ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 27 SEPTIEMBRE CONGRESO

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A MEJORAR LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. 

El señor ROLDÁN MONÉS: Señora presidenta, señorías, voy a aprovechar esta cuarta intervención para hablar de la PNL que ha presentado el Partido Popular, pero quisiera centrarme sobre todo en una cuestión que para nosotros es absolutamente imprescindible, central, que ha sucedido la semana pasada y sobre la que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, otra por nuestra parte y otra por otros grupos que desgraciadamente no se va a aceptar. Se trata de la cuestión de los contratos, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Hace poco más de una semana, el Tribunal de Justicia de la UE dictó tres sentencias que abren la puerta, como digo, a un cambio profundo en nuestro mercado laboral. Es una oportunidad la que nos abre Europa, si me permiten, histórica para que entre todos construyamos un nuevo tiempo de oportunidades y nos acerquemos un poquito más a Europa. 

La sentencia más importante es la del caso de Ana de Diego, una trabajadora interina que llevaba diez años trabajando en el Ministerio de Defensa y que al terminar su contrato no recibió ninguna indemnización. ¿Por qué? Porque la legislación española así lo permitía. Pues bien, Europa nos dice que eso no puede ser. El fallo del tribunal es meridianamente claro. Leo: No podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato distinto. 

Hablando en plata: dos personas que tienen el mismo trabajo no pueden tener derechos distintos. (Aplausos). Eso, señorías, es lo que en Ciudadanos hace mucho tiempo que defendemos y se llama contrato único. Como digo, estas sentencias marcan el fin de una era de fracasos. 

El drama de nuestro mercado laboral no es una maldición que viene de los cielos, es producto de una pésima regulación laboral que promociona el paro y la dualidad. No estamos condenados a tener siempre un 20% de paro estructural; no tenemos por qué seguir siendo los campeones del paro y la precariedad, compitiendo con Polonia en precariedad y con Grecia en paro; no tenemos por qué aceptar que 7 millones de personas estén en permanente precariedad sin poder acceder a la mínima estabilidad laboral. 

Las consecuencias del sistema que tenemos son nefastas y no solo para los propios trabajadores, que son los que más lo sufren, sino también para la economía. No se invierte en el futuro de esos trabajadores, las empresas no invierten en formación y los jóvenes como yo no podemos formar familias porque no podemos aspirar a la estabilidad laboral. Ese es el sistema con el que queremos acabar. Ha llegado el momento de modernizar el mercado laboral y de tener un contrato igual para todos, sin ciudadanos de primera y de segunda. 

Les he de confesar que para los que llevamos tiempo defendiendo el contrato único resulta sorprendente la rapidez con la que algunos —los viejos partidos y los nuevos viejunos— se han venido a sumar a la igualdad de derechos entre los trabajadores, pero estamos muy felices de ver que hay un avance en sus posiciones hacia la buena dirección. El PP ha tenido cuatro años de mayoría absoluta y llevamos ocho por encima del 20% de paro y nueve de cada diez contratos siguen siendo contratos basura. Al PSOE, por su parte, no le vendría mal —veo que no queda aquí casi nadie— librarse un poquito de las servidumbres y, como hicieron en tiempos pasados, ser progresistas y mirar hacia Europa. 

Ha tenido que ser Europa una vez más, junto con Ciudadanos esta vez, la que marque la pauta, como casi siempre, de la modernización de este país. Tenemos que avanzar hacia un sistema en el que el trabajador esté en el centro, en el que la flexibilidad se combine con la seguridad, en el que las políticas activas y de formación funcionen y ofrezcan una esperanza de reintegración en vez de ser fondos de reptiles para los partidos políticos. El contrato único es un enorme avance, pero hay que avanzar en muchas más cosas. 

Debemos avanzar en un complemento salarial para dignificar los salarios de los que tienen menos; debemos avanzar hacia una mochila austriaca para que los trabajadores tengan derechos desde el primer día. En conclusión, señorías, y con esto termino, la sentencia marca un antes y un después en nuestro mercado laboral y es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Por eso, señor portavoz del Partido Popular, no es tiempo de poner parches. Seamos ambiciosos, seamos responsables y miremos hacia Europa. 

