señorías el desarrollo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que estamos aplicando estos días en nuestro país a partir del cierre del déficit del conjunto de las administraciones públicas de 2015 —comunicado a Eurostat—, así como en respuesta a la recomendación recibida por el Gobierno de España de la Comisión Europea relativa a la situación de los gobiernos autonómicos. Esa comunicación llegó y se hizo pública el 9 de marzo, por tanto es anterior al cierre, y supone en definitiva un primer aviso sobre la situación de las finanzas públicas de nuestras comunidades autónomas y en el desarrollo de la gobernanza europea que puede tener continuidad si no damos cumplida respuesta a esa advertencia que hace la Comisión Europea. 

Quería hacerles partícipes —a todos los componentes de la Comisión obviamente, pero también a toda la sociedad española— de que la Intervención General del Estado va a cambiar el cierre que remitió el pasado 31 de marzo porque hay una nueva modificación. Es una modificación que concierne a todos los Estados miembros de la Unión Europea, relativa al cómputo y a su asignación temporal, de las consecuencias presupuestarias derivadas del uso del espacio radioeléctrico que los diferentes miembros de la Unión Europea hemos ido desarrollando durante el periodo 2010-2015. 

Esto, de acuerdo con los criterios aportados por Eurostat, significa para España que el Estado mejora su déficit público, porque lo reduce en 1.600 millones de euros, que es relativo a lo que sería la aplicación en 2015, que es el último periodo de esas concesiones; por tanto, la modificación está referida a trasladar en el tiempo lo que fueron ingresos —llamémosles así, aunque no lo son realmente—, mejor dicho, el resultado de enajenaciones de activos; esa sería la figura más próxima. Es como si el Estado hubiera financiado su inversión gracias a esos recursos. 

Esto traslada esa enajenación de activos desde 2011 a 2015, que es cuando hemos materializado en el Estado definitivamente la asignación del espectro radioeléctrico, como saben, de las concesiones de los canales de televisión. Por consiguiente, se entiende que los criterios de Eurostat son relativos a que es en el momento del devengo cuando se produce su asignación definitiva. 

Esto supone, en suma, que el déficit que presentamos y remitimos a Eurostat será corregido y a final de esta semana la Intervención General del Estado hará una nueva remisión obligada a Eurostat para tener en cuenta este efecto, por el que el cierre sería en el total de administraciones públicas el 5% sin ayuda financiera y el 5,08% con ayuda financiera. 

La ayuda financiera, como saben, no se considera a efectos de evolución del déficit sujeto al procedimiento de corrección de déficit excesivo; estaríamos en el 5%. Ese es el resultado de que la Administración central, sin ayuda financiera, habría cerrado el déficit en 2015 en el menos 2,53 que, en relación con el objetivo marcado para dicho año, que es de menos 2,9, supone una mejora bastante significativa en términos de desviación positiva respecto de lo que había sido el avance anterior. 

Las comunidades autónomas no sufren, obviamente, variación alguna por este cambio metodológico ni las corporaciones locales; o sea, que su cifra de cierre es menos 1,66 y la de las corporaciones locales menos 0,44. Los fondos de la Seguridad Social tampoco tienen variación, obviamente, y son de menos 1,26, como es conocido y, con la subdivisión del sistema de Seguridad Social y mutuas, menos 1,71; el SEPE (Servicio Público de Empleo) menos 0,47 y Fogasa también tiene un muy ligero déficit de menos 0,01. 

De manera que, como decía, el total en las administraciones públicas, sin ayuda financiera cerraría en el menos 5% justo. Además, deberíamos considerar también que hay otro efecto contable que en este caso concierne a las administraciones territoriales —fundamentalmente a comunidades autónomas, aunque no únicamente—, que es la operación conocida como identificación contable de los riesgos de operaciones de inversión a través de concesiones o a través de PPP, que también asciende a 0,18 —1.800, en números redondos casi 2.000 millones de euros—, que hace que sin ese gasto, que es no recurrente —es una medida one off y, por tanto, es cuando se identifica en el ejercicio no cerrado cuando se anota; ahora nos referiremos a ella y a la ubicación territorial de ese one off—, consideremos que el déficit en España habría cerrado, sin ayuda financiera y sin operaciones one off, en el menos 4,8%, que es la lectura que realmente se deriva de ello.

 Es importante tener en cuenta estas consideraciones. Hay también otro tipo de operaciones extraordinarias que inciden en el déficit de las comunidades autónomas en el ejercicio 2015 y que no se reproducen, por lo menos en su cuantía, como es el caso del tratamiento de la hepatitis C, que es un gasto financiado desde el Estado pero computado a las comunidades autónomas porque, obviamente, su gestión —en todos los aspectos materiales, pero en contabilidad nacional— hay que imputarlo al agente económico correspondiente, y asciende a 1.090 millones de euros. 

Es una operación de salud pública comprometida cuya oportunidad aparece cuando se desarrollan los fármacos de tratamiento; el Estado, con las comunidades autónomas, aborda este tratamiento en una cifra muy importante, aunque más lo es el número de personas que han podido acceder a un tratamiento eficaz de una enfermedad tan grave, y eso es lo que cuenta. 

Estamos ante un ejemplo de que cuando ocurren estas situaciones hay que anteponer el gasto como necesidad social a cualquier objetivo de déficit público. Es obvio que esos tratamientos no se van a reproducir en esas cuantías en el ejercicio 2016 ni en los siguientes; ha sido una situación de este tipo. Les recuerdo que tampoco computa lo relativo a las consecuencias del terremoto de Lorca. No son cifras relevantes, y la normativa europea no exige que se integren, dado el tratamiento de excepcionalidad, en la corrección de déficit porque son situaciones excepcionales. 

Antes de entrar a desarrollar las medidas correctoras de las comunidades autónomas, deseo comentar que es evidente que este panorama de déficit nos lleva a la consideración de que así, grosso modo —ahora lo matizaré—, el Estado cumple arrastrando una gran operación financiera que hemos acometido en 2015, la financiación de todos los mecanismos excepcionales (Fondo de liquidez autonómico y Fondo de facilidad financiera a coste cero). 

Esto ha supuesto 3.000 millones de euros de ahorro, en números redondos, que han sido asumidos en términos de mayor tipo de interés a cargo del Estado —capítulo 3— y menor tipo de interés en las comunidades autónomas que se han acogido a ellos. Como recordarán sus señorías, en 2015 todas se acogieron a estos mecanismos, a excepción de las haciendas forales. Esa es la situación que se produjo en 2015. Creo que es una operación muy positiva para todos, porque ha permitido abaratar el conjunto de la deuda pública en nuestro país.

Además esta operación coincide con las acciones del Banco Central Europeo, con las compras de deuda pública. Esto ha permitido optimizar las colocaciones de deuda, de manera que hemos conseguido abaratar el conjunto, pero obviamente ha supuesto una financiación extraordinaria para nuestras comunidades autónomas de alrededor de 3.000 millones de euros. 

Permítanme que haga una consideración sobre ese cierre y lo que significa en términos de reducción del déficit público en el conjunto de las administraciones públicas de España en cuanto a la situación que teníamos a comienzo de legislatura. Hemos reducido el déficit público del conjunto de nuestras administraciones públicas, es decir, del conjunto de los españoles —el esfuerzo está en los españoles, en los ciudadanos—, prácticamente a la mitad de lo que teníamos a comienzo de legislatura. 

Hemos reducido ese déficit público tras dos años de recesión económica. En 2012 la economía cayó más de un 2% y en 2013 un menos 1,2%. Solo en 2014 empezamos a crecer de media el 1,4% y en 2015 hemos crecido de media el 3,2%, acabando el último trimestre de este año con un crecimiento interanual del 3,5 frente al año anterior. Corolario o lección que extrae el Gobierno y que espero que sea compartida por la mayoría de los grupos políticos presentes en esta Cámara: la reducción del déficit público no solo es compatible con el crecimiento económico, sino que es condición necesaria para tener crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo. 

