DEBATE MEDIDAS REDUCCIÓN DÉFICIT PÚBLICO 20 OCTUBRE

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES: — REAL DECRETO-LEY 2/2016, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE INTRODUCEN MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. (Número de expediente 130/000001). 

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión. La presente sesión plenaria incluye como único punto del orden del día la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN FUNCIONES (Montoro Romero): Señora presidenta, señoras y señores diputados, ocupo la tribuna en primer lugar haciendo uso de las atribuciones que me concede nuestra Constitución y nuestra vigente Ley del Gobierno para explicar el contenido de una medida adoptada recientemente por el Consejo de Ministros, que se refiere a la aprobación del Real Decreto-ley 2/2016, y para solicitar el refrendo de la Cámara a este decreto-ley. 

Se trata de una actuación relativa al pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, que en unos breves minutos de intervención quiero situar en su contexto. En primer lugar, quiero decirles que España está creciendo y, lo que es más importante, ese crecimiento económico se está yendo a nueva creación de empleo. Hace muy pocos días en su asamblea general el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que el crecimiento económico de España en el año 2016 sería del 3,1%. 

Somos un país al que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que va a crecer mucho más de lo pronosticado. También estamos creciendo ya más de lo pronosticado por el propio Gobierno de España y esto significa que en este ejercicio se van a crear en España más de 500.000 puestos de trabajo, 500.000 empleos nuevos. 

Esto es realmente lo que necesita la sociedad española para dar cumplido término a una crisis económica cuya peor vertiente ha sido la destrucción de puestos de trabajo y, por tanto, la creación de la desigualad inherente a esa destrucción de puestos de trabajo y esa pérdida de esperanza en buena parte de nuestra sociedad, también en nuestros jóvenes, y no solo en relación con su futuro sino también con su presente. 

Afortunadamente, ya estamos creciendo y creando empleo en nuestro país. Estamos a la cabeza del crecimiento en Europa, doblamos el crecimiento de la media de la Unión Europea, y crecemos el doble de lo que crecen grandes países, como puede ser el caso de Estados Unidos, la primera economía mundial. 

Esto es lo que ya estamos experimentando. Por tanto, vale la pena que nos preguntemos por qué crece España de esa manera. Porque España hace uso legítimo, para favorecer su crecimiento económico y su creación de empleo, de las políticas de impulso, que debo decir que son generales, para prácticamente todo el mundo desarrollado y, especialmente, en el ámbito de la Unión Europea. 

Son esos que se han llamado vientos de cola, que soplan para todo el mundo, pero que en España permiten, por las políticas económicas, que se duplique nuestra velocidad de crecimiento y se traduzca en una de las más importantes creaciones de empleo que ha vivido nunca la economía de nuestro país. 

Crear más de 500.000 empleos en un solo año nos devuelve a nuestras mejores etapas de crecimiento económico, de prosperidad. Por tanto, también tenemos que preguntarnos y que indagar por qué estamos creciendo de esa manera. 

Estamos creciendo por dos causas. En primer lugar, porque en la X Legislatura hicimos reformas estructurales profundas en nuestro país. Hicimos la reforma del mercado de trabajo, de las relaciones laborales en España. Hicimos la reforma del saneamiento del sector bancario. Hicimos reformas clave para favorecer la oferta de energía en España. 

Hicimos reformas en el ámbito de la Administración pública, con las que conseguimos corregir el déficit, ciertamente muy alto, que registrábamos en el año 2011 y que hoy ya está situado a la mitad de aquel baremo. Ahora podemos decir, por tanto, que estamos haciendo en nuestro país el mix de políticas económicas, el mix de política presupuestaria y de política monetaria que está favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo en España. 

Por eso, la economía española crece más que las grandes economías europeas, porque en España estamos haciendo un mix de política económica basado en las reformas estructurales que nos está permitiendo, siendo como somos un país de emprendedores, ese crecimiento económico, pero sobre todo —insisto— la creación de empleo. 

En ese contexto, el Gobierno ha aprobado un real decreto-ley concerniente a completar los ingresos tributarios programados en el presupuesto del Estado para el año 2016. En ese ejercicio lo que hicimos fue alterar, modificar el sistema de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades para todas las empresas, pero especialmente para las empresas que más facturan, a partir de 10 millones de euros. 

Eso es lo que vamos a corregir con este real decreto-ley, algo que se produjo —insisto— desde comienzo del ejercicio, pero que no altera el espíritu y el ánimo de las reformas tributarias que impulsamos en la X Legislatura, reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, reforma del impuesto sobre sociedades. 

Estas dos reformas han permitido que inyectemos en la economía de las familias, de las personas físicas y de las empresas 9.000 millones de euros en nuestro país. Esa bajada de impuestos es uno de los motores fundamentales del crecimiento económico, además de que hemos incidido en la naturaleza de esos grandes impuestos. 

