DEBATE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 18 OCTUBRE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 162/000055). 

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor López Milla. 

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el actual sistema de financiación autonómica, como es conocido, se aprobó en 2009 e introdujo importantes cambios con respecto al anterior, al que impulsó el Gobierno de José María Aznar en 2001. Quizás el más notable fue la actualización de las cifras de población, pues el modelo de 2001 tomaba como punto de partida las del padrón a 1 de enero de 1999 y no definía ningún procedimiento para actualizarlas año a año. 

De hecho, cuando aquel sistema de financiación autonómica entró en vigor en el año 2002 en las comunidades de régimen común ya residían 1,6 millones de personas más de las que el modelo de financiación autonómica de 2001 reconocía, y a comienzos de 2009 la brecha entre la población reconocida por el sistema de financiación autonómica y la realmente existente en las comunidades de régimen común había pasado a 6,3 millones de personas. 

El sistema que entró en vigor en 2009, por tanto, sirvió para actualizar las cifras de población, pero se construyó a partir de los datos de la última liquidación del sistema disponible en ese momento, que era la del año 2007, un año que, recordémoslo, fue un año en el que los ingresos sujetos a reparto por el sistema de financiación se encontraban en cifras máximas. 

Conviene recordar también que la distribución de recursos en el sistema de financiación autonómica de 2009 está supeditada en buena medida al statu quo derivado del modelo anterior, el de 2001. Existe, por tanto, un vínculo entre el sistema de 2009 y el de 2001, un vínculo entre ambos mecanismos de financiación que fue exigido de hecho fundamentalmente por las autonomías gobernadas por el Partido Popular a cambio de abstenerse cuando sus Gobiernos votaron en el año 2009 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Ese vínculo entre ambos sistemas de financiación autonómica ha acabado resultando perjudicial prácticamente para todas las comunidades autónomas como consecuencia del desmoronamiento de la recaudación, ya que, como digo, en el modelo de 2009 se toma como referencia el año 2007, en el que los ingresos se situaban en valores máximos. Y ese vínculo entre el sistema de 2009 y el de 2001 ha resultado especialmente dañino para aquellas comunidades que recibieron antes las transferencias de sanidad y educación. 

Sin embargo, nada de todo esto que acabo de relatar era inevitable, el sistema de financiación se pudo cambiar en cualquier momento cuando el Gobierno constató que estaba dejando cortas de ingresos a prácticamente todas las comunidades autónomas y al menos debió cumplirse lo que establece la Lofca, que determina que los resultados de la aplicación del sistema de financiación se tienen que revisar a los cinco años de la entrada en vigor del mismo y que las posibles diferencias de financiación deben ser compensadas mediante la modificación del sistema para el siguiente quinquenio. 

Por tanto, el plazo para llevar a cabo la revisión del modelo concluyó ya hace tiempo, sin que el Gobierno de España haya movido ficha. Anunció esa revisión en 2014, llegando a constituir un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero la paralizó poco después con el argumento de que el clima político era regular. Estas son palabras textuales del señor ministro, decía que el clima político era regular. 

Pero parece que tener 186 diputados en el Congreso, como tenía entonces el Grupo Popular, gobernar en dos tercios de las comunidades autónomas, como gobernaba entonces el Partido Popular, no era suficiente para crear un clima político adecuado. Este es un argumento, el argumento del clima político, que no vale ni como mala excusa, porque al Gobierno de Rajoy nunca le ha importado ni el clima político ni el rechazo social de las decisiones que tomaba. Cuando ha querido cambiar una ley, cuando ha querido recortar un derecho, cuando ha querido cercenar una libertad lo ha hecho sin ninguna clase de contemplación. 

Tampoco ha habido un problema de falta de recursos; el Gobierno de Rajoy ha encontrado recursos cuando ha querido, cuando ha querido rescatar entidades financieras, cuando ha querido rescatar autopistas de peaje o cuando ha querido hacer una reforma fiscal que favorece básicamente a las rentas altas y las grandes corporaciones, y que impulsó además sabiendo que la Comisión Europea le advertía de que estaba abriendo la puerta al incumplimiento del objetivo de déficit y a las medidas coercitivas posteriores si el objetivo de déficit se incumplía.

El Gobierno de Rajoy no reformó el sistema de financiación sencillamente porque no quiso hacerlo, porque prefirió poner en marcha un mecanismo de préstamos condicionados con el que limita la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, con el que les ofrece liquidez a cambio de recortes sociales. 

Un mecanismo que además es un mecanismo asimétrico porque cuanta menos financiación recibe un Gobierno autonómico, más depende de los préstamos del Estado y por tanto más recortada ve su autonomía política y financiera por las condiciones que le pone el Gobierno de España. 

