PLENO CORTES CLM 12 DICIEMBRE DEBATE PARTICIPACIÓN INTERVENCIÓN VICEPTE

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: El segundo punto del orden del día está constituido por el debate y votación del Dictamen, emitido por la Comisión de Asuntos Generales, sobre el Proyecto de Ley de Participación de Castilla-La Mancha. En nombre del Consejo de Gobierno, para presentar el proyecto de ley, tiene la palabra el señor vicepresidente. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Don José Luis Martínez Guijarro): Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Antes de entrar en la presentación del proyecto de ley, también, en nombre del Gobierno regional, quiero felicitar a la ciudad de Talavera, al municipio de Puente del Arzobispo y a la asociación que ha impulsado, el proceso de fabricación artesanal de la cerámica de estas dos localidades, la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sin duda, es una magnífica noticia para los ceramistas de estas ciudades, pero también para el conjunto de la región. 

Tenemos más presencia, a partir de hoy, en ese elenco de lugares y de actividades protegidas por la Unesco con la declaración de patrimonio material o inmaterial de la humanidad. Señorías, entrando ya en materia de la presentación de este proyecto de ley de participación para el Gobierno de Castilla-La Mancha, en su voluntad firme de mostrarse como un Gobierno abierto, transparente, cercano e íntegro al servicio de la ciudadanía, ha sido siempre un objetivo claro incentivar y facilitar la participación de la sociedad civil en la gestión de lo público. 

El diálogo y el consenso han sido, desde el principio, y frente a lo que nos encontramos, la base fundamental de este Gobierno. Un interés constante por buscar permanentemente el acuerdo. Porque si esto es importante en momentos de normalidad, convendrán conmigo en que resulta indispensable en momentos de dificultad. Por eso, en la legislatura pasada, dimos pasos importantes en esa dirección. 

También en el ámbito legislativo, con las referencias a la misma, en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, concretamente en los artículos 40, 41 y 42, que dan forma al capítulo tercero del Gobierno abierto. Por eso mantuvimos entre los compromisos del programa de Gobierno, para esta legislatura de 2019 a 2023, la aprobación de una ley de participación ciudadana, que espero que hoy ratifique esta Cámara. 

Con la satisfacción de un trabajo bien hecho, en el que se han implicado todos los grupos durante el periodo de tramitación, y que se traduce en un amplio apoyo, como el que llega en el texto definitivo al Pleno de la Cámara, esta mañana. Presentamos, por tanto, señorías, una ley cuyo objetivo no es otro que fomentar y regular el derecho de la ciudadanía de Castilla-La Mancha a participar en la gestión pública, a través de distintos procedimientos e instrumentos, propiciando de esta forma del diálogo permanente, el debate y la deliberación con la Administración regional. 

Señorías, siendo la transparencia un objetivo esencial de toda Administración moderna, quedaría carente de todo sentido si no fuera un paso necesario para la participación ciudadana. Dicha participación que ha de partir, por tanto, de un presupuesto de ciudadanía bien informada de las políticas y las decisiones públicas. Se da merced a la transparencia de la actividad administrativa, que permite conocer los múltiples intereses concurrentes, contribuye a mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios y de las políticas públicas. 

Por ende, fortalece a una democracia que nace de la corresponsabilidad de los ciudadanos. Al mismo tiempo, es incentiva, porque, en este tiempo nuevo, en el que afrontamos los retos del siglo XXI, los ciudadanos quieren y deben implicarse en la toma de decisiones de las políticas públicas, en las normas, planes y programas que les afectan. 

De esta forma, no solo se mejorarán las mismas con sus aportaciones, sino que, igualmente, en la medida en que se sientan escuchados, esas políticas serán más valoradas, mejorando la percepción que los ciudadanos tienen de la Administración pública. 

No empezamos de cero. Existen actualmente procedimientos de participación específicos, a través de los órganos colegiados de carácter sectorial en los ámbitos de la Educación, los Servicios Sociales, la Sanidad, la Agricultura, el Medio Ambiente o el Consumo, por ponerles algunos ejemplos. En los cuales, además, participa tradicionalmente la ciudadanía, a través de las asociaciones más representativas. Estos procedimientos de participación seguirán siendo válidos. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto, además, otros mecanismos de participación como los Consejos de Gobierno abiertos, los Consejos de Gobierno itinerantes, “La Ventana”, “El Presidente responde”, o los foros de ciudadanía, cuya respuesta en positivo ha sido más que evidente. 

