RESOLUCIÓN COMITÉ FEDERAL 23 OCTUBRE

RESOLUCIÓN COMITÉ FEDERAL 23 OCTUBRE

Resolución Comité Federal, 23 de octubre de 2016

Posición política del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ante el proceso de investidura.

Se ha producido en nuestro país una situación excepcional. Dos elecciones generales, dos investiduras fallidas y la prolongación de un Gobierno que lleva más de 300 días en funciones, con las graves consecuencias que el hecho provoca en otras administraciones, como CCAA y ayuntamientos, y en los servicios que éstas prestan a la ciudadanía. Si no se desbloquea este escenario, en 8 días estaríamos ante la disolución automática de las Cortes y la convocatoria de unas terceras elecciones generales en menos de un año.

Las consecuencias antes descritas no solo irían en perjuicio de las instituciones y de las personas. Se abriría paso la conclusión de que la democracia española, tras una trayectoria ejemplar, habría entrado en un proceso seriamente anómalo. Lo que bien podría parecer una irresponsabilidad de la política y sus protagonistas ante un momento singular como el actual, acabaría por erosionar profundamente la identificación entre esta y la ciudadanía.

Las últimas elecciones depararon para el PSOE los peores resultados de la historia reciente. Tras ello, no fue posible articular un gobierno llamado transversal, por la rotunda negativa de dos de las fuerzas llamadas a apoyarlo. Tampoco fue posible uno construido sobre un conjunto muy diverso de fuerzas de izquierda y nacionalistas, dado que hubiera requerido del concurso de otras que cuestionan abiertamente las bases de nuestro modelo constitucional.

Tras todo esto, la minoría mayoritaria, el Partido Popular, ha llegado a un acuerdo con otras fuerzas afines para alcanzar el apoyo expreso de 170 diputados a su candidato. Con esos resultados, y tras lo acontecido desde las elecciones, resulta incuestionable que no hay más que dos alternativas: o unas nuevas elecciones o el Partido Socialista contribuye a desbloquear la situación del país para que se ponga en marcha la Legislatura y se restaure el funcionamiento normal de las instituciones.

A nadie se le oculta que no es una decisión fácil, pero tampoco contemplamos el ejercicio de la responsabilidad política, en esta coyuntura ciertamente excepcional, como una carga que nos resulte ajena o incompatible con el papel que hemos venido desempeñando en nuestra democracia constitucional.

Si hemos sido la fuerza mayoritaria durante un mayor período de tiempo en democracia, y ello nos ha permitido dejar una clara huella de nuestras políticas, de nuestros principios y de nuestros valores en la sociedad española, fue porque la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nos ha percibido como un partido responsable, capaz de hacernos siempre cargo del país y de sus aspiraciones y necesidades, tanto desde el Gobierno como desde la oposición.

En esta ocasión, como en otras, no nos comportamos responsablemente a pesar de ser socialistas. Nos sentimos responsables, responsables del conjunto de la ciudadanía, responsables del país, porque somos socialistas. Y si ejercemos de nuevo nuestra responsabilidad es precisamente por nuestra condición de fuerza de gobierno que aspira a seguir representando en el futuro a la mayoría social de progreso.

El 28 de diciembre del pasado año, este mismo Comité Federal resolvió que “las nuevas elecciones deben ser la última opción, porque supondría un fracaso colectivo. Los españoles nos han convocado para el cambio, para el diálogo y para el acuerdo. Y los representantes elegidos por los españoles y españolas tenemos que estar a la altura de este mandato popular, por encima de intereses partidarios y personales”. Aquel indeseado fracaso colectivo se consumó 7 meses después, el 26 de junio, cuando los ciudadanos volvieron a ser llamados a las urnas.

El Partido Socialista considera que una nueva repetición de las elecciones, que serían las terceras, es el peor desenlace posible a esta situación. Lo es en los tres planos que más nos importan:

• a) La repetición de las elecciones es gravemente dañina para la salud de la democracia. La sociedad tiene que tener la seguridad de que el voto popular es decisorio; de que elige a unos representantes con el mandato de que cumplan con sus obligaciones, la primera de las cuales es dar un gobierno a España; de que las conveniencias tácticas de los partidos no pueden imponerse a la expresión de la soberanía popular. 
• El resultado de las elecciones debe ser sagrado, y nadie tiene derecho a obligar a los ciudadanos a votar por tercera vez por el hecho de que las dos anteriores no hayan satisfecho sus expectativas. Repetir las elecciones no sólo no asegura la gobernabilidad futura, sino que inflige un daño estructural al funcionamiento de la democracia representativa y a su credibilidad social. 
• b) La repetición de las elecciones es perjudicial para el interés de España y el de los españoles y españolas. Porque prolongaría durante varios meses más el bloqueo político y la situación de desgobierno; porque retrasaría aún más la toma de decisiones que son urgentes e imprescindibles para la economía y para el bienestar de la ciudadanía; porque dificulta una respuesta eficaz desde el Estado al desafío secesionista; porque prolongaría nuestra actual ausencia en el escenario internacional, algo especialmente grave cuando la Unión europea se está jugando su futuro. No hay ningún beneficio para España ni para el conjunto de sus hombres y mujeres que pueda derivarse del fracaso de esta legislatura y de la repetición de las elecciones. 
• c) La repetición de las elecciones puede tener también efectos muy negativos para el Partido Socialista. Porque apareceríamos ante la sociedad como los principales responsables de un bloqueo que nadie desea. Y porque un nuevo retroceso electoral nos haría perder la capacidad que ahora tenemos de liderar la oposición y condicionar desde nuestra acción parlamentaria la acción del gobierno y el contenido de las leyes, en beneficio de nuestras ideas y de los sectores sociales que más necesitan un socialismo fuerte e influyente. 