Desde Ciudadanos proponemos abrir una mesa de diálogo con los partidos y con los agentes sociales para abordar ese profundo cambio en las relaciones laborales que proponemos; entre todos, pero partiendo de una premisa básica: dos personas haciendo el mismo trabajo deben tener los mismos derechos. Europa nos lo está pidiendo a gritos. 

Como resultado de esto que digo, pido votar la PNL del Partido Popular por puntos, ya que no nos han aceptado nuestra enmienda. Así podríamos apoyar los puntos relativos a políticas activas, lo que habíamos acordado en el acuerdo de investidura —muchas de nuestras iniciativas que nos gustaría votar a favor—, y en relación con su enmienda sobre los contratos nos vamos a abstener porque creemos que es algo poco ambicioso. Muchas gracias. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Roldán. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas. 

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señora presidenta. Señor Echániz, si no fuera tan relevante el tema que nos trae hoy aquí y si no le conociéramos podríamos pensar que esta propuesta del Partido Popular es una broma de mal gusto porque, tras casi cinco años de Gobierno durante los que ustedes han provocado el mayor retroceso de nuestra historia democrática en materia de derechos laborales, en materia de calidad en los empleos, no es serio que nos planteen una iniciativa plagada de expresiones como: seguir trabajando, seguir sumando esfuerzos, seguir avanzando o seguir construyendo entre todos. 

¿Seguir avanzando en qué, señor Echániz? ¿Seguir avanzando en precariedad laboral después de haber logrado ustedes que más de una cuarta parte de los contratos nuevos que se firman no lleguen a la semana de duración? (Aplausos). ¿Seguir avanzando en la devaluación salarial en este país cuando ustedes han logrado que el 50% de nuestros asalariados cobren menos de 900 euros al mes y que 2 millones de nuestros asalariados puedan ser considerados trabajadores pobres? ¿Seguir avanzando en esto? Y hablan también de seguir construyendo juntos. 

¿Entre quiénes, señor Echániz? Ustedes solos han decretado los mayores recortes en derechos laborales de nuestra historia —ustedes solos— contra los grupos parlamentarios esta Cámara, contra los sindicatos, contra los autónomos, contra las recomendaciones de la OIT, del Banco Mundial, del FMI, de todo el mundo. ¿Seguir construyendo juntos entre quiénes y para qué, señor Echániz? 

Su propuesta es ofensiva desde el título, Mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, cuando en los presupuestos de este año, señor Echániz, contamos con 2.143 millones de euros menos para políticas activas de empleo que en 2011; cuando en cinco presupuestos consecutivos ustedes han recortado más de 13.000 millones de euros para políticas activas de empleo y cuando lo primero que hicieron cuando llegaron al Gobierno en 2012 fue provocar el despido de 3.000 orientadores en los servicios públicos de empleo. 

Ofensiva; su propuesta no es solo desacertada, sino ofensiva. Y si la prosa de la motivación es ofensiva, el verso del petitum es un pastiche inaceptable, señor Echániz, lleno de obviedades, inconveniencias y reconocimientos explícitos de fracaso. Una obviedad a estas alturas es hablar de la cartera común de servicios en los servicios públicos de empleo o del portal único de empleo, que ya existen y existen con insuficiencia por sus recortes, señor Echániz. 

Una inconveniencia es insistir en la vía de la privatización de los servicios públicos de empleo porque el deber del Estado es fortalecer el servicio público con calidad y con equidad. Una inconveniencia también es favorecer el negocio de los chiringuitos privados de formación mediante el cheque formativo, cuando el deber del Estado es ofrecer una formación planificada, coherente, de calidad y pegada al modelo productivo por el que apostemos. 

Y un reconocimiento explícito del fracaso de su Gobierno, señor Echániz, es hablar a estas alturas de impulsar la Garantía Juvenil cuando ni una cuarta parte de los parados jóvenes en este país se ha logrado inscribir en ese infierno burocrático informático que han montado ustedes con un dinero precioso de la Unión Europea, que van a tener que devolver. Quieren impulsar ahora el Plan de activación para el empleo. 

La señora ministra nos habló aquí de 450.000 beneficiarios de esos 426 euros; 450.000. ¿Cuántos beneficiarios de verdad hubo el año pasado, señor Echániz? Ni 400.000, ni 300.000, ni 200.000; el año pasado solo 53.000 y este año no llegamos ni a 25.000. Es el reconocimiento de un fracaso estrepitoso, señor Echániz. Y se lo advertimos desde aquí, que fueron ustedes cicateros, muy cicateros con los requisitos de acceso a esta prestación. Ahora nos hablan de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. 