Desde el 22 de septiembre de 2015, fecha en la que celebramos el primer Consejo de Gobierno itinerante en la localidad albaceteña de Hellín, han sido una veintena de municipios de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, los que han acogido la reunión de este órgano, que dirige la acción política y administrativa de nuestra comunidad autónoma. Han sido: Tarancón, Azuqueca de Henares, Almadén, Cifuentes, Torrijos, Villarrobledo, Molina de Aragón, Mota del Cuervo, Quintanar de la Orden, Alcázar de San Juan, Motilla del Palancar, Tomelloso, Almansa, Illescas, Valdepeñas, Marchamalo, Sigüenza, La Roda, y, el último, en Campo de Criptana, este último martes.

Mencionar, también, como les decía, los Consejos de Gobierno abiertos a distintos colectivos. Ha sido una veintena, de 18, concretamente, con entidades como la Plataforma Antifracking, AFANION, el Cermi de Castilla-La Mancha, la asociación de enfermedades raras, las familias numerosas, o los municipios ribereños, entre otros. Además, en cuatro foros ciudadanos, celebrados en marzo de 2016, febrero de 2017, marzo de 2018 y febrero de 2019, hemos rendido cuenta de la gestión del Gobierno en diferentes Mesas, de las que hemos formado parte, tanto los miembros del Gobierno, como representantes de todos los sectores de nuestra sociedad.

Para, además, recoger de primera mano las propuestas que se nos hacían, para planificar nuevas políticas. Pero las nuevas tecnologías y demandas sociales aconsejan y propician nuevos procedimientos de participación más directos, que se desarrollarán con esta nueva ley. No vienen a sustituir a la participación sectorial, a través de esos órganos colegiados, sino a complementarlo para profundizar en el derecho de los ciudadanos a participar directamente, sin mediación de asociaciones, en las decisiones importantes que afectan a su futuro. 

Voluntad y compromiso, que alcanza hoy un grado máximo de concreción, mediante esta ley que presentamos al Pleno de las Cortes, para su aprobación. Es una norma que permitirá que nos afiancemos como el Gobierno de la transformación participativa, que apueste por la participación ciudadana en condiciones de igualdad, información y responsabilidad, habiendo nuevos espacios compatibles con la más tradicional democracia representativa, que se ejerce obviamente a través de sus señorías, que son los representantes legítimos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. 

Porque entre las finalidades que se persiguen con esta ley está, en efecto, la de garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, con información y responsabilidad, conjugando la democracia representativa con la participación ciudadana directa. Para ello, promover y desarrollar mecanismos que fomenten la participación de las ciudadanas, ciudadanos e instituciones en las políticas públicas, con carácter previo a la toma de decisiones. 

También en el seguimiento y la evaluación de los servicios públicos. Es una ley que pretende, asimismo, crear las condiciones que sean necesarias para facilitar y garantizar la participación ciudadana e institucional en los proyectos normativos, en los planes o programas que impulse la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. 

En esta ley, en realidad, se regulan dos modelos de participación claramente diferenciados. En primer lugar, la participación a título individual de la ciudadanía y, por otro lado, la participación institucional. Al presentar este proyecto de ley, el Gobierno regional está demostrando que cree en la participación ciudadana, dando especial protagonismo a la intervención de los ciudadanos en las políticas públicas y en la gestión de lo público, pero también a través de las entidades que vertebran la sociedad civil y aquellas que representan intereses sociales. La participación ciudadana puede desarrollarse, a su vez, con dos mecanismos: los de carácter presencial, por un lado, y los de naturaleza digital, por otro. 

La participación a título individual de la ciudadanía se facilita en la ley, señorías, al recoger un concepto amplio de los sujetos titulares del derecho que, con un mínimo de 3.000 firmas, pueden poner en marcha procesos de participación para el diseño, planificación de políticas y servicios públicos, para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la prestación de los servicios a la ciudadanía. Así como para la promoción, elaboración y evaluación de normas de carácter general. 

Por otro lado, la participación digital de la ciudadanía se garantiza con la creación del portal de Participación Ciudadana, contemplado en esta ley como el espacio institucional virtual, que tiene por objeto facilitar la intervención y relación activa y recíproca entre los sujetos titulares del derecho a la participación y la propia Administración regional. Por cuanto se refiere a la participación institucional, ésta consiste en la intervención y colaboración de las organizaciones y asociaciones sindicales y empresariales más representativas, en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son

 propios, en el seno de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes. Señorías, me lo han oído decir, al principio de mi intervención. Diálogo y consenso son las señas de identidad que, desde el principio, han marcado la acción política del Gobierno que preside Emiliano García-Page. 

