PROPUESTA ABIERTA PARA UN PROGRAMA COMÚN PROGRESISTA

INTRODUCCIÓN 

Hace pocos meses, la sociedad española decidió, con su voto, cuál debía ser el camino a seguir por nuestro país en los próximos años. Entre avanzar o retroceder, los españoles decidieron avanzar. No sólo en las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril, sino también en las europeas, autonómicas y municipales celebradas menos de un mes después. 

El mandato fue claro: el Partido Socialista Obrero Español obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía, a gran distancia del resto de fuerzas políticas, para avanzar en un cambio de época que ha de traer a España más igualdad, más convivencia y más justicia social. El mensaje de las urnas fue tan nítido como el contenido y la sustancia de nuestra propuesta programática. 

Una alternativa que mostraba una vocación permanente de ser el punto de encuentro con el resto de fuerzas progresistas. Hoy, pese a la contundencia del veredicto del voto, España sigue sin un Gobierno en plenitud de funciones y nos encontramos en una encrucijada compleja para la gobernabilidad de España. 

Ante ella, nace esta “propuesta abierta para un Programa Común Progresista” que representa la esperanza para que España pueda dar ese salto adelante que demandan sus ciudadanos y seguir construyendo, bajo un Gobierno progresista, un país que debe encarar con optimismo y gran confianza en sus posibilidades los retos a los que se enfrentan la nuestra y todas las naciones de nuestro entorno. Vivimos un momento decisivo. 

Cuarenta años después de la primera, España debe encarar su segunda gran transformación política, económica, social y cultural. De nuestros aciertos hoy dependen los éxitos colectivos del mañana. En este contexto, el diálogo con la sociedad civil es condición indispensable para fortalecer la dirección política de España. 

Las organizaciones empresariales y sindicales; las entidades del tercer sector; los colectivos de defensa del medio ambiente, la educación, la sanidad, la vivienda y de la cultura, o el activismo por la igualdad plena entre hombres y mujeres deben ocupar un papel central en la gobernanza de nuestras instituciones. El presente documento es, en esencia, fruto del trabajo y las aportaciones de estos actores. 

Es una propuesta abierta, que es además coherente y está conectada con la Agenda del Cambio del Gobierno de España, con el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado impulsado por el PSOE y Unidos Podemos en la pasada legislatura, así como con las acertadas propuestas presentadas por ambas formaciones para conformar un Gobierno progresista desde las pasadas elecciones generales del 28-A. 

En 25 reuniones celebradas en las últimas semanas, 376 organizaciones de la sociedad civil han ofrecido algo mucho más importante que sus ideas, iniciativas, proyectos y sugerencias. Han compartido con el PSOE su visión de una España más justa e igualitaria. Una España donde el diálogo supere la parálisis que hoy sigue bloqueando la acción de instituciones fundamentales para la vida democrática de nuestro país y que demandan un Gobierno progresista cuanto antes. 

La sociedad civil ha demostrado una vez más, con su generosidad y sus ideas, un grado de compromiso digno de todo reconocimiento. Su implicación en este proceso de diálogo abierto constituye un motivo de orgullo para un partido como el nuestro, que siempre ha hecho de la interlocución con la sociedad civil una de sus principales razones de ser. 

Y dice mucho de la fortaleza social de nuestro país. Todos los grandes avances en derechos y libertades que ha impulsado el PSOE desde la responsabilidad de gobierno en España han llevado el sello de una sociedad civil siempre activa en su demanda, impulso y reconocimiento. Esa es la razón por la que, una vez más, hemos querido abrir esta propuesta a la iniciativa de organizaciones determinantes para cohesionar la sociedad y defender los valores colectivos. 

Del mismo modo, el presente documento subraya nítidas coincidencias programáticas con otras fuerzas progresistas, muchas de cuyas propuestas también tienen cabida en él. Son el punto de partida para un marco de cooperación leal, que se traduzca en una legislatura estable y cristalice en el desarrollo de políticas públicas eficaces para combatir la desigualdad, recuperar y consolidar derechos y afrontar los grandes desafíos ante los que España no puede seguir a la espera. Este programa mantiene su carácter abierto a nuevas iniciativas y propuestas, tanto de la sociedad civil como del conjunto de fuerzas progresistas a las que interpela. 

