ESPAÑA AVANZA PROGRAMA DE GOBIERNO SOCIAL Y PROGRESISTA

INTRODUCCIÓN 

Los españoles y las españolas han hablado en las urnas. En menos de un mes han mostrado, a través de su voto, sus preferencias para el gobierno de la nación, para los gobiernos locales y autonómicos y para el parlamento europeo. El mensaje ha sido contundente: el PSOE ha sido el partido más votado, en todas y cada una de las citas electorales. 

• Somos conscientes de que para garantizar una legislatura estable, en la que se puedan implementar las principales propuestas progresistas con las que nos presentamos a las elecciones generales, necesitamos la cooperación de otras fuerzas políticas con las que coincidimos en aspectos cruciales sobre las medidas a adoptar. Este documente pretende servir de base para la aproximación con todos aquellos que comparten lo esencial de nuestro ideario. 
• Nuestra voluntad es la de gobernar desde los valores del socialismo para atender con eficacia las necesidades de una amplia mayoría social, que -a pesar del crecimiento de la economía-, sigue sufriendo las consecuencias de la crisis: desigualdad, precariedad, pobreza, carencias en el acceso a los derechos básicos, falta de expectativas… 
• Avanzar en justicia social representa, por lo tanto, nuestro principal compromiso. Somos conscientes de que no habrá mayor justicia social si no hay mayor justicia fiscal, de forma que aumenten los recursos públicos para garantizar los derechos básicos, con una distribución mucho más equitativa de la carga fiscal, sin ningún incremento de impuestos a las clases medias y trabajadoras. 
• Las prioridades de la próxima legislatura se ordenarán en torno a 5 ejes: 
• un empleo digno y pensiones justas; 
• el feminismo y la lucha contra la desigualdad; 
• la emergencia climática y la transición ecológica de la economía; 
• el avance tecnológico y la transición digital; 
• y un mayor protagonismo de España en Europa. 

1. Avanzar hacia un empleo digno y unas pensiones justas, recuperando plenamente los derechos de trabajadores y pensionistas, requerirá de un amplio acuerdo parlamentario y de diálogo con los agentes sociales. Estamos decididos a seguir luchando contra la precariedad y a mejorar la capacidad adquisitiva de trabajadores y pensionistas, impulsando los cambios normativos necesarios, en la perspectiva de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como de un acuerdo en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo.

• Nuestro objetivo es promover empleo para reducir la tasa de desempleo y crear oportunidades para los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. 

2. La igualdad, nuestra principal seña de identidad, impregnará toda la acción del Gobierno. En particular, la igualdad efectiva de género, avanzando hacia la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, así como de toda brecha laboral y salarial. 

• La igualdad de derechos debe traducirse en la atención preferente a la pobreza infantil, en afrontar el reto demográfico en todo el territorio, desde el fortalecimiento de la educación y de la sanidad pública, del sistema público de servicios sociales y de atención a la dependencia; y en la promoción de suficiente oferta de viviendas asequibles que permitan la emancipación de nuestros jóvenes. Igualdad también frente a cualquier discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género, de raza, de religión... frenando cualquier atisbo de involución en esta materia. 
• En síntesis, un nuevo impulso al Estado del Bienestar, que solo será posible si disponemos de más recursos públicos mediante la necesaria reforma fiscal, y si se llevan a cabo las imprescindibles reformas de la financiación local y de la financiación autonómica. 

3. Acelerar la transición ecológica de nuestra economía, que incluirá programas para incentivar creación de empleo y la diversificación del tejido productivo en los sectores y comarcas más vulnerables, para garantizar una senda de prosperidad compartida y duradera. 

• Haremos frente a la emergencia climática, así como a los riesgos de la pérdida de biodiversidad, aprovechando el potencial de nuestro rico patrimonio natural y nuestras capacidades empresariales y tecnológicas para crear empleo de calidad y mejorar el bienestar social. Nos comprometemos a una transición ecológica justa en todos los sectores productivos y en todos los territorios. 

4. Aprovechar la revolución tecnológica, y en particular la ineludible transición digital de nuestra economía, incorporando con mayor intensidad las correspondientes habilidades en el sistema educativo desde edades tempranas, así como en las políticas activas de empleo, y promoviendo la máxima capacidad de transmisión de la ciencia y de la innovación a todo el tejido productivo. Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías en el sector público y en el sector privado, con especial atención a su completa implantación en el medio rural. 