En concreto hoy tenemos un impuesto sobre sociedades vigente en España con un tipo nominal del 25% que favorece e incentiva la capitalización de las empresas, favorece e incentiva las políticas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y favorece e incentiva, en suma, la competitividad de nuestras empresas. 

El real decreto-ley que hoy proponemos a la Cámara modifica el régimen de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, devolviéndolo a parámetros parecidos a los que aplicamos en la X Legislatura, donde ya en el año 2012 conseguimos recaudar más de 4.000 millones de euros sobre la recaudación del año 2011 procedentes de las grandes empresas de España. 

Insisto en esta cifra, más de 4.000 millones de euros, año 2012 sobre año 2011, año de caída de actividad económica, por tanto año de empequeñecimiento de los beneficios empresariales. Pero era importante que pidiéramos un esfuerzo fiscal a los grandes contribuyentes en España. 

Así lo hicimos cambiando la normativa del impuesto sobre sociedades y el sistema de pagos fraccionados. Lo que traemos hoy aquí es la recuperación del sistema de pagos fraccionados, advirtiendo que no cambiamos nada la naturaleza del impuesto sobre sociedades, advirtiendo que no estamos proponiendo en modo alguno subida de impuestos, porque no es eso lo que necesitamos en España, en absoluto, para crecer y crear empleo, como se está demostrando ya en este ejercicio 2016 y en el ejercicio anterior 2015, e incluso ya lo empezamos a registrar en el año 2014. 

No se trata de promover esta mañana ante la Cámara ninguna subida de impuestos. Sí es modificar el pago fraccionado para aquellos contribuyentes y aquellas empresas que facturan en nuestro país más de 10 millones de euros, que viene a ser un colectivo de unas nueve mil empresas, muy importantes en nuestra actividad económica, cruciales a la hora de impulsar nuestro crecimiento económico y nuestra creación de empleo, pero que suponen un número no demasiado alto cuando lo comparamos con los tres millones de autónomos y de pequeñas y medianas empresas que hay en España. 

Por tanto, vamos a pedir un esfuerzo en el pago fraccionado, que se materializa en el día de hoy, a grandes contribuyentes, y lo hacemos convencidos —insisto— de que no vamos a empeorar la fiscalidad de nadie, mucho menos de pequeños y medianos autónomos, a los que no afecta para nada, pero tampoco pretendemos empeorar la fiscalidad de las medianas y grandes empresas de nuestro país. 

Estamos reclamando un pago fraccionado superior que en el caso que fuere daría origen a una devolución el año que viene, cuando se presente la liquidación definitiva, pero tengo que insistir en que el procedimiento que estamos proponiendo en este decreto-ley debe permanecer también durante el año siguiente, no debe ser algo perentorio, perecedero, a corto plazo, sino que debe permanecer en nuestro país al menos hasta que el conjunto del déficit público quede por debajo del 3% y España salga de esa vigilancia, de esa supervisión reforzada en la que estamos por parte de las instituciones europeas, más en concreto de la Comisión Europea. 

Hasta ese horizonte que esperamos no sea muy lejano, lo que estamos proponiendo es el establecimiento de unos ingresos tributarios que necesitamos a corto plazo, que necesitamos para completar los ingresos tributarios en el ejercicio actual y que llevaría la recaudación del impuesto sobre sociedades en este año, en 2016, al entorno de 21.000 millones de euros, que es una cifra similar a la que ya hemos sido capaces de ingresar en los ejercicios anteriores —años 2015 y 2014— y que se reproduciría en unos términos similares —depende, obviamente, porque no se puede precisar esa cuantía—, quedando garantizados para el ejercicio 2017. 

De esta forma, lo que hacemos al confirmar que tenemos este ingreso tributario añadido sobre lo que ya estaba ocurriendo en la evolución de los ingresos tributarios de este ejercicio es que el objetivo de la senda de déficit que hemos establecido dentro de las instituciones europeas para el conjunto de las administraciones públicas de España —el 4,6% de este ejercicio— se pueda conseguir. Conseguiremos que en ese 4,6% —y aspiramos a ello— también se incluyan las ayudas financieras. 

El establecimiento de este pago fraccionado, que, como ustedes conocen por el texto del decreto-ley, se refiere a aplicar el 23% sobre el resultado contable de estas empresas, acercando —este argumento también es importante— el tipo aplicado a la retención al tipo nominal del impuesto. Precisamente este acercamiento es también causa de lo que ya hemos aprobado esta mañana en la Cámara. 

Quiero agradecer también, en nombre del Gobierno, el resultado de estas votaciones porque, además de la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria —que, como se ha expuesto suficientemente en este debate, es fundamental a efectos de la fijación de los déficits de nuestras comunidades autónomas para el ejercicio 2016 y también para 2017—, se ha aprobado una enmienda fundamental que afecta al régimen de pagos fraccionados correspondientes a los regímenes económicos fiscales especiales vigentes en Canarias y en Ceuta y en Melilla. 

