2.2.4. Sanidad, Bienestar Social y Consumo
2.2.4.1. Derecho a la salud y asistencia sanitaria
145. Impulsaremos y adoptaremos las modificaciones normativas, legales y reglamentarias, necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
146. Desarrollaremos la Ley General de Salud Pública 33/2011 para impulsar definitivamente la salud pública y comunitaria con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
147. Procederemos a la eliminación progresiva de los copagos, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, y con el compromiso de que, al final de la Legislatura, se hayan eliminado los copagos establecidos en 2012 y establecido garantías para que no puedan introducirse otros nuevos.
148. Vamos a introducir progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS comenzando en 2020 y hasta 2023.
149. Avanzar en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria diseñado durante la última legislatura con el concurso de las CCAA y las sociedades médicas y científicas y de pacientes. Entre las medidas a corto plazo, se incluirán actuaciones para resolver el déficit de planificación en materia de profesionales especialmente por lo que se refiere al ámbito rural.
150. Incrementaremos los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura. Esto supondrá pasar del actual 6% del PIB en sanidad al 7% del PIB en 2023.
151. Aumentaremos los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria, suspendido por el gobierno anterior, que facilite la movilidad de la ciudadanía para la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, así como el desarrollo del FOGA para garantizar el acceso de toda la población a los mejores diagnósticos y tratamientos del SNS, independientemente del lugar de residencia. Este fondo garantizará la compensación por la asistencia sanitaria que se preste a pacientes residentes en España derivados entre las CCAA por atención en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del SNS.
152. Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, e impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley.
153. Mejoraremos las condiciones del personal sanitario agilizando el proceso para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad e impulsando un programa de retorno de los y las profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España.
154. Aprobaremos el Decreto de prescripción de medicamentos por el personal de enfermería para mejorar el funcionamiento de los equipos de atención sanitaria y facilitar la accesibilidad a la ciudadanía.
155. Abordaremos la incorporación de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de la Salud, poniendo en marcha el proceso de transferencia a las CCAA.
156. Orientaremos las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.
157. Reforzaremos el estatus de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
158. Impulsaremos mediante políticas, programas e investigación el enfoque One Health de la OMS, que entiende que las personas, los animales y el medio ambiente forman parte de un mismo ecosistema y su salud y seguridad está estrechamente relacionadas
159. Crearemos el Observatorio de las Desigualdades Sociales y en Salud, para seguir combatiendo las desigualdades en ámbitos como el sanitario y el de los servicios sociales.
160. Reforzaremos las políticas contra el tabaquismo que es en la actualidad uno de los principales problemas evitables de salud pública. Entre ellas se adoptarán medidas como el desarrollo de un sistema de vigilancia y monitorización de su impacto en salud infantil, de campañas de publicidad institucional, de programas y tratamientos de deshabituación, ampliación de los ambientes sin humo, regulación de la publicidad y el patrocinio de productos de tabaco, entre otras.
161. Actualizaremos la Estrategia de Salud Mental, con el objetivo de construir un verdadero sistema de atención, con un enfoque de género y derechos humanos, que atienda a los pacientes crónicos, y que incluya un protocolo especial para prevenir la conducta suicida, que prevea la puesta en marcha de un teléfono de
atención oficial, entre otras medidas.
162. Desarrollaremos un sistema de atención temprana que implique el reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública.
163. Incluiremos la profilaxis preexposición (PrEP por sus siglas en inglés) en la cartera común del SNS de acuerdo con las indicaciones científicas y médicas pertinentes.
164. Integraremos las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan.
165. Incorporaremos las posibilidades terapéuticas y organizativas en relación con la atención al cáncer infantil y adolescente para incrementar la supervivencia Nos comprometemos a elaborar un Plan de atención integral conjunto del SNS.
166. Refuerzo del Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el SNS para garantizar la equidad en el acceso a la innovación y la cohesión del SNS, impulsar la investigación pública y la fabricación propia de los nuevos medicamentos CART contra el cáncer en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad. Este es un primer escalón en la Estrategia de Medicina Personalizada o de Precisión.