5. Presencia activa de España en las instituciones europeas, promoviendo, con la implicación de todas las fuerzas progresistas de los países miembros, los cambios necesarios en el proyecto europeo para fortalecer su dimensión social y política, de forma que se avance hacia una Europa federal. Queremos, desde ese proyecto renovado, contribuir a una profunda reorientación de la globalización, de forma que la UE promueva el respeto a los derechos humanos y el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todos los países del mundo. 

Las prioridades enunciadas requieren, para ser desarrolladas con éxito, del perfeccionamiento del Estado Autonómico. 

• La España autonómica es una España democrática, plural, abierta, europea y moderna, que reconoce la diversidad a partir de la unidad. Para alcanzar nuestros retos debemos ser capaces de integrar la diversidad; de conseguir un funcionamiento más integrado del modelo, en el que la mayoría de la población de todos los territorios se sienta partícipe. 
• Queremos avanzar hacia un modelo de Estado integrador, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles. En éste, el papel del Gobierno del Estado es garantizar la cohesión desde la lealtad al ejercicio de las funciones que la Constitución habilita a las Comunidades Autónomas. Es fundamental que las distintas administraciones cuenten con una adecuada financiación, que actúen con transparencia y colaboren entre ellas. La colaboración no puede ser una excusa para que se diluya la responsabilidad de cada Administración en su relación con la ciudadanía, sino, al contrario, para asumirla con lealtad institucional. 
• El modelo de Estado autonómico renovado que proponemos se asienta sobre los siguientes pilares. El reconocimiento expreso de instrumentos y procedimientos de colaboración y coordinación que favorezcan las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas y de éstas entre sí. Así: 
• a.- La Conferencia de Presidentes, de reunión periódica y obligada, deberá marcar las tendencias en la evolución del Estado autonómico.
• b.- Las Conferencias Sectoriales deben cumplir una función más técnica, pero fundamental para la adecuada integración de los territorios en el funcionamiento del Estado. 
• c.- Los convenios de colaboración de las Comunidades Autónomas con el Estado y de éstas entre si deben estar bien regulados para facilitar la actuación conjunta en asuntos de interés común. 
• d.- El Senado debe convertirse en un lugar de encuentro de las Comunidades Autónomas con el Estado y de éstas entre sí. Se trata en transformarlo en un consejo territorial con funciones específicas vinculadas al funcionamiento integrado del modelo territorial. 
• La participación de las Comunidades Autónomas en las actuaciones y decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas, así como el intercambio de información, para favorecer una auténtica integración. 
• En concreto, la participación en la adopción de decisiones que corresponden al Estado por ser interés general o su carácter supraterritorial pero que inciden en el territorio de una determinada Comunidad Autónoma; la participación en los asuntos europeos en cuanto las decisiones comunitarias afectan al ejercicio de las facultades competenciales de las Comunidades Autónomas o la participación en la elaboración de Planes y Estrategias Nacionales para que todos aporten su visión del Estado. 
• La clarificación del reparto competencial. 
• El modelo de reparto derivado de la Constitución, con referencias genéricas y remisión a los Estatutos, ha generado diversos problemas que deben abordarse: falta de claridad en el reparto, con duplicidades o ausencia de ente competente en otros casos; excesiva conflictividad al no estar bien definido el marco del reparto y, en consecuencia, excesiva intervención del Tribunal Constitucional. Ante esta situación, pueden concretarse las facultades del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica.
• La previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios. En España, la Constitución no contiene ninguna regla mínimamente precisa que permita predecir cómo deben financiarse las Comunidades Autónomas. 
• Esto es una singularidad pues en los Estados descentralizados la Constitución prefigura, cuando menos, el sistema de financiación que se aplicará. 
• El resultado ha sido la inestabilidad y la insatisfacción con el sistema de financiación autonómica. 
• Debe garantizarse un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto; exista transparencia sobre la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y se garantice la participación de los territorios en la concreción del modelo. 
• El reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de Autonomía. Se aspira a una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada Comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otra. 
• El límite a ese reconocimiento es la igualdad: igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y libertades e igualdad en cualquier parte del territorio. 
• La garantía de los elementos nucleares de la autonomía local. Tras el intento de cercenar el ámbito de actuación de los entes locales que ha supuesto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales resulta necesario superar la ausencia de garantía constitucional de la autonomía local y de su sostenibilidad financiera. 
• En ese sentido, la Constitución debería reconocer al municipio como unidad territorial básica, así como sus competencias propias. 
• Habría de distinguirse un régimen jurídico diferente para los municipios urbanos y los rurales pues tienen necesidades y objetivos distintos. 
• En los primeros, se trata de atender una demanda de servicios públicos a veces masiva mientras que en los rurales se debe hacer hincapié en la lucha contra la despoblación. 
• En cualquier caso, resulta esencial la mejora de la financiación mediante la previsión de tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica, así como facilitar la libre disposición de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado. 
• La descentralización institucional del Estado, trasladando las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades. De esta forma, la ciudadanía de todo el Estado puede sentir cerca a las instituciones que son comunes. Es una práctica habitual en la Unión Europea.