Por tanto, esa adecuación ya ha sido aprobada por la Cámara y mis palabras no pueden ser otras en relación con el agradecimiento y la valoración que hacemos desde el Gobierno en cuanto a la sensibilidad que se incorpora por parte de los grupos políticos de esta Cámara sobre las diferencias fiscales características de nuestro país, donde habilitamos una convivencia entre haciendas fundamentalmente diferentes. 

Acabo, quería ser no muy prolijo en la explicación. En definitiva, insisto en la idea de que se trata de recabar unos recursos tributarios que precisamente al ir a cubrir una financiación suficiente de nuestro objetivo de déficit público vendrán a confirmar la fortaleza de nuestra recuperación económica y de nuestra creación de empleo. 

Las cifras son las que se contienen en el decreto-ley y las que he podido añadir en esta no extensa explicación sobre los objetivos de recaudación que pretendemos con esta medida, pero, sobre todo —insisto—, es una medida que en un momento en el que hay abundante liquidez en nuestro sistema financiero, en nuestro sistema económico estamos convencidos de que no va a perturbar esencialmente el funcionamiento de nuestras empresas. 

Es necesario adoptarla por esta vía de urgencia para completar los ingresos tributarios y viene, en suma, a fortalecer la recuperación económica que tanto necesitamos los españoles, sobre todo cuando esa recuperación económica se está trasladando con tanta fidelidad a nuevas oportunidades de empleo, garantizando que en poco tiempo España pueda aspirar a recobrar los niveles de ocupación, de empleo, que teníamos a comienzo de la crisis, en el año 2007. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.  Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, señor Montoro, llega un día en que nos alcanzan siempre las consecuencias de nuestros actos. Los presupuestos que se aprobaron para 2016 contenían unas estimaciones de ingresos completamente irreales, unas estimaciones de ingresos de fantasía, y cuando eso ocurre, llega un día en que también se pagan las consecuencias, y es que la gestión económica, entre comillas fantástica, del Partido Popular queda completamente en evidencia.

Miren, los presupuestos de este año debían cumplir un déficit del 2,8% y eso que usted mismo ha reconocido que las empresas y los particulares en España sí han hecho sus deberes: los ingresos tributarios debían aumentar y gastos como las prestaciones por desempleo debían disminuir. Pues ahora nos enfrentamos a un decreto-ley de emergencia, no para cumplir un 2,8%, sino para no acabar en un 5,4% de déficit. 

Es decir, el desfase es de 25.000 millones de euros y esto se veía venir porque algunos, en público y en privado, se lo advertimos desde el año pasado. En fin, las estimaciones de ingresos que han tenido en esta Cámara son tan absolutamente increíbles como creerse que cuando se tenían 100.000 millones de euros de ingresos de cotizaciones de la Seguridad Social el año pasado, por ejemplo, señora Báñez, pensar que este año íbamos a recaudar 117.000 millones de euros; evidentemente no los vamos a recaudar y por tanto dejamos aquí un agujero. 

Algo parecido se puede decir de la estimación de ingresos del IRPF o de la de los impuestos especiales; sin embargo, con todo, la palma se la lleva el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades que el Partido Popular ha reformado y que ha logrado un auténtico éxito. Ha logrado que las empresas estén ganando más dinero que nunca y paguen menos que nunca. 

En el primer trimestre, según datos oficiales de la Agencia Tributaria, las empresas ganaron 74.620 millones euros, es el dato más elevado de la serie histórica, y pagaron menos que nunca, pagaron solamente un 4,7% el global de las empresas. Además, esto no se repartió de forma igual, es decir, los grandes grupos consolidados ganaron un 16,5% más y pagaron un 63% menos. 

Al final esto dará lugar a más recortes en el futuro —ese es el papel, el draft presupuestario que han enviado a Bruselas—, e incluso ha dado lugar a recortes este mismo año: hay un cierre contable, no se admiten más facturas debido a su incapacidad de cobrar una tasa mínimamente razonable a las grandes empresas. 

En esto siguen la tónica del Partido Socialista, que aprobó beneficios fiscales como la libertad de amortización sin mantenimiento del empleo. El impuesto sobre sociedades que ustedes aprobaron pretendía incrementar un 20% su recaudación este año, obtener 25.000 millones frente a los 21.000 del año pasado, y eso es imposible hacerlo bajando impuestos, mucho más bajando impuestos sin control, provocando unos agujeros tremendos a las grandes empresas. 

Permítanme un par de ejemplos: por una parte, Señor Montoro, a día de hoy, con su nueva redacción del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando hablamos de agujeros, las grandes empresas cuando venden una filial no pagan nada de plusvalías, queda exento; así es imposible recaudar. Incluso en su reforma, señor Montoro, dio usted un crédito, bueno, una deducción adicional para compensar a las empresas por el tremendo perjuicio de bajarles los impuestos. 