No entendemos que pueda hacerse de otra forma, si no es de la mano del conjunto de la sociedad. De hecho, recordarán que una de las primeras medidas que adoptamos, en octubre de 2015, fue la firma de un acuerdo marco para la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha. Meses después, dio lugar a un pacto con más de 420 medidas, consensuadas entre todas las partes, y casi 3.500 millones de presupuestos hasta el año 2020. 

Un acuerdo con los sindicatos y la patronal que ha servido de columna vertebral de la estrategia de recuperación de la comunidad autónoma, articulado en siete ejes. Además, como saben, ya hemos comenzado a trabajar en el pacto por el crecimiento y la convergencia económica, con el horizonte del 2023, con el fin de tener elaborado un documento a principios del 2020. 

El objetivo es dar continuidad al pacto de recuperación, suscrito en la pasada legislatura. Surge, nuevamente, fruto del acuerdo entre el Gobierno regional y los agentes sociales, tal y como fue refrendado por el propio presidente, los representantes de la patronal y los sindicatos, el pasado 17 de julio. 

Esta modalidad de participación se desarrollará sin menoscabo del asesoramiento, colaboración y participación activa, que puedan ejercer en su ámbito sectorial otras organizaciones y entidades de carácter socioeconómico presentes en Castilla-La Mancha. Como las entidades representativas de la economía social, las organizaciones intersectoriales de trabajadores autónomos, las cooperativas, las asociaciones profesionales agrarias, de consumidores y usuarios, entre otras. 

Es importante destacar que, para hacer posible las diversas fórmulas de participación, la ley también define los mecanismos de participación ciudadana, distinguiéndose entre procedimientos e instrumentos, que se enumeran en los ámbitos materiales en que se va a poder ejercer la participación. Por último, se establecen unos límites inexcusables a todos los mecanismos de participación previstos. 

La ley recoge diversos instrumentos de participación ciudadana, entre otros, las aportaciones ciudadanas, los foros de participación, los sondeos, encuestas y otras técnicas análogas, a través del portal de participación, que permitan conocer las apreciaciones y manifestaciones realizadas por las personas o los colectivos. Así como otros instrumentos deliberativos que fomenten la aportación de ideas, para su consideración en las políticas públicas y en la elaboración normativa. 

Los procedimientos de participación podrán iniciarse, bien a propuesta de los ciudadanos, o bien a instancias de la propia Administración. En este caso, se articularán en torno al denominado Plan Anual de Participación Ciudadana, que será el documento estratégico que contendrá los proyectos normativos, planes o programas derivados de las decisiones públicas que han de ser objeto de los instrumentos o procesos de participación previstos en esta ley. 

También, se regularán en la ley medidas de impulso y fomento a la participación, contemplando programas de formación y divulgación en materia participativa, cuyos destinatarios serán no solo los empleados públicos, sino también los responsables políticos y, por supuesto, la ciudadanía en general, o, a través de sus asociaciones. Esta ley, señorías, también ordena la estructura organizativa necesaria para garantizar el cumplimiento de su contenido, regulando los órganos y unidades administrativas con competencias en materia de participación ciudadana en el ámbito de la Administración regional. 

Muy importante, señorías, esta ordenación se hará de manera que no suponga un incremento presupuestario. Ya he dicho que no partimos de cero. La ley que impulsamos fue elaborada con una amplia participación de la sociedad civil, tras la apertura de procesos específicos de participación ciudadana. Se ha visto mejorada con casi una veintena de enmiendas transaccionales, que han sido aprobadas en comisión con los votos de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, o aquellas de los diferentes grupos, cuyo alcance era idéntico en su formulación. 

Destacaría, entre ellos, la unanimidad en la supresión de uno de los órganos previstos en el proyecto al considerarse redundante. Al igual que la mejora en la configuración de la participación institucional, con el acuerdo de los tres grupos parlamentarios en torno a su configuración. Agradezco, por ello, el esfuerzo realizado por los grupos parlamentarios y el buen trabajo de la comisión. 

Que la ley de participación de Castilla-La Mancha se apruebe con el máximo consenso sería, sin duda, reconocido y creo que bien valorado por la ciudadanía, como culminación del esfuerzo realizado por mucha gente en su proceso de elaboración y también por los propios grupos en estas Cortes. Mejorar la gobernanza de las instituciones, con la apertura de las mismas a los ciudadanos, es una responsabilidad que nos atañe a todos. 