Y todo esto además lo hizo el Gobierno de Rajoy en un contexto en el que ha repartido el límite de déficit sin tener en cuenta el peso del gasto que cada Administración lleva a cabo, asignando a las autonomías un porcentaje del déficit muy inferior a su participación en el gasto mientras reserva una cuota muy superior para la Administración Central. Señorías, el Gobierno de España olvida con frecuencia que las comunidades también son Estado y que los ingresos que han de recibir no son más que la parte que les corresponde de la recaudación total y no una concesión graciosa o discrecional que hace el Gobierno de España. 

La PNL del Grupo Socialista que traemos esta tarde recoge el texto de una resolución que ya se aprobó en esta Cámara hace muy poco tiempo, se aprobó el pasado mes de abril, incorporando una enmienda nuestra a un texto original que era de Compromís. Entonces salió adelante con la única abstención del PNV y sin ningún voto en contra. Hoy, desde luego, esperamos que sea capaz de alcanzar un nivel de consenso similar al que obtuvo entonces. 

Lo que hacemos en la PNL es instar al Gobierno a poner en marcha de inmediato la reforma del sistema de financiación autonómica; establecemos la necesidad de compensar los déficit de ingresos de acuerdo con el mecanismo que está previsto por la propia Lofca; recogemos la exigencia de que los mecanismos de préstamo a las comunidades, mientras subsistan, se apliquen con objetividad, con transparencia, sin arbitrariedad, para que los Gobiernos autonómicos aseguren el pago de las principales partidas de gasto social, y subrayamos también que el nuevo sistema debe asegurar la suficiencia financiera de las comunidades, garantizar el gasto social y asegurar la igualdad de oportunidades. 

Porque, señorías, vivamos donde vivamos, en la costa, en el interior, en el campo, en la ciudad, en una comunidad más rica o en una comunidad más pobre, todos y todas debemos tener acceso a los mismos niveles de prestaciones públicas, todos y todas debemos tener las mismas oportunidades. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz. 

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, volvemos hoy a hablar de nuevo de financiación autonómica y, como muchas cosas que están pasando en esta segunda legislatura repetida, tenemos la impresión del Día de la Marmota, acentuada hoy seguramente porque no solo hablamos de financiación autonómica dos veces en pocos meses, sino que hoy mismo ha venido a este hemiciclo una proposición de ley para regular la cuestión de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. 

Pero es bueno hablar de financiación autonómica, porque es la financiación de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, es decir, el dinero necesario para hacer políticas sociales. Sin embargo, no nos engañemos, un importante sector de la población, cuando hablamos de financiación autonómica, lo interpreta como reparto de dinero entre políticos, como despilfarro, lo interpreta de una forma que quizás sea equivocada, pero realmente a nuestro sistema de financiación autonómica le faltan cosas, y una de las cosas más obvias que le falta es responsabilidad de los dirigentes autonómicos y control de hasta el último euro del dinero que proviene de los contribuyentes. 

Pensemos que la financiación autonómica es la financiación en buena medida del gasto social, pero que la mejor política social, de hecho la única política social factible, es la que se puede pagar. Por eso es tan importante el sistema de financiación autonómica y por eso este grupo, Ciudadanos, ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista en la que incide en estos dos puntos: la responsabilidad de los dirigentes autonómicos y el control de cada euro que al final proviene de los contribuyentes. 

Para nosotros el sistema de financiación es importante, a diferencia de otros grupos que no lo consideran relevante, pero sobre todo es muy importante que estemos hablando de financiar lo que hay que financiar: la educación, la sanidad, los servicios sociales, y no fantasmagóricas competencias de Estado que luego den lugar a déficits que ponen en riesgo la estabilidad financiera general y que se escudan en lemas tan absolutamente impresentables como Espanya ens roba. 

Para evitar todo esto no solamente son importantes el control y la responsabilidad, sino sobre todo que el sistema sea más claro y transparente porque, si no lo es, al final los dirigentes que incumplen, que nos ponen en riesgo a todos, acaban saliéndose con la suya porque los ciudadanos no entienden dónde va su dinero. 

El sistema de financiación autonómica necesita una reforma, pero viene siendo injusto desde hace mucho tiempo. Pensemos que en el año 2009 el Partido Socialista aprobó el anterior sistema de financiación autonómica y seguimos teniéndolo vigente, y hay unas diferencias realmente inaceptables, que no se justifican por nada. 