Esta es la lección de una legislatura muy exigente y muy dura, pero que está saliendo bien para los españoles y para lo que significa el compromiso de España en Europa. Es una lección concluyente, por tanto, también debería serlo el camino a seguir: España necesita seguir reduciendo su déficit público, el déficit de sus administraciones públicas. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho esta legislatura ha sido desapalancar al sector privado de la economía española, empresas y familias. Ha mejorado su posición financiera entre 35 y 40 puntos de producto interior bruto. 

Este es uno de los grandes desapalancamientos que ha vivido todo el mundo desarrollado, aunque es verdad que nosotros necesitábamos hacerlo porque teníamos mucho más apalancamiento financiero. Ahora tenemos que continuar con esa senda de reducción del déficit público para bajar los niveles de deuda pública sobre el producto interior bruto en España. 

Aparece también otra lección de la evolución del déficit público en la lectura del dato de la deuda pública sobre producto interior bruto en 2015. ¿Qué ha pasado con la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas sobre el producto interior bruto en 2015? Que se ha reducido una décima. ¿Cómo es posible que se reduzca la deuda pública, si tenemos un déficit público como el que he descrito, del 5%? 

Hay operaciones que no tienen impacto presupuestario, son operaciones de normativa contable, ¿pero cómo es posible que con un 4,8%, que hay que recabar en forma de incrementos de los pasivos financieros del Estado, de sus administraciones públicas, se haya reducido la deuda pública sobre producto interior bruto? Por el crecimiento económico, porque estamos en escenarios de crecimiento económico positivo; porque crece la economía, y al crecer ella se reduce muy modestamente, pero no aumenta, el nivel de deuda pública. 

Por tanto, ¿qué debe hacer una política presupuestaria? Obviamente la política presupuestaria debe financiar los grandes servicios públicos del país. Debe financiar los servicios del Estado, los servicios a cargo de las comunidades autónomas, los servicios a cargo de las corporaciones locales. Debe financiar correctamente el Estado del bienestar y los servicios inherentes a un Estado como España, garante de libertades y derechos (la defensa nacional, la protección ciudadana, la Administración de Justicia), los servicios relativos a inversiones públicas y las grandes categorías de gasto público —de pensiones, de seguro de desempleo, de protección social, de salud y de educación—, además de favorecer el acceso a la vivienda, el medio ambiente y el desarrollo de los ámbitos de nuestra cultura. 

Por tanto, estamos financiando servicios públicos, pero hacemos algo más con la política presupuestaria. Estamos impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo. No se puede entender la economía de ningún país, y menos de un país grande como España, sin la política presupuestaria y sus efectos; es incomprensible. No se puede acceder a ese grado de conocimiento de lo que está ocurriendo. 

Por eso decía que es tan importante en nuestro país promover el crecimiento económico y crear empleo. Antes afirmaba que la opinión del Gobierno es muy clara y contundente a ese respecto: hay que seguir reduciendo el déficit público. Ahora podría preguntar: ¿a qué ritmo? Al que sea compatible con mantener un crecimiento económico creador de empleo en España. Hay otros países que desgraciadamente lo necesitan igual, pero de los grandes países europeos España tiene el gran lastre, la lacra social del paro, y eso hay que vencerlo con crecimiento económico. 

Por tanto, hay que reducir el déficit público como instrumento de mejora de la financiación de la economía de nuestro país para conseguir que realmente tengamos un horizonte de crecimiento económico y de creación de empleo. El crecimiento económico es la generación de riqueza, y la creación de empleo es la política social más efectiva para distribuir los efectos del crecimiento económico. Por tanto, esta es la senda desde el Gobierno —lo sacamos como conclusión de todas estas cifras— en términos de compromiso político. 

No es una tarea fácil la que realizamos quienes estamos en el área económica de los Gobiernos o de los grupos políticos. Comparto completamente los sufrimientos de sus señorías —perdónenme, es para relajarnos un momento—. Cuando llegué a la condición de diputado y fui a la presentación pública de lo que llamamos candidaturas. No había tenido experiencias políticas anteriores —bueno, alguna, pero muy lejana—, y en el autobús que nos condujo a hacernos esa foto se sentó a mi lado un político muy experimentado en España. Yo no lo conocía personalmente, pero se sentó a mi lado, me saludó. 

Me presenté, aunque ya sabía que yo iba a estar allí. Me dio la bienvenida y me dijo: Bienvenido a este trayecto político —estas cosas que se dicen cortésmente—, estoy seguro de que no te arrepentirás de ello… (Risas). Pero me dijo algo más importante: Los economistas sois muy importantes en política, pero no se os entiende, no se os entiende. Y esto es así. 

Tenemos una forma de hablar que si el 5%, el 4,8 sin gastos recurrentes, ahora acabo de variarlo porque el criterio de Eurostat respecto de la tasa de utilización del espacio electrónico, tanto de producto interior bruto, etcétera. Es que no es fácil. Por eso, les decía que quería compartir con ustedes que, obviamente, es así pero que es nuestra tarea; es nuestra misión y la de esta Comisión es tratar de trasladar que detrás de estas cifras está el bienestar de nuestra gente, está el bienestar de la sociedad española, está el compromiso de nuestro proyecto político, que es prácticamente unánime en esta Cámara, está el compromiso europeo y, por lo tanto, estamos en esta acción y en el desarrollo de la misma. 

Por eso les decía que España —vuelvo al discurso— necesita reducir el déficit público haciéndolo compatible con un crecimiento económico que es superior en España —ojalá fuera mayor el de nuestros grandes socios europeos, especialmente en la zona euro—, pero nosotros lo necesitamos como ninguno de ellos por razón de creación de empleo. Necesitamos esa creación de empleo que, afortunadamente, es la que estamos registrando en 2015 con casi 600.000 empleos más los casi 400.000 creados en 2014. 

Eso es lo que no podemos truncar detrás de esas políticas presupuestarias. Un país tan descentralizado política y administrativamente, como es España, es un país cuyo déficit público tiene que ser subdividido entre los diferentes niveles de Administración, entendiendo que todas las administraciones son fundamentales. En España todas las administraciones desarrollan una tarea absolutamente básica a la hora de proveer una oferta de servicios; lo hacen las corporaciones locales; lo hacen las comunidades autónomas y lo hace la Administración General del Estado. 

También ocurre que la Hacienda de un Estado de las autonomías, como es España, es una Hacienda articulada, complicada y difícil de entender, porque no cesamos en el desarrollo de la misma y, a veces, para explicarlo fuera de nuestras fronteras no es sencillo. Se habla de un país ingobernable en términos económicos por razón de su descentralización y no tiene por qué ser así. Ese no es el caso de España que ha desarrollado una descentralización política y administrativa en treinta y siete años como no ha hecho ningún país en el mundo, lo cual no es óbice para que cada categoría de Administración tenga que asumir sus responsabilidades en términos de objetivos de déficit público. 

Por eso, la subdivisión de los objetivos de déficit público entre administraciones es importante y también lo es la financiación entre administraciones, que es lo que está contenido en los Presupuestos Generales del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado cada año contienen la financiación —no toda, porque luego las administraciones territoriales tienen sus recursos propios— que desde el Estado se promueve hacia esa Administración territorial y que, en definitiva, fija esta Cámara. 

La Cámara tiene esa potestad y eso es lo que se determina en lo que llamamos el Estado de las autonomías de nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en relación con el cumplimiento de los objetivos existentes para el año 2015? Pues que son las comunidades autónomas las que quedan más desviadas respecto del objetivo; cierran en el 1,66 frente al objetivo del menos 0,7, que era el objetivo que íbamos marcando en la senda de convergencia comprometida en los programas de estabilidad del Reino de España. ¿Esto quiere decir que las comunidades autónomas no han hecho un esfuerzo de reducción del déficit público en esta legislatura? En absoluto. 

Una cosa es el no cumplimiento del objetivo en un año y otra cosa es ver el conjunto del trayecto. ¿Cuánto han bajado las comunidades autónomas su déficit en la legislatura? Pues a la mitad. El 1,66 que es la mitad del 3,33 que tenían en el año 2011, la mitad; sin liquidaciones con el Estado. Hay que tener en cuenta esa comparación porque, como les digo, las liquidaciones entre administraciones en España a veces son complicadas de establecer y es mejor establecer esa comparación. 