El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que llama a no discriminar a los trabajadores en función de su contrato, no se resuelve con estudios. No hay nada que estudiar, señor Echániz, hay que aplicar la sentencia y reconocer la indemnización a los despedidos interinos. Y tampoco se resuelve con el contrato único precario con despido libre que plantea Ciudadanos; esa no es la salida. 

La sentencia reconoce que hay diferencias entre la contratación temporal y la contratación indefinida, y solo habla de unificar indemnizaciones, señor portavoz de Ciudadanos. La situación dramática del empleo en nuestro país, la explotación laboral en este país no necesita retórica estéril, sino una rectificación en toda regla con la derogación de la reforma laboral y con el diálogo social y político para un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos para los empleados en este país y recupere calidad en los empleos. Eso es lo que le proponemos y lo que queremos llevar adelante. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez. 

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta, señorías. Consolidar la recuperación económica, promover la creación de empleo estable y de calidad y reducir la precariedad laboral son algunas de las preocupaciones fundamentales a las que queremos dar respuesta. Es necesario seguir trabajando para que las políticas activas de empleo sean herramientas más eficaces al servicio de las oportunidades de los desempleados de nuestro país. ¡Telita! Así reza la iniciativa que nos trae hoy a debate el Grupo Popular. 

Hay que tener la cara muy dura, pero muy dura, para decir esto. A pesar del aumento presupuestario del último año —año electoral, por supuesto— el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 39% el presupuesto de las políticas activas de empleo, es decir, 12.000 millones de euros menos. 

El Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, lo que la gente conoce como las oficinas del paro, están siendo reducidas a la mínima expresión para facilitar aún más su privatización. Prueba de ello es que solo el 2% de las personas paradas consiguieron empleo a través de este servicio en el año 2015. 

Por supuesto, también atacaron las llamadas políticas pasivas de empleo, rebajando la cuantía de las prestaciones un 22% en el año 2016 y dejando a casi dos millones de personas, los parados de larga duración, sin recibir ni un duro, cero; ni un duro. Encima, han recortado más en las comunidades autónomas con un PIB por habitante más bajo; es decir, para entendernos, cuanto más pobres, más recortes, y créanme que de esto en Canarias sabemos bastante. Repito lo que dije más arriba, que con estos datos hay que tener la cara muy dura para traer este texto a debate hoy; pero muy dura. 

El terrorífico diagnóstico ya está hecho, pero lo importante son las soluciones. No nos engañemos, la mejor política de empleo es un tejido productivo fuerte y diversificado que pueda generar puestos de trabajo, con una agricultura sana y rentable orientada a la soberanía alimentaria, con una industria potente y de alto valor añadido basado en la investigación y el desarrollo y con un sector servicios, que es el más importante en nuestro país, con derechos laborales y con salarios decentes. Hay tres cosas que podemos hacer como país y que debemos hacerlas ya. 

En primer lugar —perdonen por la voz pero es por el catarro; para los canarios, el clima de Madrid es lo que tiene—, un plan de transición energética y economía productiva que, basado en energías renovables, eficiencia e I+D+i, genera aproximadamente 300.000 empleos, tanto para nuestra gente más formada como para la gente que trabajaba en el sector de la construcción y se ha visto excluida, que se quedaron fuera por el estallido de la burbuja inmobiliaria. 

En segundo lugar, construir un nuevo marco de relaciones laborales derogando y dejando sin efecto las terribles reformas laborales del año 2010 del Partido Socialista y del año 2012 del Partido Popular, reformas que tanto sufrimiento han causado a la gente trabajadora en nuestro país. 

Y, en tercer lugar —esto es importante también—, reducir la cuota de los trabajadores autónomos con criterios de sensatez y de racionalidad económica. Si se ingresa menos del salario mínimo interprofesional, no se paga, y si se ingresa más, se paga en función de lo que se ingresa, como se hace en otros países de Europa. 

Esto aliviaría la soga que tienen al cuello millones de autónomos y permitiría que se contratara más personal y, por tanto, obviamente, que se generara empleo. Esto se puede hacer ya, solo hace falta tener voluntad política y un poquito de vergüenza, que creo yo que no tienen mucha. Volviendo a lo anterior. 