Y se estructura en torno a seis ejes de actuación prioritaria: empleo digno y pensiones justas; feminismo, lucha contra la desigualdad y calidad democrática; emergencia climática y transición ecológica de la economía; avance científico, tecnológico y transición digital; mayor protagonismo de España en Europa y la vertebración territorial de nuestro país. 

• I) Avanzar hacia un empleo digno y unas pensiones justas, recuperando plenamente los derechos de trabajadores y pensionistas, requerirá de un amplio acuerdo parlamentario y de diálogo con los agentes sociales. Estamos decididos a seguir luchando contra la precariedad y a mejorar la capacidad adquisitiva de trabajadores y pensionistas, impulsando los cambios normativos necesarios, en la perspectiva de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como de un acuerdo en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Nuestro objetivo es promover el empleo, reducir la tasa de desempleo y crear oportunidades para los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. 
• II) La igualdad, nuestra principal seña de identidad, impregnará toda la acción del Gobierno. En particular, en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, avanzaremos hacia la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, así como de toda brecha laboral y salarial. 
• La igualdad de derechos debe traducirse en la atención preferente a la pobreza infantil, en afrontar el reto demográfico en todo el territorio, desde el fortalecimiento de la educación y de la sanidad pública, del sistema público de servicios sociales y de atención a la dependencia; y la existencia de oferta suficiente de viviendas asequibles que permitan la emancipación de nuestros jóvenes.
• Igualdad también frente a cualquier discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género, de raza o de religión, impidiendo cualquier atisbo de involución en esta materia. 
• Un nuevo impulso al Estado del Bienestar, que solo será posible si disponemos de más recursos públicos gracias al crecimiento económico, pero también mediante la necesaria reforma fiscal con el compromiso de no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras, y si se llevan a cabo las imprescindibles reformas de la financiación local y de la financiación autonómica. 
• Desde estos principios de igualdad y justicia, también nos proponemos afrontar las tareas pendientes de regeneración democrática, fortaleciendo la democracia participativa, aprobando medidas para combatir y prevenir la corrupción y recuperando la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en las instituciones. 
• III) Acelerar la transición ecológica y justa de nuestra economía, que transformará nuestro tejido productivo, e incluirá programas para incentivar la creación de empleo y la diversificación del tejido productivo en los sectores y territorios más vulnerables, para garantizar una senda de prosperidad compartida y duradera. 
• Haremos frente a la emergencia climática, así como a los riesgos de la pérdida de biodiversidad, poniendo en valor el potencial de nuestro rico patrimonio natural y nuestras capacidades empresariales y tecnológicas para crear empleo de calidad y mejorar el bienestar social. Nos comprometemos a una transición ecológica justa en todos los sectores productivos y en todos los territorios, con una especial atención a la productividad y sostenibilidad de nuestra agricultura, ganadería y pesca. 
• IV) Aprovechar la revolución tecnológica y, en particular, la ineludible transición digital de nuestra economía, incorporando con mayor intensidad las correspondientes habilidades en el sistema educativo desde edades tempranas, así como en las políticas activas de empleo, y promoviendo la máxima capacidad de transmisión de la ciencia y de la innovación a todo el tejido productivo. Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías en el sector público y en el sector privado, con especial atención a su completa implantación en el medio rural. 
• V) Impulsar la presencia de España en las instituciones europeas, promoviendo, con la implicación de todas las fuerzas progresistas de los Estados miembros, los cambios necesarios en el proyecto europeo para fortalecer su dimensión social y política, de forma que se avance hacia una Europa federal. Queremos, desde ese proyecto renovado, contribuir a una profunda reorientación de la globalización, de forma que la UE promueva el respeto a los derechos humanos y el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todos los países del mundo. 
• VI) Las prioridades enunciadas requieren, para ser desarrolladas con éxito, de nuevas herramientas de cooperación, concertación, diseño y evaluación de las políticas  públicas, para perfeccionar desde el Gobierno de España nuestro Estado Autonómico, para dotar a los ayuntamientos de los medios adecuados a las responsabilidades que se les asignen, y para generar alianzas estables con los representantes de la sociedad civil. Trabajaremos para mejorar la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y, también, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución. 