Luego, en primer lugar, hay un reconocimiento del esfuerzo a las comunidades autónomas en esa senda de reducción del déficit público, lo que significa un reconocimiento de su papel a la hora de despertar el crecimiento económico y la creación de empleo en nuestro país. 

Hay que celebrar, igualmente, que en la publicación del Instituto Nacional de Estadística del desglose del crecimiento de la economía ya territorializado, vemos cómo al crecimiento económico se han unido prácticamente todas las comunidades autónomas de España, que están creciendo en un abanico muy estrecho a modo de convergencia en los ritmos del crecimiento, no en los niveles de desarrollo, que sigue siendo muy alta la diferencia entre nuestros territorios y esa es una gran tarea, y podemos decir que hemos fracasado en la construcción de ese Estado de las autonomías porque no hemos sido capaces de alcanzarlo. 

Pero lo que sí quiero decirles es que ahora estamos viendo cómo el crecimiento económico está llegando de una manera muy homogénea a todo el territorio, con independencia de sus regímenes fiscales.

Hay que celebrar además el comportamiento presupuestario de las corporaciones locales. Las corporaciones locales han hecho una aportación positiva, en el sentido de que tienen un superávit, que ahora está cerrándose provisionalmente, del 0,44%. Podría ser mejor; ir a peor en ningún caso. En septiembre, cuando haya que enviar esos datos más avanzados a Eurostat, hasta podría mejorar en alguna décima, como ha venido ocurriendo, pero las corporaciones locales en España han pasado de tener un déficit de menos 0,4 a un 0,4 amplio positivo y, por lo tanto, han ganado 1 punto de PIB y eso hay que celebrarlo y verlo como algo positivo. 

De esa forma, con su superávit, además de reducir su endeudamiento en aquellas corporaciones locales o ayuntamientos que están todavía endeudados o altamente endeudados, en el caso de algunos, lo que hacemos es que las corporaciones locales ayuden a conseguir el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas y compensen el déficit de otras administraciones públicas o de la propia Seguridad Social. 

A partir de ahí tenemos una aportación muy positiva que hay que reconocer como tal y, hay que insistir, en la importancia que tiene esa identificación positiva de nuestras corporaciones locales. Esto significa que han hecho un gran esfuerzo y que no ha habido que cerrar ayuntamientos en España. Recuerdo que en el año 2012 la propuesta que se oía continuamente es que había que cerrar 4.000 ayuntamientos en España. No se han cerrado y lo que ha sucedido es que algunos ayuntamientos han empezado un proceso voluntario de fusión, acogiéndose a la legislación local actual, que les da beneficios financieros, de financiación mayor. 

Quiero decirles que todo aquello que vivimos en 2012 —supresión de un tercio de los concejales y demás— no ha sido necesario en términos de saneamiento presupuestario porque los concejales en nuestros ayuntamientos hacen una gran labor democrática que en la mañana de hoy también quiero poner en valor. Queda el déficit de la Seguridad Social, que es otra de las subadministraciones que no cumple con el objetivo. 

La previsión del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado era que este año nada más comenzar la legislatura, que todavía no ha comenzado —ahí está la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016— pudiéramos abrir el Pacto de Toledo para abordar la cuestión de la proyección a medio plazo de las finanzas de la Seguridad Social, aportando algunos instrumentos nuevos de financiación, sobre todo, en la parte de las pensiones no contributivas. 

En el Pacto de Toledo ya se desarrolló el trasvase al Estado de lo que fueron las prestaciones claramente no contributivas —hoy están en el presupuesto del Estado—, los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas. El Estado tiene a cargo 14.000 millones de euros y, a partir de ahí, deberíamos seguir progresando en el ámbito del Pacto de Toledo, abordando la seguridad de que nuestro sistema público de pensiones esté equilibrado y saneado. Lo estará a medida que se confirme —cuantos más afiliados entren— la evolución del empleo. 

Y luego hay que tener en cuenta en todas las administraciones —la Seguridad Social también, sus cotizaciones— que la ausencia de inflación que estamos viviendo es otro de los grandes argumentos nuevos y positivos. España está ganando competitividad —su economía, sus empresas— con esta no inflación, pero en términos de recaudación y de la evolución de las cotizaciones sociales no tener inflación es algo que, sin duda alguna, perjudica la evolución de unas cotizaciones que están completamente ligadas a la evolución de las rentas nominales. 

Como siempre, en términos económicos, lo que por un lado puede ser una ventaja sustancial, por otro, se acusa en términos de menor ingreso en una de las grandes administraciones, como le ocurre a la Seguridad Social. En la Seguridad Social el gasto en pensiones está creciendo al 3%, sobre todo, por la incorporación de nuevos pensionistas —el año pasado fueron casi 80.000 los nuevos pensionistas—, que, afortunadamente, entran con pensiones más altas que la media de los pensionistas existentes en el sistema y las cotizaciones sociales en contabilidad nacional crecían el 1,7%. 

Ahí radica un desfase, que ciertamente es el que debería abordarse en el seno del Pacto Toledo. En relación con las comunidades autónomas y su desviación, lo que hace el Gobierno, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea —insisto, recibida el 8 de marzo, y que estoy seguro de que todas sus señorías y los medios de comunicación conocen—, es poner el reparo a España sobre la evolución del déficit de las comunidades autónomas en nuestro país.

En ese no cumplimiento del déficit de las comunidades autónomas ha habido una excepción, porque hay tres comunidades autónomas que sí han cumplido el objetivo de déficit que se programó para ellas, lo que tiene un especial valor. Esto muestra que el objetivo del 0,7 era exigente, pero no imposible. Si alguien lo cumple, con todos los supuestos en que se ha incurrido —además de los gastos excepcionales a los que me he referido suficientemente—, esto quiere decir que el objetivo podía cumplirse. Las tres comunidades autónomas son Galicia, Canarias y País Vasco. 

Tenemos tres comunidades autónomas: una de régimen común, como es Galicia, que ha cumplido sobradamente con su objetivo. Otra cuyo régimen económico fiscal tiene una singularidad es Canarias, porque en términos de financiación no podemos decir que no tenga una singularidad porque la tiene, y muy positiva, aunque no es a estos efectos. Obviamente tiene una singularidad, pero Canarias también ha hecho una gestión muy eficaz —como venía haciendo—, porque está claro que no llegas a este objetivo si no vas haciendo ya una gestión tan eficaz. 

Y el País Vasco también alcanza el objetivo, obviamente con la peculiaridad propia de la Hacienda Foral del País Vasco, con tres diputaciones forales gestionando un presupuesto y hay que celebrarlo. Parece que la muestra haya sido elegida aposta, porque tenemos una comunidad de cada, pero comprenderán que esto no es más que el resultado de una acción política de gestión. Parecen elegidas para hacer una presentación con una de cada; es una muestra de lo que es España. 

En términos de haciendas públicas territoriales España es un país muy plural, muy diferente, pero cabía tener unos objetivos comunes en términos de consecución de ese déficit. Por tanto, hay una de régimen común, o si se quiere, dos —si incluimos a Canarias—, que han hecho un gran trabajo, como también lo ha hecho el País Vasco, siendo Hacienda Foral; aunque Navarra, siendo también Hacienda Foral, no consigue el objetivo, sino que se desvía significativamente del mismo. El contraste está ahí y también hay que preguntarse las causas. 

Como decía, para los responsables que están ejerciendo esos niveles de gobierno la respuesta nunca puede ser que no tenían suficiente financiación, porque si alguien está cumpliendo el objetivo el argumento queda por lo menos empalidecido. Esto no obvia que haya que abrir el debate de financiación autonómica. Mañana llevaré al Consejo de Ministros la propuesta de la creación de un comité de técnicos con el concurso de todas las comunidades autónomas. 