¿Saben lo que realmente se esconde tras esta particular visión de las políticas de empleo? Algo muy macabro, hasta muy sádico diría yo, y profundamente injusto, que es la culpabilización de la persona que está en paro, echar la culpa a la persona que está en paro de su propia situación. Y no, señores del Grupo Popular, la culpa no está ahí fuera, no es una cuestión de vagancia, de capacidades o de falta de preparación. 

Ahí fuera hay mucha gente con ganas de trabajar, que quiere trabajar y no puede, mucha gente preparadísima, formadísima, que se acuesta noche tras noche sin expectativa alguna. Hay mucha gente que se está yendo del país porque aquí es imposible levantar cabeza. No, señores del Grupo Popular, la culpa no está ahí fuera, la culpa está aquí dentro y la tienen ustedes. (Aplausos). 

Sobra decir que vamos a votar en contra de esta infame iniciativa, pero no porque se rían de nosotros, algo a lo que ya estamos acostumbrados, sino porque con ella se están riendo de los casi cuatro millones de personas que están ahora mismo en paro, y eso no se lo vamos a permitir. (Aplausos).

DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A GARANTIZAR QUE LOS SUJETOS PASIVOS BENEFICIADOS POR LA REGULARIZACIÓN FISCAL DEL AÑO 2012 TRIBUTEN EFECTIVAMENTE AL TIPO DEL 10%

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, este año no van bien las cuentas públicas, pero todavía iban peor en el año 2012 y fue en ese caldo de cultivo donde nos encontramos con subidas indiscriminadas de impuestos, con recortes al Estado del bienestar y con unas cosas denominadas regularizaciones fiscales, más y mejor conocidas como amnistías fiscales. 

Recordando a los clásicos, como Platón: la justicia es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y subirle los impuestos —que es lo que se hizo en 2012— a los que ya los pagaban, mientras se perdonaban impuestos a los defraudadores es cualquier cosa menos justicia. Además, ese proceso de amnistía fiscal no solamente fue injusto, fue una enorme chapuza. 

Ese proceso consistió básicamente en la firme y decidida voluntad de ir dándole cada vez más facilidades a los defraudadores; que estos defraudadores, en algunos casos, fuesen cercanos a los partidos que apoyaron esta medida —el Partido Popular en el Gobierno y el partido antes conocido como Convergència— a lo mejor es una casualidad pero, en cualquier caso, no fue justo. 

Como no podemos poner a un inspector de Hacienda detrás de cada español, poner un poco de justicia en el sistema fiscal es la única forma de conseguir cuadrar las cuentas y evitar subidas indiscriminadas de impuestos y recortes en el Estado del bienestar. Como les decía, el proceso de amnistía fiscal fue no solamente un error, sino una chapuza. 

En ese periodo hubo un par de cuestiones que sería importante reseñar: en primer lugar, una orden ministerial que permitía regularizar dinero en efectivo. Como todos ustedes saben —no hace falta ser inspector de Hacienda para saberlo—, el efectivo no es rastreable y, por tanto, el riesgo grave de blanqueo de capitales estaba y está ahí. (Rumores). 

Hay una segunda cuestión y es que la amnistía fiscal no cumplió ninguno de sus objetivos y una de las razones fundamentales es el informe que hoy nos trae aquí, el informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio. (Rumores). 

Como sus señorías seguramente no regularizaron, a lo mejor no tiene tanto interés esta moción para todos ustedes. (Aplausos). Este informe permitía básicamente dos cuestiones: en primer término, establecía que las declaraciones tributarias no fuesen comprobables; es decir, se permitió a los defraudadores hacer lo que les diese la gana literalmente. 

En segundo, este informe establecía también que se tributase muy poco. Se acabó tributando no el 10% que decía el Decreto-ley 12/2012, la norma de la amnistía, no el 10% sobre la cuantía de los bienes aflorados, sino solamente el 10% de las rentas de los últimos cuatro años; es decir, se acabó pagando menos de un 3%. 

Los resultados de la amnistía fiscal fueron un enorme desastre. Como les estamos diciendo, aunque afloraron supuestamente 40.000 millones de euros, solamente se recaudaron 1.193 millones de euros, menos del 3%. Por otra parte, este dinero no volvió a España y esto lo sabemos porque los cálculos se han hecho a base de la declaración de bienes en el extranjero y, por tanto, del dinero que seguía estando fuera cuando más lo necesitábamos. 