Esta ley supone un importante paso adelante en esa dirección. Los derechos garantizados en esta norma, junto a los derechos ya garantizados en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en la anterior legislatura, son las dos bases para desarrollar un Gobierno abierto a la sociedad, que responda a los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Una sociedad cada vez mejor preparada e informada que quiere cada vez más protagonismo en las decisiones públicas. Creemos firmemente que la acción de los representantes y gestores públicos se enriquece mediante la apertura de estos procedimientos de participación y contacto directo contemplados en la ley. 

Creemos firmemente en la democracia tal y como la describiera Abraham Lincoln: “Como un Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Como un Gobierno ciudadano por y para la ciudadanía, por y para ciudadanas y ciudadanos, que tienen voz propia y que quieren trasladar sus planteamientos a la Administración que dirige y que gestiona gran parte de los servicios que usa diariamente. 

Esta es, señorías, la presentación que les hago de este proyecto de ley, pidiéndoles el respaldo de todos y todas, porque entendemos que mejorará sustancialmente la capacidad de gestar políticas públicas que beneficien al conjunto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. (Aplausos). 

SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: Muchas gracias, señor Martínez Guijarro. Tiene la palabra doña Ana Isabel Abengózar Castillo, como ponente designada por la comisión para la defensa del Dictamen, por tiempo de quince minutos. 

DOÑA ANA ISABEL ABENGÓZAR CASTILLO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Antes de entrar en el punto concreto del orden del día, quiero, si me permite el presidente, felicitarnos, porque hoy vamos a aprobar en este Pleno, dos leyes, que yo creo que son importantes para esta región. Quizá, las señorías nuevas piensen que esto es algo habitual, aprobar dos leyes en un mismo Pleno. 

Pero los que venimos de legislaturas anteriores sabemos que no ha sido tan fácil. Por tanto, yo creo que es un día de celebración. En primer lugar, porque hablamos de sacar adelante la ley de participación de Castilla-La Mancha, que, desde luego, es un paso más en la ampliación de derechos y un avance más en el modelo de democracia participativa. Por tanto, hoy avanzamos un poco más en derechos y en democracia.

La aprobación de la ley de mecenazgo cultural, que va a ver la luz en estas Cortes. Es una ley, desde luego necesaria para Castilla-La Mancha, demandada por el sector de la cultura de nuestra región y que, insisto, va a poder ver la luz. Sin que se nos olvide a nadie, nace del deseo, del Gobierno de Castilla-La Mancha, de reafirmar la cultura como un derecho al alcance de todas y de todos los castellanomanchegos. 

Otro compromiso del presidente Page cumplido. Una norma con la que Castilla-La Mancha vuelve a ser referente nacional, a la hora de regular las donaciones o los objetivos fiscales aplicables a ese mecenazgo. Dicho esto, reiterando esas felicitaciones y sabiendo apreciar que estamos, desde luego, de enhorabuena, no solamente los parlamentarios, sino la sociedad castellanomanchega, esta región. Entro al punto concreto del orden del día. Sinceramente, también quiero dar las gracias. 

Estoy así, hoy, de agradecida. Quiero dar las gracias, desde luego, a todos y a todas las que hemos participado, que hemos trabajado y que hemos aportado a esta ley de participación de CastillaLa Mancha. Desde luego, un trabajo que hace que hoy sea posible la aprobación de esta ley y que vaya a ser una realidad. 

Gracias, desde luego, a los compañeros y compañeras diputados que estuvimos en la Comisión de Asuntos Generales, que nos ocupó muchas horas, pero yo creo que fue un trabajo consensuado en la gran mayoría y que merece la pena. 

Para mí, desde luego, es muy satisfactorio poder presentar hoy, ante sus señorías, ante todos y ante todas, el Dictamen sobre el proyecto de ley de participación de Castilla-La Mancha, que fue aprobado el día 20 de noviembre, y que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 9 de diciembre de 2019. 

Un proyecto de ley compuesto por una exposición de motivos, un título preliminar con cuatro artículos, que fijan el objetivo de la norma, ámbito de aplicación, fines y principios básicos, cuatro títulos, 37 artículos, siete disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. 

Respecto a lo que regula los cuatro títulos de esta ley. El título primero habla de la participación ciudadana y está compuesto por cuatro capítulos. El capítulo 1, recoge las disposiciones comunes y que, entre otras cosas, establece y regula quiénes son titulares del derecho a la participación ciudadana. 