Queremos, pues, ejercer hoy nuestra responsabilidad y queremos hacerlo de una forma activa, a partir del decisivo papel que podemos desempeñar en el Parlamento, con capacidad, a la vez, de controlar y de impulsar, de influir y de legislar, de persuadir y de disuadir.

Unos objetivos inaplazables Como expresión de nuestra responsabilidad, tanto ante el Parlamento como ante la sociedad española, los socialistas anunciamos los objetivos políticos que consideramos inaplazables desde el comienzo mismo de la Legislatura y que, en consecuencia, vamos a defender ante el Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas:

• Consideramos que la reforma laboral debe ser derogada cuanto antes, siendo urgente convocar al diálogo social entre el empresariado y los sindicatos para abordar la lucha por una creación sostenida del empleo, así como la mejora del salario mínimo, la eliminación de la brecha salarial, la situación de los parados de larga duración en el marco de la protección por desempleo y la regulación de la negociación colectiva a fin de restablecer el equilibrio entre las partes. 
• Consideramos que el nuevo Gobierno debe convocar el Pacto de Toledo para abordar el presente y futuro de las pensiones. Completando el marco de los pilares de nuestro sistema de bienestar, el PSOE defenderá en el Parlamento la completa derogación de la LOMCE y trabajará para un Pacto de Estado en materia educativa. 
• Además, trabajaremos para recuperar el carácter público, universal y gratuito de la Sanidad Pública española, impulsando la recuperación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 
• Así mismo, desde el Parlamento abriremos, con carácter inmediato, un proceso de diálogo con las fuerzas políticas para afrontar los serios desafíos presentes en la vertebración territorial de España, en particular con el objeto de recuperar la normalidad institucional con Cataluña. Además, emprenderemos con el conjunto de las comunidades autónomas y nacionalidades las reformas jurídicas necesarias para mejorar la articulación de nuestro modelo territorial y su financiación. 
• Asumiremos un compromiso colectivo para desterrar de nuestra vida pública las prácticas corruptas que socavan la confianza de la sociedad en las instituciones. Ello no sólo exige una decidida actuación de la justicia y de las fuerzas policiales, que deben ser respaldadas por todos y en todos los casos, sino reforzar los mecanismos de control y prevención en el funcionamiento de las administraciones públicas. 
• Trabajaremos para que las mujeres recuperen todos los derechos perdidos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Así mismo, impulsaremos un gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
• En el ámbito de las libertades y de los derechos de ciudadanía, el PSOE impulsará la derogación de la llamada Ley Mordaza y cualesquiera otras normas restrictivas de nuestras libertades cívicas. También impulsaremos las medidas de extensión de los derechos y libertades que están en nuestro programa electoral, como por ejemplo la Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación. 

Estos son, a nuestro juicio, objetivos fundamentales para reforzar y mejorar la cohesión social, territorial y democrática de España, y marcarán desde el principio la dirección de la oposición que haremos. El Partido Socialista siempre ha asumido su responsabilidad con la sociedad española.

En esta situación, difícil pero a la vez cargada de oportunidades, volvemos a hacerlo, sabiendo que nuestra misión histórica es defender la democracia, el progreso y la justicia social; y nuestro objetivo político es recuperar la confianza mayoritaria de los y las españolas y estar preparados para gobernar el país cuando así lo decidan.

Y mientras tanto, desarrollaremos en plenitud la tarea que nos han encomendado la ciudadanía, que es el ejercicio y el liderazgo de la oposición parlamentaria. El PSOE realizará desde el primer día una oposición tan firme como constructiva.

Buscaremos los apoyos necesarios para revisar las políticas antisociales del PP; combatiremos todas aquellas medidas que consideremos negativas para las personas y promoveremos activamente el diálogo y el consenso, no sólo con el Gobierno sino con todas las fuerzas políticas, para sacar adelante las grandes reformas que España necesita y que llevan demasiado tiempo aplazadas. Si ello es siempre necesario, lo es mucho más con un gobierno en minoría y un parlamento políticamente fragmentado.

Por todo lo expuesto, el Comité Federal acuerda:

• Mostrar en la primera votación de la investidura nuestro rechazo frontal a las políticas del PP. Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará no a la investidura de Mariano Rajoy en la primera votación. 
• Con el objetivo de desarrollar los contenidos de esta resolución y desbloquear la excepcional situación institucional que sufre el país, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura.