SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA POBREZA ENERGÉTICA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000173).
Presentada el 10 de agosto, calificada el 6 de septiembre, debatida el 5 de octubre.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para paliar los efectos de la pobreza energética, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
En España, actualmente, 4,5 millones de españoles son pobres desde el punto de vista energético, lo que implica uno de cada diez hogares no tiene el dinero suficiente para mantener su casa en invierno por encima de los 18 grados centígrados. En ese sentido, diferentes entidades de iniciativa social como Cruz Roja han denunciado que este problema sigue creciendo en nuestro país como consecuencia del paro y el encarecimiento de los precios de la energía, motivado, según los cálculos de dicha organización, por un aumento en los últimos dos años del precio del gas en un 22 %, de la bombona de butano en un 23 %, de la luz en un 34 % y del agua en un 8,5 %.
Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «hect or eat», afecciones respiratorias, etcétera) y a menudo genera sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico. La Unión Europea también comparte el diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.
Por su parte, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de 2011 sobre «La pobreza energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética. Asimismo, el dictamen del CESE de 2013 «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética» manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas.
Los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente los más recientes, han supuesto un encarecimiento de los costes que afecta fundamentalmente a los consumidores. El cambio del sistema de facturación, en particular, ha aumentado los costes fijos de la factura, lo que supone una penalización añadida a los que menos consumen, ya sea por menor renta o por ser eficiente, agravando de este modo el riesgo de la pobreza energética y de la consecuente exclusión social.
Así, pese a que el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, hace referencia a la pobreza energética, no incorpora su reducción entre los objetivos de la política energética española, como se desprendería de una transposición completa de las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, y, aunque anuncia el establecimiento de medidas de protección para el consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al bono social eléctrico, no define los términos para el reconocimiento de dicha condición, que reserva a un desarrollo reglamentario posterior.
Además, la norma no sólo no garantiza que no se interrumpa el suministro energético a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales (hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que precisen equipos médicos conectados a la red, alumbrado público o suministro de agua, etcétera) que acumulen seis meses de impago.
Esta situación pone de manifiesto que el Gobierno de España ha carecido de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias, especialmente aquellas en riesgo de exclusión social. Tampoco desde el Gobierno se ha desarrollado hasta el momento ninguna política dirigida a combatir este problema en particular o para facilitar el acceso al suministro energético a todas las familias afectadas, especialmente durante los meses de invierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Incorpore la lucha contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española, en consonancia con lo dispuesto en las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión social causado por la falta de acceso a este tipo de servicios esenciales y de los perjuicios para la salud derivados de una calefacción y refrigeración deficientes, y en consecuencia, garantice la no interrupción del suministro de aquellos servicios considerados esenciales (hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que precisen equipos médicos conectados a la red, alumbrado público o suministro de agua, etcétera).
2. Impulse las modificaciones normativas y los acuerdos con los operadores privados que procedan para que las empresas suministradoras de energía no interrumpan el suministro a los particulares en caso de retraso o impago cuando sus receptores tengan la consideración de consumidores vulnerables en los términos previstos en la legislación vigente, la cual será acreditada mediante informe previo y preceptivo de la administración competente ante una eventual resolución de interrupción del servicio por parte de la empresa suministradora o comercializadora.
3. Regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este punto del orden día, pasamos al siguiente, que
es el 6.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre medidas para paliar los efectos
de la pobreza energética. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Doña Melisa): Presidente, señorías, en España podemos
decir que hay 4,5 millones de españoles que son pobres energéticamente hablando; en una escala más
conocida, uno de cada diez hogares no tiene recursos suficientes para poder calefactar su casa en invierno
por encima de 18 grados. Distintas entidades de la sociedad civil han denunciado que esto va en aumento,
que no se está paliando. Por ejemplo, según los datos de Cruz Roja, el paro más la subida de precios han
incrementado el número de personas desprotegidas o pobres energéticamente.