No vamos a constituir un comité, siendo el nuestro un Gobierno en funciones, pero sí presentaremos la propuesta de la creación de ese comité, consultando con todas las comunidades autónomas, para que dicho comité de expertos vaya trabajando —no estamos utilizando los primeros meses del año— en desbrozar técnicamente el camino de lo que debe ser una financiación autonómica. En nuestro país tenemos reputados expertos, gente, en el ámbito científico y universitario, que ha dedicado prácticamente toda su vida a este análisis, y entendemos que debemos activar a estos expertos. 

Estoy atendiendo también a la petición de presidentes autonómicos, que me la están haciendo llegar expresamente, que me están pidiendo que se aproveche este tiempo —que ya veremos lo que dura—, que aprovechemos estas interinidades, que no nos quedemos quietos y que vayan desbrozando técnicamente este camino. 

A las comunidades que no han cumplido, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, el Gobierno les aplica la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es lo que insiste que hagamos la recomendación de la Unión Europea; nos dice que un Gobierno en funciones tiene la capacidad legítima de actuar aplicando dicha ley en esa desviación. Cabe preguntarse por qué ahora la aplicamos y no la aplicamos cuando las comunidades autónomas se desviaron el año pasado, que también tuvieron una desviación, obviamente menos significativa. 

La causa de esto —que será aceptable o no y será discutible, como todo— yo la encuentro en que el total del déficit de administraciones públicas se acomodó al objetivo marcado en la senda de estabilidad. El año 2014 cerramos en el 5,8, y eso sin ayuda financiera —con ayuda financiera era el 5,88—, y no tuvimos ningún apercibimiento de la Comisión Europea respecto del cumplimiento de ese déficit y, por tanto, no necesitamos hacer lo que sí necesitamos hacer ahora, es decir, utilizar los elementos de la Ley de Estabilidad. 

Pero permítame también, señor presidente, que hagamos la aplicación de esa ley con otro elemento en juego que es el decalaje temporal que tiene la financiación de la Administración Autonómica en nuestro país. Eso no rige para las haciendas forales, pero sí es muy importante para las de financiación de régimen común en una etapa de recuperación económica como la que hemos vivido en España. 

Esto se traduce en que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 hay una provisión de financiación de comunidades autónomas de 7.400 millones de euros este año; sistema de financiación más liquidación correspondiente al año 2014; liquidación que es dinero de las comunidades autónomas, de la recaudación habida en el año 2014 que corresponde a las comunidades autónomas, una liquidación muy importante. 

Por tanto, lo que tenemos son 7.400 millones de euros de las comunidades autónomas y, si a eso se añade el ahorro que van a tener —esto no es nuevo, pero sí es importante— de casi 3.000 millones de euros derivado de los mecanismos de financiación —estos mecanismos cuentan—, esto lleva a que el año próximo las comunidades autónomas dispongan de 10.000 millones de euros, 1 punto del producto interior bruto que, aplicado a la corrección del déficit —es decir, no a gastar más sino a corregir el déficit—, lo que provoca es que podamos tener la corrección deseada. 

Ya está en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y no estamos ante la necesidad de acudir al Parlamento, por ejemplo, a recabar nuevos recursos. No, ya está. Esa es la programación del presupuesto 2016 comunidad autónoma a comunidad autónoma. 

Por tanto, cuando decimos que estamos aplicando las medidas coercitivas, es que las estamos aplicando. Ayer mismo emití la carta, instando a que los consejos de gobierno de las comunidades autónomas incumplidoras —que son todas, menos las tres que he citado— adopten un acuerdo de no disponibilidad de gasto, considerando también —en la carta aparecía— lo que van a tener como nueva financiación más ahorro de intereses. 

A eso les estamos instando, en primer lugar, en términos de aplicación de la Ley de Estabilidad. Decía que además tenemos que tener en cuenta otro tipo de circunstancias relativas, por ejemplo, a las comunidades autónomas donde más ha impactado la contabilización de las PPP en el año 2015. En el caso de Cataluña, representa en el año 2015 más de 1.500 millones de euros. Aparece un gasto en el año 2015 que es un ahorro para 2016: más de 1.500 millones de euros. 

Para entendernos, si Cataluña tiene un déficit de algo más de 5.000 millones de euros, ya tiene 1.500 millones menos de déficit, porque a lo que ha tenido se le ha imputado ese gasto tan importante en términos de PPP, pero —como antes insistía— eso no exige plan de ajuste. 

También hay casos de otras comunidades autónomas, como el de Asturias, que tiene alguna importancia —tiene mucha importancia en sus cuentas—; ha habido otros casos que no se van a repetir porque ya no son solo PPP, sino que también ha habido —digamos— desplazamiento de entidades que estaban fuera de administraciones públicas adentro y, por tanto, computan en el déficit del año correspondiente y eso se lleva adelante. 

Por eso, decía que en el plan de ajuste obligamos a que en quince días se adopte ese acuerdo de no disponibilidad y se elabore el plan económico-financiero en cada una de las comunidades autónomas y se remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su valoración. En la valoración y adecuación de ese PEF también participará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en la valoración, en la adecuación de ese plan económico-financiero. 

Estamos instando el artículo 25 de esa ley, pero lo hago con la tranquilidad de que, como se trata de aplicar los nuevos recursos, no estamos pidiendo reducciones de gasto a nadie, sino que estamos diciendo que los nuevos recursos se utilicen en financiar el gasto que ya tienen y que ha causado el déficit público. Esa es la diferencia, y desde esa tranquilidad y confianza estamos reclamando esa participación. 

A partir de ahí, en la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos también hemos establecido una nueva condicionalidad para las comunidades autónomas acogidas al Fondo de liquidez autonómico. Esa nueva condicionalidad se resume, en primer lugar, en que vamos a exigir la adhesión del instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las comunidades autónomas previsto en el artículo 113 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. 

Además este acuerdo debe detallar las medidas de la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario que la comunidad autónoma adherida a este instrumento tendrá que aplicar obligatoriamente si incumple el límite de gasto sanitario. La segunda condición es la adhesión al protocolo de Farmaindustria y a otros posibles protocolos que la Administración acuerde con el sector. 

Haremos obligatorio el establecimiento de un techo de gasto en el gasto farmacéutico que haga que las innovaciones farmacológicas puedan introducirse en ese techo de gasto. Esto es muy importante para que los pacientes de la sanidad pública tengan garantizado el acceso a las últimas generaciones de medicamentos. 

Otra condición sería la interconexión permanente con FACe, con el sistema electrónico de facturas, en las mismas condiciones que se han exigido a Cataluña. Otra condición sería haber adecuado su plan de tesorería para reducir el periodo medio de pago a proveedores y condiciones específicas para la aprobación del acuerdo de no disponibilidad del artículo 25, con prioridad de atención de servicios públicos fundamentales, definidos en el artículo 15 de la Lofca —sanidad, educación y servicios sociales esenciales—. 

También es muy importante la exigencia al interventor general de la comunidad autónoma de que remita a Minhap el informe sobre cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto. Es exigir con toda contundencia a las comunidades autónomas lo que ya están haciendo las corporaciones locales. 

El informe de la Intervención General de la comunidad autónoma será mensual y nuestra intención es que sea público al día siguiente de su remisión al ministerio, para que vayamos conociendo cómo la comunidad autónoma limita el aumento de su gasto a lo que llamamos la regla de gasto, que es la regla derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La regla de gasto para este año tiene un techo de gasto que va aumentando a medida que lo hace el escenario económico, porque eso mejora el crecimiento potencial de nuestra economía. 

Por eso era tan importante cambiar el escenario económico a positivo. Para este año la regla de gasto topa el incremento de gasto en el 1,8%. El año pasado fue el 1,3%. Regla de gasto es esa regla traducida de la gobernanza pura europea. Las comunidades autónomas concernidas son Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Extremadura y Cantabria. Luego hay tres comunidades autónomas —Castilla y León, Asturias y Madrid— a las que sí se les aplicaría la medida 1. Todo esto lo iremos graduando con ellos. 

Además lo iremos conformando en La Rioja y Navarra de acuerdo con sus peculiaridades y las características de la desviación. Estas son las actuaciones. Insisto en que son claramente compatibles con la senda actualmente marcada en términos de objetivo de déficit. 

