SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: Buenos días a todas y a todos.
Vamos a abrir la sesión plenaria.
Antes de comenzar con el orden del día, informo a sus señorías que los grupos parlamentarios
han consensuado una declaración institucional en relación al cambio climático.
Ruego al señor secretario primero que dé lectura a dicha declaración.
SEÑOR SECRETARIO PRIMERO DE LAS CORTES (Don Ángel Tomás Godoy
Martínez): Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
“Declaración de emergencia climática de Castilla-La Mancha.
La declaración de la conferencia
de las partes de la convención en las Naciones Unidas para el cambio climático celebrada en
París en 2015 estableció unos objetivos vinculantes para los 195 países firmantes, a través de un
plan de acción mundial para limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de dos
grados centígrados, y lo más cerca posible de los 1,5 grados centígrados.
La Unión Europea asumió los compromisos del acuerdo de París en la decisión 2016/1841 del
Consejo, del 5 de octubre, y ratificó el citado acuerdo en 2017, según consta en el Boletín Oficial
del Estado número 28, de 2 febrero del 2017.
En Castilla-La Mancha, los informes elaborados sobre los impactos del cambio climático han
puesto de manifiesto que la temperatura media regional se ha incrementado en 1,4 grados
centígrados en los últimos 40 años, y que las precipitaciones se han reducido de manera
importante.
De forma paralela se ha incrementado la frecuencia y la intensidad de fenómenos
meteorológicos extremos como tormentas, sequías, precipitaciones intensas, y, especialmente,
olas de calor. Estos cambios en el clima están introduciendo respuestas que cada vez se
observan con mayor frecuencia en nuestros ecosistemas, en la alteración y disminución de
nuestra biodiversidad y en el propio sistema productivo.
Castilla-La Mancha, consciente de la importancia que el cambio climático tiene a escala
ambiental, social y económica, ha puesto en marcha políticas para disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero en la región. De este modo, en la actualidad se ha conseguido una
reducción del 34 % respecto al 2005. Además, está llevando a cabo políticas de adaptación a
todos los sectores socioeconómicos en el objetivo de reducir la vulnerabilidad de nuestra
economía y contribuir a alcanzar los objetivos comunes a nivel nacional y europeo.
El cambio climático no entiende de fronteras, y las consecuencias derivadas del mismo ya son
palpables a todos los niveles, en todas las partes del mundo. Teniendo en cuenta que España y,
por lo tanto, Castilla-La Mancha, van a ser una de las zonas donde los efectos serán más
acuciantes, esta institución apuesta decididamente por llevar a cabo medidas y políticas que
limiten estos impactos y que potencien la resiliencia de la región.
Por otro lado, la sociedad civil, cada vez más concienciada con el respeto al medio ambiente y
la necesidad de limitar los efectos antropogénicos sobre el medio natural, está exigiendo a los
Gobiernos de todo el mundo que lleven a cabo medidas efectivas para ello.
Reconociendo, por tanto, la necesidad de una respuesta urgente y eficaz a la amenaza
apremiante de cambio climático, de responder a las exigencias de la sociedad y de cumplir los
acuerdos adquiridos a escala internacional, conforme a los objetivos de desarrollo sostenible de
la Agenda 2030, las Cortes de Castilla-La Mancha ratifica la presente declaración de emergencia
climática con los siguientes compromisos:
- 1. Contribuir de forma efectiva, con sus políticas, a frenar la amenaza que entraña el cambio climático, mediante la reducción de gases de efecto invernadero, aprovechando esta oportunidad para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible.
- 2. Desarrollar la estrategia de cambio climático horizontes 2020 y 2030, aprobada por orden 4/2019, de 18 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y revisar la Normativa regional para adaptarla para su cumplimiento.
- 3. Emprender y aprobar las reformas legales y medidas necesarias, apostando decididamente por la transición de una economía lineal a una circular.
- 4. Aprobar las normas que sean precisas sobre cambio climático, en el marco de la legislación básica estatal de la Unión Europea y de los acuerdos internacionales, con el fin de implementar políticas efectivas de reducción de los impactos, la adaptación y la mitigación de los gases de efecto invernadero. En la elaboración se fomentará la participación activa de la sociedad y los agentes sociales implicados, basándose en los mejores dictámenes científicos.
- 5. Fomentar una transición energética justa socialmente, y responsable con la biodiversidad, en el marco de una planificación regional basada en el modelo definido en la actual Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, promoviendo su modificación, si fuera necesario, para adaptarla a las nuevas exigencias de la Unión Europea, fomentando el autoconsumo y reduciendo la demanda de energía.
- 6. Impulsar el plan de fomento de las energías renovables y el autoconsumo en el sector público de Castilla-La Mancha.
- 7. Seguir avanzando en el desarrollo de modelos de movilidad sostenible, mediante el fomento del transporte público y el uso de la bicicleta, así como de vehículos de bajas emisiones.
- 8. Apoyar la gestión del territorio frenando la erosión y recuperando la tierra fértil y los ecosistemas, protegiendo la biodiversidad y reforzando la silvicultura adaptativa y sostenible, que garantice la conservación de los sumideros de carbono. Por el papel fundamental que desempeñan estos últimos ante el reto climático, desarrollar y aplicar políticas para cartografiar, dimensionar, divulgar, y, en su caso, restaurar los principales sumideros naturales de carbono de la región, siempre de acuerdo con otros objetivos para las áreas identificadas.
- 9. Aumentar e impulsar las inversiones en infraestructuras que garanticen el uso sostenible del agua como recurso vital para Castilla-La Mancha, siendo necesario el desarrollo de una nueva cultura del agua donde la gestión adecuada y la reducción de la huella hídrica puedan garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema productivo y el mantenimiento de los ciclos y ecosistemas naturales que garantizan su regeneración.
- 10. Situar al sector agroalimentario castellanomanchego como referente en calidad y sostenibilidad, impulsando la agricultura ecológica de proximidad y circuitos cortos de comercialización, incentivando su resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación. Para ello se prestará atención a la demanda de agua, en el marco de la Normativa europea en esta materia, así como en cuestión de biodiversidad, formación y asesoramiento técnico.
- 11. Continuar con la mejora de la prevención frente a nuevos riesgos derivados de los desastres climáticos y reducir los ya existentes a través de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
- 12. Proseguir con los estudios necesarios para constatar los efectos y el impacto del cambio climático sobre el medio ambiente, la salud o los bienes, y reducir su vulnerabilidad.
- 13. Fomentar la conciencia social, especialmente en edades tempranas, para la sensibilización sobre el cambio climático y sus efectos, mediante la implementación de medidas preventivas desde la educación.
- 14. Identificar y apoyar a los sectores económicos y sociales vulnerables, bien por los efectos del cambio climático sobre estos, o bien por la transición hacia modelos productivos de bajas emisiones, con especial atención al tercer sector y al medio rural, de modo que las declaraciones de protección medioambiental no supongan perjuicio al desarrollo económico de explotaciones agrícolas y ganaderas, previendo posibles mecanismos compensatorios.
- Se prestará especial atención al mantenimiento y fomento del empleo en dichos sectores.
- Asimismo, se estima conveniente una consideración especial de las zonas afectadas por la despoblación.
- 15. Orientar las acciones de cooperación internacional al desarrollo hacia la convergencia con los objetivos del desarrollo sostenible y a la Agenda 2030.
- 16. Incorporar la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático, de modo que mujeres y hombres contribuyamos por igual a responder a este desafío común.
- 17. Colaborar y promover este compromiso entre el resto de Administraciones, otras entidades y agentes, incluidos municipios, impulsando su adhesión al pacto de las alcaldías por el clima y la energía sostenible, Diputaciones y mancomunidades, para llevar a cabo medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
- 18. Solicitar a la Conferencia Estatal de Presidentes que aborde la emergencia climática y biodiversidad”.
2. Comunicación del Consejo de Gobierno relativa al límite máximo de gasto no
financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el ejercicio 2020, expediente 10/CPPG-00001.
SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES: Pasamos al segundo punto del orden del día,
que lo constituye la comunicación del Consejo de Gobierno relativa al límite máximo de gasto no
financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el ejercicio 2020.
Procederemos al debate con arreglo a lo dispuesto en los artículos 198 y 199 del Reglamento.
Informo a sus señorías que, por acuerdo, también, de las señoras portavoces, los grupos
parlamentarios comunican que su intención será renunciar al turno de réplica, y de hacer una
intervención en tiempo máximo de 15 minutos.
Ahora, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el consejero de Hacienda.
SEÑOR CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Don Juan
Alfonso Ruiz Molina): Gracias, presidente.
Comparezco ante esta Cámara para explicar el límite del gasto no financiero, que fue
acordado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 30 de agosto, y que es el que,
precisamente, ha de ser tenido en cuenta para la elaboración del presupuesto del 2020, tal como
marca el artículo 6 de la Ley 11/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
de la Junta de Comunidades, y que, de acuerdo con el citado artículo, tiene que ser aprobado
también por esta Cámara.
Iniciamos, señorías, lo que vulgarmente conocemos como el ciclo presupuestario, cuyo primer
paso es la aprobación, precisamente, del denominado “techo de gasto”, vulgarmente conocido
así, y que continuará con la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de la Junta de
Comunidades para el 2020, que está previsto lo podamos hacer si es aprobado ese techo de
gasto en la sesión de hoy, antes del 1 de octubre, tal como marca nuestro Estatuto de
Autonomía.
Señorías, el límite del gasto no financiero, techo de gasto, si lo queremos resumir en cuanto a
su denominación, que es el que se somete a aprobación de esta Cámara, no es sino el importe
máximo que podemos establecer como gasto propio no financiero en los presupuestos
generales, en este caso, del 2020, y, en consecuencia, el gasto máximo en el que podemos
incurrir a lo largo del ejercicio.
Este límite que nos marca lo máximo que podemos gastar desde el Gobierno a lo largo del
2020 es consecuencia, fundamentalmente, del escenario macroeconómico en el que estimamos
y consideramos nos vamos a desenvolver a lo largo del próximo ejercicio, y que figura, además,
como anexo 1 a la información que se remitió desde el Gobierno a esta Cámara, explicando las
diferentes partidas que constituyen o que permiten calcular o cuantificar el techo de gasto, el
límite del gasto no financiero.
Estas previsiones, las previsiones sobre la evolución de la economía castellanomanchega en
los próximos ejercicios, es importante porque justifica, a su vez, nuestras estimaciones de
ingresos, dada la alta correlación estadística existente entre la tasa de crecimiento de la
economía y la recaudación tributaria, tanto en lo que se refiere a los tributos del Estado, de los
cuales participamos, como de los tributos que directamente gestiona la comunidad autónoma.
Tengo que decir que, en esas estimaciones, en esas previsiones económicas que se han
realizado desde la Consejería de Hacienda, lo hemos hecho, hemos trabajado con la máxima
prudencia y con el máximo rigor, porque si somos prudentes en las estimaciones de crecimiento
de la economía regional, al menos para 2020, lo seremos, también, en nuestras estimaciones de
ingreso para el mismo ejercicio.
Lo que sí que está claro es que son unas estimaciones, señorías, que se basan en la
confianza de que en los próximos ejercicios continuará, al menos en la economía de Castilla-La
Mancha, una tendencia positiva, tanto en lo que se refiere a la demanda interna como a la
demanda externa, como también se explica en la documentación que obra en su poder.
En cuanto a la demanda interna, creemos que se va a mantener a los ritmos de crecimiento de
estos últimos ejercicios, fundamentalmente por la creación de empleo y la subida del salario, lo
que va a permitir un incremento a la renta de los hogares y, en consecuencia, también un
incremento en su consumo.
En cuanto a la demanda externa a la comunidad autónoma, se prevé, en primer lugar, un
ligero incremento del comercio interregional ligado al crecimiento de lo que sería la demanda
nacional, que, desde luego, debería contrarrestar el previsible decrecimiento de las
exportaciones a la Unión Europea y al resto del mundo.
De esta forma, con esas inquietudes hemos estimado que para 2019 la tasa real de
crecimiento de la economía castellanomanchega sería del 2,3 %, una décima superior a la que
se prevé para la economía nacional, de acuerdo con la última actualización del programa de
estabilidad del Reino de España, que es de abril de este año.
Además, hay previsiones, también, elaboradas por gabinetes de estudios totalmente
independientes y de máximo reconocimiento, que estiman que la economía de Castilla-La Macha
pueda comportarse de forma igual o incluso mejor que el ritmo de crecimiento de la economía
nacional.
Por ejemplo, el BBVA, ayer mismo estableció o considera que nuestra economía, la regional,
podría crecer hasta el 2,3 %, que es el mismo porcentaje que estima, de crecimiento, para la
economía nacional.
Una rebaja que ha hecho respecto a las previsiones iniciales que estimaba hace unos meses,
de 2,4 %.
Funcas, por su parte, considera 2 décimas superior a la de España, la previsión que tiene para
nuestra economía, de tal manera que considera que podría crecer el año que viene el 2,4 %, y la
de España el 2,2.
Es verdad que estamos utilizando los últimos datos disponibles, pero que, todos los días,
instituciones públicas o incluso gabinetes de estudio están estimando a la baja las tasas de
crecimiento, teniendo en cuenta las incertidumbres que tenemos, tanto en lo que es la economía
europea como lo es la economía mundial, fundamentalmente por los problemas que está
teniendo Estados Unidos con China, y su guerra comercial.
Hemos dicho que estimábamos una décima más de crecimiento para 2019 de Castilla-La
Mancha con respecto a lo que pudiera crecer la economía del país, y esa misma décima es la
que hemos estimado para nuestras previsiones del 2020, 2021 y 2022. En este sentido, para el
2020 se prevé un crecimiento del 2 % para Castilla-La Mancha, y del 1,9 para los ejercicios 2021
y 2022.
En cualquier caso, sí que hay que reconocer que estamos en un contexto de desaceleración
económica, no solo de la economía regional sino, por supuesto, de la economía nacional, y, por
supuesto, también de la zona euro.
En cualquier caso, yo creo que lo importante es que para los próximos ejercicios se prevén
tasas de crecimiento positivas, eso es lo importante, muy próximas al 2 %.
Esas previsiones que
hacemos, de crecimiento de la economía para los próximos años, están también en consonancia
con el comportamiento que ha tenido la economía regional en los años precedentes, en los que,
a excepción del ejercicio 2017, en los últimos cuatro años, la economía de Castilla-La Mancha
creció a un ritmo superior el de España. Concretamente, en el 2018 terminamos el ejercicio con
una tasa de crecimiento del 2,8 %, dos décimas más que la media nacional.
Es verdad que, en su momento, la estimación de crecimiento de la economía nacional se
estimó, en ese primer avance, en el 2,6 %, y hace unos días el Instituto Nacional de Estadística
rebajaba la tasa de crecimiento de España del 2,6 al 2,4, pero con datos comparables al final del
ejercicio, hay que señalar, efectivamente, que crecimos por encima de la media.
En relación a la otra variable, por no hablar de las tasas de variación del PIB nominal, pero sí
del deflactor del PIB, son de un comportamiento moderado. En 2020 hemos previsto una tasa del
1,6 %, con tendencia a crecer hasta el 2022, que alcanzaríamos el 1,7 %.
Ese incremento que prevemos en esta magnitud, en el deflactor del PIB, que no deja de ser el
índice de inflación aplicado a las tasas de variación de producto interior bruto, tiende a
aproximarse al comportamiento nacional como consecuencia de una previsión en el incremento
de los costes laborales, que se aproximarían, en este sentido, a los costes laborales medios
nacionales.
Tengo que decir que los modelos de proyección económica en los que hemos trabajado, los
modelos econométricos, se basan en el programa de proyección económica elaborado por la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y siempre, este programa que da bandas
más altas o más bajas, hemos utilizado, lógicamente, por ese criterio de prudencia, la más
pesimista.
He utilizado, hasta ahora, hasta la saciedad el término “prudencia” porque sería absurdo que
desde el Gobierno nos hiciéramos trampas al solitario, en la medida en que he dicho que
nuestras estimaciones de ingreso se basan en nuestras estimaciones de crecimiento económico.
Por lo tanto, si nos engañáramos en la segunda de ellas, las tasas de crecimiento de la
economía, nos tendríamos que estar engañando, también, en nuestras estimaciones de
ingresos.
He dicho que hemos sido prudentes, hemos sido conservadores en esas previsiones de
crecimiento de la economía, y, precisamente, así lo ha visto también la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, que ha analizado las previsiones macroeconómicas que les estoy
comentando, que son las que deben contenerse, también, en el proyecto de ley de presupuestos
para el 2020, y como resultado de su análisis, al que estamos obligados a remitir, avala las
previsiones macroeconómicas para 2020.
Además, señala el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que
Castilla-La Mancha cumple satisfactoriamente con los requisitos exigibles para la realización de
estas previsiones, y dice que las previsiones son realistas y se ha utilizado la información más actualizada, lo que hemos hecho; que están basadas en el escenario más prudente, algo que
hemos hecho; y que, además, son comparadas con las previsiones de otros órganos
independientes, que es precisamente, también, lo que hemos hecho, en tanto en cuanto hemos
tenido en cuenta las estimaciones realizadas por servicios de estudio muy reconocidos, como el
Ceprede, BBVA, Hispalink y Funcas.
Es decir que la AIREF ha certificado lo que desde hace cuatro años es la seña de identidad de
este Gobierno, que es el rigor. Lo contrario, insisto, sería hacernos trampa como Gobierno, y
desde luego, también, engañar a los ciudadanos.
Además, tengo que decir que este año asumimos estas estimaciones con una mayor
responsabilidad, porque lo normal hubiera sido que en julio hubiéramos recibido la comunicación
por parte del Ministerio de Hacienda, en relación a las entregas a cuenta y a la liquidación del
sistema de financiación correspondiente al 2020, algo que no ha sucedido, y, por lo tanto, insisto
que asumimos esas previsiones con una mayor responsabilidad.
Hecho este encuadre macroeconómico de lo que consideramos nos podemos mover en los
próximos años, el límite de gasto no financieros de acuerdo con esas estimaciones de
crecimiento de la economía, ascendería a 6.619 millones de euros. Esto supone una variación
del 7,5 si lo comparamos con el ejercicio 2018, que fue el último año en el que se aprobó el techo
de gasto en esta Cámara, y en términos absolutos significa que el Gobierno dispondrá, de
acuerdo con esas estimaciones, con 460 millones adicionales para distribuir entre las diferentes
políticas de gasto.
Señorías, los 6.619 millones a los que me estoy refiriendo son consecuencia,
fundamentalmente, de tres magnitudes: por un lado, de los ingresos que esperamos obtener,
esto es la metodología que hemos venido utilizando todos estos años.
Para llegar a los 6.619
millones primero hay que hablar de los ingresos que esperamos obtener. En segundo lugar, del
déficit, que, en otros años, nos permitía incrementar la capacidad de gasto; y, en tercer lugar, la
tercera magnitud serían los ajustes de contabilidad nacional, para hacer equivalencias, permitir
trabajar en términos presupuestarios y, al mismo tiempo, trabajar en términos de contabilidad
nacional.
En relación a los ingresos que esperamos obtener a lo largo del próximo presupuesto, decir
que ascenderían a 6.442 millones de euros.
En esta cuantía hay que diferenciar dos grandes
partidas. Por un lado, los ingresos que aporta el sistema de financiación, que serían los sujetos a
entrar a esa cuenta y la liquidación del año 2018, algo que no se nos ha comunicado, insisto, por
el Ministerio de Hacienda, pero que hemos estimado de forma prudente, y que ascenderían a
5.416, que representa una cifra, este importe de 5.416 es el 84 % de los ingresos que esperamos
obtener a lo largo del ejercicio.
La segunda partida de ingresos sería el resto de ingresos de carácter, también, no financiero,
que esperamos obtener a lo largo del ejercicio, y que ascenderían a 1.026 millones de euros, que
representa el 16 % restante del volumen total de ingresos. Aquí, en esta partida, señorías,
estamos incluyendo ingresos de naturaleza tributaria, como serían los tributos cedidos, las tasas
y, por otra parte, los precios públicos, como, por otra parte, también estamos incluyendo aquellas
transferencias que pudiéramos recibir, tanto de la Administración del Estado como de la Unión
Europea.
Les cito, a título de ejemplo, los ingresos procedentes del Fondo de Compensación
Interterritorial o los fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o del Fondo
Social Europeo. Son algunos de los ejemplos de transferencias internacionales que pudiéramos
recibir.