Con los cálculos que
aporta esta organización, en los últimos años el gas ha subido más de un 22 %; la bombona de butano,
más de un 23 %; la luz, más de un 34 %, y el agua más de un 8,5 %. Todos entenderemos que la pobreza
energética es algo real y que hay que paliar. Además, afecta o puede afectar directamente, y así lo dicen
distintas instituciones, a la salud y a la higiene de los ciudadanos. De hecho, ya se pueden hacer símiles
con casos de sobremortalidad, aislamiento social o distintos efectos que ya están demostrados y que
están manifestando distintas instituciones de la sociedad civil.
La Unión Europea —cosa que parece una tónica habitual— comparte este diagnóstico. Las Directivas
2009/72 y 2009/73 ya plantean la necesidad de que se obligue a los Estados miembros a adoptar medidas
para luchar contra la pobreza energética; repito, un tipo de pobreza que hoy estamos viendo y que antes
no teníamos en consideración.
También el Comité Económico y Social Europeo, CESE, en su informe de
2011 decía: La pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles
y es necesario que se tenga en cuenta a la hora de realizar distintas políticas energéticas.
No solo en el
informe de 2011, sino que también en el informe de 2013 el Comité Económico y Social Europeo decía:
La energía es un bien común esencial necesario para la vida cotidiana y para poder mantener una vida
digna, y carecer de energía puede derivar en problemas dramáticos que afectan a la salud y también a la
condición social de las personas.
Se han hecho diferentes cambios regulatorios en la última legislatura —no en la XI, si la podemos
llamar legislatura; disculpen porque con tantas minilegislaturas una se hace un lío—, en la X, que lo que
han hecho es que el encarecimiento de precios afecte directamente al número de consumidores afectados.
Y cuando hablamos de esto, hablamos de los encarecimientos de los costes fijos. ¿Eso qué quiere decir?
Que independientemente de que un hogar o una familia sean más eficientes o independientemente de
que una familia reduzca su consumo a la mínima expresión, el aumento de los costes fijos hace que estas
personas sigan estando en riesgo, pero no solamente en riesgo de pobreza energética, sino también
llegando a la exclusión social, entendiendo por supuesto la energía como un bien necesario para la vida
cotidiana.
El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, menciona la pobreza energética, pero no incorpora la
reducción de esta entre sus objetivos. Podemos hacer miles de reales decretos, pero si en el horizonte no
está que se reduzca el nivel de pobreza energética de este país difícilmente tendrán razón de ser.
Aunque
establece medidas de protección para el consumidor vulnerable, no define términos para el reconocimiento
de dicha condición, con lo cual volvemos a lo mismo: hacemos reales decretos incompletos que no acaban
de dar soluciones a los ciudadanos de este país. Y no solamente no garantiza qué se va a hacer o cómo
se va a reconocer, sino que tampoco garantiza que no se interrumpa el suministro a personas en riesgo
de exclusión social o riesgo de pobreza energética en los meses de invierno.
De hecho, cede a las
compañías el que puedan decidir cortar el suministro energético a cualquier usuario con una deuda
acumulada de seis meses sin tener en cuenta su condición social ni su renta y sin tener en cuenta que
puede ser invierno y que estas familias pueden sufrir problemas de salud a causa de ello. El Gobierno
ahora en funciones ha carecido de una política específica que aborde este fenómeno como se debería.
Cada vez existen más familias en riesgo de exclusión social por pobreza energética y también cada vez
existen más hogares con este problema. Tampoco se han desarrollado políticas que eviten la celeridad de
los cortes de los suministros a estas familias, especialmente en invierno.
Hemos aceptado una transaccional —de hecho, la proposición no de ley se votará en los términos de
la transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista—
en la cual no solamente pedimos que se tomen medidas urgentes para paliar la pobreza energética, sino que también incluimos el criterio de renta dentro del bono social.
Es necesario ver el bono social y es
necesario que las comunidades autónomas tengan responsabilidad y que los agentes sociales intervengan
en la catalogación de qué familias son vulnerables y qué familias no lo son, sin dejarlo siempre al arbitraje
de las grandes empresas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín
Guarné.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.
Señorías, como han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra, este próximo
invierno millones de españoles volverán a sufrir restricciones en el suministro de energía y muchos de
ellos vivirán bajo la amenaza del corte energético.