Pero acabo, como ya hizo el Gobierno con el documento que publicó como oferta de negociación política con los diferentes grupos políticos, mostrando la disposición del Gobierno a entrar en una negociación con los grupos políticos relativa a la flexibilización de la senda de objetivo de déficit público, algo que debemos acomodar con nuestros socios europeos, con la propia Comisión Europea. Pero esa disposición está delante, está abierta. 

Era uno de los principios del documento que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya expuso públicamente. Entiendo, como he hecho desde el comienzo de mi intervención, que necesitamos en España seguir reduciendo el déficit público, pero debemos hacerlo acomodando la evolución de ese déficit público a las circunstancias de nuestro crecimiento económico, propiciando ese crecimiento económico y sobre todo la traslación del crecimiento a la creación de empleo. Gracias, señor presidente. Estoy a su disposición para atender a todos los grupos.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar quiero agradecer la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular por poner en situación todo el planteamiento de la política del Gobierno durante estos años difíciles. Hemos hecho un recorrido realmente intenso. 

Quiero agradecer también la intervención del portavoz de UPN poniendo en valor lo que significa, dentro de España, la lealtad de Navarra, indiscutible, distinguida desde la foralidad pero comprometida con la suerte de todos los españoles puesto que ellos también son y se sienten españoles. Voy hacer unas consideraciones, si me permiten, agrupando respuestas. 

Obviamente, primero quiero aclarar el sentido de mi comparecencia —ya lo he intentado hacer—, que es dar cuenta a la Cámara de las nuevas actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en funciones; este es el sentido. El Gobierno entiende que debemos venir a la Cámara no para un control, sino para una explicación y un control; obviamente siempre será un control y un contraste de las posiciones de los grupos, pero me refiero a la motivación, que está en el sentido. 

No hay diferencia entre miembros del Gobierno que comparecen y que no comparecen, sino que depende de la solicitud, de la naturaleza de esas peticiones. Un Gobierno en funciones es un Gobierno que nace de una Cámara diferente a esta, por lo que el control debe referirse a las actuaciones durante el desarrollo de su actividad. 

Eso no empece que cuando se toman decisiones en funciones es cuando corresponde —como hizo ayer el presidente Rajoy— comparecer en el Pleno de la Cámara, como seguirá haciendo cualquier miembro del Gobierno siempre que entendamos que la comparecencia se ciñe a ello. Por lo demás, quiero decirles modestamente que en la legislatura pasada he batido todos los récords de comparecencia. 

No creo que haya nadie que haya comparecido más, que se haya sometido a más control; no lo creo. Eso se mide estadísticamente; durante la legislatura por supuesto, pero incluso acumulado. Me refiero a más intervenciones, pero es que estamos precisamente para eso, para dar cuenta a las Cámaras de nuestra actuación. El control es consustancial a la democracia, lo entendemos así. Por eso decía también que estoy muy honrado en comparecer para explicar las actuaciones y la raíz, la naturaleza de esas actuaciones. 

No es retórica lo que les voy a preguntar, pero es que he escuchado un análisis de la evolución económica de nuestro país que me ha preocupado francamente. Esta tarde se va a celebrar una reunión entre grupos políticos que aspiran a formar Gobierno en España. ¿Esos representantes de estos grupos políticos están diciendo en la mañana de hoy que la política es irrelevante para el crecimiento económico?, ¿eso es lo que están diciendo? Porque es lo que yo he oído. 

España crece el 3,2% porque hay viento de cola, porque hay una política monetaria. Interesante conclusión saco. ¿Es esa exactamente la posición de quienes van a tener esta tarde la interlocución en clave de cómo se continúa la recuperación económica? ¿Así entienden la recuperación económica? ¿Qué van a proponer, que continúe bajo el precio del petróleo, que continúe la política monetaria del Banco Central Europeo? ¿Eso es lo que van a hacer esta tarde? ¿De qué van a hablar? 

No es motivo de la comparecencia pero es que, francamente, yo discrepo profundamente de ese diagnóstico que he escuchado de varios grupos; no de uno, de varios grupos. ¡Que suerte tiene el Partido Popular cuando gobierna España que hay viento de cola! (Risas). 

Esto es realmente la antítesis de la política, la antítesis. Obvia la acción de gobierno. Es decir, ¿para qué estamos en el Gobierno? ¿Para ver por dónde sopla el viento?, ¿para orientarnos en esto? Descontar las políticas económicas de un Gobierno de la situación económica es realmente… Y eso es lo que he escuchado esta mañana, ¿o no lo he entendido bien? 

A continuación tenemos el turno de réplica, pero yo he escuchado esto. Pues bueno, ha sido la buena suerte. España tiene buena suerte cuando gobierna el Partido Popular. Lo digo porque como yo he estado en todos los Gobiernos del Partido Popular, algo tendré que ver. Pero han sido la buena suerte y el destino. Este argumento me parece realmente impropio de ser escuchado en esta Cámara. Estamos en el Gobierno y, por supuesto, en la oposición para criticar cómo las políticas han perjudicado el crecimiento económico o no. 

Ahora estamos creciendo y creando empleo y ¿qué ocurre? Que todo el crecimiento económico se está yendo a creación de empleo por primera vez en la historia económica de España. No había ocurrido nunca que el crecimiento económico se fuera a creación de empleo. No había ocurrido nunca que España estuviera creciendo por la demanda interna, por el consumo de las familias, y mantuviera un superávit de capacidad de financiación frente al resto del mundo del 2% del producto interior bruto. No había ocurrido nunca, nunca. 

Antes hacíamos devaluaciones competitivas, devaluaciones que lo que hacían era empobrecer al país entero y, por supuesto, a través de una elevada inflación, empobrecer precisamente a las capas sociales que peor se protegen de esa inflación. Nunca había sucedido que tuviéramos esa recuperación de demanda interna y esa competitividad, que es la capacidad de financiación sobre el sector exterior. 

Y no había ocurrido nunca que estuviéramos creciendo en términos reales al 3,2% el año pasado y que el deflactor del PIB esté en torno al 0,6, con el IPC negativo. La inflación, por cierto, es el más injusto de los impuestos, el que paga terriblemente el que menos tiene. Eso es la inflación, el más injusto de los impuestos, es implacable respecto de amplísimas capas sociales que no se pueden defender. Si hay crecimiento de consumo es porque las rentas públicas han mejorado en nuestro país. He hecho este exhorto y, como ven, me declaro creyente en la política. 

Si no, no estaría aquí. Si no creyera en la política, con todas sus imperfecciones —faltaba más, y por eso es importante el contraste—, no estaría aquí. Solo pido seriedad en las propuestas; seriedad y compromisos en las propuestas. Se podrá decir que una política es equivocada, por supuesto; se podrá decir que una política es un lastre para tu país, se puede decir, pero hay que afianzar esos argumentos. Lo que no se puede decir es que España crece porque hay vientos de cola. 

¿Esos vientos de cola no soplan en Francia? ¿No soplan en Italia? Duplicamos el crecimiento de Alemania, ¿eso no tiene que ver con la política que estamos haciendo? ¿La política presupuestaria en España cuando bajamos el IRPF por segunda vez a partir de julio no tiene que ver con el crecimiento del último trimestre de la economía? ¿Eso no tiene que ver? ¿Qué hacemos cuando bajamos el IRPF? Algunos de ustedes dicen que actuamos arbitrariamente. 

Da la impresión de que me he bajado el impuesto sobre la renta. Se ha bajado el impuesto el ministro; solo para él. ¿Es que no hemos bajado el IRPF a los catalanes? ¿Y a los valencianos? ¿No hemos bajado en Cataluña el IRPF? ¿Es que los siete millones largos de habitantes de Cataluña no están beneficiados por la bajada del IRPF? ¿Y cuando hacemos cotizaciones a la Seguridad Social bonificadas, como en la Ley de Emprendedores, que lo hicimos conjuntamente? 