El capítulo 2, recoge los instrumentos de participación y es en el que se habla del portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha, que es el espacio institucional virtual destinado a facilitar la participación ciudadana en las políticas públicas. El capítulo 3, establece los procedimientos de la participación ciudadana. El capítulo 4, recoge la planificación administrativa de la Participación Ciudadana y cuyo documento estratégico, ya lo decía el vicepresidente, es el Programa Anual de la Participación Ciudadana. 

El título 2, regula la participación institucional. El título 3 habla del impulso y fomento de la participación ciudadana. Por último, el título 4 recoge, regula la organización de la Participación Ciudadana. En cuanto a las enmiendas presentadas. En total se calificaron 91 enmiendas, 57 del Grupo Parlamentario Socialista, 30 del Grupo Parlamentario Ciudadanos y cuatro del Grupo Parlamentario Popular. 

El 20 de noviembre se celebraba la sesión de la Comisión de Asuntos Generales, para la elaboración del Dictamen del proyecto de ley de participación de Castilla-La Mancha, y en dicha comisión fueron transadas un total de 16 enmiendas. Nueve del Grupo parlamentario Ciudadanos, cinco del Grupo Parlamentario Socialista y dos del Grupo Parlamentario Popular. Retiradas, un total de siete enmiendas. 

Cuatro del Grupo Parlamentario Socialista, dos del Grupo Parlamentario Ciudadanos y una del Grupo Parlamentario Popular. Se rechazaron 11 enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que se mantienen vivas para su debate y votación en este Pleno. El resto de las enmiendas fueron aprobadas. En relación con la votación del Dictamen, fueron aprobados por unanimidad de todos los grupos parlamentarios los artículos y disposiciones que no mantienen enmiendas, así como la exposición de motivos. 

Dicho esto, y pese a que hoy el Grupo Parlamentario Ciudadanos mantiene 11 enmiendas, para su debate en este Pleno, tengo que presumir de la capacidad de consenso, ya lo decía al principio, por parte de los tres grupos parlamentarios, para sacar adelante esta ley.

 No en vano, los tres grupos estuvimos transando hasta 16 enmiendas, ya lo he dicho, y poniendo en común distintos puntos de vista sobre la redacción del articulado. Un debate que nos llevó más de cuatro horas pero que, entendemos, mereció la pena. 

Hoy estamos ante una ley, que entendemos que es necesaria, que es útil, por supuesto, y que necesitaba del mayor consenso posible para su aprobación. Entendemos que, cuanto mayor sea el consenso en la elaboración, en la redacción de la norma, mayor será su durabilidad. Dicho esto, ahora sí, pasó a hablar de la ley de participación de Castilla-La Mancha. Es una ley que regula el derecho de participación ciudadana, a través de distintos procedimientos e instrumentos. 

La participación se ejerce directamente, o a través de entidades en las que se integre la ciudadanía, propiciando el diálogo permanente, el debate y la deliberación con las instituciones públicas. Desde luego, para recoger la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas en las decisiones derivadas de las funciones de Gobierno y Administración, de los asuntos públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta ley, sin duda, es una respuesta a las demandas de una ciudadanía cada vez más informada, más activa y que requiere un mayor protagonismo en la conformación de las políticas públicas. 

Se trata de regular el derecho a la participación directa de la ciudadana en la política pública como complemento a la participación, a través de sus representantes elegidos por sufragio. Es decir, que no la sustituye. Además de no sustituirla, no deben hacer interferencias. No debe haber interferencias entre una y otra. Se trata de garantizar la participación ciudadana en los planes, programas o proyectos normativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos y fomentar una cultura de la participación responsable, inclusiva y solidaria. 

Queremos que la participación pueda ser ejercida de forma real, efectiva, presencial, también telemática y tanto de manera individual como colectiva; siempre teniendo en cuenta los principios de gobernanza democrática. Es decir, la acción de la Administración en materia de participación se ejercerá desde una perspectiva global, integradora e inclusiva de los instrumentos, órganos y procedimientos participativos previstos en esta ley, al objeto de facilitar el diálogo e intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

Los principios con los que cuenta esta norma son: principio de universalidad y diversidad, principio de accesibilidad universal, no discriminación e igualdad de oportunidades, con adaptación de medios y lenguajes. Teniendo en cuenta los principios de transversalidad, eficacia, perdurabilidad, relevancia, transparencia, facilidad y comprensión. Principios, insisto, todos ellos recogidos en esta norma y que contempla esta norma. 