En definitiva, 370 iniciativas para construir gobierno. Para vehicular, en torno a prioridades concretas, una agenda de justicia social que sea, al mismo tiempo, la hoja de ruta de un Gobierno progresista para la mayoría de españoles. 

En un momento crucial como éste, el PSOE da un paso al frente. Sigue tomando la iniciativa para evitar unas elecciones y permitir que un Gobierno progresista se abra paso con un programa, un método y unas garantías que hagan posible su implementación. Lo hacemos desde la firme defensa de nuestros valores y principios, pero con la voluntad de tender la mano y tejer una red de confianza con quienes comparten con nosotros la necesidad de seguir avanzando y el deseo de que España prospere. 

Con la voluntad de no retroceder en derechos y libertades. Con la voluntad de trabajar por la convivencia y por una sociedad en la que la desigualdad de partida no determine lo que alguien puede alcanzar en la vida. 

Un Programa Común Progresista. 

1. EMPLEO DIGNO Y PENSIONES JUSTAS 

1.1. Empleo digno 

1. Iniciaremos el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable. 

2. Reforzaremos el principio de causalidad en la contratación, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo. 

3. Profundizaremos el cambio de modelo laboral y salarial basado en una política de rentas progresista, el desarrollo de sectores industriales y de servicios, y mejorando la efectividad de las políticas activas de empleo. 

4. Revisaremos la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y para garantizar efectivamente los derechos de las personas que trabajan con este régimen, mayoritariamente mujeres. 

5. Reformaremos la regulación del despido para revisar las causas del despido objetivo. 

6. Reformaremos la legislación sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, y para asegurar los derechos de los trabajadores. 

7. Recuperaremos los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisando su regulación para favorecer soluciones negociadas con equilibro entre las partes. 

8. En el marco del diálogo con los agentes sociales analizaremos, con carácter de urgencia, la conveniencia de aprobar las modificaciones de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya los siguientes aspectos: 

• Ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. 
• Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
• Reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, la inestabilidad y la rotación laboral. 
• Reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. 

9. Intensificaremos las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente para evitar el uso fraudulento de la contratación temporal y tiempo parcial y combatir la economía sumergida. 

10.Implementaremos medidas para combatir los supuestos de contratación de personas que son falsas autónomas. 

11.Mejoraremos las subvenciones al emprendimiento y orientaremos la política de empleo hacia trabajos dignos, de calidad y estables. 

12.Incluiremos dentro de la formación profesional oficios tradicionales de alta cualificación y adaptados a los nuevos retos tecnológicos y de la economía digital. 

13.Seguiremos aumentando el SMI, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de esta Legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea. 

14.Ratificaremos la Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a la Carta Social Europea.

15.Reforzaremos el ya existente Plan de Choque por el Empleo Joven, incrementando los recursos públicos en políticas activas de empleo. 

16.Mejoraremos los espacios de participación de la juventud en la elaboración de las políticas públicas que les afecten. 

17.Aprobaremos y desarrollaremos el Estatuto del Becario mejorando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas. 

18.Crearemos la Academia de la Orientación, para asegurar que la formación continua de los profesionales de la orientación laboral sea homogénea y de calidad en todas las comunidades autónomas. 

19.Actualizaremos la legislación de prevención de riesgos laborales, clarificaremos los conceptos de enfermedad profesional y de accidente de trabajo. No existe un trabajo digno si no es seguro y saludable. 

20. Ratificaremos el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de 21 de junio de 2019. 

21.Incluiremos el derecho a la desconexión y la adecuada gestión del tiempo de trabajo dentro de la normativa laboral. 