La declaración de bienes en el extranjero sí es un acierto del Gobierno del Partido Popular, eso hay que reconocerlo, pero también es cierto que si, a diferencia de lo que hizo por ejemplo el señor Berlusconi, no se obliga a traer el dinero de vuelta cuando se hacen amnistías fiscales, luego el dinero se nos queda fuera. Recientemente el Ministerio de Hacienda ha dicho dos cosas sobre la amnistía fiscal. 

En primer lugar, que los que se acogieron a la amnistía fiscal tienen un 82% más de patrimonio declarado, lo cual está bien. Lo que no dice, y sí dicen los informes de la Agencia Tributaria, es que el rendimiento fiscal que están dando es de 350 millones de euros al año. 

Esto es grave y es particularmente grave por lo siguiente: porque de los 40.000 millones aflorados si hubiesen pagado el 10% que tenían que haber pagado de acuerdo con el decreto-ley, hubiesen dado 4.000 millones y no 1.193 millones. Hay 2.800 millones de euros que los defraudadores no han pagado y que deberían haber pagado a las arcas públicas. Esto al final origina recortes e injusticia. En consecuencia, este informe, ya en la anterior legislatura, se consideró por parte de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas como un informe contrario a derecho. 

Nosotros proponemos aquí, en primer término, que se revisen estas declaraciones que se acogieron a la amnistía fiscal, y es una tarea urgente porque ahora mismo pueden estar prescribiendo. El día 30 de noviembre no va a haber nada que hacer. ¿Por qué? Porque habrán pasado cuatro años desde el final del plazo de declaración y eso para cualquiera que sepa algo de derecho tributario significa prescripción e imposibilidad de ejercer el cobro por parte de la Hacienda Pública. (Rumores). 

Efectivamente, nos encontramos ante un tema urgente. Esos 2.800 millones de euros que debíamos haber recuperado pueden prescribir y prescribirán el día 30 de noviembre y, por eso el Grupo Ciudadanos trae esta proposición, instando a la revisión. ¿Para qué? Para que los defraudadores paguen el 10% efectivo y no el regalo que se les hizo vía el informe de la Dirección General de Tributos, porque antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, incluyendo las grandes empresas que este viernes van a ver subida su tributación en el Consejo de Ministros, hay que exigir la ley, el cumplimiento de toda la ley e incluso de una ley tan vergonzosa como la de la amnistía fiscal a los defraudadores. (Aplausos). 

Para hacerlo es imprescindible —este es el segundo punto que nosotros llevamos en esta proposición no de ley— anular las órdenes internas que hicieron obligatorio el informe de 27 de junio de la Dirección General de Tributos. Hay informes que no se molestan ni en firmarlos, quizá porque no valen ni el papel en el que están escritos, pero que tienen un coste muy gordo para la Hacienda Pública —para todos los que estamos aquí y para los que más han sufrido especialmente—, un coste de 2.800 millones de euros. 

Por tanto, hay que anular estas órdenes internas. En tercer lugar, hay que empezar a inspeccionar, hay que citar a estos contribuyentes que no cumplieron las leyes, que se acogieron a la amnistía fiscal pero no cumplieron las normas, para hacerlo antes del 30 de noviembre. Si estas inspecciones se inician antes del 30 de noviembre, a partir de ahí hay 18 meses para hacerles pagar lo que debían haber pagado desde el inicio. 

Concluyo. Señorías, no solamente necesitamos hasta el último euro que podamos obtener de los defraudadores de la amnistía fiscal, sino que fundamentalmente lo que necesitamos en España es restablecer la confianza en Hacienda y en el Estado de Derecho y permitirles a los inspectores ir a por los defraudadores. No podemos renunciar a la lucha contra el fraude y especialmente cuando, como ocurre en este caso, tenemos a los defraudadores localizados y no han cumplido el decreto-ley de la amnistía fiscal, a pesar de ser una norma tan favorable.

Señorías, creemos que deben votar a favor de esta proposición no de ley porque hay que luchar contra el fraude fiscal y porque renunciar a luchar contra el fraude fiscal y contra la corrupción es empezar a morir. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura García. 