Esto es lo que recogen ustedes, por ejemplo, en su disposición transitoria treinta y siete. Si uno hace todo este tipo de cosas, el resultado es el que es, un auténtico éxito: conseguir derrumbar la recaudación del impuesto sobre sociedades cuando las empresas ganan más dinero que nunca. Por otra parte, es que además esto se veía venir. 

Con el pago fraccionado del primer trimestre se recaudó la mitad del año pasado, es decir, estaba muy claro que no se iban a cumplir en absoluto los objetivos recaudatorios. No sé si esto es bueno o malo, como se decía, para la competitividad, pero en fin, uno normalmente pretende que un impuesto recaude y si no se es capaz de recaudar a los que más capacidad económica tienen, que son las grandes empresas, al final otros lo acaban pagando. 

Un inciso, ya que no estaba aquí el otro día, aunque sí votó a favor, antes de exigirle el primer euro adicional a los que ya están pagando, aunque estén pagando poco como puede ser el caso de las grandes empresas, nosotros creemos, y de hecho incluso usted lo votó en este Parlamento, que deberían exigir que los defraudadores, los defraudadores de la amnistía fiscal, pagasen y cumpliesen la ley que decía que tenían que pagar un 10% y no solamente un 3% como pagaron. Esto prescribe el 30 de noviembre y deberían ponerse manos a la obra. (Aplausos). 

Efectivamente, la situación fiscal en España es problemática y este decreto-ley es imprescindible. Lo que sí que es muy criticable —se lo hemos transmitido a algún compañero suyo de gabinete, aunque no sé si tal y como se llevan se lo habrá transmitido a usted, pero también esto lo hemos publicado en el periódico— es que esto era inevitable y que desde hace meses se veía venir que no quedaba más remedio que exigir un pago anticipado mayor porque ustedes no solamente habían quitado el pago fraccionado sobre el resultado contable, sino que también habían hecho otra cosa y es que con diversos agujeros —alguno se lo he contado aquí— habían derrumbado la capacidad recaudatoria del impuesto sobre sociedades. 

Han esperado hasta el último minuto para aprobar el endurecimiento del impuesto sobre sociedades y voy a ser preciso porque esto entraba en vigor el 1 de octubre, estaba aprobado el 30 septiembre y publicado a las 21:00 horas. No sé por qué no se pudieron esperar hasta las doce menos cinco, ya puestos, porque, total, solamente estaban pidiendo 8.000 millones a las empresas que se consiguen en

un rato. 

Incluso cuando pensábamos que esta improvisación era difícilmente superable, nos hemos encontrado con que se habían olvidado de las empresas canarias y de las de Ceuta y Melilla, y como estas empresas tienen una serie de beneficios fiscales que, efectivamente, vienen a compensar la lejanía y las dificultades especiales para operar en estos territorios, había que modificar ese decreto-ley. Esto se ha hecho anteayer. 

No digo que no hayan aprendido porque es que la última vez que llevaron pagos fraccionados a esta Cámara en el año 2012, este endurecimiento, exigieron y metieron dentro del saco de grandes empresas que tenían que pagar a Cáritas y Manos Unidas. Luego lo tuvieron que corregir. Esta vez han aprendido y solamente se han dejado fuera a las empresas canarias. En unos años esperamos que sean capaces de hacer un decreto-ley con menos chapuzas y que no nos veamos obligados a aprobarlo todo el último día. (Aplausos). 

Le adelanto que nuestro grupo va a apoyar la convalidación de este decreto-ley porque no queda más remedio, pero nos preocupa una cuestión fundamental de todas las que usted ha dicho y es la siguiente: Si en este año se exigen 8.000 millones por anticipado, aunque se mantengan el año que viene el efecto será más 8.000 millones este año, 8.000 millones que se devuelven y se vuelven a exigir por adelantado, es decir, cero el año que viene. 

Si este año hemos obtenido 13.000 millones, el año que viene no vamos a obtener más de 16.000 o 17.000 millones. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Montoro Romero, hace signos negativos). 

Usted dice que no es así, pero, en fin, son matemáticas elementales y, desde luego, sus previsiones de ingresos, permítame, no siempre han acertado mucho. En cualquier caso, nos parece preocupante porque si las grandes y muy grandes empresas no pagan una tasa efectiva mínima, al final vamos a acabar teniendo que pagar los demás o se van a incumplir sistemáticamente los objetivos de déficit. 

En resumen, en España hemos visto en este año 2016 cómo los presupuestos estaban completamente fuera de la realidad y nos acabamos enfrentando a medidas de emergencia para evitarnos una multa de 6.000 millones de euros. Hemos visto cómo la reforma del impuesto sobre sociedades ha sido desastre. 

Hemos visto también cómo hay que hacer cambios en el último minuto. Efectivamente no queda más remedio que votar a favor porque la otra alternativa es una multa de más de 6.000 millones de euros y poner en riesgo la credibilidad de las finanzas públicas. 

