PROGRAMA PSOE ELECCIONES 10 N

INTRODUCCIÓN 

El próximo 10 de noviembre se decide qué Gobierno quieren los españoles para resolver los desafíos que tienen por delante. Se decide quién puede gestionar con solidez la economía al mismo tiempo que lucha contra la precariedad del empleo y la brecha social. Quién puede seguir avanzando en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Quién puede garantizar los derechos conquistados y desarrollar otros nuevos, como la eutanasia. Quién puede impulsar una transición ecológica que transforme nuestra economía sin dejar a nadie atrás. Quién puede resolver el problema de la cohesión territorial y de Cataluña. Quién es capaz, en suma, de construir un país más fuerte, más unido y más justo. Los españoles y las españolas ya dijeron en las urnas que el partido que debía dirigir el rumbo del país era el PSOE. 

En menos de un mes mostraron sus preferencias para el gobierno de la nación, para los gobiernos locales y autonómicos y para el parlamento europeo. El PSOE fue el partido más votado en todas y cada una de las citas electorales. A pesar de esa rotundidad, en varias comunidades autónomas y en ayuntamientos donde el PSOE había sido el partido más votado, los partidos conservadores, el Partido Popular (PP) —en algunos casos con los peores resultados de su historia — y Ciudadanos (Cs) se aliaron para evitar la posibilidad de gobiernos progresistas. 

Lo más grave es que la mayoría de esas alianzas requirieron el apoyo del nuevo partido de ultraderecha, Vox, que ha impuesto sus exigencias en materias muy sensibles: violencia de género, respeto a la diversidad, gestión de la inmigración, lucha contra el cambio climático…

Las derechas prefirieron aliarse con la ultraderecha antes de reconocer y aceptar la victoria electoral del PSOE, contribuyendo finalmente a impedir también la investidura de Pedro Sánchez. 

Pero, por otro lado, la posibilidad de que el PSOE liderase el Gobierno de España se ha visto frustrada, además, por las graves discrepancias con Unidas Podemos (UP), nuestro potencial socio preferente, que no aceptó apoyar a un Gobierno socialista abierto a independientes consensuados con UP, ni de coalición, en la que habrían tenido una vicepresidencia y tres ministerios, ni mucho menos con base en un acuerdo programático profundo y con garantías, siguiendo un modelo análogo al experimentado con éxito en Portugal. 

Lamentablemente, la eventual incorporación de UP al Gobierno de España habría impedido una respuesta coherente y ajustada a nuestros principios constitucionales, en particular en relación con el reto secesionista en Cataluña.

España ya ha perdido demasiado tiempo con este bloqueo forzado desde la derecha y la izquierda. Nuestra voluntad es, hoy más que nunca, recuperar el tiempo perdido y poder gobernar cuanto antes desde los valores del socialismo, para atender con la máxima urgencia las necesidades de una amplia mayoría social, que sigue sufriendo desigualdad, precariedad, pobreza, carencias en el acceso a los derechos básicos, falta de expectativas… 

Avanzar en justicia social representa, por lo tanto, nuestro principal compromiso, junto con nuestro empeño por garantizar la convivencia entre todos los españoles, así como promover la máxima ejemplaridad en la acción pública. 

El Presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha manifestado su voluntad de acelerar la formación de un nuevo Gobierno y de aprobar, de forma urgente, los Presupuestos Generales del Estado para 2020, que reflejarán las prioridades de nuestros compromisos electorales, sintetizados en el presente documento. Las prioridades de la próxima legislatura se ordenarán en torno a 6 ejes: empleo digno y pensiones justas; el feminismo y la lucha contra todo tipo de desigualdad; la emergencia climática y la transición ecológica de la economía; el avance tecnológico y la transformación digital; el fortalecimiento del Estado autonómico y la máxima cohesión territorial; y un mayor protagonismo de España en Europa, para contribuir a la consolidación de nuestros valores, dentro y fuera de las fronteras europeas. 