Esta es una situación injusta frente a la que no nos
podemos quedar impasibles, porque los suministros energéticos de los que estamos hablando son los
mínimos necesarios para garantizar una vida digna.
Lo que entendemos como pobreza energética no es una cuestión nueva, es simplemente un tipo más
de pobreza; pero la realidad es que en los últimos años el número de personas afectadas por la pobreza
energética ha crecido mucho. Ante esta situación, el Gobierno del Partido Popular ha permanecido
impasible.
Además, las políticas que ha aplicado el Gobierno del señor Rajoy han contribuido a agravar la
situación de las personas que padecen pobreza energética. Por un lado, la desigualdad ha crecido de
manera desmesurada en nuestro país: los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más y
se les hace más complicado acceder a este tipo de servicios básicos. Y, por otro lado, la reforma eléctrica
no ha conseguido los objetivos para los que fue puesta en marcha y los resultados regulatorios, ambientales
o económicos no han sido los esperados.
Esto no lo dice el Partido Socialista, sino que lo dice la CEOE,
la OCU y la mayoría de los partidos que nos acompañan hoy en esta sala. ¿Qué es lo que ha supuesto
esta reforma? Un incremento del coste energético, un frenazo total a la inversión en renovables y un
incremento del déficit de tarifa. No se prima el ahorro energético; paga más quien menos gasta —pesa
mucho más en la factura la energía contratada que la energía consumida— y seguimos siendo una isla
eléctrica sin conexiones con Europa.
Creo que todos somos conscientes de que debemos reformar el sistema energético de una manera
global. Para poder llevar a cabo esta reforma es necesario acometer una serie de medidas jurídicas,
económicas y sociales; medidas que requieren tiempo y cuya aplicación requiere un plazo medio o largo
para que sean efectivas y tengan consecuencias reales en el sistema. Pero lo que no puede esperar es
la situación de todas estas familias que se van a enfrentar de nuevo al invierno y que, como hemos
dicho antes, van a tener problemas para pagar la luz y el gas, para poder calentar sus casas y llevar una
vida digna.
Este problema, como he dicho antes, no es nuevo. El Partido Socialista ya presentó en
octubre de 2014 una proposición de ley en el Pleno del Congreso para la protección de consumidores
vulnerables y contra la pobreza energética. Esta iniciativa, pese a que la mayoría de los grupos la
apoyó, fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
Por eso, me congratulo de que ahora
se hayan sumado a la proposición no de ley que presenta Ciudadanos y a la que nosotros nos hemos
adherido con una transaccional, aunque también tengo que decirles que nosotros hemos presentado
una proposición de ley para debatirla en uno de los próximos plenos de esta legislatura. Esperemos que
también se suban a ese carro y la puedan apoyar en el Pleno.
Hemos presentado esta enmienda —que
ha sido aceptada por otros grupos— porque entendemos que lo que apuntaba el partido de Ciudadanos
se puede completar pero va en la buena dirección. El actual bono social que se aplica a la tarifa eléctrica
no es efectivo ni eficiente. Apenas tiene 2,5 millones de beneficiarios cuando la realidad es que hay más
de 5 millones de personas que estarían dentro de los criterios para poder ser beneficiarios de este bono.
El problema es la indefinición de las categorías de beneficiarios, haciendo que sea dudoso que pueda
llegar a tener verdaderos efectos redistributivos y que se pueda aplicar en consonancia. Por eso creo
que es positiva la iniciativa que hoy estamos debatiendo. Lo que también proponemos es cumplir con
las normativas europeas, como la mayor parte de los países de nuestro entorno.
La directiva 2009/72
insta a los Estados miembros a regular los denominados clientes vulnerables porque realmente no los
tenemos bien definidos y ese es el problema a la hora de aplicar el bono o la tarifa para luchar contra la
pobreza energética. Esta definición podría consistir en un consumo mínimo diario de kilovatios/hora
equivalente a una cesta de consumo —iluminación, refrigeración de alimentos, etcétera— y más amplia
en los meses de invierno.