Se ha citado aquí y aprovecho para agradecer que en la legislatura pasada hubiera votaciones con acuerdo de otros grupos; las leyes importantes las sacamos con acuerdo de otros grupos políticos teniendo mayoría absoluta. Por cierto, con el Partido Socialista no sacamos ninguna. El señor Saura tiene garantizada su posición y su intervención. (Risas). Pero ya le dije hace mucho tiempo que una cosa son los descalificativos y otra cosa es hacer política. 

Para hacer política uno tiene que aspirar a que tu país prospere; si el país prospera no se puede negar la realidad y no se puede decir —como he escuchado antes— que cuando se están bajando impuestos por valor de 7.000 millones de euros largos —el año pasado— eso se hace para cuatro ricos; tocan a 1.000 per cápita. Es un planteamiento absurdo, no tiene otro nombre. 

La reforma fiscal que hemos hecho favorece a las rentas bajas y a las rentas medias de España, lo que ha ocurrido es que en 2011 nos vimos obligados a poner un recargo transitorio sobre la renta enormemente equitativo. El recargo partía —para las rentas bajas— del 0,75 y para las rentas altas llegaba a 7 puntos. Eso lo hizo el Gobierno del Partido Popular, era un recargo transitorio y no escuché por la parte de la izquierda muchas alabanzas —ni hacían falta—, pero ahora que la izquierda no me reproche que hemos quitado el recargo transitorio confundiéndolo con la bajada de impuestos. 

Miren, una renta en España que esté en torno a 24.000 euros, que es la media, está pagando en torno al 15% menos del IRPF que en el año 2011. Ya está pagando en el comienzo del año 2016, y cuanto más baja la renta mucho más es el descuento del impuesto, que llega a ser el cien por cien del IRPF para las rentas bajas. Y eso es bajar impuestos con progresividad y esas son las cifras. 

Voy a completarle la lectura de las cifras de recaudación; también para los que han comentado que no recaudamos en España, que es una tesis… Mire si no recaudamos. Le voy a comparar la recaudación, impuesto a impuesto de los grandes impuestos, con el año 2007, donde sí recaudábamos, ¿no? ¿No fue el máximo el año 2007? (Risas). No sé si hubo un 2007 que era la situación de precrisis, ¿eh? —Por cierto, alguien no supo anticiparla y eso tiene mucho que ver con las penalidades después de lo que se han llamado recortes—. 

Ahora voy a la recaudación. (Muestra un documento con varias gráficas). Recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas —cifra bruta, no incrementos— en el año 2007: 72.614 millones de euros. Cuando más recaudábamos. En el año 2015, con la liquidación —no previsión de presupuestos, sino liquidación—: 72.346 millones de euros. —No está mal, ¿eh?—. Bajando el IRPF el agujero que hemos hecho ha sido espantoso, espantoso. Liquidación, ¿eh? —Esto estaba publicado en la página web del ministerio y otros documentos, el déficit de las administraciones públicas distribuido y tal—. Impuesto sobre sociedades, año 2007: 44.823 millones de euros. Año 2015: 20.649. La mitad. Vamos a ver quién paga el impuesto sobre sociedades en España.

— Lo digo también por lo que vayan a hablar esta tarde, lo digo para que le den contenido, no vaya a ser que planteen políticas tributarias equivocadas y lo paguemos en términos de crecimiento económico—. Evolución de pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades, grandes empresas y grupos, liquidación del 2007: 18.000 millones de euros. 

Liquidación de 2015: 16.436 millones de euros. Liquidación de 2011 de las grandes empresas: siete mil. 7.676. De 7.600 hemos pasado a 16.226. —Menos mal que la política tributaria del impuesto sobre sociedades que hemos hecho ha sido claramente discriminatoria, menos mal—. 

Yo me pregunto por qué el Gobierno socialista, este que ha estado antes que nosotros, no hacía estas cosas, y era tan progresista. Ahora escucho toda esta teoría de que hay que quitar desgravaciones… ¿Qué desgravaciones quedan en el impuesto sobre sociedades, señorías?, ¿las conocen ustedes?, ¿cuáles? Porque lo que hicimos primero era limitar la deducibilidad de los gastos financieros al 30% de la base imponible. ¿Eso no tiene que ver con el desapalancamiento de las empresas? 

Pues todo. Pero reconozcan que algo hemos hecho bien. Es decir, ¿no limitamos la amortización libre que permitía que multinacionales operando en España estuvieran sobre la matriz descargando las consecuencias de las inversiones en el exterior? Pues todo eso tiene que ver con el desapalancamiento del sector privado y de las empresas en España. ¡Cifras, cifras, cifras! Lo digo porque los argumentos hay que sustentarlos con cifras. 

Lo digo para que lo hagamos, por lo menos en esta Santa Sede política que nos acoge en materia de Hacienda y de Administraciones públicas. Sigo la lectura. Pymes. Recaudaba 4.800 millones de euros en el 2007. Ahora están en 1.800. —Claro, es que no tienen beneficio—. Están subiendo ahora en la crisis por primera vez, están ganando, empezando a ganar, a tener beneficios, luego es lógico que vayan recuperando y eso quiere decir que no estamos como en el 2007. Vamos al IVA. 

La liquidación del año 2007 fue de 55.851 millones de euros. ¿Cuál fue la liquidación del año 2015, que hemos cerrado? 60.305 millones. ¿Cuánto subió la recaudación del IVA el año pasado? Un 7,4%. ¿Eso no tiene que ver con la bajada del IRPF, con la ganancia de poder adquisitivo y el incremento del consumo? No, han pagado el IVA, en fin. Estamos recaudando 5.000 millones más que en el máximo de crecimiento económico. 

Respecto a los totales de impuestos especiales —ya no leo más, por supuesto, pero está a disposición de todos—, la recaudación de 2007 fue de 19.786 millones de euros; en 2015 hemos cerrado en 19.147, cifra muy parecida. Por tanto, cuando insisten en que el problema de España es la falta de recaudación, les digo que la hemos tenido históricamente. 

A lo mejor, los nuevos protagonistas de la política española encuentran la fórmula; desde luego, la nuestra no es esa, es bajar impuestos para estimular la actividad económica; esa es la que hemos utilizado. Ustedes la han calificado electoralmente, califíquenla como quieran, pero he escuchado esta mañana aquí la postura de muchos grupos políticos en contra de la bajada de impuestos, que es lo importante. (Rumores). 

Están en su derecho, pero no me defiendan que es para proteger la recaudación porque la recaudación está ahí, como he leído, la liquidación de 2015. No me lo defiendan porque no lo defienden con números, pues las cifras van solas. Respecto al gasto público, vamos a los recortes sociales, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se lee en cifras. ¿Cuánto gastan las administraciones públicas? (Muestra otros gráficos). 

Es el plan presupuestario, este que nos pide la Comisión que actualicemos. Este que les muestro es el anterior. Por tanto, estimación de la Intervención General del Estado para el conjunto de las administraciones públicas. ¿Cuánto gastamos las administraciones públicas en España en el año 2015 en protección social, pensiones, desempleo y dependencia? 185.736 millones de euros. 

¿Cuánto gastábamos en el año 2007? 138.574 millones. ¿Cuál es la diferencia?, ¿cuál es la resta?, ¿quién ha detenido siquiera la protección social en España?, ¿por qué hacen afirmaciones que no se sustentan en las cifras? Si estamos gastando. ¿Eso es incompatible con la recuperación económica? No. Estamos saliendo, estamos saliendo con protección social, estamos saliendo con contención de inversión pública. (Rumores). 

Pero si son las cifras que son elocuentes. ¿Cuánto hemos gastado en salud en el año 2015 con todos estos recortes, etcétera? —No les voy a invitar a que eliminen esas palabras de su vocabulario, pero por lo menos en la Comisión de Hacienda permítanme que las sustente en cifras—. ¿Cuánto han gastado las comunidades autónomas en salud?