22.Elaboraremos una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras que adecue el catálogo de derechos a las exigencias de la digitalización, incluyendo la regulación del derecho efectivo a la intimidad, mediante el establecimiento de garantías en el ámbito de la geolocalización, tiempos e intimidad informática. 

23.Apoyaremos a las empresas de economía social como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad y como agentes clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor cohesión social.

24.Impulsaremos la Economía Social tanto a nivel nacional como comunitario y mejoraremos su representatividad y el dialogo institucional. Asimismo, y en atención a su transversalidad en cuanto a los sectores y materias a los que afecta, pondremos en marcha una Comisión Interministerial para mejorar la coordinación y coherencia de acción desde los diferentes Departamentos ministeriales. 

25.Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas. 

26.Llevaremos a cabo un mayor impulso público en materia de formación profesional e innovación dirigido a mejorar la productividad de las empresas españolas, incluidas las PYMES. 

27.Promoveremos un Plan Nacional de Emprendimiento Social para impulsar el diseño y puesta en marcha de políticas públicas específicas que apoyen a los emprendedores sociales a diseñar, consolidar y gestionar sus proyectos sociales, poniendo el foco en aspectos clave como la diversidad y la inclusividad. 

1.2. Adecuación del Sistema de Seguridad Social a los principios constitucionales, en atención al dialogo social y en el marco del Pacto de Toledo. 

28. Propondremos el blindaje en la Constitución del Sistema Público de Pensiones y seguiremos impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo. 

29.Estamos comprometidos con la actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas.

30. Eliminaremos el Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013. 

31.Reformaremos el Sistema de la Seguridad Social para eliminar las discriminaciones por razón de género, particularmente en materia de trabajo a tiempo parcial, teniendo en cuenta las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional. 

32.Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, incrementaremos progresivamente la aportación del Estado, redefiniendo las fuentes de financiación y combatiendo eficazmente el fraude y la economía sumergida, así como mediante la reordenación de las deducciones. 

33.Revisaremos el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares. 

34.Igualmente revisaremos el complemento por maternidad para hacerlo más equitativo. 

35.Culminaremos la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar antes de 2021. Firmaremos y ratificaremos el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

36.Nos comprometemos a fomentar el diálogo social con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, así como a la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, así como al establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

37.Constituiremos el Consejo del Trabajo Autónomo, para asegurar un cauce que garantice la participación en el diseño de las políticas públicas que incidan sobre el trabajo por cuenta propia, dando cumplimiento a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

38.Pondremos en marcha el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo, “Autonom@s 2030”, como paso previo a la elaboración de una Estrategia para el Trabajo Autónomo para los próximos 10 años. Asimismo, pondremos en marcha un Plan de relevo generacional que permita la sustitución de las personas que se jubilan por nuevos activos de personas trabajadoras autónomas. 

39.Reordenaremos y simplificaremos los subsidios por desempleo y su sustitución por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, para dotarla de una mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten. 

40.Incentivaremos la titularidad compartida de las explotaciones agrarias a través de la aplicación efectiva de la Ley 35/2011, mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social. 

41.Revisaremos las bonificaciones a la contratación, garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad. 1.3. Empleo y servicios públicos 

42.Desarrollaremos el Estatuto Básico del Empleado Público: mejora para el acceso al empleo público, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del desempeño, clasificación profesional, etc.

43.Fomentaremos la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables. 

44. Revisaremos el contrato de interinidad en las Administraciones Públicas, evitando su uso abusivo, en la línea de los últimos pronunciamientos judiciales. 

45.Servicios de rescate, extinción de incendios y salvamento. Adoptaremos, entre otras, las siguientes medidas: 

• Aprobación de una ley del sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que establezca los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Aprobación de una ley de bomberos forestales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberos Forestales, que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus especificaciones de formación. 
• Mejora de la estabilidad y condiciones de empleo en los servicios aéreos, así como estudiar su incorporación al sector público. 
• Optimización de los recursos de los servicios de salvamento marítimo, fortaleciendo la estabilidad de su plantilla, su carácter civil y su función exclusiva de salvamento.