De acuerdo con la propuesta que aquí hoy estamos debatiendo ese nivel mínimo no podría ser interrumpido en ningún caso por las empresas comercializadoras, cumpliendo
también con la normativa 2009/73 de la Unión Europea. Hemos calculado el costo financiero de esta
medida y serían unos 200 millones de euros por año, cantidad que creo que es asumible. En la
proposición de ley que hemos presentado planteamos que para que cumpliera los criterios de
progresividad y justicia dicha cantidad debería ser asumida por los Presupuestos Generales del Estado.
Además, el punto que hemos adicionado a la enmienda transaccional plantea crear un fondo contra la
pobreza energética administrado por el IDAE, que también financia actuaciones en materia de ahorro y
eficiencia energética, especialmente dirigido a los consumidores vulnerables. Según la Agencia
Internacional de la Energía son actuaciones que ayudarán a mejorar la eficiencia de las viviendas de las
personas que sufren pobreza energética y a solventar en mayor medida los problemas de restricción
que sufren.
Por todo ello, mi partido acepta la enmienda transaccional con Ciudadanos y Partido Popular. Es un
problema real, no podemos dejar pasar más tiempo y tenemos que hacer lo posible para que se ponga en
marcha algo antes de que llegue otro invierno más y los ciudadanos que están padeciendo la pobreza
energética la sufran también este invierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.
Por el último de los grupos que han presentado enmiendas, el Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Palmer Tous.
La señora PALMER TOUS: Gracias, señor presidente.
Antes de abordar los aspectos de la propuesta, deseo expresar mi más absoluta solidaridad y la de
todo el Grupo Popular con los ciudadanos que sufren una situación de pobreza en nuestro país. Somos
conscientes de que existen y, créanme, nos preocupan muchas familias que viven en condiciones
precarias, en condiciones indeseables, que lo han pasado mal y que lo están pasando mal.
Familias que
tienen verdaderas dificultades para afrontar gastos básicos como la alimentación, el vestido, las medicinas
o, en el caso que nos ocupa, sufragar el pago del suministro energético. Así, la pobreza energética
constituye, efectivamente, un grave problema para las familias que la sufren por las dificultades que tienen
para mantener su hogar en condiciones básicas, en condiciones, digamos, esenciales de habitabilidad.
Conscientes, pues, de la existencia del problema, en este punto quiero expresar nuestro más firme
compromiso de seguir trabajando para paliar esta grave situación. Pero para lograrlo es necesario conocer
las causas. Sin duda alguna, la causa más importante en el agravamiento de situaciones de pobreza, y en
este caso de pobreza energética, es la crisis económica que hemos vivido desde finales de 2007, que es
la crisis más dura que ha padecido España en toda la historia democrática y que ha derivado,
inevitablemente, en situaciones indeseables de exclusión social.
Junto a la crisis económica, que es sin
duda la verdadera causa de la situación de pobreza, existen otros factores como —ya se han mencionado—
el incremento de precios de la energía y problemas de ineficiencia energética en las viviendas de uso
habitual.
En relación con todas esas causas quiero afirmar aquí que el PP ha actuado y seguirá actuando
para combatirlas y lo ha hecho con total contundencia. En primer lugar, en cuanto a la crisis económica
—la más intensa, como he dicho antes, experimentada por España desde que disponemos de series
históricas—, ya nadie duda en estos momentos de que nos hallamos en una senda de recuperación
económica, si no es frustrada, evidentemente, por la situación de incertidumbre política que estamos
viviendo desde hace diez meses.
Estamos en esa senda de recuperación económica gracias a la seriedad
y el rigor de las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno. Una senda de recuperación que ha
supuesto que en España hayamos experimentado un crecimiento de nuestro PIB del 3,2 % en 2015, más
del doble que la media de la zona euro, y, lo que es más importante, un crecimiento que desde febrero de
2013 se está trasladando al empleo.
En contraste con la destrucción que se experimentó en la pasada
legislatura, en la que íbamos a ritmos anuales de incremento del paro del 10 %, en esta legislatura
estamos reduciendo el paro a ritmos anuales del 8 %. Estamos creando medio millón de empleos anuales,
lo que hace pensar que es factible el deseable objetivo de 20 millones de españoles trabajando en el año
2020 a no ser que, como he dicho, se frustren las políticas económicas desarrolladas y se paralice la
política económica que se está llevando a cabo.