En lo demás ya les he dicho que hemos financiado a través del FLA, pero ese gasto es imputable a las comunidades autónomas. ¿Cuánto han gastado —función 7 del gasto público— en el año 2015? 64.130 millones de euros. ¿Cuánto gastaron en el año 2007 en salud, con el apogeo del socialismo en España, con el crecimiento económico, cuando no había aquí más que buenísimo, no se hablaba de austeridad para nada —no estaba de moda— y todo era financiable? 61.238 millones, es decir, 3.000 millones menos, 3.000 millones menos. 

—No está mal— Y tenían oportunidad de hacer política social, pero se les quedaba corta respecto de lo que está siendo ahora, compatible con esta reducción del déficit  público. ¿Les recuerdo cuánto cayeron los ingresos a partir del año 2007?, ¿les recuerdo que en el año 2007 teníamos un superávit de las administraciones públicas del 2% y en el año 2009 teníamos un déficit del 11%? (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!). Récord mundial, de más 2 a menos 11, es decir, son 13 puntos de producto interior bruto —eso es hacer un agujero—, más 35.000 millones de euros de deuda comercial y los proveedores sin pagar —que no es una buena—. 

Les pregunto, porque ustedes están en Gobiernos municipales del cambio, en Gobiernos autonómicos donde han hecho consorcios de gobierno, les pregunto: ¿cuántas facturas han encontrado en el cajón? Poquitas, por no decir ninguna. (El señor Errejón Galván. Sí ha habido, y muchas). 

No, porque no me han propuesto cambios en su contabilidad, quiero decir, ¿cuántas han encontrado? Porque está todo identificado en España, está todo identificado. Si está pagando un ayuntamiento determinado a sus proveedores en ese plazo está identificado. Por tanto, ¿de qué me hablan, de engaño? ¡Pero si están publicadas las cifras de déficit público por administraciones hasta noviembre! ¿Cuánto era el déficit de las comunidades autónomas en noviembre? El 1,3. 

Entonces, ¿quién ha engañado? Porque dicen que en España se engaña con las cifras públicas. Pero ¿por qué advierte la Comisión Europea? Porque estamos publicando los datos todos los meses. No lo hace ningún país del mundo —insisto—, del mundo; ni en Europa publican mensualmente la contabilidad de las regiones en países que son federales. 

Por cierto, lo deberían hacer en mi opinión, lo digo como europeo, lo deberían hacer, pero no lo hacen. En España lo hacemos, lo hacemos mes a mes. Es tanta la información mes a mes que es difícil de digerir —eso sí lo entiendo—, pero más transparencia y más claridad en términos de las cuentas públicas que en España no podrán encontrar en ningún lugar del mundo. Y por descontado, no hay facturas pendientes de pago. 

Eso es proveedores, eso es el FLA, ¿cuánto hemos movilizado en proveedores y FLA y facilidad financiera, todos los mecanismos de liquidez? 183.000 millones de euros. ¿Cuánto ha ido a Cataluña?, ¿cuánto ha ido a la Comunidad Valenciana?, ¿cuánto ha ido a Andalucía? Quiero decirles que está todo publicado, está todo referido y publicado. 

Lo que tengo que decirles es en relación con los términos que han utilizado, por ejemplo, inutilidad de la política económica y presupuestaria. Hombre, guarden un poco las formas porque algo hacemos, ¿no?, ¿o no hacemos nada más que agujeros?, ¿cuándo bajamos el IRPF hacemos agujeros? Interesante documento. 

Yo se lo escucho también a otros expertos fuera de la sala pero no lo comparto y no lo he compartido nunca. Pero quiero decirles que necesitamos un escenario de crecimiento positivo porque si no, no sale ni el estructural. El estructural se mide precisamente en función del escenario económico, que es la discusión que tenemos ahora en el seno de Europa, cómo medimos los esfuerzos. Porque claro, cuanto más bajo tienes el crecimiento económico, más te bajan el potencial y, por tanto, el esfuerzo estructural sale más escaso. 

Lo que hemos hecho en España no es recortar, lo siento, lo siento, lo siento. (Rumores). Lo siento mucho pero son cifras, son cifras. Hemos recortado respecto de lo que fue el gasto inducido por un Gobierno socialista, inducido en esa financiación autonómica —lo tienen ahí, en 2007—, esta que firmaron Esquerra Republicana, el Partido Socialista; claro que firmaron ese pacto de financiación autonómica y subió el gasto autonómico, y ese es el déficit del 11% del 2009. Eso es lo que hemos reducido, pero no hemos eliminado los servicios públicos. 

Al contrario, hay más servicios públicos y mucha más prestación social que en el año 2007. Estas son las cifras, señorías. Y, a partir de ahí, los que creemos en la política, debemos ser consecuentes en ese sentido con nuestros actos y, por supuesto, con nuestra rendición de cuentas. Me viene a la cabeza una frase de una película muy conocida —me gusta mucho el cine— que no voy a citar a ahora; en ella uno de los héroes, de los míticos, de la película le dice a otro: Los dioses nos envidian porque todas las obras de los humanos son perecederas. 

Así que no se preocupen, que aunque llevo un tiempo largo en el Gobierno nada es eterno, o eso espero, porque estoy en mi decimotercer año en un Gobierno —más sería difícil, batiría todos los récords— en esta área de las cifras. (Risas). Además estuve en un momento en el que en España no se cumplía ningún criterio de Maastricht para fundar el euro, pero lo hicimos con estas políticas; por tanto, austeridad, señorías, sí. 

Preguntaba el señor Errejón, cómo es posible que haya menos déficit si no crece el gasto público. Precisamente porque se trata de que al no crecer el gasto público y crecer la economía, el gasto público pierde peso en el producto interior bruto, y eso hace que se corrija el déficit público. No hay que confundir esto con bajar el gasto. No estamos pidiendo eso ni mi carta dice que baje el gasto. Le voy a leer lo que mi carta dice en concreto sobre Cataluña; me parece importante aclararlo, porque es bastante significativo. (La señora Ciuró i Buldó entrega la carta al señor Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en funciones, Montoro Romero). Muchas gracias, señora diputada. Me ahorro tener que buscarla. 

Dice la carta: Cataluña tiene un déficit de más de 5.000 millones de euros. Ya he dicho que 1.500 largos son de PPP y, por tanto, no computan en este año, por lo que ya tenemos un ahorro de 1.500 en Cataluña, que es la que más déficit tiene y más presupuesto. Y digo en la carta: la comunidad dispondrá en 2016 de un importe de 17.349,87 millones de euros en concepto de recursos del sistema de financiación de comunidades autónomas sujetos a liquidación, que supone un incremento de 1.862 millones de euros nuevos respecto a los percibidos en 2015. 

(La señora Ciró i Buldó: No me diga eso). ¿Cuál es el déficit de Cataluña quitándole 1.500? Repito, ya tenemos 1.800 nuevos. Y añado: además, gracias a esos mecanismos de financiación la comunidad autónoma se va a ahorrar en intereses 1.019,66 millones de euros en el año 2016. Por tanto, Cataluña tiene 2.800 millones de euros más, menos 1.500. 

Es decir, ya llevamos algo de avance respecto a lo que le estamos pidiendo a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas. Pongo otro ejemplo, la Comunidad Valenciana, que es la segunda en déficit. La Comunidad Valenciana tiene un déficit de 2.584 millones de euros, pero este año va a recibir financiación adicional por 952 millones y un ahorro en intereses de 631. 

En total la Comunidad Valenciana podrá reducir su déficit en 1.583 millones de euros sobre un déficit de 2.548 millones de euros. Estas cifras no son decisión del Gobierno, vienen del sistema de financiación y del ahorro de intereses que sí hemos promovido con nuestra política y con la política de los instrumentos, además de que obviamente está favorecida por la situación de los mercados, la caída de los mercados, así como por todo lo que estamos viviendo y generando. Coalición Canaria pregunta sobre si las comunidades autónomas van a tener también un atributo especial, y la respuesta es que sí. 

Estamos trabajando para que las comunidades cumplidoras tengan un reconocimiento en forma de ventaja que, en definitiva, suponga una mejor financiación. Estamos en ello, tratando de precisar cuál es la fórmula para que ellas tengan una discriminación positiva en reconocimiento de lo que están haciendo. Quisiera decirles que cumplir el déficit no es un sacrificio. No puedo compartir este diagnóstico. 