Pero a nosotros nos parece que estas no son formas de hacer las cosas. Ni son formas de hacer las cosas los planteamientos más a la izquierda que pretenden obviar absolutamente la estabilidad presupuestaria, lo cual supone a medio plazo poner en riesgo el Estado social, ni son tampoco planteamientos aceptables los de ustedes de dejarlo todo para el último minuto y obligar finalmente a pedir adelantos a las grandes empresas. 

España necesita una gestión más responsable y necesita también, señor Montoro, un impuesto sobre sociedades que recaude una cuantía mínima aceptable. Y necesita seguridad jurídica y no hacer todos los cambios en el último minuto. No obstante todo esto, votaremos a favor. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, lo que nos trae aquí en estos momentos no es más que una rectificación parcial, señor ministro, de una decisión errónea, de una decisión electoralista, como lo fue la reforma del impuesto de sociedades que aprobó el PP en 2014. 

Fue una reforma que rebajó los impuestos que pagan las grandes corporaciones en España, mientras no afrontaba graves problemas como por ejemplo la necesidad de someter a tributación los beneficios derivados a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza, pero que contribuyó, junto con la reforma del IRPF, que favorece fundamentalmente a las rentas altas, a que se incumpliera el objetivo de déficit de 2015. Y no podrá decir, señor ministro, que no estaba usted avisado. 

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional le advirtieron de que esta reforma fiscal, la que hicieron en 2014, ponía en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit, y que a continuación podrían llegar las sanciones, la exigencia de nuevos recortes o el bloqueo de fondos europeos. Pero ustedes estaban a lo suyo, estaban entregados a la campaña electoral que iniciaron en verano de 2015, cuando trajeron aquí los Presupuestos Generales del Estado. 

El Gobierno del que usted forma parte, señor Montoro, no se conformó con quedarse la mayor parte del objetivo de déficit, dejando a las comunidades autónomas con una proporción de ese objetivo inferior a su participación en el gasto, porque había que hacer hueco en los objetivos de déficit a la reforma fiscal para rentas altas y grandes corporaciones. 

No se conformaron ustedes con eso. Además se inventaron las previsiones de ingresos y generaron un agujero que ha convertido sus presupuestos en inservibles, y que les obligó a cerrarlos cuando solo habían transcurrido siete meses desde su entrada en vigor; por cierto, sin ofrecer a esta Cámara ni la más mínima explicación sobre las consecuencias del cierre, el alcance del mismo o las partidas afectadas. 

Me gustaría preguntarle alguna vez si conoceremos el detalle de las partidas de gasto afectadas, si sabremos qué gastos concretos, qué gastos específicos se han demorado o se han suprimido por el cierre presupuestario o si se perderán todas las explicaciones en el agujero negro del Gobierno en funciones. En el plan presupuestario que ustedes enviaron hace tan solo unos días a Bruselas dicen que sobre los presupuestos de este año han adoptado un acuerdo de no disponibilidad de créditos que asciende a 2.000 millones de euros. 

Dicen que el cierre anticipado de esos presupuestos genera una rebaja de gasto de alrededor de 1.000 millones de euros, y añaden que el cambio en los pagos fraccionados en el impuesto de sociedades alcanza los 8.300 millones de euros. Pues 2.000 más 1.000 más 8.300, en total 11.300 millones de euros de medidas aplicadas sobre los presupuestos de este año. Estas son las medidas que han tenido ustedes que adoptar sobre esos presupuestos para alcanzar el objetivo de déficit, que ¡ojo!, no es el objetivo de déficit que estaba en los presupuestos. 

Como ya se ha dicho aquí antes usted trajo a esta Cámara unos presupuestos donde la suma del objetivo de déficit de la Administración central y de la Seguridad Social estaba en el 2,5%, y en el avance de liquidación del presupuesto de este año que aparece en la página 21 del plan presupuestario que han remitido a Bruselas hablan ustedes de un total, Administración central y Seguridad Social, del 4,3%. 

Es decir, está usted pronosticando un déficit que supera en más de 18.000 millones de euros el que está en los presupuestos de 2016, y todo esto después del acuerdo de no disponibilidad, después del cierre anticipado del presupuesto y después del aumento de pagos fraccionados, que como digo son más de 11.000 millones de euros. De manera que, señor Montoro, ¿cuál era el verdadero déficit de las cuentas públicas que trajo usted aquí como prólogo de la campaña electoral? Con toda seguridad —se ha dado antes una estimación, coincido con ella— no bajaba del 5,4% del PIB, que es más del doble de la cifra que aparecía en esos presupuestos. 