46.Policías y Guardias Civiles. Culminaremos la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado Español. 

47. Digitalizaremos la Administración y reduciremos la burocracia. Es necesario evolucionar desde una administración como la actual, a una administración verdaderamente digital, unificando en una única plataforma toda la información y oferta de trámites y servicios disponibles, en función de las preferencias de cada persona. 

48. Facilitaremos el acceso a un espacio ciudadano on-line, una Carpeta Ciudadana, donde las personas puedan comunicarse con la Administración, solicitar cita previa para realizar gestiones, acceder a trámites, consultar expedientes en curso o finalizados o recibir avisos y alertas. Todo ello, con garantía de cumplimiento de estándares de accesibilidad a la web, que eviten la discriminación de personas con discapacidad. Pondremos en marcha una startup de Estado que desarrolle los servicios necesarios para la ciudadanía.

2.2.1. Educación 

76.Pacto educativo. Aprobaremos una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, para que en el plazo más breve posible se aprecie el cambio en los centros educativos y se asienten las bases de la educación del futuro. 

77.Además del modificar el marco normativo, también incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025, colocándonos así en la media de los países de nuestro entorno.

78.Para terminar con el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro dispondremos la elaboración y desarrollo de un plan de medidas sistémicas a lo largo de toda la escolarización obligatoria, coordinado con otras áreas de la administración implicadas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Este plan tendrá como objetivo asegurar que al menos el 90% de los jóvenes cuente con estudios postobligatorios. 

79.La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo. 

80.Impulsaremos la coeducación y el principio de personalización de la educación. 

81.Impediremos la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos, mediante las modificaciones normativas que sean necesarias. 

82.Impulsaremos la formación de los profesores y promoveremos nuevas formas de educar, con perspectiva de género, evitando estereotipos sexistas y fomentando el conocimiento de referentes femeninos. 

83.Se potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad. 

84.Aprobaremos un Plan General contra la Segregación Escolar, acordado con las comunidades autónomas, que incluirá objetivos, indicadores y medidas presupuestarias para reducir la concentración en ciertas escuelas del alumnado en circunstancias de vulnerabilidad y dotaremos de los recursos suficientes a cada centro para garantizar la inclusión educativa de todos sus estudiantes.

85.Impulsaremos el carácter obligatorio para todo el alumnado de la educación en los valores constitucionales, democráticos, cívicos y universales. 

86.Introduciremos mejoras en el ejercicio de la función directiva de los centros, promoviendo una mayor profesionalización. Para ello, mejoraremos los procedimientos de selección, formación, evaluación y reconocimiento.

87.Se pondrá en marcha un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas. 

88.Para compensar las desigualdades económicas del alumnado y posibilitar su acceso a la educación y la continuidad de sus estudios, revisaremos el sistema de becas, garantizando que se consideren un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares. 

89.Simplificaremos y agilizaremos el sistema de becas para hacerlo más transparente y previsible. El nuevo modelo permitirá conocer si se tiene derecho y la cantidad correspondiente. Aseguraremos que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y se adelanten los ingresos. 

90.Aumentaremos la financiación de becas y ayudas al estudio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, priorizando que el aumento irá destinado a becas concedidas por razones socioeconómicas. 

91.Garantizaremos la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

92.Prestaremos una especial atención al profesorado y a su carrera docente, reforzando la formación inicial, el sistema de acceso e inducción a la carrera y promoviendo la evaluación del desempeño docente de manera acordada con los representantes del sector

93.Garantizaremos al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente. También se impulsará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano. 

94.Impulsaremos la universalización y la gratuidad de la Educación Infantil para niños y niñas menores de 3 años. De esta forma, la Educación Infantil quedaría configurada en dos ciclos: un primer ciclo 0-3 y un segundo ciclo 3-6. A lo largo de 2020, elaboraremos conjuntamente con las comunidades autónomas, un plan de universalización de la Educación Infantil, de forma que se incorpore al ciclo educativo la etapa de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita. 