Hay diferencias de más del 30% entre comunidades de régimen común, y si tenemos en cuenta las comunidades forales hay diferencias en la financiación per capita de más del 80%. Por tanto, los españoles desgraciadamente no gozan de los mismos servicios esenciales con independencia de dónde vivan. 

Esto no puede ser así. Por otra parte, el Partido Popular también tiene su responsabilidad en todo eso, porque el anterior sistema de financiación autonómica caducó hace dos años y el Gobierno no se ha preocupado de poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica, toda vez que sistemáticamente se critica y luego critica a las comunidades autónomas porque no cumplen con los objetivos de déficit, cuando no se garantiza una financiación suficiente. 

Esta es una de las reformas fundamentales, la de la financiación autonómica, que se deben poner en marcha, pero debe hacerse no solamente con los criterios que trae esta proposición no de ley, sino, en nuestra opinión, incluyendo cuestiones fundamentales, como es el control de cada euro del dinero que viene del contribuyente, así como una mayor transparencia y simplicidad en el sistema. 

Esta es una cuestión ambiciosa que deberíamos abordar, pero a día de hoy estamos como estamos, y estamos sin Gobierno e intentando tapar agujeros, como se ha visto esta mañana, para que las comunidades autónomas no se vean obligadas a un recorte 4.000 millones de euros superior al que nos pide Europa. De alguna forma casi podríamos terminar como terminé la última vez que subí aquí a hablar de financiación autonómica, diciendo que, si España no se pone en marcha, todo esto desaparecerá como lágrimas en la lluvia. 

Pero es todavía peor, porque si  no nos ponemos en marcha, lo que habrá sin duda serán recortes generalizados y también un parón importante en la economía. Por tanto, señorías, es hora de que España se ponga en marcha. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. 

La señora DÍAZ PÉREZ: Boas tardes. Grazas, presidenta. El Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea claro que comparte que en el centro de la actualidad política debe estar la financiación autonómica por dos razones: la primera de ellas de orden normativo, la propia norma exige en su disposición transitoria que así se practique, pero sobre todo razones de orden económico. 

Efectivamente, esta norma, este sistema ha provocado profundas desigualdades. Esta norma tenía como objetivo garantizar la equidad horizontal, garantizar la igualdad y nutrir un sistema de autonomía, de soberanía y autogobierno profundo y lejos de hacer todo esto ha conseguido todo lo contrario: ha sido desigual, ha recentralizado, ha recortado y ha privatizado. 

Y todo esto con la excusa muy querida por el ausente señor Montoro de recortar en diferido, porque, efectivamente, a través de los recortes que tenían que ejecutar las comunidades autónomas estaban provocando profundas injusticias sociales. Dicho esto, ¿qué es lo que opina el Partido Popular? ¿Qué es lo que opina el señor Rajoy ausente? 

Lo que le ha dicho en esta misma Cámara al señor Baldoví. En una de las autonomías peor financiadas como es el caso del País Valencià, el señor Rajoy le ha dicho al señor Baldoví que no se había practicado la reforma financiera porque no era prioritario. Los hombres y mujeres de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le preguntamos al Partido Popular: ¿qué es para ustedes lo prioritario? ¿No es para ustedes prioritario atender, por ejemplo, a enfermos y enfermas de cáncer? ¿No es prioritario abrir escuelas? 

¿No es prioritario, como dice la iniciativa del Partido Socialista, emprender políticas activas de empleo? ¿No es esto prioritario, señor Rajoy? Nosotros y nosotras creemos que sí, y por eso creemos que estamos ante un Gobierno profundamente irresponsable; un señor Montoro que ha sido profundamente injusto, que ha sido ineficaz —a los hechos me remito, no fueron capaces en el tiempo que llevan gobernando de practicar esta reforma—, y un Gobierno profundamente chantajista. Lo que ha hecho el señor Montoro ha sido chantajear a las autonomías para, a través de esto, arrojarles la financiación a la cara. 

Y nosotros decimos que no. Eso lo hizo el Partido Popular, pero es cierto que llegamos hasta aquí bebiendo de las fuentes del bipartidismo, ese bipartidismo rampante. Una parte sustancial de la financiación autonómica reside justamente en los ingresos públicos, sí, en los ingresos públicos, y aquí el modelo del turno del Partido Socialista y del Partido Popular ha sido el mismo. 

Recuerden el debate que sustanció esta norma, recuérdenlo; de aquella nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que bajar impuestos era de izquierdas; de aquella nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que suprimir el impuesto sobre el patrimonio era necesario porque grababa a las clases medias. 