Y ¡ojo!, todo esto con la economía creciendo al 3%. Tenemos la economía creciendo al 3%, una economía que crece, pero en la que el déficit de la Seguridad Social no se reduce. Algo tendrá que ver esa reforma laboral, que crea contratos precarios, que crea salarios bajos, y que provoca que el empleo no esté reduciendo los ingresos de la Seguridad Social y que no esté siendo suficiente para rebajar el desequilibrio de nuestro sistema de pensiones, por cierto, un desequilibrio del sistema de pensiones, señora Báñez, que todavía sería mayor si no se hubieran ustedes encontrado esa hucha de 67.000 millones de euros en el sistema público de pensiones, y con la que ustedes han podido pagar en estos cinco años dos de cada catorce pagas a las que tienen derecho los pensionistas en España, una hucha que lamentablemente se está acabando sin que ustedes hayan hecho nada para evitarlo. 

Una economía por tanto que crece, sí, pero en vez de aprovecharlo para recuperar derechos y para reparar daños, ustedes decidieron que la recuperación sirviera para hacer un regalo fiscal a las grandes corporaciones y poner los Presupuestos Generales del Estado al servicio de los intereses electorales del Partido Popular. 

¿Para qué han servido, señor ministro, todos los sacrificios que han exigido ustedes a la inmensa mayoría de los españoles y las españolas en estos años? ¿No iban a servir para equilibrar las cuentas públicas? ¿No iban a servir para rebajar sustancialmente el nivel de deuda pública —eso nos dijeron—? Los copagos, la subida del IVA, los aumentos de tasas, los recortes en servicios sociales, en educación, en sanidad, en dependencia, en políticas activas de empleo, los recortes en las prestaciones por desempleo, todos los demás sacrificios que han impuesto a la ciudadanía al final ni siquiera han servido para alcanzar las metas que ustedes mismos se habían impuesto en materia presupuestaria. 

Han acabado incumpliendo el objetivo de déficit, han producido el mayor nivel de deuda pública en un siglo, se han quedado sin presupuestos cuando quedaban todavía cinco meses para cerrar el ejercicio, nos han expuesto al riesgo de una sanción, nos han expuesto al riesgo de la pérdida de fondos europeos, y acaban legando al próximo Gobierno un ajuste presupuestario que solo en 2017 será como mínimo de 5.500 millones de euros. 

Y aún decía usted, señor Montoro, a principios de junio, poco antes de las últimas elecciones generales, que había margen en las cuentas públicas para continuar rebajando el IRPF el año que viene. Lo que nos trae usted aquí, señor ministro, no es más que un simple parche —además un parche defectuoso, porque se olvidaron ustedes de la situación de Canarias, Ceuta y Melilla—, un parche defectuoso de una política fiscal confusa, errática y fracasada. 

Es solo un parche, porque lo que habría exigido la situación de nuestras cuentas públicas era una reforma en profundidad del impuesto sobre sociedades, que el Partido Popular no quiso hacer cuando tenía mayoría para ello. Una amplia reforma que ensanche las bases imponibles, que revise las múltiples exenciones y bonificaciones que tiene este impuesto y que establezca una tributación mínima sobre el resultado contable de las grandes empresas mientras se hace la gran reforma que necesita el impuesto sobre sociedades. 

Con este real decreto se mantiene la rebaja de la tributación efectiva que ustedes introdujeron en el año 2014, y no cambia nada  en la asimetría que hay entre las grandes corporaciones y las empresas de menores dimensiones que acaban pagando tipos efectivos más elevados que las grandes corporaciones. 

Señor ministro, la fórmula que está planteando su Gobierno no es más que un mero adelanto de caja, que aunque se establezca de forma permanente, solo producirá un incremento de ingresos significativo en el primer ejercicio, ¿verdad?, porque en los restantes periodos el adelanto será más o menos compensado por la liquidación negativa del año anterior. Si alguna vez llegara a suprimirse de hecho este aumento del pago fraccionado sin aumentar sustancialmente la tributación efectiva, lo que tendríamos ese año sería un descenso en la recaudación del ejercicio en que se suprimiría el aumento del pago fraccionado. 

Sin embargo en el Grupo Socialista nos tememos que si esta norma no se convalida las consecuencias pueden ser aún peores que las de permitir que se apruebe. Nos parece que es urgente evitar que el reiterado incumplimiento del objetivo de déficit por parte del Gobierno, sus rebajas fiscales injustas y sus maniobras electoralistas se traduzcan en más dificultades para la inmensa mayoría de la ciudadanía. 

No hemos de vernos abocados otra vez al riesgo de una sanción; tenemos que impedir el bloqueo de centenares de millones de euros en fondos europeos. Por todos estos motivos, señorías, y porque lo que se plantea no es más que un anticipo de la recaudación que al final se concentra en las grandes empresas y en las entidades bancarias, que son las principales beneficiarias de la rebaja de los costes financieros en los últimos años, vamos a apoyar la convalidación de la norma que propone el Gobierno. 