He dicho que la primera magnitud eran los ingresos, la segunda magnitud está constituida por
el déficit que nos autoriza el Gobierno de la nación para cada ejercicio. En este sentido, hemos
dado por hecho, porque no había otra manera de hacerlo, que estaban vigentes los objetivos de
déficit que se marcaron el 28 de julio del 2017, y que se fijaron por el Gobierno de la nación en el
0 % del PIB regional.
Por lo tanto, estamos hablando del cumplimiento de un objetivo que supone una reducción de
la capacidad de gasto de más de 160 millones, 165 millones si somos exactos, en tanto en
cuanto pasamos de haber tenido una autorización para tener déficit del 0,4 % del PIB en 2018, a
0 % en el 2020.
Es verdad que en el 2019 tenemos que cumplir el objetivo del 0,1 % del PIB. Es decir, que no
se han actualizado por el Gobierno los objetivos fijados para las comunidades autónomas, ni
para el 2018 ni para el 2019.
El intento que tuvo el Gobierno, de permitir a las comunidades
autónomas una mayor capacidad de gasto, para que lo destinara a los servicios públicos
fundamentales, y que, además, permitiera un aterrizaje más suave hasta llegar al equilibrio
presupuestario, les recuerdo a sus señorías que fue votado en contra en el Congreso, tanto por
el Partido Popular como por Ciudadanos.
Es decir que, sus señorías, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, no han permitido
que las comunidades autónomas dispongamos, al menos para el 2020 y 2021, de mayores
recursos dirigidos o destinados a lo que sería la financiación de los servicios públicos
fundamentales. Espero que eso ya lo expliquen ustedes a sus ciudadanos, que ya también lo
explicaremos desde el Gobierno.
La tercera magnitud, he dicho: la primera, ingresos; la segunda, déficit, que en este caso es
cero, y la tercera serían los ajustes de contabilidad nacional, que pueden ser positivos y
negativos, y el resultado neto, en este caso, es de 177 millones. Se trata de coordinar dos tipos
de contabilidades, la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, y para ello hay que
hacer ajuste.
En consecuencia, si suman ustedes los 5.416 millones de ingresos provenientes del sistema
de financiación, más los 1.026 millones del resto de ingresos propios, y los 177 millones de
ajustes de contabilidad nacional, obtendrán la cifra de 6.619 millones, que es el límite de gasto
no financiero que acordó el Gobierno, y que está sometiendo a su aprobación.
Tengo que decir, lo digo porque esta cifra no coincidirá en absoluto con la que figure en el
proyecto de presupuestos del próximo ejercicio, que en esta cuantía, en el límite de gasto no
financiero, solo se tienen en cuenta los ingresos propios, es decir, que no se tienen en cuenta los
ingresos finalistas, aquellos que provienen, fundamentalmente, de la Administración del Estado,
que vienen con un destino concreto para la realización de actividades concretas, y, por lo tanto,
el poder de decisión, en este caso, del Gobierno, es prácticamente nulo.
Por eso los
denominamos finalistas.
En consecuencia, señorías, me gustaría reiterar, en relación con este límite de gasto no
financiero, dos cuestiones importantes, y que, desde luego, condicionarán el proyecto de ley de
presupuestos de 2020.
En primer lugar, que nos encontramos con el primer presupuesto en
equilibrio presupuestario, que implica déficit cero y, por lo tanto, cero incremento de
endeudamiento; y, en segundo lugar, que ese límite de gasto no financiero está hecho bajo la
premisa, bajo el compromiso, que ya avanzó el presidente García-Page, de no incremento del
esfuerzo fiscal de los ciudadanos de esta región.
En definitiva, señorías, he intentado resumir de la manera que, a mi entender, era la mejor
posible, los datos que avalan ese límite de gasto no financiero.
He señalado, además, que con
este límite de gasto no financiero y con el proyecto de presupuestos que vamos a presentar en
esta Cámara antes del 1 de octubre, iniciamos el ciclo financiero de lo que sería la legislatura,
que lo vamos a hacer en una senda de estabilidad presupuestaria, que nos debe permitir generar
riqueza, incentivando el crecimiento económico, desde luego, y la creación de empleo,
redistribuir la riqueza generada, consolidando el Estado de bienestar, cumplir con legalidad y, por
lo tanto, con los objetivos de estabilidad, y lo que es más importante, cumplir con los
compromisos que hemos adquirido con los ciudadanos.
Muchas gracias.
(Aplausos).
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