167. Continuaremos impulsando la ciencia, la investigación y potenciando la traslación de la innovación a la práctica clínica, erradicando las pseudoterapias y combatiendo los movimientos anti-vacunas.
168. Actualizaremos las medidas relativas a la salud laboral mediante la detección de problemas relacionados con el trabajo en el SNS y la promoción de planes de salud en el lugar de trabajo. El cáncer en el medio laboral debe ocupar un espacio de especial atención.
2.2.4.2 Servicios Sociales
169. Propondremos el blindaje en la Constitución del Sistema Público de servicios sociales, como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. Y garantizaremos como derechos fundamentales en la Constitución los derechos sociales básicos de las personas, como los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social.
170. Garantizaremos una cartera mínima de servicios de gestión descentralizada través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales consensuada con las comunidades autónomas.
171. Estableceremos una alianza con el Tercer Sector de Acción Social que fomente la cooperación con la Acción Social Pública para completar el desarrollo de la Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social, trabajar en favor de la consolidación de un sistema de financiación estable de las entidades del Tercer Sector, así como para desarrollar reglamentariamente la Ley del Voluntariado y la Comisión Interministerial para el Voluntariado.
172. Aprobaremos una Ley de Familias que responda a la realidad de las diferentes estructuras familiares y sus necesidades derivadas, entre otras, las familias numerosas, las familias monoparentales (encabezadas en más de un 82% por mujeres), las de partos múltiples y las familias acogedoras, adecuando las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad según tamaño, características y rentas familiares. De esta manera garantizaremos la protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.
173. Apuntalaremos el Sistema de Atención a la Dependencia. Mejoraremos la financiación del sistema de dependencia para reducir en al menos un 75% las listas de espera en los casos más graves en todo el territorio nacional. Se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recuperará el nivel acordado con una financiación finalista, a través de la recuperación de los convenios entre Estado y comunidades autónomas.
174. Derogaremos determinados artículos del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia estén garantizados en nuestro país.
175. Aprobaremos la Estrategia frente a la Soledad no Deseada del IMSERSO y reimpulsaremos el Consejo Estatal de Mayores.
176. Daremos publicidad activa anual de los servicios sociales asumidos por entidades privadas, con el fin de reducir de manera progresiva y continua su externalización.
177. Impulsaremos la adopción de una Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conforme al anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.
178. La pobreza infantil es uno de los problemas más graves que sufre nuestro país. En la pasada legislatura trabajamos en la construcción de una Alianza de País contra la Pobreza Infantil desde el Alto Comisionado para combatir la exclusión económica, educativa, sanitaria y socioemocional a través de acciones trasversales. En esta legislatura, continuaremos implementando un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que constará de 2 pilares:
- 1) la mejora de las prestaciones por hijo a cargo para los hogares en situación de pobreza
- y 2) el desarrollo de un mecanismo de garantía de ingresos para hogares sin ingresos y muy bajos ingresos.
179. Seguiremos avanzando en la puesta en marcha del programa VECA, con el objetivo de garantizar que todos los menores de familias en situación de precariedad o riesgo de exclusión puedan acceder a comedor que les asegure una correcta alimentación durante todo el año y el derecho de los niños al ocio.
180. Crearemos un consejo de participación infantil estatal a imagen y semejanza de los consejos de participación municipales.
181. Reforzaremos los mecanismos de participación de la juventud en los en las instituciones y crearemos un parlamento joven.
2.2.5. Fiscalidad
193. España necesita adaptar su sistema fiscal a las nuevas realidades económicas, y nuestra apuesta es la de una fiscalidad adaptada al siglo XXI, para que aquellos sectores que actualmente no contribuyen, o lo hacen de una forma muy menor, aporten en función de su capacidad real.
- El sistema fiscal es la base del Estado Social. Sin ingresos públicos suficientes no es posible mantener un Estado Social robusto que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para conseguir estos objetivos la fiscalidad debe ser justa y con capacidad recaudatoria suficiente. Sin embargo, estos dos principios se han ido diluyendo en los últimos años por la aplicación de políticas que han reducido la progresividad global del sistema y han mermado su potencial recaudatorio.