Se trata en definitiva de mejorar el funcionamiento del modelo territorial en sus tres niveles: estatal, autonómico y local, a través de una más adecuada integración que permita a la ciudadanía sentirse partícipe en las decisiones de las distintas administraciones que le afectan.

1. EMPLEO DIGNO Y PENSIONES JUSTAS 

1.1. La evolución del mercado de trabajo durante el último año pone de manifiesto que la economía española está creando empleo –a pesar del contexto internacional de cierta desaceleración–, aunque una parte muy importante de ese empleo sigue siendo parcial involuntario y temporal, y por tanto, precario. 

• Ello obliga a reforzar el principio de causalidad en la contratación, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo y la contratación temporal se utilice exclusivamente para actividades de carácter temporal. 
• La estacionalidad debe ser cubierta por la figura del fijo discontinuo. 
• Resulta urgente, por tanto, reforzar la lucha contra el fraude laboral, incluido el combate contra la proliferación de falsos autónomos. 
• Es necesario persistir en un cambio de modelo laboral y salarial, en una clara apuesta por una política de rentas progresista, así como impulsar el desarrollo de sectores industriales y de servicios, entre otros aquellos asociados a la transición ecológica y a la transición digital, incrementando y mejorando la efectividad de las políticas activas de empleo y de la protección a las personas desempleadas, para que nadie se quede atrás. 
• Asimismo, este cambio de modelo de relaciones laborales deberá realizarse con perspectiva de género para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para acabar con la brecha salarial y todas las formas de discriminación, así como con los “techos de cristal”. 

1.2. El importante incremento del SMI, aprobado por el Gobierno Socialista, no ha tenido los efectos negativos sobre el empleo que algunos vaticinaban. Más bien, parece haber estimulado la demanda interna contribuyendo al crecimiento económico en un periodo de menor dinamismo de las exportaciones. El PSOE se reafirma en su compromiso de seguir aumentando el SMI, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo a final de esta Legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea. 

1.3. De forma inmediata, el Gobierno iniciará el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que garantice la actividad económica y la creación de empleo digno, así como la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI, reforzando su participación en las decisiones de las empresas y recuperando el papel crucial de la negociación colectiva. 

1.4. En el marco de dicho diálogo con los agentes sociales, el Gobierno analizará la conveniencia de aprobar, con carácter de urgencia, las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. 

1.5. Las trabajadoras y los trabajadores autónomos siguen padeciendo deficiencias en su régimen de cotización y de protección social, que deben ser corregidas cuanto antes. El PSOE está comprometido, en diálogo social con las organizaciones representativas de los autónomos, con la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, así como con el establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. 

1.6. La creación de empleo en el medio rural es una prioridad de la Estrategia frente al Reto Demográfico. Para ello, durante la presente legislatura, se garantizará la total conectividad del territorio y se promoverá el emprendimiento y el trabajo autónomo, aprovechando al máximo los fondos europeos disponibles, así como la formación continua, el retorno de jóvenes y la integración de inmigrantes, en las zonas más despobladas, todo ello teniendo en cuenta la perspectiva de género. Se reforzarán las Oficinas Comarcales ya previstas, favoreciendo la implicación de gobiernos autónomos y locales para la prestación de los servicios básicos en el medio rural. 