95.Con el objetivo de avanzar decididamente en la universalización y gratuidad de esta etapa educativa en el conjunto del país en un sistema público, se facilitará que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones. 

96.Así mismo dotaremos de financiación a aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en estas infraestructuras. 

97.Recuperaremos la condición troncal de la Educación Física. 

98.En coordinación con las demás administraciones, impulsaremos programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte de manera gratuita. Se implantarán planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social. 

99.Crearemos un Instituto de Desarrollo Curricular e Innovación Educativa que se encargará de la actualización permanente y modernización del currículo y la coordinación entre comunidades autónomas, Administración Central y comunidad educativa. 

100. La educación y la formación, las instituciones educativas y sus actores se insertarán activamente en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno. Para ello vamos a desarrollar en estos próximos años una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional ambiciosa y desarrollada en cuatro componentes. 

• Completaremos para el año 2021 el Plan de conectividad de los centros educativos, con conexiones de alta capacidad en todos los centros. 
• Dentro de la modernización curricular, desarrollaremos la competencia digital del profesorado, el alumnado y los propios centros educativos. Crearemos la Escuela de Inteligencia Artificial y el Pensamiento Computacional en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
• Incorporaremos a todos los títulos de FP un módulo profesional sobre digitalización aplicada al sector productivo correspondiente y comenzaremos inmediatamente a diseñar 80 nuevas ofertas de FP asociadas a la economía digital, ofreciendo cada año no menos de 15 nuevas ofertas formativas. 
• Abordaremos la modificación de la arquitectura y la organización física de los centros, promoviendo la transformación de espacios de acuerdo con el aprendizaje cooperativo y fruto de la incorporación de la digitalización en los centros. 

101. Promoveremos una Formación Profesional contemporánea, que responda a las necesidades actuales de cualificación de nuestros jóvenes y profesionales, a través del desarrollo del Plan Estratégico de Formación Profesional, actualmente en aplicación. Agilizaremos con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa, los procesos de aprobación de nuevos programas formativos, multiplicando la oferta de cursos de especialización.

102. Impulsaremos una nueva Ley de Ordenación de la FP que incluya una regulación específica de la FP Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización. 

103. Incrementaremos, en cooperación con las comunidades autónomas, la oferta de FP para atender mejor la conexión con la sociedad, reforzando el papel de los Centros de Referencia Nacional en FP como generadores de innovación. 

104. Agilizaremos los procesos de Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral para mejorar la competitividad e incentivar la formación continua. 

105. Reforzaremos la formación del profesorado de FP, diseñando y poniendo en marcha planes de formación continua, incentivando la innovación pedagógica y fomentando la cooperación entre docentes, entre centros de FP y con empresas. 

106. Fomentaremos la orientación escolar para poner en valor y prestigiar la FP entre los estudiantes, las familias y los docentes, con especial énfasis en las competencias transversales que hoy resultan imprescindibles para el empleo. 

107. En el ámbito universitario, trabajaremos por asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria, incrementando la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio, reduciendo el efecto de los umbrales de renta y asegurando unas cuantías que permita a los mejores estudiantes estudiar donde escojan. Contribuiremos asimismo con la derogación de los límites mínimos en todo el estado para los precios de las matrículas. 

108. Impulsaremos un pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales, que garantice una financiación adecuada y recursos suficientes para modernizar la universidad, ampliar su capacidad de atraer y retener talento y adaptarla a las nuevas realidades y necesidades a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades. 

109. Plantearemos posibilidades de incorporación o vinculación de las enseñanzas artísticas superiores a la educación universitaria, en coordinación con la comunidad educativa y artística. 

2.2.2. Vivienda 

110. Es necesario ampliar la oferta de vivienda asequible, para lo cual vamos a trabajar principalmente en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas). Nuestro objetivo es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible que contribuirá a controlar el crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler. Para ello, se estudiarán también medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas, así como la reorientación del sistema fiscal para promover el alquiler asequible. 