Bien, esto lo hizo el Partido Socialista, pero llegó el señor Montoro y el señor Montoro acabó con todo, bajó los impuestos directos, subió los indirectos; efectivamente, hizo regalos fiscales y lo más grave, hizo amnistías fiscales para los delincuentes, y así estamos en este país. (Aplausos). Pero los Gobiernos de turno se pusieron de acuerdo también en un golpe de Estado metafórico, que fue la noche del 135. 

Efectivamente, las comunidades autónomas tuvieron que sufrir un control adicional en su endeudamiento a través de los efectos nocivos de ese maldito artículo 135. Y para cerrar el círculo, efectivamente una norma que fue vanguardia del señor Feijóo en Galicia, que después ustedes trajeron a esta Cámara, que es la norma que hoy hemos discutido, la ley del techo de gasto público. 

Esta es la soga definitiva para estrangular a las autonomías, para estrangular a los ayuntamientos y para conseguir un efecto magnífico —que es lo que desea el Partido Popular— que es recortar para privatizar y, sobre todo, recortar y privatizar para transferir los recortes a las autonomías, que son las culpables de la supresión de derechos públicos fundamentales y también, por otra parte, para conseguir algo muy deseado por los hombres y mujeres del Partido Popular, que es darles beneficios a esos que no se presentan a las elecciones, a los acreedores, a los que mandan. Nosotros entendemos que por aquí no debemos seguir caminando. 

Hay muchos más elementos que tenemos que cambiar. Este es el marco del bipartidismo pero es cierto y verdad que creemos que hay una oportunidad única para cambiar las cosas. Sinceramente, creemos —por eso hemos presentado tres enmiendas en nombre del Grupo Confederal— que es necesario cambiar el sistema, tenemos una oportunidad única para los hombres y mujeres de este país

plural. 

Porque los canarios y canarias y las personas de baleares claro que tienen que tener contemplada su dispersión y su insularidad y para ellos es un elemento vital el transporte; o los gallegos y las gallegas, que tenemos la mitad de los núcleos rurales de todo el Estado, tenemos que tener una financiación adecuada para ello; o, por ejemplo, el caso palmario de Madrid, por qué Madrid que tiene superávit fiscal y reduce deuda tiene que acotarse y no poder seguir gastando para practicar servicios públicos.

Nosotros creemos que todo esto hay que cambiarlo y para ello presentamos tres enmiendas. En la primera pedimos en un debate noble al Partido Socialista que por lo menos permita que tengamos el debate futuro sobre el grado de nivelación que debemos tener en los servicios públicos. 

La iniciativa del Partido Socialista se contradice, o financiamos los servicios públicos esenciales o financiamos lo que nos dice en su punto de resolución 4, también las políticas activas de empleo. Dejemos ese debate para después y veamos cuál es el grado de nivelación que tenemos que pedir. Creemos que ya se ha alcanzado un grado de consenso en la academia para sostener que debemos caminar hacia una nivelación plena. En todo caso, quitemos ese debate para que finalmente esta Cámara nos diga hacia dónde debemos caminar. 

En segundo lugar, una adición pequeña  y es que se tengan también en cuenta los estatutos de autonomía. Finalmente, una enmienda muy importante para que, de una vez por todas en este país, practiquemos la segunda descentralización. 

Nuestros ayuntamientos son también de todos y todas. Termino recordando al profesor Pérez Royo, que en ese texto magnífico que acaba de publicar en el que habla de una reforma constitucional inviable, dice que estamos ante una Constitución que es monárquica, bipartidista, antifederal y —como dice el señor Monedero—, además, oligárquica. 

También señala que estamos ante un sistema de las autonomías agotado. Señores del Partido Popular y del Partido Socialista, sean valientes y reformen el sistema. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie). 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nieto Ballesteros. 

El señor NIETO BALLESTEROS: Señora presidenta, señorías, volvemos a debatir —creo que es la cuarta vez en un año natural, en Pleno o en Comisión— sobre el sistema de financiación autonómico. Eso ya de por sí podría ser curioso, pero lo es más cuando en esas cuatro veces los debates se han sustanciado con abrumadoras mayorías, prácticamente ninguno tiene ningún voto en contra. 

Por tanto, nos deberíamos preguntar por qué debatir nuevamente este tema, a qué se debe tanta reiteración. La primera razón que me viene a la cabeza es pensar que el Grupo Socialista tiene un toque de masoquismo importante, porque hay que tener ganas de mover el mayor espantajo, o uno de los mayores espantajos, de la herencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista una y otra vez en esta Cámara. 