Principios de buena fe y no discriminación por cuestiones de género, asegurando la igualdad real de derechos de la mujer y el hombre, el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género y la representación paritaria, en lo posible, en los órganos de participación ciudadana. 

Esta ley no solo nos dice quiénes son titulares del derecho de participación, que son los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha mayores 16 años; las entidades privadas sin ánimo de lucro válidamente constituidas, que tutelen o que representen intereses colectivos en el territorio de esta región, de Castilla-La Mancha; las agrupaciones de personas sin personalidad jurídica, con independencia de su denominación, y también son titulares del derecho de participación la ejercida por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales que cumplan los criterios de mayor representatividad. 

Esta es la participación institucional a la que se dedica todo el título 2 de esta ley. Decía, esta ley no solo nos dice quiénes somos titulares del derecho de participación, sino que además establece los instrumentos de participación, siendo el portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha el espacio institucional virtual destinado a facilitar la participación ciudadana en las políticas públicas. 

Pero esta ley también recoge otros instrumentos de participación, como son las aportaciones ciudadanas, los foros de participación, la recogida de datos, que puede ser bien mediante cuestionarios, mediante sondeos, encuestas o incluso otras técnicas análogas a través del portal de participación. Las reuniones de contraste experto también se contemplan como instrumento de participación. Estos son los grupos de consulta, deliberación, propuesta y evaluación, creados temporalmente en un ámbito específico para contribuir en la toma de decisiones o analizar los efectos de una determinada acción, programa o política pública. Incluso las ponencias se recogen como instrumentos de participación ciudadana. 

Por supuesto, la ley se encarga de establecer los procedimientos de participación ciudadana y la planificación administrativa a través de ese documento, del que hablábamos antes, que es el Programa Anual de Participación Ciudadana, que será el que contendrá los proyectos normativos, planes, programas derivados de las políticas públicas, que serán objeto de participación. 

Es una ley que ve clave regular las medidas de impulso y de fomento de la participación ciudadana y que, solo por poner un ejemplo, les diré que, en su artículo 29, contempla medidas de fomento en los centros educativos. En definitiva, y por ir concluyendo con esta norma, damos un paso más, en Castilla-La Mancha, en nuestro compromiso con la transparencia y la participación. 

Se trata de un avance más en el modelo de democracia participativa, lo decía al principio. Fomentando así una cultura de participación responsable, tolerante y solidaria, que sin duda propicia el diálogo permanente entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Finalizo. Este es el Dictamen que someto a su consideración. Como ponente, les pido que mantengan la actitud constructiva y de gran consenso, que se mantuvo durante la comisión, ante un texto que viene a ampliar derechos. 

Espero que hoy, siendo todos los grupos parlamentarios conscientes de la importancia de esta norma, porque lo somos, porque lo manifestamos en esa comisión, pueda salir con el voto unánime de los tres grupos, de los tres partidos con representación en estas Cortes. Por mi parte, nada más. (Aplausos).

SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DE LAS CORTES (Doña Josefa Navarrete Pérez): Gracias, señoría. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. 

SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Don José Luis Martínez Guijarro): Muy brevemente, presidenta y señorías. Simplemente, quiero agradecer de nuevo el trabajo que han desarrollado sus señorías, tanto en la comisión, como hoy, aquí, en el debate al que hemos asistido. Yo creo que la tramitación de esta ley es un buen ejemplo de cómo se pueden articular mecanismos de colaboración y mecanismos de intercambio de opiniones, que es el stricto sensu, la esencia de un Parlamento, el que se pueda hablar, se puedan contraponer diversas opiniones y hacer el esfuerzo para llegar a acuerdos, como se ha hecho aquí. 

Por tanto, la aprobación de esta ley es un ejemplo de diálogo. Es un ejemplo de diálogo entre el Gobierno y el conjunto de la sociedad, cuando elaboramos el anteproyecto y el proyecto de ley. Es un ejemplo de diálogo entre los grupos parlamentarios. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento. Una petición para que, a lo largo de la mañana, el Grupo de Ciudadanos pueda reconsiderar el que pudieran votar a favor. 

Yo creo que es una buena noticia el que una ley, que va a regular la participación y, por lo tanto, la capacidad de poder escuchar al conjunto de la ciudadanía, por parte de la Administración regional, sería bueno que apareciera a la luz con unanimidad. En todo caso, reitero nuestro agradecimiento por el trabajo que han desarrollado durante estas últimas semanas. Gracias. (Aplausos).