Al contrario, cumplir el déficit es contribuir positivamente a que haya crecimiento económico en todas partes de España, en primer lugar, porque lo está aportando y, en segundo lugar, en todas estas comunidades autónomas. Insisto en el siguiente mensaje político siguiente: a partir de mayo del año pasado cambiaron muchos Gobiernos autonómicos y muchos Gobiernos municipales en nuestro país. 

Lo que es fundamental es que estos nuevos Gobiernos no hablen siempre de incrementos de gasto. Parece que han llegado al Gobierno para gastar más, cuando para lo que han llegado es para gastar mejor en un país que tiene que seguir reduciendo su déficit público. Si no lo han entendido, se lo voy a tratar de explicar, mientas siga siendo ministro, y dará igual el sitio donde esté el día que no lo sea porque seguiré tratando de explicarlo. 

Es decir, hasta que no reduzcamos significativamente ese déficit público en España y nos quedemos por debajo del 3%, estaremos sometidos a una regla europea, que es la gobernanza esencial, igual que lo fue Maastricht. No se puede estar en Europa con esos déficits públicos; no se puede ni se debe. El compromiso con la reducción de déficit público es prioritario, para España y para Europa. Eso es lo que tenemos que trasladar. 

Por supuesto que las coaliciones de Gobierno son muy legítimas, pero no es para gastar más, porque no tienen margen para gastar más. Si esta tarde los que se van a reunir no hablan más que de gasto, se equivocan, y lo tengo que decir así de claro y de rotundo, porque no hay margen para ello. No hay margen significa que ponen en juego la recuperación económica y la creación de empleo, y si eso es hacer Gobiernos estables entonces la combinación la tendremos bien pronto entre nosotros, que será perder esa recuperación económica, perder la credibilidad que hemos generado y volver a destruir empleo. 

Por eso, creo que la responsabilidad de todos, desde luego, de los Gobiernos que están actuando desde entonces, es comprometerse con esa reducción del déficit público, estén operando en la comunidad autónoma que estén operando o estén operando en la ciudad donde estén operando, porque es Europa y, en definitiva, es el proceso, como estamos comprobando en España, que nos está asentando en la recuperación económica y en la creación de empleo. Muchas gracias, señor presidente.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN FUNCIONES (Montoro Romero): Gracias, señor presidente. Agradezco por supuesto el apoyo explícito y el planteamiento del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández de Moya, que además es ahora portavoz en esta Comisión en el área de  Hacienda pública. 

Yo solo quiero recordar aquí que Flores de Lemus también era de Jaén, que fue una personalidad del encuentro de esas Españas en ese sentido y un modernizador y un innovador que introdujo la modernización de nuestro sistema tributario y el impuesto sobre la renta en nuestro país. 

Al señor Alli también he de decirle que, además de ese respeto a la foralidad, obviamente un Gobierno de coalición, un Gobierno como el que surge en Navarra está obligado a cumplir la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sin duda alguna, y por tanto el discurso no puede modificarse por cambiar de Gobierno ni por cambiar de participantes en ese Gobierno. Estamos en España, en Europa y a todos nos conviene tener unas exigencias comunes que nos vinculan y comprometen. 

Les insisto en este planteamiento. Canarias y Galicia van a tener ese tratamiento diferencial —en el caso del País Vasco, no está participando en ninguno de los instrumentos de financiación que hemos ido allegando a lo largo de la legislatura; el último de ellos, la Facilidad financiera, para 2015—, y lo que estamos estudiando es que aquellas comunidades autónomas que están en Facilidad financiera sigan este ejercicio a tipo cero. 

Esta es justamente una de las medidas que estamos considerando. La dificultad es que no sería extensible a la Hacienda foral, que no está participando. Respecto de lo que es un Gobierno, la posición de la representante de DiL y de Convergència —en este caso coincidentes— no tiene mucho sentido. 

El Gobierno de España es de los catalanes, de los navarros, de los canarios, de los melillenses y de los ceutíes. Comprendo que hay otros que en su discurso político tratan de arbitrar una barrera, pero esto no es así; francamente, no es así. Estas Cortes Generales precisamente son expresión de esa representación, pero todos ustedes, y yo mismo como diputado, somos delegados de la soberanía popular, con independencia de la circunscripción que nos ha elegido. 

El Gobierno es de España y este planteamiento que hacen, «ustedes nos devuelven nuestro dinero», no tiene sentido. Sí es que es suyo, de los contribuyentes de Cataluña, de Madrid, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana. Por eso decía que esto es un concepto diferente —que usted es distinto en ese sentido—, pero cuando otra vez se quejan de la financiación autonómica, eso es lo que queremos reformar, y esta legislatura debe ser una oportunidad y no perder más tiempo para acometer esa reforma fiscal. 

Quiero insistir en el tema del fraude fiscal. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular lo ha dicho anteriormente y ha reseñado esas cifras de fraude. A eso se añade que como consecuencia de la DTE, la declaración tributaria extraordinaria, y de la Ley Antifraude, la Ley 7/2012, que estoy seguro que el señor De la Torre celebra que se aprobara en nuestro país, la ley antifraude más poderosa que ha tenido España, especialmente en la declaración tributaria de residentes fiscales españoles de bienes en el exterior, hoy en la Agencia Tributaria figuran 192.000 declarantes que declaran tener fuera de España 126.300 millones de euros. 

Eso significa que en un asunto como el que ahora se está conociendo como los papeles de Panamá, buena parte —como ellos mismos lo están declarando, no lo digo yo, lo dicen ellos— han regularizado, y es importante que los españoles sepan que están pagando impuestos. Otra cosa es que éticamente... Ahora están pagando impuestos, ya veremos si de forma completa, porque las investigaciones de la Agencia Tributaria lo tendrán que ir comprobando y seguro que para eso tendremos la disposición positiva de las autoridades panameñas. 

Por eso sirve el Convenio de doble imposición y la obligación de información tributaria. Por tanto, estamos en ello. Ya lo he dicho públicamente y lo reitero en sede parlamentaria: yo, como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, celebro que se publiquen nombres y lo digo con toda claridad. Yo no puedo hacerlo, estoy sujeto a la Ley General Tributaria, a la confidencialidad —que, por cierto, es común a todos los países del mundo, ningún país difunde los datos tributarios— pero, cuando aparecen o lo declara el que se ha acogido, yo lo celebro para que lo conozca la opinión pública. 

No obstante, quiero que esa opinión pública identifique también que se está corrigiendo porque nunca antes habíamos tenido este relato en la Agencia Tributaria, con nombres y apellidos; eso no se había dado nunca y ha ocurrido en esta legislatura, así que algo habremos hecho desde el Gobierno de España y con las leyes que se han aprobado en esta Cámara para promover precisamente esto. 

Insisto, 192.000 contribuyentes que declaran tener fuera de España 126.300 millones de euros; todos con nombres y apellidos y, por tanto, aunque obviamente están regularizados tributariamente, eso no quiere decir que no estén sujetos a todo tipo de investigación respecto del posible origen fraudulento de ese patrimonio o cualquier otra consecuencia o si efectivamente tiene todo declarado. Nunca se había hecho tanto. 

Lamento tener que resumirlo de esa manera, pero fíjense lo que significan 192.000 contribuyentes. De todo esto que está apareciendo lo que podemos trasladar a la opinión pública es que están pagando impuestos, y los están pagando, como ellos mismos declaran, en esta legislatura; antes, en fin… Ahora sí están pagando impuestos, aunque eso no exime la continuidad de ese tipo de investigaciones. 

Por lo demás, diré que, si valoro que se publiquen nombres, también valoro como ministro de Hacienda que quien tenga información de este tipo lo lleve a las autoridades fiscales, a la Agencia Tributaria porque, si no, no se pueden realizar esas investigaciones. Por tanto, quien tenga ese conocimiento tiene también la obligación, aparte de difundirlo, de llevarlo a las autoridades tributarias para que progresen esas investigaciones. Muchas gracias, señor presidente.