Pero no nos engañemos, señor Montoro, seamos conscientes de que este decreto-ley no solventa ningún problema. Sigue pendiente esa reforma en profundidad del impuesto sobre sociedades, y le puedo asegurar que el Grupo Socialista va a continuar exigiendo esa reforma en esta Cámara. Muchas gracias. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de Moya Romero.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la convalidación del Real Decreto-ley 2/2016, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, anunciando ya en nombre de mi grupo nuestro voto favorable a la convalidación de dicho real decreto-ley. 

Señora ministra de Empleo, señora Báñez, ha sido aludida en más de una ocasión a lo largo de este debate. Permítame ponerle de manifiesto, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, sin lugar a dudas, el orgullo que sí nos representa y supone la reforma del mercado laboral que ha llevado a cabo el Gobierno de España, y que ha permitido recuperar, nada más y nada menos, que millón y medio de empleos que los socialistas además destruyeron durante la crisis económica en la nación española. (Aplausos). 

Por cierto, señores del Partido Socialista, cuando hablen de la hucha de las pensiones vean cómo la administraron ustedes, porque probablemente porque no vieron venir la crisis económica, porque se perdieron muchos cotizantes a la Seguridad Social, este Gobierno ha dado el uso y la finalidad para la que nació la hucha de pensiones, que ha sido para garantizar, nada más y nada menos, que las pensiones de nuestros mayores. (Rumores). Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Permítanme en torno al ámbito del real decreto-ley cinco consideraciones previas. 

En primer lugar, el cumplimiento de los objetivos comunitarios a nivel presupuestario, y en particular la reducción del déficit público, constituyen uno de los principales objetivos que vienen fundamentando la adopción de medidas de política económica, presupuestaria y de gasto público por el presidente Rajoy y por el Gobierno de España. 

En segundo lugar, el debate que hoy nos trae en torno a este real decreto-ley es que el objetivo de déficit público fijado por las autoridades comunitarias, a través de la Decisión de la Unión Europea 2016/1222 del Consejo de la Unión Europea, requiere a España la adopción de medidas extraordinarias para el cumplimiento del objetivo de déficit, fijado en el presente ejercicio presupuestario en el 4,6 del PIB. 

En tercer lugar, el Grupo Parlamentario Popular entiende que en este contexto el Gobierno necesariamente ha de realizar un incremento de los recursos desde el punto de vista tributario para recabar el esfuerzo de las grandes empresas. Y aquí me ha extrañado la intervención de Podemos. Señorías, el artículo 31 de la Constitución española, que define los principios de justicia material del tributo, dice textualmente: 

Todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. 

Cómo es posible que el diputado de Podemos se suba a esta tribuna a decir que la convalidación de este decreto-ley atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra los elementos esenciales del tributo, cuando precisamente se respeta de manera escrupulosa los principios de justicia material del tributo en el ámbito de la Constitución española. 

En cuarto lugar, se introducen modificaciones vinculadas al régimen legal de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, que podrán ser objeto de revisión en el futuro en función de cuál sea la evolución de los ingresos tributarios del Estado. 

En quinto lugar, señorías, este real decreto-ley cumple con el presupuesto de hecho habilitante del artículo 86 de la Constitución española, de la extraordinaria y urgente necesidad para la adopción de medidas legislativas provisionales vinculadas a la consecución del objetivo de déficit público. Señorías, adelantar pagos no es subir impuestos. 

Señorías, fraccionar el pago no es subir impuestos. Se trata de recuperar una disposición que aplicamos en el año 2013, prorrogada en los años 2014 y 2015, por la cual las grandes empresas realizan la fórmula de pago fraccionado, que precisamente proponemos en el ámbito de la imposición personal y directa en el gravamen de la renta de las personas jurídicas vinculada al impuesto sobre sociedades, para articular una recaudación homogénea, sin tocar en ningún momento los tipos efectivos ni los tipos de gravamen. 

Es más, con esta medida estamos homogeneizando los ingresos tributarios que corresponden al ámbito de la estructura del impuesto sobre sociedades. Señorías, conviene resaltar algo que nadie ha dicho. Las grandes empresas realizan provisiones de gasto en el ámbito de sus resultados cuando tienen sus balances, con carácter trimestral y mensual, por lo tanto lo que estamos haciendo es un adelanto en el cumplimiento de la obligación tributaria vinculada a la propia naturaleza del impuesto. Ha habido una intervención vinculada al ámbito de Cataluña. 

A los diputados de Cataluña les pido que cuando intervengan tengan la honestidad política de reconocer que el Gobierno de España ha sido el principal aliado de Cataluña. Señorías, Cataluña, financiación autonómica vigente en el presente ejercicio presupuestario, un incremento del 12,1%, pasando de 15.362 millones de euros a 17.225 millones de euros. Cataluña, medidas de liquidez puestas en marcha por el Gobierno de España, por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, desde el año 2012 58.814 millones de euros; Cataluña se ha llevado el 28,9%, casi el 30% del conjunto de los mecanismos de liquidez que desde el punto de vista tributario y financiero se han puesto en marcha por parte del Gobierno de España. 

