2.- DERECHOS SOCIALES, REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA, CIENCIA E INNOVACIÓN.
Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación –incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años–, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.
2.1.- Educación.
2.1.1.- Derogación de la LOMCE.
- Aprobaremos una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, eliminando la segregación escolar, y permitiendo la personalización de caminos formativos a las necesidades de los alumnos y alumnas.
- Alinearemos la Formación Profesional con el resto del sistema, reforzaremos la formación en valores y el desarrollo de capacidades transversales (soft skills) así como los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas.
- La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.
2.1.2.- Promoveremos la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos. Igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo.
2.1.3.- Elaboraremos un Plan contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro.
2.1.4.- Se pondrá en marcha un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas.
2.1.5.- Garantizaremos la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
2.1.6.- Se potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad.
2.1.7.- La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.
2.1.8.- La educación y la formación, las instituciones educativas y sus actores se insertarán activamente en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno. Para ello vamos a desarrollar en estos próximos años una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional ambiciosa.
2.1.9.- Prestaremos una especial atención al profesorado y a su carrera docente, reforzando la formación inicial, el sistema de acceso a la carrera y promoviendo estabilidad docente y la evaluación del desempeño de manera acordada con los representantes del sector.
- Garantizaremos al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente, haciendo un esfuerzo continuado por reducir la tasa de interinidad.
- También se impulsará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.
2.1.10.- Incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se apoyará a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una reducción de las ratios en todos los niveles educativos.
2.1.11.- Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad.
- Elaboraremos, conjuntamente con las comunidades autónomas y en el seno de la Conferencia Sectorial, un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de 3 años.
- Esta es una medida que no solo contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que constituye un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida. Universidades.
2.1.12.- Impulsaremos la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos, respetando la autonomía universitaria y competencias autonómicas en la materia y fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre los organismos involucrados en la verificación.
2.1.13.- Pondremos en marcha un pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales, que garantice una financiación adecuada y recursos suficientes para modernizar la universidad, ampliar su capacidad de atraer y retener talento, garantizar su acceso en condiciones de igualdad en todos los niveles de formación y adaptarla a las nuevas realidades y necesidades, y garantiza la efectividad de los derechos del personal docente, fomentando su estabilización, investigador y de administración y servicios a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades.
2.1.14.- Nueva política de las becas y tasas universitarias.
- Revisaremos el sistema de becas, garantizando que se consideren un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares, simplificándolo y haciéndolo más ágil, asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y se adelanten los ingresos.
- Al mismo tiempo se aumentará la financiación de becas y ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asegurando que el aumento va destinado a becas concedidas por razones socioeconómicas.
- Trabajaremos por asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria y para dar certidumbre sobre la cuantía de la beca en el momento de la matriculación, haciendo el sistema más transparente. Además, reforzaremos los instrumentos de financiación para acceso a la universidad, facilitaremos la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios.
- Promoveremos, en el marco de la Conferencia Sectorial, la reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis.
2.1.16.- Estudiaremos las posibilidades de incorporación o vinculación de las enseñanzas artísticas superiores a la educación universitaria en coordinación con la comunidad educativa y artística. Regularemos sus estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos, estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.
2.1.17.- Se flexibilizará el calendario de retorno de la deuda de los parques científicos de las universidades de todo el Estado para permitir su sostenibilidad financiera.
2.2.- Sanidad.
2.2.1.- Procederemos a la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Estableceremos garantías para que no puedan introducirse otros nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos en el RD-Ley 16/2012.
2.2.2.- Introduciremos progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS. Se elaborará un plan de Salud Bucodental que establezca las prestaciones a cargo del SNS.
2.2.3.- Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello:
- Se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema.
- Se impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos y expertas del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.
2.2.5.- Impulsaremos la renovación de la tecnología sanitaria para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica poniendo a disposición de la ciudadanía los mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento y, más importante aún, porque su inclusión es el único modo de garantizar que la innovación beneficie a toda la ciudadanía de forma equitativa.
- Dado el desafío financiero que la incorporación tecnológica significa, el SNS apostará por tecnologías coste-efectivas, seguras y cuya eficacia haya sido previamente evaluada.
2.2.6.- Apostaremos por la digitalización sanitaria, lo que contribuirá de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud evitando duplicidades en la realización de pruebas diagnósticas, así como a consolidar un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la investigación.
- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son fundamentales para que los sistemas sanitarios respondan a los retos relativos al envejecimiento, la mayor prevalencia de las enfermedades crónicas, el aumento de las expectativas de la población y el cambio del patrón de morbilidad que supone la conversión de procesos agudos de elevada mortalidad en procesos crónicos complejos.
2.2.7.- Orientaremos las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.
2.2.8.- Impulsaremos y adoptaremos las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue definitivamente el RD-Ley 16/2012 y que, junto al reglamento que la desarrolle, garantice en todo caso los siguientes extremos:
- Trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad, para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. Esto es, que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria debido a un problema burocrático o a que se pueda producir una interpretación dispar por parte de una administración.
- Extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española.
- Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida, o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español.