1.7. Se reforzará el ya existente Plan de Choque para el Empleo Joven, incrementando los recursos públicos en políticas activas de empleo, en educación y formación profesional y fomentando la formación dual. 

• La inserción laboral de los jóvenes tiene que ser a través de empleo de calidad y con derechos. Aprobaremos y desarrollaremos el Estatuto del Becario mejorando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas. 
• En materia de políticas activas de empleo, se ha hecho efectiva la contratación de 3.000 orientadores para garantizar el acompañamiento personalizado de los usuarios de los Servicios Públicos de Empleo, así como la prospección del mercado de trabajo en contacto directo con las empresas. Se creará la Academia de la Orientación, para asegurar la formación continua de estos profesionales, homogénea y de calidad en todas las Comunidades Autónomas. 

1.8. No existe un trabajo digno si no es seguro y saludable. Nos comprometemos a actualizar la legislación de prevención de riesgos laborales, clarificar los conceptos de enfermedad profesional y de accidente de trabajo y su notificación. Incorporaremos el tratamiento y la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como a la creciente digitalización y robotización y a las nuevas formas de organizar el trabajo. 

1.9. Estamos comprometidos a reforzar el apoyo a las empresas de economía social, como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad y como agentes clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor cohesión social. Mejoraremos la representatividad y el dialogo institucional con las principales asociaciones nacionales del sector. Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas. 

1.10. Muchas empresas españolas han conseguido ya competir con éxito en los mercados internacionales. Nuestro empeño es que su competitividad no descanse en ningún caso en salarios bajos ni empleos precarios sino en el enorme potencial existente para la mejora de su productividad, gracias a un mayor impulso público a la educación, la formación profesional y la innovación. El apoyo a la internacionalización de nuestras empresas debe alcanzar a las PYMES. 

1.11. Empleos más dignos son imprescindibles para garantizar pensiones más justas. El PSOE propondrá el blindaje en la Constitución del Sistema Público de Pensiones, y seguirá impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo. Estamos comprometidos con la actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC real, eliminando el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, y aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas. 

1.12. La sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones exige medidas a corto plazo, para eliminar el déficit actual en el plazo de cinco años. 

• Lo haremos incrementando progresivamente la aportación del Estado, redefiniendo las fuentes de financiación, –de manera que las cotizaciones sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza contributiva–, y combatiendo eficazmente el fraude y la economía sumergida, así como mediante la reordenación de las bonificaciones. 
• De la misma manera, estudiaremos nuevas fórmulas de financiación y ajustes en los parámetros del modelo para garantizar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo. 
• Además de todas estas propuestas, los socialistas nos comprometemos a llevar a cabo desde el Gobierno las siguientes medidas contenidas en el “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un Estado Social”: 

1.13. Reordenación de subsidios por desempleo. Reordenaremos y simplificaremos los subsidios por desempleo, con la eliminación de la Renta Activa de Inserción (RAI) y los programas extraordinarios como el Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Subsidio extraordinario por desempleo (SED) y su substitución por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, para dotarla de una mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten. 

Lucha contra la desigualdad Educación 

2.18. La educación pública es la herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la construcción de una ciudadanía responsable y exigente. Estamos comprometidos con el desarrollo de un sistema educativo basado en la universalidad y la inclusión, que no segregue ni excluya por capacidad, género u origen familiar y que, por tanto, combata las desigualdades. Y creemos necesario terminar de revertir todos los recortes educativos que llevó a cabo el Gobierno del PP.

2.19. Por esta razón, nos disponemos a aprobar una nueva Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, de modo que en el plazo más breve posible se aprecie el cambio en los centros educativos, y que al tiempo asiente las bases de la educación del futuro. Queremos garantizar un sistema educativo estable, que permita dar respuesta a los desafíos y necesidades del siglo XXI y esté basado en tres pilares básicos: equidad, inclusión y calidad. 

2.20. Además del modificar el marco normativo, también incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025, colocándonos así en la media de los países de nuestro entorno. 