Quiero ponerles de manifiesto que sí nos sentimos orgullosos de la política que ha desarrollado el Gobierno de España en materia tributaria. Fíjense, no es casualidad que siendo uno de los países de la Unión Europea que partía de una situación de mayor desventaja para salir de la crisis económica, seamos ahora el que más crece y el que más empleo crea en el seno de la Unión Europea. 

La economía española creció en 2015 el doble que la media de la Unión Europea, cuatro veces más que Italia, casi el triple que Francia y el doble que Alemania. Nuestras reformas han funcionado, nuestra política fiscal y nuestra política tributaria también han funcionado; bajar los impuestos ha funcionado. Sin duda por eso Gobiernos de distinto signo político en el ámbito de la Unión Europea ya están anunciando que van a hacer bajada de impuestos en los presupuestos del año 2017. 

Cuando hablen del cumplimiento del objetivo de déficit repasen lo que significan las memorias publicadas por el Consejo de la Unión Europea: Francia e Italia campeonas en saltarse el déficit público; Paris ha incumplido once veces, Roma ocho; Berlín cinco y España solo en cuatro ocasiones desde que accedimos a la moneda única, concretamente al euro. 

Además, señorías, hemos hecho un esfuerzo en el que hemos colocado, como bien decía el ministro en su intervención, 9.000 millones de euros en el bolsillo de los españoles para precisamente llevar a cabo una reactivación del consumo que determine una mayor recaudación vinculada a la imposición indirecta. 

Pero cuando escucho al portavoz del Grupo Socialista hablar de lo que significa el agujero negro… ¡hombre, lecciones al Partido Popular, ninguna! Como agujero negro, el agujero contable del déficit oculto de 30.000 millones de euros que nos dejó el Gobierno socialista de Zapatero. (Aplausos). Ese es un agujero negro. Fíjese en cómo recaudaban ustedes en el año 2007, por ejemplo, en la imposición personal y directa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (muestra un gráfico). 

Estos son datos de la liquidación de la Intervención General de la Administración del Estado, no son previsiones de ingresos, no están vinculadas a la ordenación jurídica del gasto público vía presupuestaria: 72.614 millones de euros, y nosotros, con una rebaja fiscal de 9.000 millones de euros, hemos recaudado —dato liquidado de 2015— 72.346 millones de euros. 

La recaudación por IVA (muestra un gráfico), señoría del Partido Socialista, en el año 2007, en el año 2007 —con crisis que todavía ustedes no veían, con crecimiento económico, con el boom, con todos los elementos que quieran contribuir a poner encima de la mesa— fue de 55.851 millones de euros, y en 2015 de 60.000 millones de euros. 

Señoría, un poco de honestidad política al subirse a esta tribuna porque este Gobierno, con el presidente Rajoy, con el ministro de Hacienda a la cabeza, tienen mucho que ver con una política presupuestaria llena de rigor, que ha devuelto el crecimiento económico y con una política fiscal que ha colocado ese dinero en el bolsillo de los españoles para devolverles el esfuerzo que les habíamos pedido por la crisis de la Champion League de la economía española, que ustedes nunca vieron, y que ahora este Gobierno ha devuelto a los españoles. (Aplausos). 

Esa es la diferencia. Señorías, termino con una última reflexión que fundamentalmente obedece a algo que se produjo en el día de ayer en una universidad española. Yo he subido aquí como español y como diputado por mi provincia, por Jaén, para poder hablar y expresarme libremente. También soy profesor universitario, y ayer se iba a producir una charla en un aula que tiene nombre y apellidos de un catedrático, de un jurista y de una persona de la que este año se han cumplido veinte años de su asesinato por la banda terrorista etarra: el aula Tomás y Valiente. 

Hoy lo que fundamentalmente les pido a aquellos que alientan ese tipo de conducta es que no inunden la universidad de intolerancia y de odio. La universidad siempre será un espíritu crítico para al mismo tiempo contribuir al avance de la sociedad española. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos). 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. En tres minutos comenzaremos las votaciones. (Pausa). Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. Comienza la votación. (Pausa). 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333 más 1 voto telemático, 334; a favor, 246; en contra, 16; abstenciones, 71 más 1 voto telemático, 72. 

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el Real Decreto-ley. (Rumores). Señorías, no hemos terminado la votación. Se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Por lo tanto, se somete a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Comienza la votación. (Pausa). 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 1 voto telemático, 333; a favor, 8; en contra, 257; abstenciones, 67 más 1 voto telemático, 68. 

La señora PRESIDENTA: Señorías… (Varias señoras y señores diputados se disponen a abandonar el hemiciclo.—Rumores). Señorías, no ha terminado la Presidencia todavía. Por favor, un minuto. (Aplausos). Por lo tanto, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Se levanta, ahora sí, la sesión.