COMISIÓN ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN VICEPDTE 25 SEPTIEMBRE

SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Don José Luis Martínez Guijarro): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos, señorías. Al igual que hace cuatro años, comparezco ante esta Comisión para dar cuenta de las líneas generales de las políticas que se van a seguir desde la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla - La Mancha, cuyas competencias y estructura vienen establecidas, como ustedes conocen, por el Decreto 79/2019, de 16 de julio de este mismo año, concretamente en los artículos segundo y tercero, y, por extensión, en los artículos cuatro a noveno, donde se detallan las competencias de cada uno de los órganos que forman la estructura de la Vicepresidencia.

Una Vicepresidencia cuya estructura presenta algunas novedades con respecto a hace cuatro años, fruto de una profunda reflexión acerca del modo en el que entendemos, bajo la dirección del presidente Emiliano García-Page, el perfeccionamiento de la acción del Gobierno en general, y de aquellos ámbitos que dependen directamente de la Presidencia del Gobierno, que, como bien saben ustedes, se organizan a través de cuatro órganos integrados: la Vicepresidencia, la Consejería de Igualdad y Portavoz, la Secretaría General y el Gabinete de la Presidencia. 

Importantes novedades con respecto a la estructura, que responde, junto a otros cambios, a la necesidad de intensificar la acción del Gobierno de manera coordinada y transversal, con el fin de seguir dando respuesta, fundamentalmente, a dos retos que son de especial sensibilidad para nosotros. Por un lado, las políticas de igualdad, en las que esta región volvió a ser pionera con nuevos avances legislativos y políticas de integración y defensa de los derechos de las mujeres, en especial de las víctimas del maltrato y de sus hijas e hijos. 

Obviamente, no haré referencia a este asunto, porque se ha producido la comparecencia de la propia consejera en la Comisión de Igualdad. Por otro lado, la batalla contra la despoblación y el reto demográfico, frente al cual también hemos puesto en marcha importantes recursos y acciones encaminadas a dotar al medio rural de infraestructuras básicas de comunicación, recuperación de servicios públicos esenciales, mejora de las condiciones para la creación de empleo, así como una mejor utilización de los fondos europeos, a través de la puesta en marcha de las zonas ITI. 

De esta forma, voy a pasar a hablar directamente de lo que son los retos que nos ponemos por delante desde la Vicepresidencia. Como decía antes el presidente de la Comisión, me acompañan las personas que están al frente de los distintos órganos gestores de la Vicepresidencia. 

Básicamente, compete a esta Vicepresidencia: desarrollar la coordinación y evaluación de las acciones del Gobierno, a través de sus Consejerías; las relaciones con otras instituciones, especialmente con estas Cortes; la defensa de los intereses de la región en sus relaciones con otras Administraciones; las políticas de promoción institucional; y, con especial dedicación, la transparencia en la actuación del Gobierno y el fomento a la participación ciudadana; la lucha contra la despoblación y los efectos del envejecimiento demográfico y la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía, para dar cumplimiento al compromiso, adquirido en su momento, de blindar los servicios públicos esenciales, buscar una mayor correspondencia entre el voto ciudadano y la representación final del mismo en esta Cámara, o buscar mejores vías de participación ciudadana, para la mejor gestión en la solución de los problemas que afectan a la ciudadanía. 

Es por aquí por donde quiero empezar a desarrollar las líneas de actuación que vamos a desarrollar. Voy a empezar, señorías, hablando del reto demográfico, que nos compete a todos. Compete a Europa, nos compete al Estado español, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Castilla-La Mancha es, como saben sus señorías, la tercera comunidad autónoma en extensión. 

Pero somos la novena en cuanto a población se refiere, lo que nos sitúa con una densidad de población de 25,51 habitantes por kilómetro cuadrado, seguida muy de cerca por Castilla y León, con 25,57; Extremadura, 25,77; y Aragón, con 27,43 habitantes por kilómetro cuadrado. 

No es casualidad que las cuatro comunidades que forman la España interior, con la excepción de Madrid, sean las que hayan estado a la cola en cuanto a los niveles de población, puesto que se trata de un problema estructural, que tiene su origen hace ya unas cuantas décadas, y fruto, además, de políticas y de decisiones que se tomaron entonces, que favorecieron, durante muchos años, la expansión de la actividad industrial en otros lugares de nuestro país, fundamentalmente, el desplazamiento de las inversiones hacia el este peninsular, hacia el arco mediterráneo. 

Desde que existen las comunidades autónomas estamos trabajando, a lo largo de estos años, para intentar reequilibrar esas decisiones que se tomaron hace ya unas cuantas décadas. Pero es que ni siquiera en Castilla-La Mancha podemos hablar de una distribución uniforme de la población, pues existen intensos desequilibrios y profundos contrastes entre provincias, y dentro de la provincia, entre distintas comarcas, y entre ámbitos centrales y ámbitos periféricos de la propia comunidad autónoma. Como saben, nuestra región cuenta con 919 municipios, la mayoría de ellos con una población inferior a los 2.000 habitantes. 

Así, en Castilla-La Mancha se da la circunstancia de que el 80 % de los municipios agrupa tan solo al 15 % de la población, o, si lo quieren, al revés: el 85 % de los castellanomanchegos viven en menos del 20 % de los municipios de nuestra región. Eso pone de manifiesto la importancia de este asunto del reto demográfico. Nuestra batalla contra la despoblación no empieza de cero en esta legislatura, con la creación del comisionado, sino que hemos estado participando en foros y encuentros que han puesto el problema en primera línea, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. 

Podría poner muchos ejemplos, como el encuentro del foro de regiones españolas con desafíos demográficos, que en 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca, y a partir del cual se abordó este asunto en la Conferencia de Presidentes, a iniciativa, entre otras, de nuestra comunidad autónoma. Pero también hemos estado desarrollando políticas transversales, como la recuperación de la escuela rural, la reapertura y refuerzo de la atención primaria o la extensión de las nuevas tecnologías por nuestros municipios. 

Como integrantes del foro al que antes hacía referencia, hemos reclamado, en esa Conferencia de Presidentes, una estrategia nacional frente al reto demográfico, en la que el Gobierno de España ha estado trabajando, y esperemos que el próximo Gobierno la concluya. Pero también hemos pedido más recursos para las políticas de desarrollo rural, por su carácter transversal y por su implicación directa en la vertebración y ordenación del territorio. 

Para hacer frente a este reto demográfico, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha venimos desarrollando algunas actuaciones. En primer lugar, la estrategia para el desarrollo de zonas con despoblamiento y declive socioeconómico de Castilla-La Mancha, entre el 2014 y el 2020, en este periodo de programación. 

En esta estrategia se definen cinco áreas geográficas con necesidades específicas de desarrollo, para la implementación de inversiones territoriales integradas, lo que conocemos normalmente como ITI, un instrumento que nos ha permitido reunir, tanto fondos propios como los fondos estructurales y de inversión europea, con el objetivo de fomentar nuevas actividades en estas zonas especialmente deprimidas. 

El objetivo central de esta estrategia ha sido y sigue siendo la recuperación sociodemográfica de estas zonas, por medio de tres vectores de desarrollo: la digitalización del territorio, el fomento de la actividad económica y el aprovechamiento sostenible de los recursos de que se dispone en estos territorios. El total de municipios integrados en estas zonas es de 632. Hasta la fecha, saben que una de las actuaciones que se incorporan en esa estrategia es la generación de discriminación positiva en líneas de actuación, en líneas de ayuda impulsadas por el Gobierno regional. 

Hasta la fecha, se han convocado por el Gobierno regional 84 líneas de ayuda diferentes, con esos criterios de discriminación positiva, que han supuesto destinar 678 millones de euros a las mismas. También hemos impulsado la estrategia de desarrollo local participativo, que se centra en el papel de los grupos de acción local. Me van a permitir que aquí tampoco entre en profundidad, porque será objeto de la comparecencia por parte del consejero de Agricultura. 

Sin embargo, somos conscientes de que hay que abundar en el análisis de las causas, que son muy diversas, por las que los ciudadanos abandonan el medio rural, pues se trata de un problema con múltiples vertientes, y del que se ve la necesidad de una planificación a medio y largo plazo, que cuente con flexibilidad suficiente como para adaptarse a los cambios y a las distintas necesidades en el tiempo. Esta política contra la despoblación debe adoptar medidas en muchos ámbitos, y debe contar con el apoyo de todos los estamentos responsables. 

Desde el local, pasando por el autonómico, hasta el estatal y el europeo. Por ello, en la declaración institucional para iniciar la concertación de un nuevo pacto por el crecimiento y la convergencia económica en Castilla-La Mancha con el horizonte de 2023, que firmó el presidente con los agentes económicos y sociales el pasado mes de julio, se contempla que uno de los ejes estratégicos y líneas de actuación a desarrollar es el de los retos demográficos y la despoblación, y que, en la definición y desarrollo de los diferentes ejes estratégicos y líneas de actuación, se deberán contemplar aspectos transversales, desde la perspectiva de la despoblación. 

Por todo ello, desde el comisionado para el reto de demográfico, que contará con delegaciones especiales en cada provincia, nos hemos marcado los siguientes objetivos para esta legislatura: La aprobación de una ley contra el despoblamiento en Castilla-La Mancha, que establecerá servicios mínimos básicos para la población y un adecuado acceso a los mismos en áreas como la sanidad, con un plan de mejoras sanitarias en las zonas más afectadas por la despoblación. 

La educación, con el mantenimiento de los colegios rurales, la calidad educativa y la mejora del transporte escolar. Los servicios sociales, con un plan de infraestructuras sociales. La elaboración de una estrategia regional para la salud y el bienestar de nuestros mayores en el mundo rural, porque la otra cara del despoblamiento es el envejecimiento de nuestra población. 

También, afrontar el déficit en servicios bancarios y financieros, en colaboración con entidades financieras, para garantizar una mayor proximidad a los usuarios, y que desaparezca esa brecha financiera que hay en algunos lugares de nuestra comunidad autónoma. También, garantizar una plena conectividad territorial, para una adecuada cobertura de Internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, evitando así que se produzca una brecha de derechos en el ámbito digital. Este es un asunto transcendental para la lucha contra el despoblamiento, y que los sucesivos Gobiernos de España, con la distinta Normativa que se ha aprobado en materia de telecomunicaciones, han generado lo que se conoce como “zonas blancas”, aquellas zonas donde la iniciativa privada no invierte en despliegue de redes de comunicación de nuevas tecnologías. 

Tenemos que hacerlo desde las Administraciones territoriales. Tenemos que venir a suplir esa falta de inversión por falta de rentabilidad económica, por parte de los actores privados. Este es un buen ejemplo de lo que tiene que solucionar el nuevo modelo de financiación autonómica en nuestra comunidad autónoma. Esta es una de las cuestiones que se tiene que contemplar a la hora de diseñar ese nuevo sistema de financiación. Porque hay comunidades autónomas que no tienen que destinar parte de sus recursos a la extensión de este tipo de infraestructuras, y otros territorios tenemos que consumir una buena parte de ellos. 

Porque estas infraestructuras cada vez son más importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para favorecer el desarrollo de iniciativas de desarrollo socioeconómico en el ámbito rural. Para conseguir aplicar la medida en el menor plazo posible, desde el Gobierno regional ya estamos coordinando nuestras actuaciones con las Diputaciones provinciales de la región, para cumplir el objetivo de instalar fibra óptica en todo el territorio. 

También tendremos que actuar en materia de vivienda, con un apartado específico de ayudas en el plan regional de rehabilitación de viviendas, para las zonas que vienen sufriendo este fenómeno de la despoblación. Con esta ley se garantizará a la ciudadanía, no importa el lugar donde viva, el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación, el transporte o la cobertura de redes de banda ancha. Porque afrontar el reto demográfico es, ante todo, una cuestión de igualdad de oportunidades, de no discriminación y de libertad para poder elegir su lugar de residencia. 

También incorporaremos en esta ley la necesidad de estudios de impacto y de perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social. Esta será una de las exigencias que se impondrán con la aprobación de la ley, así como medidas de discriminación positiva en las áreas territoriales desfavorecidas, que combinen respuestas coordinadas de inversión, desarrollo de infraestructuras y gestión del territorio. 

Por supuesto, el impulso de las iniciativas en curso como el instrumento de inversión territorial integrada que moviliza los recursos de los fondos estructurales, dando prioridad a las iniciativas de desarrollo en estas áreas. También nos marcamos como objetivo un pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha, con los agentes sociales y económicos, al que creo que se tienen que sumar las distintas formaciones políticas. 

Un pacto que concluya con la elaboración y ejecución de una estrategia regional frente al reto demográfico, de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento y del despoblamiento territorial. Se trata de sentar las bases de un proyecto de región que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las Administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la estrecha colaboración público-privada. 

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere plantear al Gobierno de España, como les decía, la reforma urgente del actual modelo de financiación autonómica, para incluir en la cuantificación de la financiación de Castilla-La Mancha el coste efectivo de la prestación de los servicios, que permita corregir el desequilibrio de suficiencia por la dispersión de la población, por la despoblación y el envejecimiento de la misma, cumpliendo así los principios de solidaridad y de suficiencia financiera. En este sentido, esperemos que en los grupos de trabajo que hemos abierto entre el Gobierno y los grupos políticos de estas Cortes, se avance en una posición común. 

El esfuerzo va a ser intenso, transversal y constante, y debe contar, así lo espero, con el apoyo de los grupos de esta Cámara, porque este es un asunto que nos incumbe a todos. Como en otros tantos ámbitos, empezamos con el desarrollo de acciones positivas desde el inicio mismo de esta legislatura, con medidas de índole transversal. 

En pocas semanas, señorías, se ha dado un nuevo impulso a las comunicaciones de la Sierra de San Vicente, como han podido comprobar a través de los medios de comunicación. Se ha anunciado la introducción de la variable de la lucha contra la despoblación en la revisión del tercer plan regional de carreteras, como tuvieron oportunidad de conocer en la comparecencia del consejero de Fomento, o se pone fecha al fin de las obras que solucionarán los problemas de abastecimiento a los municipios ribereños de los embalses de la cabecera del Tajo. 

Se ha diseñado un plan de empleo específico para mujeres del medio rural, dotado con 5.000.000 de euros, a partir del próximo mes de enero. Hace cuatro años, señorías, nuestra mayor prioridad era la recuperación integral de Castilla-La Mancha, que se veía inmersa en una profunda depresión económica y social. Cuatro años después, seguimos empeñados en mantener y acelerar las vías de recuperación, una de las cuales ha sido, sin lugar a dudas, la acción exterior desplegada por parte del Gobierno regional. Pusimos en orden y recuperamos la máxima participación posible en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, de la Unión Europea. 

Fuimos a buscar a inversores al extranjero. Logramos tener voz y presencia en el Comité de las Regiones y en la (ininteligible). Aquí, incluso estamos presidiendo la Asociación de Regiones Vitivinícolas, que es importante para nuestra comunidad autónoma. Hemos incrementado y mejorado nuestra participación en ferias internacionales, directamente o en apoyo a las empresas, hasta encabezar los rankings en cuanto a incremento de la inversión extranjera y de las exportaciones. Toca, por tanto, insistir en esta línea, y mejorar nuestra presencia y relaciones con el exterior, y no solo entre comunidades autónomas o con el Gobierno central. 

Para ello, entre otras cosas, hemos creado la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, una de cuyas principales competencias es la de coordinar toda la acción exterior de la comunidad autónoma, para mejorar el rendimiento y planificación de todos los esfuerzos que desde las diferentes áreas de la Administración sean llevados a cabo. 

Por supuesto, de acuerdo y en aplicación de la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, en perfecta coordinación con la Administración General del Estado. Nos marcamos, también, los siguientes objetivos, desde esta área de responsabilidad de la Vicepresidencia. 

En primer lugar, reforzar el área formativa e informativa sobre la incidencia de las políticas europeas en nuestra región, con especial hincapié en el mayor conocimiento, por parte de los ciudadanos, de los instrumentos de participación de las políticas europeas. También, en el contenido del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, que entrará en vigor en el año 2021, y que incorporará importantes novedades, que tendrán consecuencias financieras importantes para nuestra comunidad autónoma.

Por último, en el funcionamiento de los programas financieros europeos a través de cursos dirigidos a las Administraciones locales y a las entidades asociativas, todo ello sin olvidar el mantenimiento del programa de formación, con becarios de jóvenes titulados de nuestra región, en el funcionamiento de la Unión Europea, y el impacto de las políticas europeas en nuestro territorio. 

Queremos, así, dar un impulso en el ámbito de la financiación europea, que nos permita una mayor consecución de fondos para los proyectos en los que participen entidades, tanto públicas como privadas, de Castilla-La Mancha. No solo potenciando el asesoramiento y las acciones formativas, como decía anteriormente, sino también mejorando la coordinación interna entre los diferentes departamentos del Gobierno regional, e incrementando, también, los recursos materiales y personales en la Junta de Comunidades, cuando sea necesario. 

Queremos reforzar, y este es otro de los objetivos, la defensa de los intereses regionales en cuanto a la presencia y la participación de Castilla-La Mancha en el Comité de las Regiones, órgano consultivo de la Unión Europea, y cuya representación se lleva a cabo por el presidente de esta comunidad y por la directora general de Asuntos Europeos, como miembro suplente. Esta labor se llevará a cabo, en gran medida, con una implicación aumentada de los órganos de Gobierno en la formulación de enmiendas a las propuestas de Dictamen de este órgano, con la finalidad de que se tengan en cuenta en mayor medida los intereses de nuestra comunidad. 

Potenciar el papel que para la defensa de nuestros intereses juega la oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas, que funciona mediante un convenio con la Administración central, que, precisamente, se acaba de renovar por otros cuatro años. 

Por último, señorías, en el periodo 2019-2023 le corresponderá a Castilla-La Mancha coordinar la representación de las comunidades autónomas españolas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Reuniones a las que asistirá un miembro del Gobierno regional, en las materias de importancia para esta región, tales como empleo, sanidad, o la política social de la propia Unión Europea. Como verán, señorías, Castilla-La Mancha no puede permitirse el lujo de dejar que otros asuman la defensa de sus intereses ante la Unión Europea. 

Nosotros logramos un papel protagonista de Castilla-La Mancha en muchos aspectos de la relación con Europa, y vamos a insistir en dicha línea, porque Europa debe ser nuestra mejor aliada como inversora, y en la apertura de mercados para nuestros productos. También, desde esta área atenderemos una relación más fluida con instituciones como el Defensor del Pueblo. Procuraremos, además, mejorar, aun si cabe, la relación entre esta Cámara y las diferentes Consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha, en especial cuando dicha mejora dependa de la comunicación con departamentos diversos. 

Queremos que, de esta forma, se facilite, tanto el trabajo de la dirección general como de los grupos parlamentarios. Trabajo que tiene mucho que ver, y este es otro de los grandes pilares de la acción de este Gobierno, lo ha sido y lo seguirá siendo, con la transparencia. 

Castilla-La Mancha ha recuperado puestos de privilegio en cuanto a los índices más solventes de transparencia, y vamos a seguir incrementando este nivel, para seguir siendo pioneros, como lo fuimos en su momento, y como también lo hemos sido en esta pasada legislatura. 

Uno de los primeros compromisos del presidente en verse cumplidos en este nuevo periodo ha sido la puesta en marcha, a partir del 1 de septiembre, del portal de seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente en el programa electoral y en su discurso de investidura. Forma parte de la labor de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación, y que velará por que todos los mecanismos puestos en marcha para garantizar la transparencia y el acceso a los datos fundamentales de interés para los ciudadanos, funcionen. 