2.21. El gran desafío del sistema educativo es terminar con el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro. Tenemos un compromiso para retener a los jóvenes en el sistema educativo y asegurar que al menos el 90% cuenta con estudios postobligatorios. Para abordar este reto dispondremos la elaboración y desarrollo de un Plan de medidas sistémicas a lo largo de toda la escolarización obligatoria, coordinado con otras áreas del Estado implicadas, las CCAA y los Ayuntamientos. 

2.22. La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo. 

• El principio de igualdad efectiva de género a través de la coeducación y el principio de personalización de la educación garantizarán que el derecho a la educación recogido en nuestra Constitución, además de con la escolarización, se haga efectivo como derecho a una distribución equitativa de oportunidades de aprendizaje. 
• Para ello no se permitirá ningún tipo de segregación en centros sostenidos con fondos públicos. 
• Además, aprobaremos un Plan General contra la Segregación Escolar, acordado con las CCAA, que incluirá objetivos, indicadores y medidas presupuestarias para reducir la concentración del alumnado desfavorecido en ciertas escuelas y dotar de los recursos suficientes a cada centro para garantizar la inclusión educativa de todos sus estudiantes.

2.23. Para compensar las desigualdades económicas del alumnado y posibilitar su acceso y continuidad educativa vamos a revisar el sistema de becas, garantizando que se consideren un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares. 

• Por ello, además de simplificar y agilizar el sistema para hacerlo más transparente y que permita conocer si se tiene derecho y cuál será la cantidad que le corresponde, se aumentará la financiación de becas y ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, priorizando que el aumento irá destinado a becas concedidas por razones socioeconómicas. Así, nos comprometemos a invertir 530 millones de euros adicionales a la cantidad que actualmente se destina al sistema de becas y ayudas. 

2.24. Con el objetivo de ayudar a las familias a tener acceso a los materiales educativos en todas las etapas obligatorias articularemos fórmulas ya ensayadas con éxito en varias de nuestras comunidades autónomas. Se dotará con 50 millones de euros la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias con el objetivo de ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el inicio de curso escolar. 

2.25. Prestaremos una especial atención al profesorado y a su carrera docente, reforzando la formación inicial, el sistema de acceso e inducción a la carrera y promoviendo la evaluación del desempeño docente de manera acordada con los representantes del sector. 

2.26. Uno de los retos ineludibles de nuestro país pasa por continuar reduciendo la tasa de abandono prematuro en la educación. 

• Como requisito fundamental para lograrlo, impulsaremos la universalización y la gratuidad de la educación infantil para niños y niñas menores de 3 años, como medida que no solo contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, sino que constituye un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida. 
• Los niños y niñas que acuden a escuelas infantiles entre los 0 y los 3 años sientan las bases del aprendizaje que les permite posteriormente desarrollar sus habilidades y potencialidades como personas adultas. 
• Esto contribuye de forma positiva en la vida personal, académica y profesional y aumenta la igualdad de oportunidades.  
• Con el objetivo de avanzar decididamente en la universalización y gratuidad de esta etapa educativa en el conjunto del país en un sistema público, se facilitará que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. 
• Así mismo se dotará con 30 millones de euros para aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en estas infraestructuras. 
• Esta medida servirá de soporte inicial para la elaboración del plan de universalización que se diseñará a lo largo de 2020, conjuntamente con las CC.AA. que tienen competencia en esta materia, de forma que se incorpore al ciclo educativo la etapa de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita. 

2.27. Abordaremos una urgente modernización del currículo escolar básico, de modo que garantice una formación integral y el desarrollo de las competencias clave de los estudiantes. Para este fin crearemos un Instituto de Desarrollo Curricular e Innovación Educativa que se encargará de la actualización permanente y modernización del currículo y la coordinación entre CCAA, Estado y comunidad educativa. 

2.28. Además, los centros educativos, desde la educación infantil, potenciarán la creatividad, la educación emocional, la capacidad de resolución de problemas, el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo y de competencias de comunicación efectiva. 

2.29. La Digitalización implica una nueva forma de construir conocimiento. La educación y la formación, las instituciones educativas y sus actores se insertarán activamente en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno. 