Por lo tanto, para nosotros favorecer el contexto necesario
para que se cree empleo ha sido y está siendo nuestra principal arma para erradicar la pobreza. El Grupo
Popular no se cansará de repetir que la mejor política social es la creación de empleo y en ello vamos a
seguir.
Con relación a la subida de precios energéticos, este Gobierno ha sido el primero que ha afrontado
con valentía un problema heredado en el sector eléctrico que nos llevaba a un déficit tarifario que debíamos
sufragar entre todos los españoles, un déficit en torno a los 26.000 millones de euros y que, además,
experimentaba alarmantes incrementos anuales. En el último año si no llegamos a realizar la reforma de
los años 2012 y 2013 hubiéramos experimentado un incremento de 10.000 millones en el déficit tarifario.
En diciembre de 2013 se aprobó una reforma de la Ley del Sector Eléctrico cuyo principal objetivo era
precisamente acabar con ese déficit tarifario que todos soportábamos. Y en relación con el objeto de la
proposición no de ley que ahora estamos contemplando, esa misma ley de 2013 incluía las directivas
europeas sobre pobreza energética de 2009 mencionadas hoy y garantizaba el suministro eléctrico a
menor coste.
Con esta nueva regulación la tarifa eléctrica media —nos referimos con ello a la tarifa media
de una familia que tiene 4,4 kilovatios contratados y gasta 3.900 kilovatios/hora al año— se ha reducido
en 2016 un 15 % con respecto al año 2015. En cambio, si analizamos el periodo 2004-2012 esa tarifa se
incrementó un 67 %. Además, hemos conseguido una reducción de la tarifa media que acabo de explicar
a la vez que se estaba reduciendo el déficit tarifario, cosa nada sencilla como bien saben. Hemos ajustado
los costes y ese ajuste ha recaído en el sector eléctrico, no sobre los consumidores. Si hubiéramos
trasladado los costes a los consumidores, la factura de la luz se hubiera incrementado nada más y nada
menos que un 40 %.
Asimismo, la parte de la tarifa que depende del Gobierno, esencialmente los peajes,
se congeló el año pasado y este año se ha reducido casi un 3 % y debemos señalar que ese es un hecho
que es la primera vez que ocurre.
Estos son los frutos del trabajo desarrollado en la X Legislatura, una legislatura en la que nuestro
objetivo fundamental era conseguir un suministro energético seguro, sostenible y a precios competitivos
para todos. Y así ha sido: equilibrio financiero y bajada de precio para los consumidores.
Ese ha sido el
logro de la reforma y de la política energética implementada. Por otro lado, en esa misma reforma se
trataba uno de los temas que se mencionan en la proposición no de ley: la protección a los consumidores
más vulnerables y el bono social, un bono que supone en la actualidad una reducción del 25 % sobre el
coste del suministro de electricidad a ciertos colectivos, como son los consumidores con potencia
contratada inferior a 3 kilovatios en vivienda habitual, pensionistas mayores de sesenta años, familias
numerosas y unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo.
Esos colectivos
representan —según datos del boletín de indicadores de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia de septiembre de 2016, es decir, últimos datos— 2.438.519 clientes en mayo de 2016. En
este contexto estaremos de acuerdo siempre, siempre en la aplicación de medidas que alivien esas
situaciones dramáticas de la forma más acertada posible. Con tal objeto, hemos consensuado una
enmienda que incluye una mejora del bono social para incorporar de forma más precisa la variable renta.
De esta manera se incluye, en la medida de lo posible, a todos aquellos colectivos en condiciones de
vulnerabilidad. Además, hemos propuesto la creación de fondos para la protección de consumidores con
riesgo de exclusión, en concurso con las comunidades autónomas y entidades locales.
Ya voy acabando. En suma, considero que el planteamiento de decir que la pobreza energética no ha
sido una prioridad para este Gobierno es injusto y además no es cierto. A la vista de todo lo descrito está
que nos preocupamos del problema.