La segunda razón puede tener otro interés, y es que ustedes se empeñan en conseguir de alguna forma que se imponga eso que ahora se denomina el relato. ¿En qué consiste el relato? El relato consiste en decir que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy castigan a las comunidades autónomas con un sistema de financiación que, como se ha dicho en esta tribuna, es oscuro, poco transparente, tramposo, insolidario, injusto e incluso alguno dijo inconstitucional. 

Segundo punto del relato: El Partido Popular y Mariano Rajoy no solo imponen este nefasto sistema sino que además no hacen nada por ayudar a las comunidades autónomas que lo sufren. Tercera parte del relato: El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy podían cambiarlo cuando quisieran y no lo han hecho. 

Esto es ya el culmen de la crueldad. Señorías, ni una cosa ni la otra. Esta vez tampoco van a lograr imponer ese relato en el que se sienten jaleados a la vez que criticados por esa parte de la izquierda que fue cómplice del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista en diciembre del año 2009; ese grupo que se empeñó en conseguir algo que se ha demostrado negativo y es que el apellido del sistema de financiación fuese izquierdas y no fuese consenso, acuerdo, justicia, equidad, eficacia o suficiencia. 

Es decir, esos apellidos que hoy se echan de menos, que todos reclamamos y que no se llevaron a cabo porque ese sistema de financiación fue el último paso del Pacto del Tinell y el cierre definitivo del cordón sanitario que consistía en expulsar al Partido Popular de cualquier espacio político y de cualquier representatividad. Señorías, todas las cosas que se hacen con criterios puramente ideológicos, buscando el beneficio partidista y con una tremenda actitud sectaria conducen al mismo punto: al fracaso. 

En este caso, señorías, ese fue el resultado de este sistema de financiación. Si ustedes leyeran hoy la intervención de mi compañero Álvaro Nadal el día que se aprobó en esta Cámara el sistema de financiación verían como se está repitiendo punto por punto lo que él anunció que iba a pasar con este sistema de financiación. 

Yo les niego la mayor, ese relato no vale y no vale, primero, porque el sistema es del Partido Socialista de Zapatero con el apoyo de la izquierda; segundo, porque es mentira que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular no hayan hecho nada para impedir los efectos sobre las comunidades autónomas. 

Han hecho muchísimas cosas, se han aprobado medidas para actuar contra el principal problema: la falta de liquidez, y ahí están el FLA, los diferentes planes de pagos a proveedores, las líneas del ICO y las medidas extraordinarias de liquidez. Se han movilizado 180.000 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas. Se han salvado 400.000 puestos de trabajo al salvar a miles de empresas que iban a quebrar si no se pagaban sus facturas. 

Se han tomado medidas para asumir la responsabilidad de la sostenibilidad de las comunidades autónomas, las medidas que tenían un mayor desgaste las ha asumido el Gobierno del Partido Popular para que no lo hicieran las comunidades autónomas y, claro, no se le ha agradecido sino que se ha usado como excusa para decir que la culpa de todo era de Rajoy, aunque fuese competencia autonómica. 

Se ha conseguido incrementar la financiación a pesar de las dificultades económicas en un momento terrible, así que no cuela ese relato. Hemos votado a favor una y otra vez de estas medidas porque queremos cambiar el sistema, pero a todos los grupos que lo han utilizado les quiero decir por qué no se ha cambiado el sistema. En primer lugar, porque tenía un periodo de vigencia de cinco años, periodo que se cumplía en el año 2015. 

En segundo lugar, porque en 2015 también se produjo un hecho que no era menor como fueron las elecciones municipales y autonómicas, y ¿qué hubieran dicho entonces todos los grupos que están aquí representados que han dicho que hacía falta un nuevo sistema si se hubiera cambiado antes de los cinco años o si se hubiera cambiado antes de que hubiera nuevos Gobiernos municipales y autonómicos en las elecciones del año 2015? 

¿O qué hubieran dicho si se hubiera hecho después de las elecciones municipales y autonómicas del año 2015? Si se le ocurrió al Gobierno traer la Ley de Presupuestos y fíjense lo que dijeron, ¿qué hubieran dicho si se hubiera tratado de imponer esta solución? No cuela el relato. 

Queremos un nuevo sistema de financiación. Hemos presentado una enmienda, no la han aceptado, pero aun así vamos a votar a favor porque queremos cambiar este sistema. El último dato, la última condición para que se cambie el sistema: que haya un Gobierno. Espero que pronto consigamos tener ese Gobierno y que después tengamos un nuevo sistema de financiación. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A continuación, procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el debate. En primer término, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio del procedimiento para la reformas del sistema de financiación autonómica. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos al punto 2 y de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al punto 4. Comienza la votación. (Pausa). 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 319; abstenciones, 17.