• 1. Queremos avanzar hacia un empleo digno y unas pensiones justas, recuperando plenamente los derechos de trabajadores y pensionistas, requerirá de un amplio acuerdo parlamentario y de diálogo con los agentes sociales. Estamos decididos a seguir luchando contra la precariedad y a mejorar la capacidad adquisitiva de trabajadores y pensionistas, impulsando los cambios normativos necesarios, en la perspectiva de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como de un acuerdo en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Nuestro objetivo es promover el empleo de calidad y crear oportunidades para todos, en particular para los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. 
• 2. La igualdad, nuestra principal seña de identidad, impregnará toda la acción del Gobierno. En particular, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, avanzando hacia la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y de cualquier brecha laboral y salarial. La igualdad de derechos debe traducirse en la atención preferente a la pobreza infantil, el fortalecimiento de la educación y de la sanidad pública, del sistema público de servicios sociales y de atención a la dependencia; y en la promoción de suficiente oferta de viviendas asequibles que permitan la emancipación de nuestros jóvenes. Igualdad también frente a toda discriminación por cualquier circunstancia personal o social, frenando cualquier atisbo de involución en esta materia. En síntesis, un nuevo impulso al Estado del Bienestar, que solo será posible si disponemos de más recursos públicos mediante la necesaria reforma fiscal —con el compromiso de no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras— y si se llevan a cabo las imprescindibles reformas de la financiación local y de la financiación autonómica. Desde estos principios de igualdad y justicia, también nos proponemos afrontar las tareas pendientes de regeneración democrática, fortaleciendo la democracia participativa, aprobando medidas para combatir y prevenir la corrupción y recuperando la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en las instituciones. 
• 3. Nuestro compromiso frente a la emergencia climática nos obliga a acelerar la transición ecológica de nuestra economía, que incluirá programas para incentivar la creación de empleo y la diversificación del tejido productivo en los sectores y comarcas más vulnerables, de cara a garantizar una senda de prosperidad compartida y duradera. Haremos frente también a los riesgos de la pérdida de biodiversidad, aprovechando el potencial de nuestro rico patrimonio natural y nuestras capacidades empresariales y tecnológicas para mejorar el bienestar social. Nos comprometemos a una transición ecológica justa en todos los sectores productivos y en todos los territorios, con una especial atención a la productividad y sostenibilidad de nuestra agricultura, ganadería y pesca.
• 4. Tenemos la obligación de aprovechar la revolución tecnológica, y en particular la ineludible transición digital de nuestra economía, incorporando con mayor intensidad las correspondientes habilidades en el sistema educativo desde edades tempranas desarrollando políticas activas de empleo, y promoviendo la máxima capacidad de transmisión de la ciencia y de la innovación a todo el tejido productivo. Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías en el sector público y en el sector privado, con especial atención a su completa implantación en el medio rural para abordar con decisión el reto demográfico. 
• 5. Las prioridades enunciadas requieren, para ser desarrolladas con éxito, el perfeccionamiento del Estado Autonómico y la máxima cohesión territorial. La España autonómica es una España democrática, plural, abierta, europea y moderna, que reconoce la diversidad a partir de la unidad. Para alcanzar nuestras metas debemos ser capaces de reconocer plenamente la diversidad y de conseguir un funcionamiento más integrado del modelo autonómico, en el que la mayoría de la población de todos los territorios se sienta partícipe. Trabajaremos para mejorar la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y, también, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. El Estado Autonómico debe dar respuesta, también, al reto demográfico en el medio rural, garantizando los servicios públicos básicos y la conectividad en todo el territorio. 
• 6. Por último, las y los socialistas impulsaremos una presencia activa de España en las instituciones europeas, promoviendo la profundización de la Unión Económica y Monetaria para que el euro sea un factor de estabilidad y prosperidad. Apostaremos, con la implicación de todas las fuerzas progresistas de los países miembros, por los cambios necesarios en el proyecto europeo para fortalecer su dimensión social y política, de forma que se avance hacia una Europa federal. Queremos, desde ese proyecto renovado, contribuir a una profunda reorientación de la globalización, de forma que la UE promueva la paz, el respeto a los derechos humanos y el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todos los países del mundo.

Ahora es la hora de la verdad. Ahora es el momento de analizar las propuestas de cada partido y de responder a las preguntas que se plantean: qué partido puede contribuir mejor a unir España en un proyecto de progreso y qué presidente puede liderar esas transformaciones. 

El PSOE presenta un programa incontestablemente progresista, feminista y europeísta. Un programa que ha sido el resultado de analizar minuciosamente la realidad social y de hablar con la sociedad civil para escuchar sus demandas. Un programa asentado sobre el principio de realidad, hecho para cumplirse. Un programa ambicioso y transformador.

1. EMPLEO DIGNO Y PENSIONES JUSTAS 

1.1. La lucha contra la precariedad en el empleo. De forma inmediata, el Gobierno iniciará el diálogo social, con el objetivo prioritario de derogar, durante el primer año de legislatura, los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Asimismo, se reforzarán los medios para seguir avanzando en la Estrategia para el Trabajo Digno, revisando la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y los falsos autónomos, así como la regulación de despido y la legislación sobre subcontratación laboral. Continuaremos combatiendo el fraude y la economía sumergida. También mejoraremos la inserción de personas desempleadas en empleos de calidad a través de una protección por desempleo más eficiente e inclusiva y reconoceremos el derecho a la formación continua a lo largo de la vida. 

1.2. Hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno impulsará, con los agentes sociales, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceder al empleo. El nuevo Estatuto deberá garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI, reforzando su participación en las decisiones de las empresas y recuperando el papel crucial de la negociación colectiva. Elaboraremos una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras que actualice el catálogo de derechos a las exigencias de la digitalización, incluyendo el derecho a la desconexión. 

1.3. Incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sueldos dignos permiten tener futuros estables, permiten a nuestros jóvenes apostar por su emancipación y a nuestros adultos mantener a sus familias. Por ello, hemos aumentado el SMI un 22% en 2019, recuperando lo perdido en años anteriores y situándonos en la media de la OCDE. Continuaremos aumentando el SMI, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea. 

1.4. Comprometidos con las trabajadoras y los trabajadores autónomos que siguen padeciendo deficiencias en su régimen de cotización y de protección social, y que deben ser corregidas cuanto antes. El PSOE impulsará con la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, así como con el establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. Asimismo, incentivará el emprendimiento fomentando el apoyo a autónomos y emprendedores. Todo ello se impulsará en estrecha colaboración con las organizaciones representativas del trabajo autónomo y en el marco del diálogo social. 

1.5. Se reforzará el ya existente Plan de Choque para el Empleo Joven, incrementando los recursos públicos en políticas activas de empleo, en educación y formación profesional y fomentando la formación dual. Aprobaremos y desarrollaremos el Estatuto del Becario mejorando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas. 

1.6. No existe un trabajo digno si no es seguro y saludable. Nos comprometemos a modificar la legislación de prevención de riesgos laborales para clarificar el concepto de enfermedad profesional y accidente de trabajo y su notificación. Incorporaremos el tratamiento y la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, incorporando la perspectiva de género, así como a la creciente robotización y a las nuevas formas de organizar el trabajo. 

1.7. Reforzaremos el apoyo a las empresas de economía social, como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad, y como agentes clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor cohesión social. Promoveremos un Plan Nacional de Emprendimiento Social para impulsar el diseño y puesta en marcha de políticas públicas específicas que apoyen a las y los emprendedores sociales a diseñar, consolidar y gestionar sus proyectos. Mejoraremos la representatividad y el diálogo institucional con las principales asociaciones nacionales del sector.

Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas. 

1.8. Apoyaremos la internacionalización de nuestras empresas. Muchas empresas españolas han conseguido ya competir con éxito en los mercados internacionales. Nuestro empeño es que su competitividad no descanse en ningún caso en salarios bajos ni empleos precarios, sino en el enorme potencial existente para la mejora de su productividad, gracias a un mayor impulso público a la educación, la formación profesional y la innovación. Dicho apoyo debe beneficiar, en particular, a las pymes. 

1.9. El Gobierno planteará a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real, y aumentando el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. 

1.10. Hasta que se alcance dicho Pacto, el Gobierno seguirá actualizado las pensiones conforme a los criterios señalados en el punto anterior. Asimismo, el Gobierno impulsará la reducción de la brecha de género en las pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial. Revisaremos el complemento por maternidad para hacerlo más equitativo y reformaremos el Sistema de la Seguridad Social para eliminar las discriminaciones por razón de género, particularmente en materia de trabajo a tiempo parcial, teniendo en cuenta las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional 

1.11. Desarrollaremos el Estatuto Básico del Empleado Público, fomentando la evaluación del desempeño, la carrera profesional… y se evitará el uso abusivo de la interinidad. 

1.12. El salario de los empleados públicos se elevará en un 2% en 2020

1.13. Policías y Guardias Civiles. Cumpliremos en 2020 como hicimos en 2018 y 2019, el acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía y la Guardia Civil, para alcanzar la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.

2.2. Lucha contra la desigualdad social 

2.2.1. Educación 

• Pacto educativo. El Gobierno propondrá, durante los primeros seis meses de su mandato, una nueva Ley Básica de Educación que derogue la LOMCE, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años. El pacto educativo recogerá el compromiso de incrementar los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. 
• Estableceremos la universalización y la gratuidad de la educación infantil para niños y niñas menores de 3 años. Esta medida, que es estrictamente educativa, constituye un potente factor para combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida, contribuyendo, además, a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Elaboraremos, conjuntamente con las comunidades autónomas, un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para niños y niñas menores de 3 años. 
• Para compensar las desigualdades económicas del alumnado y posibilitar su acceso a la educación y la continuidad de sus estudios, revisaremos el sistema de becas, para que se consideren un derecho subjetivo en función de la situación de las rentas familiares, simplificándolo y asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y se adelanten los ingresos. 
• Promoveremos una FP contemporánea, incluyendo la regulación de la FP dual, que responda a las necesidades actuales de cualificación de nuestros jóvenes y profesionales, a través de una nueva Ley de ordenación de las enseñanzas de formación profesional, así como del desarrollo del 1 er Plan Estratégico de Formación Profesional, actualmente en aplicación. Agilizaremos, con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa, los procesos de aprobación de nuevos programas formativos, multiplicando la oferta de cursos de especialización, y reforzaremos el papel de los Centros de Referencia Nacional de FP como generadores de innovación. 
• La digitalización implica una nueva forma de construir conocimiento que supondrá transformaciones organizativas y pedagógicas para incorporar la educación digital desde la educación infantil hasta el bachillerato, la FP y la formación a lo largo de la vida. El sistema educativo se insertará activamente en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno, desarrollando una ambiciosa Estrategia de Digitalización de la Educación a partir de cuatro vectores: 1) Completaremos para el año 2021 el Plan de conectividad de los centros educativos, con conexiones de alta capacidad en todos los centros. 2) Creación de la Escuela de Inteligencia Artificial y el Pensamiento Computacional en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 3) Incorporaremos a todos los títulos de FP un módulo profesional sobre digitalización y diseñaremos 80 nuevas ofertas de FP asociadas a la economía digital.  4) Transformaremos los espacios de acuerdo con el aprendizaje cooperativo adecuado para la incorporación de la digitalización en los centros. 
• Abordaremos una urgente modernización del currículo escolar, de modo que garantice una formación integral y el desarrollo de las competencias clave ante los cambios sociales, ambientales y tecnológicos. En coordinación con comunidades autónomas, Administración Central y comunidad educativa crearemos un Instituto de Desarrollo Curricular e Innovación Educativa que se encargará de la modernización y actualización permanente del currículo. 
• Prestaremos una especial atención al profesorado y a su carrera docente, reforzaremos la formación inicial y la formación continua, el sistema de acceso a la carrera, y promoveremos la evaluación del desempeño docente de manera acordada con los representantes del sector.
• Para terminar con el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro desarrollaremos un plan de medidas sistémicas a lo largo de toda la escolarización obligatoria, acordado y coordinado entre todas las administraciones implicadas, con el objetivo de asegurar que, al finalizar la legislatura, al menos el 90% de los jóvenes cuente con estudios postobligatorios. 
• La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión, mediante la atención personalizada y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sexo o por necesidades educativas especiales. Este principio será compatible con el mantenimiento de Centros de Educación Especial para el alumnado que necesite una atención muy especializada.  Se pondrá en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de mejora de la convivencia para la prevención del acoso escolar (bullying) y la violencia en los centros educativos. 
• Impulsaremos el carácter obligatorio para todo el alumnado de la educación en los valores constitucionales, democráticos, cívicos y universales, acorde con el compromiso de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de desarrollar una educación para una ciudadanía global. 
• Garantizaremos la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
• Impulsaremos un nuevo modelo de escuela rural, para avanzar en equidad y en innovación educativa, que pueda ser también un elemento de referencia cultural en el medio rural. 
• Fortaleceremos la Orientación Escolar, en colaboración con las comunidades autónomas, para asegurar el desarrollo de todos los talentos. Esta Orientación Escolar reforzará el prestigio de la FP entre estudiantes, familias y docentes, y pondrá énfasis en las competencias transversales que hoy resultan imprescindibles para el empleo. 
• Trabajaremos para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria, incrementando la dotación del sistema de becas y ayudas al estudio, reduciendo el efecto de los umbrales de renta y asegurando unas cuantías que permitan a los mejores estudiantes estudiar donde escojan. 
• Impulsaremos un pacto por la universidad con el máximo consenso de los agentes políticos y sociales, que garantice una financiación adecuada para modernizar la universidad, ampliar su capacidad de atraer y retener talento y adaptarla a las nuevas realidades, a través de una nueva Ley Orgánica de Universidades, introduciendo, entre otras cosas, un sistema más homogéneo de precios públicos de las matrículas universitarias, más acordes con los niveles de vida medios de la ciudadanía. 