Yo no caeré en discutir con todos ustedes si son los que más se
preocupan o si son los únicos que se preocupan del tema; pero sí quiero decirles con mucha claridad que
al Grupo Parlamentario Popular nos preocupa y mucho, y por ello seguiremos trabajando, tratando de
buscar soluciones que alivien las dificultades de los que peor lo pasan.
Muchas gracias.
RELATIVA A LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES Y EL
CALENDARIO DE LAS SUBASTAS DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA
DEMANDA DE INTERRUMPIBILIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA. (Número de expediente 161/000270).
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE
PRECIO COMPETITIVO, ESTABLE Y PREDECIBLE PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD
DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS ELECTRO-INTENSIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000280).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Para la defensa de enmiendas, en este caso a la proposición no de ley del propio señor Martínez
Oblanca, por parte del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Como vamos a debatir las dos proposiciones no de ley de forma conjunta, en primer lugar, me referiré
a la proposición no de ley de Unidos Podemos que tiene básicamente tres puntos.
El primer punto se
podía haber realizado en forma de pregunta dirigida al Gobierno y, en ese sentido, nuestra portavoz de
esta Comisión en la pasada legislatura ya presentó dos preguntas dirigidas al Gobierno preguntándole en
cuántas ocasiones se había solicitado esta reducción del consumo y qué grandes consumidores habían
reducido su consumo y en qué circunstancias se había efectuado. Pero, como todos sabemos, el Gobierno
en funciones se declara en rebeldía y estas preguntas no fueron contestadas.
Por supuesto, como no
puede ser de otra manera, no podemos estar de acuerdo con lo que se solicita en la proposición no de ley,
porque creemos que es necesario que se publiquen esos calendarios de subastas y que en el sector haya
más transparencia.
Pero sí tenemos que decir que nos hubiera gustado que la proposición no de ley
hubiese tenido algo más de concreción, porque instar al Gobierno en funciones a tomar alguna medida es, básicamente, como no decir nada. Pese a ello, votaremos a favor de la proposición no de ley porque,
como decimos, es muy difícil estar en contra de esta propuesta por su falta de concreción y porque en
algunos puntos ya la habíamos presentado.
En cuanto a la proposición no de ley presentada por el diputado de Foro Asturias, como ya se ha
señalado, fue debatida en la pasada legislatura, y si nadie lo remedia, aquí no hacemos nada y todo sigue
igual, lo podemos debatir en la pasada, en esta y en tres, cuatro o cinco legislaturas venideras. Esto será
como el día de la marmota, volviendo a repetir debate tras debate.
Insto a todos los grupos a que nos
sentemos, nos pongamos de acuerdo y que hagamos no ya lo que nos piden los españoles, sino lo que
nos exigen los españoles, que es que haya Gobierno, que haya legislatura y que, por lo tanto, esto que
estamos haciendo aquí sirva para algo, porque si no, estaremos perdiendo el tiempo; y yo no sé a ustedes,
señorías, pero a mí no me gusta perder el tiempo.
Entrando ya en la proposición en sí, desde Ciudadanos siempre hemos hecho un especial hincapié en
la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia energética que aborde globalmente el problema
del precio de la energía, garantice la seguridad del suministro y un modelo energético más competitivo,
más transparente y más sostenible.
Compartimos plenamente con esta proposición no de ley, que presenta
el diputado de Foro, la necesidad de fomentar la competencia y competitividad dentro del sector como
elemento clave para lograr la energía económica segura y sostenible y que, por lo tanto, nuestras empresas
sean más competitivas y puedan competir, valga la redundancia, en un mercado globalizado. Sin embargo,
no queríamos que se confundiese el justo interés por impulsar la competencia en el sector de la energía
con una agenda proteccionista de intereses industriales, que creemos que no es la senda para que
nuestras empresas puedan competir en un mundo globalizado.