• Para ello vamos a desarrollar en estos próximos años una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional ambiciosa, dotada de un presupuesto de 226 millones y desarrollada en cuatro componentes. En primer lugar, completaremos para el año 2021 el Plan de conectividad de los centros educativos, con conexiones de alta capacidad en todos los centros. 
• En segundo lugar, pondremos en marcha actuaciones orientadas a desarrollar la competencia digital del profesorado, el alumnado y los propios centros educativos, que será uno de los elementos centrales de la modernización curricular, potenciaremos las vocaciones STEM para cerrar la brecha de género en estos estudios e impulsaremos un Marco Estatal, alineado con el Marco Europeo de la Competencia Digital. 
• La herramienta para hacerlo será la Escuela de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, invirtiendo 40 millones de euros en estas actividades a los que se sumarán otros 100 millones de euros para definir y desarrollar proyectos digitales específicos en 4.000 centros educativos. 
• En tercer lugar, en un año incorporaremos a todos los títulos de FP un módulo profesional sobre digitalización aplicada al sector productivo correspondiente y comenzaremos inmediatamente a diseñar 80 nuevas ofertas de FP asociadas a la economía digital (Fabricación Inteligente, Digitalización del mantenimiento, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Big data, Realidad Virtual y Aumentada, Robótica colaborativa, Vehículos autónomos, Cloud computing, tecnología y conducción de drones, Implementación de elementos en redes 5G, Machine Learning, o Diseño de Videojuegos). 
• Ofreceremos cada año no menos de 15 nuevas ofertas formativas, en forma de títulos de técnico o técnico superior y de cursos de especialización. 
• En cuarto lugar, abordaremos la modificación de la arquitectura y la organización física de los centros, promoviendo la transformación de espacios de acuerdo con el aprendizaje cooperativo y fruto de la incorporación de la digitalización en los centros, para lo que invertiremos 42 millones en la legislatura. 

2.30. El impulso a una Formación Profesional contemporánea, que responda a las necesidades actuales de cualificación de nuestros jóvenes y profesionales, se está desarrollando ya a través del Plan Estratégico de Formación Profesional que pusimos en marcha al llegar al gobierno. Trabajamos, además, en una nueva Ley de Ordenación de la FP que incluya una regulación específica de la FP Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización. Estamos rediseñando una FP flexible, modular, en línea, para una sociedad en cambio permanente en la que se requiere una formación de calidad, ágil y adaptable a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas. 

2.31. En el ámbito universitario, trabajaremos para establecer de forma gradual un sistema que garantice la gratuidad de las matrículas en los primeros cursos de los estudios de grado en las universidades públicas españolas. Del mismo modo, impulsaremos un pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales, para modernizar la universidad, ampliar su capacidad de atraer y retener talento y adaptarla a las nuevas realidades y necesidades a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades.

Sanidad y bienestar social 

2.52. El Sistema Nacional de Salud (SNS) español es considerado por parte de los expertos como uno de los mejores del mundo en términos de calidad, equidad, eficacia y eficiencia y en la confianza que los ciudadanos depositan en él. De acuerdo con el CIS, las ciudadanas y los ciudadanos consideran que la sanidad es la política más importante. 

2.53. Sin embargo, durante la crisis, uno de sus más importantes atributos que es su capacidad redistributiva, se vio mermada debido a los recortes, lo que puede dañar gravemente la cohesión social y territorial además de poner en riesgo la salud de la ciudadanía. 

2.54. Somos conscientes, además, de que el SNS presenta desafíos nuevos y de una magnitud que hasta ahora nunca había afrontado que lo sitúan ante una encrucijada puesto que si no se atiende el sistema puede perder sus características esenciales de universalidad, amplia cobertura de contingencias y su gran calidad. Estos desafíos son: 

• El envejecimiento de la población es un reto que hace que la ciudadanía esté cada vez más expuesta a diferentes enfermedades crónicas que aumentan las necesidades de atención y consecuentemente la demanda de servicios y una mayor coordinación social y sanitaria. 
• La incesante innovación tecnológica, con nuevas soluciones diagnósticas, medicamentos y terapias innovadores que someten al sistema a una fuerte tensión financiera. 
• Las políticas de austeridad no han afectado por igual a todos los territorios y en algunos lugares escasean los profesionales o se han resentido los servicios.
• Se ha producido una desinversión en salud especialmente a partir de 2012 que coloca a España claramente por debajo del promedio de la OCDE destinando incluso menos del 6% de PIB a sanidad. 
• Ello se ha traducido en un empeoramiento de la salud de los ciudadanos que se puede medir por el retroceso que han experimentado algunos de los indicadores de salud más importantes, en los que hasta ahora solo había tendencias de mejora. 