- El anterior Ejecutivo puso en marcha medidas de política fiscal de carácter regresivo, favoreciendo la imposición indirecta (subida del IVA que perjudica más a las rentas más bajas, y promoviendo la bajada del tipo nominal en el Impuesto de Sociedades).
- España tiene una proporción de ingresos públicos en relación al PIB del 37,9%, ocho puntos menos que la media de la Eurozona (46,1%), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia.
- En 2017 fue el cuarto país de la eurozona que menos recaudó. En términos de esfuerzo fiscal, nuestro país también se sitúa, con datos del 2017, por debajo de la media de países de nuestro entorno (0,1355 de España frente a 0,1942 de Portugal o 0,1481 de Italia).
- Junto a ello, el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea.
- En concreto, en un 41% del PIB frente al 47% registrado en la Eurozona en 2017, el 56,4% de Francia o el 54,2% de Finlandia.
- Recuperar la progresividad del sistema, haciendo que quienes más capacidad económica tienen contribuyan en mayor medida, seguirá siendo una prioridad para el Gobierno, al igual que la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.
- Hay margen para elevar paulatinamente la recaudación tributaria actuando en distintos niveles: la lucha contra el fraude fiscal, la reducción de la diferencia entre tipos impositivos nominales y reales que se produce en la tributación de las grandes empresas y la incorporación al sistema impositivo de aquellos sectores económicos que se encuentran actualmente infra gravados o que directamente no tributan, como es el caso del sector financiero y la economía digital, respectivamente.
- El objetivo es que quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporta en función su capacidad y recibe en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora, que es la que ha soportado con su esfuerzo los momentos más duros de la crisis.
194. Impulsaremos la aprobación de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
195. Reformaremos la regulación del Impuesto sobre Sociedades, garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
196. Limitaremos las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades.
197. Ejerceremos un mayor control sobre las SICAV, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera.
198. Estableceremos mejoras en la fiscalidad para las PYMES, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.
199. Promoveremos el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo.
200. Revisaremos los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización, en su eficacia, y en la coherencia con las políticas de transición ecológica.
201. Aprobaremos la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y elaboraremos una Estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales.
202. Reforzaremos la normativa tributaria para ser más exigentes con los demás países y asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales. Adicionalmente, se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con los estándares y listas adoptados en el marco internacional.
203. Reduciremos a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular.
204. Añadiremos los responsables solidarios a la lista de morosos de la AEAT y se reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros.
205. Llevaremos a cabo la trasposición de la Directiva Antielusión ATA, que contempla el establecimiento de una norma general anti abuso, un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida.
206. Adoptaremos las reglas aprobadas por la OCDE, con objeto de imponer a los intermediarios fiscales la obligación de remitir información a la administración tributaria sobre las medidas adoptadas por los sujetos obligados que traten de eludir o circunvalar el CRS (estándar de intercambio automático de información), así como suscripción del Acuerdo de Autoridades Competentes cuando se abra para la firma.
207. Impulsaremos los trabajos de la recién creada unidad central de coordinación de las actuaciones de control de contribuyentes con patrimonios relevantes, que tendrá competencias para planificar, seleccionar, establecer criterios y coordinar las actuaciones en todo el territorio.
208. Elaboraremos un estudio para ver la posibilidad de modificar las normas reguladoras de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para incluir en el Fichero de Titularidades Financieras las cuentas abiertas en filiales o sucursales del extranjero de las entidades de crédito.
209. Impuesto sobre el Valor Añadido: reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%.
210. Crearemos el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.
211. Impulsaremos la mejora de la calidad de la regulación y de las políticas públicas mediante el refuerzo de los instrumentos de evaluación. En particular, se reforzará la evaluación del gasto público, con un procedimiento sistemático de análisis y seguimiento de las recomendaciones (spending review).
212. Gobiernos Locales: dentro del catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), ampliaremos la posibilidad que los ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o rehabilitación de viviendas, para lo cual se llevarán a cabo las correspondientes modificaciones normativas.
3.1 Emergencia climática
246. Plantearemos al resto de fuerzas políticas el refuerzo del derecho al medio ambiente contemplado en el artículo 45 de la Constitución, incorporando la consideración de los “límites planetarios” como garantía de un progreso duradero y justo, y definiendo el acceso al agua potable y a la energía como servicios de interés general. Asimismo, promoveremos para su aprobación por el Congreso, una declaración de emergencia climática en nuestro país.