Por eso hemos presentado esta enmienda,
porque creemos que no está demasiado bien redactado, enmienda de modificación que consiste en la
eliminación del punto 2. Y en cuanto al punto 3, consideramos que la redacción de la versión anterior de
la pasada legislatura era más adecuada. Ahora se nos ha indicado que se aceptan nuestras enmiendas y,
por tanto, votaremos a favor.
Para terminar, señorías, creemos que la proposición no de ley de Foro en ningún caso menosprecia
los esfuerzos en la pasada legislatura por reducir nuestra factura energética y esperamos que podamos
contar con un amplio respaldo para acometer nuestras reformas de estímulo de la competencia en el
sector eléctrico que reduzcan el precio de la tarifa eléctricas y que, por tanto, favorezcan la competitividad
de nuestra industria. Pero esto no será posible si no hay Gobierno y si la legislatura no echa a andar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Para la defensa de las enmiendas a las dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo
conjuntamente, por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidente.
La debilidad del sector industrial español es evidente y así lo manifiestan los sucesivos índices de
producción industrial; también lo es la repercusión que esto tiene en las bajas tasas de empleo que
tenemos en España.
Dentro del sector industrial, ocupan un lugar importante industrias como las del
acero, aluminio, cemento, químicas, etcétera, en las que la proporción de los costes energéticos dentro
de sus costes totales es muy elevada. El sistema energético español no está funcionando adecuadamente
y estas industrias están compitiendo en inferioridad de condiciones con otras de las mismas producciones
en otros países europeos.
Tampoco está funcionando adecuadamente el sistema de compensación de la
interrumpibilidad por subasta. El Grupo Socialista presentó iniciativas a este respecto en todas las
legislaturas desde que este sistema está vigente.
Dicho esto, consideramos que, a la vez que es necesario
a medio y a largo plazo modificar el sistema energético para que todo el mundo pueda acceder a ese
mercado en igualdad de condiciones o por lo menos similares a las de otros países de la Unión Europea
—los intervinientes anteriores pusieron ejemplos de lo que está pasando en Alemania y en Francia—, y
aunque no estamos de acuerdo con la subasta para la interrumpibilidad, en tanto en cuanto es el sistema
vigente, creemos que es urgente que se convoque.
La anterior fue en agosto, estamos en octubre y aún
no se ha convocado, y es imposible que las empresas puedan hacer la planificación de su actividad y de
sus inversiones. Por tanto, el Gobierno tiene que convocar de manera inmediata esa subasta.
Consideramos necesario mejorar las interconexiones de las redes energéticas de Europa y en
particular las redes de transporte de electricidad. Son fundamentales para la convergencia de precios que
decíamos antes entre los países, lo que aumentaría la competencia entre los agentes y posibilitaría una mayor integración de las energías renovables por la imposibilidad de almacenarlas.
Creemos conveniente
reclamar a las instituciones comunitarias un fondo europeo para compensar los costes de estas empresas
con un alto consumo energético y evitar las situaciones de competencia desleal que se están produciendo.
Consideramos también necesario que el Gobierno supervise la supuesta operación de venta de varias
factorías de la empresa Alcoa.
Las informaciones respecto a esto son difusas, ni siquiera los sindicatos
—no solo en el ámbito español sino también en el europeo, en el cual sería obligatorio que le dieran esa
información— están teniendo noticias de qué está pasando.
Teniendo en cuenta que Alcoa compró al
Gobierno de España —creo recordar que en 1998— estas factorías a muy bajo costo, que además el
Gobierno a lo largo del tiempo aportó diferentes subvenciones, así como la cantidad de puestos de trabajo
que están en juego y el riesgo de que haya una operación meramente especulativa y que dentro de unos
meses —como pasó con otras factorías anteriormente—, después de su venta, se cierre, consideramos
necesario —insisto— que el Gobierno de España, en la medida de lo posible, haga la supervisión de qué
se está gestando, qué intenciones tiene Alcoa, si va a vender y en qué condiciones. Estas son nuestras
enmiendas.
Con respecto a la iniciativa de Podemos, creo que podemos hacer una transacción. En cuanto
a la de Foro, como ahora dijo que acepta la enmienda de Ciudadanos, miraremos cómo queda exactamente
para tomar una decisión definitiva.
Muchas gracias.
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