- Cualesquiera otros cambios necesarios para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas.
2.2.10.- Desarrollaremos un sistema de atención temprana que implique el reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública y sin discriminaciones en virtud del lugar de residencia.
2.2.11.- Integraremos las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan.
2.2.12.- Actualizaremos la Estrategia de Salud Mental, con el objetivo de construir un verdadero sistema de atención, con un enfoque de género y derechos humanos, que atienda a los y las pacientes crónicos.
- Prestaremos especial atención, en colaboración con las comunidades autónomas, al diseño y desarrollo de una estrategia de prevención de la conducta suicida, que incluya un protocolo especial de actuación y que prevea la puesta en marcha de un teléfono de atención público, entre otras medidas.
2.2.13.- Mejoraremos las condiciones del personal sanitario agilizando el proceso para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad e impulsando un programa de retorno de los y las profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España.
2.2.14.- Aumentaremos los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria.
2.3.- Servicios Sociales.
2.3.1.- Garantizaremos una cartera mínima de servicios comunes de gestión descentralizada que potencie la intervención comunitaria través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales consensuada con las comunidades autónomas. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas.
2.3.2.- Mejoraremos la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera. Impulsaremos la reducción drástica de las listas de espera en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución a largo de la legislatura de al menos un 75%. Esta inversión, que revierte los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en 2012, permitirá además adaptar los servicios a los nuevos avances tecnológicos que, como la tele-asistencia avanzada, contribuirán a alargar más tiempo la vida autónoma de las personas.
2.3.3.- Mejoraremos las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia. Se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular.
- La financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012.
- Se realizará un estudio de las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema de Dependencia, para eliminar aquellas que no hayan demostrado su utilidad.
2.3.4.- Aprobaremos la Estrategia frente a la Soledad no Deseada.
2.3.5.- Elaboraremos un Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, en coordinación con las comunidades autónomas, que permita garantizar una atención digna a nuestros mayores.
2.4.- Pensiones, Inclusión y Seguridad Social.
2.4.1.- Garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones.
- Plantearemos a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.
- Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.
- Impulsaremos la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.
- Revisaremos el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares y el complemento por maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género.
2.4.1.1.- Reformaremos el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.
- Se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema.
- Revisaremos las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad.
2.4.1.3.- Reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.
2.4.2.- Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.
2.5.- Políticas de apoyo a las familias.
2.5.1.- Impulsaremos ayudas para comedor y material escolar para combatir la pobreza infantil.
2.5.2.- Se implementarán ayudas para la conciliación y la racionalización de horarios, garantizando el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, hasta que los y las menores cumplan doce años.
2.5.3- Protección al 100% de las familias vulnerables en situación de pobreza energética. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.
2.5.4.- Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización.
2.9.- Vivienda.
2.9.1.- Impulsaremos la política de Vivienda con un incremento en la dotación de recursos. El derecho a acceder a una vivienda digna se ha puesto en cuestión en la práctica en nuestro país en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis, y a una mala planificación política en materia de vivienda, dando lugar a una situación en la que muchas personas se vieron desahuciadas de sus viviendas. Ahora estamos empezando a asistir de nuevo a un incremento paulatino de los precios de alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas que en ellas residan tengan acceso en condiciones razonables a una vivienda digna.
- Para combatir esta situación se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda.
2.9.2.- Pondremos en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
- El Plan tendrá una duración de cuatro años. El objetivo será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad.
- Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo consumo.
- El plan responderá́ a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá́ ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de programas de apoyo financiero para la adopción de tecnologías más eficientes.
2.9.3.- Frenaremos las subidas abusivas del alquiler. Para ello:
- Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado.
- Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.
- Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
- El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
2.9.5.- Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda.
- Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.
2.9.6.- Alquiler turístico. El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos. Para abordar esta cuestión se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.
2.9.7.- Uso social de la vivienda y parque público.
- Se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico.
- Asimismo, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.
- Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
- Se determinará el carácter social de la vivienda de protección pública con una normativa que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre.
2.9.9.- Reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas, con el objetivo de configurar un parque de vivienda social o sujeta a protección, al servicio de las políticas públicas de vivienda.
- Para favorecer la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, también vamos a movilizar el suelo público que se encuentre disponible.
- Se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.
- Medidas de agilización de trámites de concesión de licencias.
- Medidas en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la información sobre oferta de vivienda en alquiler (precios, disponibilidad de vivienda social o situación del parque de viviendas), así como de la demanda (situación socioeconómica de los hogares, registros de demandantes o dinámicas demográficas).
- Se suscribirán convenios bilaterales con ciudades donde se dan situaciones de mercado tensionado que permitan hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda. En dichos Convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.
- El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea.
- Se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad. Se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.
2.9.11.- Se potenciará el Observatorio de la vivienda con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España (parque de alquiler privado, vivienda vacía, necesidades habitacionales, situaciones de riesgos de exclusión residencial, etc.), y que permita una auditoría pública de la oferta y calidad de las viviendas públicas.
2.9.12.- Se aprobará una estrategia que aborde la problemática del sinhogarismo de forma integral desde el enfoque de derechos en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