111. Del mismo modo, con pleno respeto a las competencias de las demás AAPP, vamos a aprobar una Ley estatal de vivienda, para que estas políticas sean un verdadero pilar del Estado del Bienestar, garantizando el ejercicio en igualdad de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en la Constitución relacionados con la vivienda, evitando situaciones de desamparo y exclusión residencial. En dicha ley impulsaremos nuevas figuras de provisión de viviendas a un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso de vivienda o el cohousing. 

112. También se reforzará en esta Ley la función social de la vivienda, regulándola como servicio público de interés general, así como el régimen jurídico de los parques públicos de vivienda. Estableceremos un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda, y que ponga a  disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos distintas herramientas para su detección y para movilizarlas con fines sociales a precios razonables. 

113. Se estudiarán nuevas figuras jurídicas en el ámbito de la legislación civil para adaptar las formas de acceso a la tenencia de la vivienda a las nuevas circunstancias y necesidades sociales, laborales y personales de la ciudadanía. Asimismo, se estudiará una revisión de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar los procesos de toma de decisiones sobre usos de las viviendas distintos al residencial permanente y las obras de mejora de la eficiencia energética y energías renovables. 

114. Se estudiarán medidas para regular y controlar el uso de la vivienda con fines turísticos, con respeto a la distribución competencial entre el Estado y las CCAA. 

115. Determinaremos el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública y elaboraremos una normativa que garantice su función social, evitando que dicho carácter público se desvirtúe e impidiendo que las viviendas con algún tipo de protección o ayuda pública puedan ser gestionadas o enajenadas con ánimo de lucro o por fondos privados. 

116. Elaboraremos un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el siguiente periodo que, entre otros elementos, facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas. 

117. Aprobaremos medidas específicas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades habitacionales urgentes. Actualizaremos la estrategia de sinhogarismo e incrementaremos los fondos para combatir este fenómeno. Al mismo tiempo, complementaremos las iniciativas de comunidades autónomas y ayuntamientos destinadas a las personas sin hogar.

118. También pondremos en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler. El Plan hará especial hincapié en medidas de eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad. Asimismo, se estudiarán nuevas vías de financiación público-privada para las obras de rehabilitación, implicando a las EEFF en la oferta de nuevos productos asequibles para familias y Comunidades de Propietarios. Se estudiarán medidas fiscales para incentivar la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana. 

119. En este esfuerzo para ampliar la oferta de vivienda asequible, reforzaremos el papel de SEPES y del ICO en la política de vivienda, para fomentar la construcción de nueva vivienda de alquiler social, así como la rehabilitación de viviendas existentes. Se profundizará asimismo en la financiación derivada de fondos europeos, como el BEI. Además, se tomarán medidas para la movilización del suelo público para la promoción de viviendas en régimen de alquiler social o asequible. 

120. Impulsaremos un Plan de actuación de la SAREB para la firma de convenios con la Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquiler social y mejoren los procesos de gestión y adjudicación. 

121. Profundizaremos en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia. 

122. Se impulsarán medidas para evitar la exclusión residencial y favorecer el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad. 

123. Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional, evitando las situaciones de desamparo y exclusión residencial. 

124. Impulsaremos nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas, y se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria, para evitar situaciones de desamparo y exclusión residencial. 

125. Desarrollaremos un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil con el objetivo de establecer la coordinación esencial para facilitar el acceso a la vivienda en todas las comunidades autónomas. Dicho plan incluirá de manera específica medidas para facilitar el acceso al alquiler. 

126. Se potenciarán las entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector como agentes de la economía social, para mejorar la gestión de las viviendas con protección pública y el acompañamiento de las familias y personas más vulnerables o en riesgo de exclusión. 

127. Reforzaremos el Observatorio de la vivienda con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España (parque de alquiler privado, vivienda vacía, necesidades habitacionales, situaciones de riesgos de exclusión residencial, etc.), y que permita una auditoría pública de la oferta y calidad de las viviendas públicas.


PROPUESTA ABIERTA PSOE SANIDAD, FISCALIDAD Y CLIMA

PROPUESTA ABIERTA PSOE CIENCIA, EUROPA, COMUNIDADES