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta. La ley que aprobó la amnistía fiscal es una de las páginas más tristes de la historia de este Parlamento. En el siglo XXI, en un Parlamento moderno y en una sociedad abierta y moderna como la española, un presidente del Gobierno, el señor Rajoy, trajo una ley que es pasarela para que los defraudadores y los delincuentes de cuello blanco se puedan ir de rositas fiscal y penalmente. 

Esa ley es un traje a medida para que determinados dirigentes del Partido Popular se puedan ir de rositas fiscal y penalmente. Por eso les decía hace unos segundos que esa ley es uno de los episodios más tristes de la historia de este Parlamento. En un Parlamento del siglo XXI, en un Parlamento profundamente democrático, se aprobó una ley para proteger a los delincuentes y a los defraudadores de cuello blanco de este país. 

Por tanto, señorías, por supuesto que vamos a apoyar la iniciativa de Ciudadanos, pero nos parece insuficiente. Esa ley, además de ser una pasarela para que se vayan de rositas esos delincuentes y defraudadores declarados, convictos y confesos, fue un expolio al Estado del bienestar. Señorías, las cuentas no hay que hacerlas sobre el 10%, sino sobre el marginal que tenía que pagar cada uno de los defraudadores y, además, con las multas y recargos. 

Por lo bajo, 5.000 millones de euros de expolio al Estado del bienestar. Señorías, les decía que vamos a apoyar la iniciativa de Ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado intensamente y ha atacado la amnistía fiscal por tierra, mar y aire. El Grupo Socialista se ha ido al Tribunal Constitucional. 

El Grupo Parlamentario Socialista se ha ido a la Audiencia Nacional. El Grupo Socialista ha pedido que intervenga el Tribunal de Cuentas. También hemos reprobado al ministro, hemos pedido su dimisión y hemos pedido varias comisiones de investigación en el Parlamento para hablar de la amnistía fiscal y sus consecuencias. 

Les decía que nos parece insuficiente básicamente por dos razones: la amnistía fiscal es uno de los nudos gordianos de la actual situación política. El señor Rajoy, el que trajo aquí ese Real Decreto-ley de amnistía fiscal de 2012, no puede ser presidente del Gobierno de España, señorías. Este es el problema, esta amnistía fiscal tiene que ver con el problema político que tiene nuestro país en este momento, la incapacidad del señor Rajoy de tener una mayoría en este Parlamento; ese es uno de los problemas. 

Señorías, cuando el señor Rajoy escribe a Bárcenas: «Luis lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré» sabe que el señor Bárcenas tiene una fortuna en Suiza y en paraísos fiscales, y además sabe que se ha acogido a una amnistía fiscal que era un traje a medida, como se ha demostrado, para determinados dirigentes del Partido Popular. Porque en nuestro país, señorías, no hay trama de corrupción conocida que no se haya acogido a la amnistía fiscal, no hay trama de corrupción relacionada con el Partido Popular en la que de alguna manera alguno de sus miembros se haya acogido a la amnistía fiscal. 

Por tanto, la amnistía fiscal tiene que ver con el problema político de nuestro país, tiene que ver con el nudo gordiano de la política española. Esta es una de las razones por las que efectivamente el señor Rajoy no consigue una mayoría en el Parlamento; porque en otro país de nuestro entorno el señor Rajoy no sería candidato a presidente del Gobierno. 

Este es el problema, que el señor Rajoy trajo a este Parlamento y en el siglo XXI una ley para que los defraudadores se fueran de rositas, para que los delincuentes y gente de su partido se fuera de rositas fiscal y penalmente. 

La segunda razón por la que al Partido Socialista le parece insuficiente la propuesta de Ciudadanos es que lo que pedimos son cambios legales para conocer exactamente cuántas empresas, qué empresas, qué personas se acogieron a la amnistía fiscal. Eso es lo que queremos saber, porque en nuestro país no va a haber una completa regeneración democrática mientras no conozcamos el nombre de todos esos delincuentes, de todos esos defraudadores, y eso lo puede hacer el Parlamento. 

Esto es lo que pedimos que incluya a Ciudadanos porque, insisto, lo que nos estamos jugando es la credibilidad de las instituciones, nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia, nos estamos jugando la financiación del Estado del bienestar y la credibilidad de los ciudadanos en la Agencia Tributaria. Finalmente, nos estamos jugando que se asuman responsabilidades políticas por tamaña brutalidad contra el Estado del bienestar y contra el Estado de derecho. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).