Señorías, creemos en la participación ciudadana, y por eso creemos necesario que puedan disponer de datos que les permitan conocer todo aquello que sea de su interés para las cuestiones que les afectan de una manera clara y abierta, sin opacidades y sin eufemismos. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, los altos cargos hacemos públicas nuestras declaraciones de bienes y rentas de forma periódica y clara. También nuestras agendas. Los despachos, en ese sentido, están abiertos, porque creemos en los Gobiernos que son accesibles y cercanos.

Se mantendrá la convocatoria del foro de ciudadanía, en el cual los consejeros rendirán cuentas anualmente a los representantes de la sociedad, acerca del cumplimiento del programa y de las cuestiones de interés. 

Ya, como les decía, es público el seguimiento del grado de cumplimiento del programa y los compromisos asumidos en esta legislatura, y también los pendientes de la anterior. Como les decía, creemos en la participación ciudadana a través de los representantes sociales, por supuesto, de los representantes políticos, de las entidades de todo tipo que la vertebran, pero también mediante el acceso individual a la información y a la gestión pública. 

Por eso, este Gobierno mantiene su esperanza y su intención de lograr articular nuevos mecanismos de participación ciudadana, también en la vía legislativa, a través de lo que entendemos tiene que ser la nueva ley de participación ciudadana. También, por supuesto, de una reforma razonada y consensuada del Estatuto de Autonomía. Con respecto a la mencionada Ley de Participación Ciudadana, que ya está aquí, en las Cortes, como proyecto de ley, puedo adelantar a sus señorías que parte de la consideración de que los ciudadanos deben implicarse en la toma decisiones de las políticas públicas, las normas, los planes, los programas, todas ellas les afectan. 

De esta forma, no solo se mejorarán las mismas con sus aportaciones, sino que, igualmente, en la medida en que se sientan escuchados, esas políticas serán mejor valoradas y aceptadas. Es cierto que existen, actualmente, procedimientos de participación específicos a través de los órganos colegiados de carácter sectorial en los ámbitos de la educación, los servicios sociales, la sanidad o el consumo, por ponerles algunos ejemplos. 

Donde, además, tradicionalmente participa la ciudadanía a través de las asociaciones más representativas, y que estos procedimientos de participación siguen siendo válidos. Pero las nuevas tecnologías y demandas sociales aconsejan nuevos procedimientos de participación, más directos, que se desarrollarán con esta nueva ley, y que no vienen a sustituir a la participación sectorial a través de estos órganos colegiados, sino que vienen más bien a complementarlos y a profundizar en el derecho de los ciudadanos a participar directamente, sin mediación de asociaciones, en las decisiones importantes que afectan a su futuro. 

Es evidente que la participación así entendida requiere, como presupuesto, una ciudadanía bien informada de las políticas y las decisiones públicas, lo que nos exigirá profundizar en la transparencia de la actividad administrativa, sobre la base de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en la anterior legislatura. La ley que impulsamos fue elaborada en la legislatura anterior con una amplia participación social en su elaboración, y remitida a las Cortes para su aprobación en este mes de septiembre. 

Las finalidades que perseguimos con esta ley son de garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos, en condiciones de igualdad, información y responsabilidad; promover y desarrollar mecanismos que fomenten la participación ciudadana en las políticas públicas, con carácter previo a la toma de decisiones, y luego, en el seguimiento y evaluación de los servicios públicos; y crear las condiciones que sean necesarias para facilitar y garantizar la participación ciudadana en los proyectos normativos, planes o programas que impulsen la Administración regional. 

En esta ley se delimitan los sujetos con derecho a la participación ciudadana, distinguiendo entre una titularidad general que os corresponde a ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, al menos con 16 años de edad; a entidades privadas sin ánimo de lucro, válidamente constituidas, que tengan como objeto la tutela y defensa de intereses colectivos; y, en fin, a las agrupaciones de los sujetos anteriores sin personalidad jurídica, con independencia de su denominación. 