247. Revisaremos, actualizaremos y desarrollaremos el Libro Blanco de la Educación Ambiental con el objetivo de profundizar en los siguientes objetivos:
- Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales locales y globales.
- Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información ambiental.
- Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
- Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socioambientales, en el debate de alternativas y en las tomas de decisión para su resolución. - Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de la vida.
248. Impulsaremos la aprobación de la Ley de Cambio climático y transición energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa. Desarrollaremos las normas necesarias para cumplir con la Estrategia de Pobreza Energética, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Europea, promoviendo el máximo consenso social y político, con el objetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040, en base a un calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares, sin aumento de los precios de la electricidad.
3.2 Transición Ecológica de la Economía
249. Elaboraremos un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas. Introduciremos las modificaciones necesarias para dotar de estabilidad al marco retributivo de la producción de energía eléctrica, a partir de fuentes renovables.
250. Impulsaremos la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas.
251. Completaremos la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con el objetivo de potenciar la competitividad y la eficiencia de las empresas con altos costes energéticos, a través de compensaciones y exenciones de pago a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo.
252. Como elemento del Green New Deal implementaremos un Plan de Vivienda Sostenible (desde el punto de vista energético, ecológico y social) ligada a la Estrategia de Rehabilitación de Edificios a Largo Plazo (horizonte 2050).
253. Elaboraremos una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público. Adoptaremos un nuevo enfoque de la política de infraestructuras, para garantizar el derecho a la movilidad de forma segura y sostenible tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural.
254. Garantizaremos que la gestión del Sector Aéreo sea en interés y beneficio general.
255. Realizaremos las reformas legales para que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan que delimitar zonas de bajas emisiones.
256. Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales.
257. Estableceremos una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar en España nuevas tecnologías de baterías. Apoyaremos el desarrollo del acuerdo del gobierno con el sector de la automoción para facilitar su transformación y potenciación, conforme a las nuevas exigencias de producción de vehículos cada vez menos contaminantes, de forma que dicha actividad pueda seguir realizándose en nuestro país con criterios de sostenibilidad.
258. Se pondrá en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente.
259. Propondremos un Pacto por la Industria, que incluiría una nueva Ley de Industria que permita la adaptación del sector a la globalización, a la transición ecológica y a la transición digital para aprovechar las oportunidades para sectores y subsectores industriales.
260. Elaboraremos un Plan de Desarrollo Industrial con el horizonte 2030 para la transición ecológica y la descarbonización, que permita maximizar las oportunidades, mejorar la competitividad de la industria y crear empleo de calidad y prosperidad, contribuyendo a incrementar la aportación de la industria al PIB.
261. Actuaremos de forma efectiva contra las deslocalizaciones y activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. Además, impulsaremos la recuperación de zonas desindustrializadas en colaboración con los sectores afectados.
262. Promoveremos una fiscalidad medioambiental que nos coloque a la altura de la media de la OCDE, reflejando adecuadamente externalidades, facilitando las decisiones de inversión y gasto coherentes con lo que necesitamos y liberando recursos para acompañar políticas de solidaridad, descarbonización, protección de la salud e innovación.
263. Incorporaremos criterios ambientales en la emisión de bonos verdes a emitir por el Tesoro o por el ICO, vinculando deuda pública a financiación de proyectos de bajas emisiones.
264. Impulsaremos una serie de medidas en el ámbito de las Administraciones Públicas para que, con carácter general, los contratos de obra, las concesiones de obra y los suministros en el sector público recojan criterios medioambientales. También tendrán que incorporar este tipo de criterios las convocatorias de subvenciones. Estos criterios ambientales tendrán en cuenta el impacto de cada producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. Se impulsará la desinversión estatal en combustibles fósiles.
265. Impulsar la aprobación de una Ley de plásticos de un solo uso, como parte de la Estrategia de Economía Circular, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.
266. Elaboraremos un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, para abordar los crecientes impactos sobre la salud de los cambios ambientales consecuencia de la crisis ecológica.