2.55. Durante la breve legislatura que hemos dejado atrás, el Gobierno socialista trató prioritariamente de atender las necesidades más perentorias de la ciudadanía en materia sanitaria. Sin embargo, deben consolidarse. El Gobierno ya aprobó el RD-Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud que reconoce la titularidad del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las personas extranjeras que tengan residencia en España. Durante esta legislatura debe tramitarse como ley. 

2.56. Además, vamos a proceder a la eliminación progresiva de los copagos empezando por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad - pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos 5 millones de pensionistas- y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a cargo (1,8 millones de personas). 

• Igualmente, se cerrará la puerta a los copagos sanitarios a los que daba pie el citado Real Decreto-Ley, como los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos orto protésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que regulan dicha materia en del Real Decreto 16/2012, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

2.57. Vamos a introducir progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS comenzando en 2020 y hasta 2023. La salud bucodental de la población es una asignatura en la que debemos mejorar. 

2.58. Reforzaremos algunas áreas sanitarias a las que hasta ahora se ha prestado poca atención. El PSOE considera una prioridad la actualización de la Estrategia de Salud Mental, la Atención Temprana y, en general, la prevención y promoción de la salud. 

2.59. Vamos a dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida. El Gobierno se impone como tarea el impulso definitivo de la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. 

2.60. Es necesario mejorar los recursos destinados al SNS y en particular hacerlo para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria suspendido por el gobierno anterior lo que contribuirá a mejorar la equidad territorial. Igualmente, debe dotarse de mayores recursos a la Atención Primaria lo que podrá facilitar la implantación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria diseñado en el MSCBS y las CCAA durante la legislatura que acaba de terminar. 

2.61. La incorporación de la medicina genómica a la cartera del SNS durante esta legislatura ha hecho que el sistema sea uno de los más avanzados del mundo en esta materia. Esto convierte a la sanidad española en un referente de internacional que atraerá investigación y actividad económica y hay que trabajar para mantener estas condiciones. 

2.62. España cuenta con un sólido sistema de protección social que consiguió disminuir el impacto de la crisis que de otro modo hubiera sido más grave. Sin embargo, las políticas de austeridad dañaron algunas de sus estructuras básicas como el sistema de servicios sociales y en particular el de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

2.63. Además, debemos reconocer que el sistema de protección español presenta algunas carencias que se evidencian especialmente cuando se compara con los sistemas de los países de nuestro entorno: tiene una limitada capacidad redistributiva hacia determinados colectivos y hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad como aquellos con niños y niñas, los jóvenes, las familias monoparentales, encabezadas en más de un 82% por mujeres, y en los que algunos de sus miembros están desempleados.

2.64. El sistema necesita adaptar sus políticas a los llamados Nuevos Riesgos Sociales, es decir, a las transformaciones que se han venido produciendo en el mercado de trabajo, el papel de las mujeres, las nuevas formas de familia, la nueva composición socio-demográfica y territorial del país. 

2.65. Los Servicios Sociales deben tener un papel protagonista en la adopción de medidas para afrontar estos cambios sociales en todo el territorio. En particular, debemos seguir apuntalando el Sistema de Atención a la Dependencia. Durante esta pasada legislatura, el Gobierno socialista aprobó el RD-Ley de Medidas para la Igualdad de Trato y Oportunidades en el empleo y la ocupación (1 de marzo de 2019) donde se recuperó la cotización a las Seguridad Social de las cuidadoras familiares que beneficiará a 180.000 de ellas (esta medida ascendió a 315 millones de euros) 

2.66. Sin embargo, es necesario mejorar la financiación del sistema tal y como estaba previsto en los presupuestos de 2019 de forma que sea posible reducir en al menos un 75% las listas de espera en los casos más graves en todo el territorio nacional. 