La ley también define los mecanismos de participación ciudadana, distinguiéndose entre procedimientos e instrumentos, que se enumeran en los ámbitos materiales en que se va a poder ejercer la participación, y, por último, se establecen unos límites inexcusables a todos los mecanismos de participación previstos. En cuanto a los instrumentos de participación, el más importante será el portal de participación ciudadana de Castilla-La Mancha, como recurso tecnológico institucional gestionado por el órgano competente en materia de participación, para informar a la ciudadanía de las políticas públicas y concederles la posibilidad de intervenir activamente en el diseño de las mismas.

Los procedimientos de participación podrán iniciarse, bien a propuesta de los ciudadanos, o bien a instancias de la propia Administración. En este último caso, se articularán en torno al denominado plan anual de participación ciudadana, que será un documento estratégico que contendrá los proyectos normativos, planes o programas derivados de las decisiones públicas, que han de ser objeto de los instrumentos o procesos de participación previstos en esta ley. 

También se regularán, en la ley, medidas de impulso y fomento a la participación, contemplando programas de formación y divulgación en materia participativa, cuyos destinatarios podrían ser, no solo los empleados públicos, sino también los responsables políticos, y, por supuesto, la ciudadanía en general, o a través de sus asociaciones. 

Finalmente, se regularán los órganos y unidades administrativas con competencias en materia de participación ciudadana, en el ámbito de la Administración regional. Respecto a la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía, apostamos por abrir un diálogo institucional con las distintas formaciones políticas, no solo con los partidos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino también con otras fuerzas políticas que estén presentes en otras instituciones de nuestra comunidad. Espero que sus señorías compartan este criterio, con el objetivo de que el nuevo Estatuto de Autonomía tenga el máximo consenso social y político. 

El objetivo es elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía que recoja asuntos como la protección del Estado de bienestar de la comunidad autónoma, el establecimiento de una arquitectura institucional adaptada a las nuevas necesidades de nuestra comunidad autónoma, y unas reglas de juego que mejoren la representatividad en estas Cortes. Lo más importante es que este nuevo estatuto permita que las instituciones de Castilla-La Mancha puedan trabajar de una manera más ágil, en favor de los ciudadanos. Ya hay, señorías, acuerdo para la recuperación de derechos perdidos por parte de los representantes del pueblo castellanomanchego en esta Cámara. 

Creo, sinceramente, que se dan las circunstancias y las condiciones objetivas para extender el clima de acuerdo en los temas que son de auténtico interés regional, por encima de las diferencias políticas, en asuntos como el agua, la reforma del estatuto o la aprobación del nuevo estatuto del que estaba hablando. 

Ese consenso debe permitirnos eliminar para siempre la tentación de reducir derechos y servicios públicos esenciales, como solución a situaciones de crisis, o la tentación de favorecer determinado tipo de intereses, aunque sea en contra del interés general, así como encontrar fórmulas para que la representación parlamentaria se ajuste mucho más estrechamente al voto de los ciudadanos. Por lo demás, cuenten ustedes con una línea continuista en la gestión de la mayor parte de los asuntos dependientes de esta Vicepresidencia. 

Como podrán comprobar, queda aun más clara la separación entre la gestión de las políticas informativas y la gestión de la acción de promoción institucional, ya que ni siquiera coinciden en el organigrama de la propia estructura regional. 

Estamos satisfechos con el trabajo desarrollado en este ámbito, y también en la actuación de la labor de comunicación y de información por parte del Gobierno regional. Este modo de actuar, de entender el Gobierno, ha sido clave para que los ciudadanos refrenden de forma mayoritaria la labor del presidente García-Page y de su Gobierno en las urnas, pero este apoyo mayoritario no invita a la complacencia. Más bien al contrario, invita a marcarnos objetivos aun más ambiciosos en cuanto a la recuperación de la región y a la reforma de sus instituciones. 

Estas han sido, señorías, las líneas generales de actuación que nos ponemos como meta y como reto para la próxima legislatura, desde la Vicepresidencia de la comunidad autónoma. Muchas gracias por su atención.