267. Reorientaremos la política del agua para anticipar efectos del cambio climático. Aumentaremos la seguridad hídrica de todas las cuencas, mediante un uso eficiente de las tecnologías disponibles para controlar el consumo y la calidad del agua, gestionar adecuadamente los acuíferos e incrementar los recursos disponibles, con menor dependencia de la evolución de las precipitaciones. Para ello, se buscará un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, que permita alcanzar un Pacto Nacional del Agua.
268. Ampliaremos la red de espacios protegidos, dotando de financiación adecuada las políticas de defensa de la biodiversidad y la gestión de los espacios naturales, con el objetivo de asegurar los medios necesarios y la generación de empleos en el medio rural.
269. Estableceremos un Plan de Acción contra las especies exóticas invasoras que amenazan la biodiversidad.
270. Actualizaremos la Ley de Costas ante la amenaza real que supone el cambio climático, para aumentar la protección y evitar que continúe la actual destrucción de ecosistemas costeros.
271. Respecto a la salud de los océanos, reduciremos el uso del plástico y se impulsará la lucha contra la pesca ilegal, no regulada y no documentada, así como la ampliación de las áreas marinas protegidas y la trazabilidad de los alimentos procedentes del mar, para fomentar la pesca sostenible.
272. Incentivaremos la producción sostenible en el sector agroalimentario, en el contexto del Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). El Gobierno promoverá la reducción del uso de sustancias químicas en la agricultura, así como un mayor control público sobre el consumo del agua. España apoyará el enfoque sobre los “ecoesquemas” en la futura PAC, lo que permitirá a los agricultores, ganaderos y selvicultores realizar la transición hacía formas de producción más sostenibles y compatibles con los objetivos climáticos y medioambientales, manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones. De la misma forma, promoveremos el aprovechamiento sostenible de los pastos ganaderos extensivos, montes en el marco de una estrategia nacional de prevención contra los incendios forestales.
273. Impulsaremos un modelo de producción social y ambientalmente sostenible, en el que se incorporará el estudio de mejoras de las protecciones sociales y se impulsará el cooperativismo agrario en el marco de una política de mejora de la vertebración sectorial orientada hacia la competitividad del sector. En general, nos proponemos avanzar en la regulación de las explotaciones agrarias familiares. También promoveremos el consumo de alimentos producidos con criterios ecológicos y de proximidad y estudiaremos las líneas oportunas de revisión y fortalecimiento de la Ley de la cadena alimentaria para garantizar una remuneración equilibrada a todos los agentes de la cadena y, particularmente, a los productores.
274. Adoptaremos una Estrategia de Turismo Sostenible, con el objetivo de apoyar las iniciativas destinadas a reducir la estacionalidad de la oferta turística y la rehabilitación y regeneración en los destinos turísticos más maduros, promoviendo el atractivo de nuestro patrimonio histórico y natural. Asimismo, incentivaremos el comportamiento responsable de las empresas del sector de la hostelería y la restauración, que pueden contribuir significativamente a reducir la huella ecológica del turismo y a mejorar las condiciones laborales de sus empleados, al tiempo que aumenta la calidad de su oferta.
275. Trabajaremos para que España siga siendo líder mundial en turismo, aprovechando los cambios en la economía mundial y el crecimiento de muchos países donde está surgiendo una nueva demanda turística a nivel mundial, como Asia y el continente africano. Con el objetivo de seguir incrementar los flujos de mercados lejanos, como el asiático, reorientaremos y modernizaremos el sistema de obtención de visados para simplificar sus trámites administrativos, lo cual mejorará nuestra competitividad turística.
276. Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos que, como indica la comunidad científica, son capaces de sentir emociones. Impulsaremos en la UE reformas orientadas al bienestar animal y a evitar su maltrato.
277. Crearemos un Consejo para la Seguridad Ambiental, con la participación de los ministerios responsables de energía y clima, agua y biodiversidad, de agricultura, pesca, alimentación, política forestal y lucha contra los incendios forestales, protección civil, sanidad, ciencia e innovación, así como a los responsables autonómicos de estas materias, y a expertos y ONGs ambientales.
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