• Esta inversión, que revierte los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en 2012, permitirá además adaptar los servicios los nuevos avances tecnológicos que, como la tele-asistencia avanzada, permitirán alargar la vida autónoma de las personas más tiempo. 
• Ahora, deben mejorarse las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia. 
• Se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo (132 millones de euros más) y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular (383 millones de euros más). La financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y CCAA que se derogaron en 2012. 
• Su impacto presupuestario será de 515 millones de euros. Un incremento del 40% respecto al PGE 2018. 
• Se derogarán los artículos referidos a esta materia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia están garantizados en nuestro país. 

2.67. En relación con los mayores, debe finalizarse la Estrategia frente a la Soledad no Deseada que está elaborando el Imserso.

2.68. Por lo que se refiere a los niños y niñas, se llevará al Parlamento la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que ya fue aprobada como Anteproyecto por el Consejo de Ministro y ha recabado los informes pertinentes. 

2.69. El Gobierno socialista trabajó en la pasada legislatura en la construcción de una Alianza contra la Pobreza Infantil desde el Alto Comisionado para combatir la exclusión educativa, sanitaria y socioemocional a través de acciones trasversales. 

• En este marco, en la legislatura que acaba de finalizar, se han mejorado las prestaciones por hijo a cargo para proteger mejor a la infancia y avanzar así en una asignatura pendiente del sistema protección español. A esta medida se han destinado 210 millones de euros. 
• En esta legislatura se pretende seguir en la misma dirección dando más pasos para el desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que consta de 2 pilares: 1) la mejora de las prestaciones por hijo a cargo para los hogares en situación de pobreza y 2) el desarrollo de un mecanismo de garantía de ingresos para hogares sin ingresos y muy bajos ingresos. 

2.70. En esta misma línea, el gobierno ha dedicado este verano 15 millones de euros a combatir la pobreza infantil mediante el programa VECA destinado a financiar ocio vacacional y comedores en el periodo estival. Sin embargo, hay que avanzar más con el objetivo de garantizar que todos los menores de familias en situación de precariedad o riesgo de exclusión puedan acceder a comedor que les garantice una correcta alimentación. 

2.71. El artículo 49 de la Constitución supuso en su día un avance en la protección y el reconocimiento de las personas con discapacidad, pero es evidente que debemos modificar su redacción para adaptarla a los propios valores constitucionales y a la dignidad que merecen estas personas. Por esta razón, reformaremos el art. 49 de la Constitución, adaptándolo también a las concepciones actuales sobre la protección de las personas con discapacidad.

Fiscalidad 

2.73. La lucha contra la precariedad, por el empleo digno y las pensiones justas, unido a la garantía de acceso y de calidad de los derechos básicos del Estado del bienestar, requiere el aumento de los ingresos públicos (actualmente el 38% del PIB) para acercarnos a la media europea. Defendemos mayor justicia fiscal, y en concreto las siguientes medidas: 

• Aprobar la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
• Reformar el Impuesto sobre Sociedades, garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, y bajando del 25% al 23% el impuesto para las pymes. 
• Limitar las exenciones de dividendos / plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales. 
• Ejercer un mayor control sobre las SICAV. 
• Establecer mejoras en la fiscalidad, especialmente para las PYMES, incentivando la responsabilidad social de las empresas (sostenibilidad ambiental, mejoras en la igualdad efectiva de género,  empleo inclusivo, respeto a los derechos humanos, lucha contra los paraísos fiscales...), a lo largo de toda la cadena de valor, considerando por lo tanto también la actividad de la empresa fuera de nuestras fronteras. 
• Promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo. 
• Revisar los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización, en su eficacia, y en la coherencia con las políticas de transición ecológica. 
• Aprobar la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y reforzar los medios dedicados a la lucha contra el fraude, que permitirá mejorar la lista de paraísos fiscales, reforzar la lista de morosos de la AEAT, prohibir las amnistías fiscales. Además de todas estas propuestas, los socialistas nos comprometemos a llevar a cabo desde el Gobierno las siguientes medidas contenidas en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019. 

2.74. Impuesto sobre el Valor Añadido: se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. 2.75. Gobiernos Locales: dentro del catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), se ampliará la posibilidad que los Ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas, dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o rehabilitación de viviendas, para lo cual se llevarán a cabo las correspondientes modificaciones normativas.

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