2.2.2. Vivienda 

• Es urgente ampliar la oferta de vivienda asequible. Para ello impulsaremos la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas protegidas). El principal objetivo es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible, que contribuirá a moderar el crecimiento de los precios de toda la vivienda en alquiler, cuya evolución será objeto de un índice estatal. Se impulsará la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas, y se incentivará la oferta de alquiler asequible con medidas fiscales. 
• Llevaremos el derecho a la vivienda del plano a la realidad. Impulsaremos una oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes “tenedores de vivienda”, recuperando la función social de la vivienda, frenando las subidas abusivas de precios y apoyando en particular el acceso de los jóvenes, que recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta. 
• Aprobaremos medidas específicas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades habitacionales urgentes, actualizando la estrategia de sinhogarismo, favoreciendo el realojo de inquilinos que no puedan hacer frente al pago de sus rentas o que incluso hayan perdido su vivienda por ejecución hipotecaria, complementando las iniciativas adoptadas por comunidades autónomas y ayuntamientos. 

2.2.4. Sanidad, Bienestar Social y Consumo 

2.2.4.1. Derecho a la salud y asistencia sanitaria 

• Impulsaremos y adoptaremos las modificaciones normativas, legales y reglamentarias, necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 
• Nuestro compromiso con un sistema público de salud de calidad para todos determina la eliminación progresiva de los copagos sanitarios empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
• Introduciremos progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la población en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
• Aprobaremos una Estrategia de Renovación del Sistema Nacional de Salud e incrementaremos los recursos destinados, alcanzando una inversión en servicios públicos análoga a la de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, pasando del actual 6% del PIB en sanidad al 7% del PIB en 2023. Ello permitirá mejorar la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria, suspendido por el gobierno anterior, facilitando la movilidad de la ciudadanía para la asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, así como el desarrollo del FOGA para garantizar el acceso de toda la población a los mejores diagnósticos y tratamientos del SNS, independientemente del lugar de residencia. Este fondo garantizará también la compensación por la asistencia sanitaria que se preste a pacientes residentes en España derivados entre las CCAA por atención en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del SNS. 
• Se avanzará en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria, diseñado durante la última legislatura con el concurso de las CCAA y las sociedades médicas y científicas y de pacientes. Entre las medidas a corto plazo, se incluirán actuaciones para resolver el déficit de planificación en materia de profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural. 
• Reforzaremos las políticas contra el tabaquismo que es en la actualidad uno de los principales problemas evitables de salud pública. Entre ellas se adoptarán medidas como el desarrollo de un sistema de vigilancia y monitorización de su impacto en salud infantil, de campañas de publicidad institucional, de programas y tratamientos de deshabituación, ampliación de los ambientes sin humo, regulación de la publicidad y el patrocinio de productos de tabaco, entre otras. 
• Actualizaremos la Estrategia de Salud Mental, con el objetivo de construir un verdadero sistema de atención, con un enfoque de género y derechos humanos, que atienda a los pacientes crónicos, y que incluya un protocolo especial para prevenir la conducta suicida, que prevea la puesta en marcha de un teléfono de atención oficial, entre otras medidas.
• Integraremos las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan; e incorporaremos las posibilidades terapéuticas y organizativas en relación con la atención al cáncer infantil y adolescente para incrementar la supervivencia. 
• Refuerzo del Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el SNS para garantizar la equidad en el acceso a la innovación, impulsar la investigación pública y la fabricación propia de los nuevos medicamentos CART contra el cáncer en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en unas condiciones que garanticen los estándares de calidad. Este es un primer escalón en la Estrategia de Medicina Personalizada o de Precisión. 
• Continuaremos impulsando la ciencia, la investigación y potenciando la traslación de la innovación a la práctica clínica, erradicando las pseudoterapias y combatiendo los movimientos antivacunas.

2.2.5. Fiscalidad 

• Para llevar a cabo todas las medidas anteriormente propuestas, se requiere un mayor volumen de recursos públicos, que deben proceder, en primer lugar, de la máxima eficacia en el gasto público, de acuerdo con las indicaciones de la AIREF, sin comportar aumento ni del déficit ni de la deuda pública. A ello hay que añadir una mayor justicia fiscal, sin la cual no podremos conseguir mayor justicia social; quienes más capacidad económica tienen deberán contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales, lo que supone a su vez una mayor garantía de estabilidad y de prosperidad económica para toda la ciudadanía. 
• Esta mayor progresividad fiscal, que nos permitirá converger hacia los parámetros de los países de nuestro entorno, será una prioridad para el Gobierno, incluyendo el refuerzo en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. 
• La reforma de la fiscalidad permitirá superar en España la anomalía de la escasa tributación de las grandes corporaciones, así como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas, y la insuficiente e ineficaz fiscalidad ambiental, para alinearnos con las medidas ya adoptadas o en trance de adoptarse en el ámbito de los países de la OCDE; pero no conllevará ningún perjuicio para las familias de ingresos medios y bajos, y permitirá reducir la carga fiscal de las pymes. 
• Aprobaremos la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y elaboraremos una Estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se reforzarán los medios dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán las amnistías fiscales. Reforzaremos la normativa tributaria para ser más exigentes con los demás países y asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales 
• Añadiremos los responsables solidarios a la lista de morosos de la AEAT y se reducirá a 600.000 euros el importe de deuda para ser incluido en la lista. 
• Impulsaremos los trabajos de la recién creada unidad central de coordinación de las actuaciones de control de contribuyentes con patrimonios relevantes. 
• Dentro del catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), ampliaremos la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o rehabilitación de viviendas, para lo cual se llevarán a cabo las correspondientes modificaciones normativas. 
• Abordaremos la desactivación de la tasa rosa, que es como se denomina al incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”, y reduciremos el IVA de los productos de higiene femenina al 4%, porque son artículos de primera necesidad.

3. EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLOGICA DE LA ECONOMÍA 

3.1. Emergencia climática 

• La declaración de “emergencia climática”, ya aprobada por el Parlamento, se traducirá en medidas urgentes, así como en la propuesta de su consideración en un refuerzo del artículo 45 de la Constitución, que incorporará la consideración de los denominados “límites planetarios” como condición necesaria del progreso económico y social; y el acceso al agua y a la energía como servicios de interés general. 
• Con carácter inmediato, impulsaremos la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Pobreza Energética, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Europea, promoviendo el máximo consenso social y político, sin reducir su ambición. Nuestro objetivo es alcanzar en 2030 un porcentaje de electricidad producida con energías renovables del 74%, entre el 85% y el 95% en 2040, y del 100% en el 2050; todo ello, con un calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares, y sin aumento de los precios de la electricidad. 
• Se establecerá la obligación de elaborar cada 5 años, unos Presupuestos de Carbono, desglosados por sectores, para hacer visible la contribución de cada sector a la reducción de emisiones. Se establecerán mecanismos de seguimiento para favorecer la participación ciudadana y la implicación de todas las administraciones. 

3.2. Transición ecológica de la economía

• El Gobierno aprobará un Pacto Verde, en línea con el Green Deal ya anunciado por la Comisión Europea de forma que España pueda beneficiarse plenamente de los correspondientes recursos comunitarios. Dicho “Pacto Verde” exige la reorientación de varias políticas sectoriales, comenzando por las asociadas a la emergencia climática. 
• Impulsaremos la reforma del mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas. Dicha reforma será compatible con la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con el objetivo de preservar la competitividad e incrementar la eficiencia y el uso de energías renovables por parte de empresas con altos costes energéticos. 
• Se implementará un Plan de Vivienda Sostenible, en el marco de una estrategia de rehabilitación a 2050, con criterios de eficiencia energética, energía distribuida y acceso a la vivienda, con incentivos especiales para las familias más vulnerables. 
• Elaboraremos una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público. Adoptaremos un nuevo enfoque de la política de infraestructuras, para garantizar el derecho a la movilidad de forma segura y sostenible, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, y realizaremos las oportunas reformas legales para que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan que delimitar zonas de bajas emisiones. 
• Apoyaremos el desarrollo del acuerdo del gobierno con el sector de la automoción para facilitar en España el rápido avance de las tecnologías de baterías y el vehículo eléctrico. En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y los vehículos comerciales ligeros nuevos (excluidos los matriculados como vehículos históricos), no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de OgCO2/Km. A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo incentivos a la I+D+i. 
• Propondremos un Pacto por la Industria, que incluiría una nueva Ley de Industria para favorecer la adaptación del sector a la globalización, a la transición ecológica y a la transición digital, contribuyendo a una mayor diversificación y a incrementar la aportación de la industria al PIB.
• Implementaremos la Estrategia de Transición Justa para permitir la optimización de oportunidades en el empleo asociadas a la transición ecológica, acompañando y minimizando el impacto del cambio de modelo energético y aplicando la perspectiva de género.
• Reorientaremos la política del agua para anticipar y mitigar los efectos del cambio climático, garantizando las exigencias ambientales establecidas en las normas europeas. Aumentaremos la seguridad hídrica de todas las cuencas, mediante un uso eficiente de las tecnologías disponibles para controlar el consumo y la calidad del agua, gestionar adecuadamente los acuíferos e incrementar los recursos disponibles, con menor dependencia de la evolución de las precipitaciones. En particular, es urgente avanzar en las medidas de depuración, saneamiento, reutilización, eficiencia y ahorro, desde la actuación responsable de todas las administraciones, en el contexto de una nueva “Gobernanza del Agua”, fomentando la participación social e institucional. Para ello, se buscará un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, que permita alcanzar un Pacto Nacional del Agua, consistente con el cumplimiento de las Directivas europeas. 
• Promoveremos la reducción del despilfarro de alimentos, así como el consumo de alimentos producidos con criterios ecológicos y de proximidad, y estudiaremos las líneas oportunas de revisión y fortalecimiento de la Ley de la cadena alimentaria para garantizar una remuneración equilibrada a todos los agentes de la cadena y, particularmente, a los productores. 
• Adoptaremos una Estrategia de Turismo Sostenible, con el objetivo de apoyar las iniciativas destinadas a reducir la estacionalidad de la oferta turística y la rehabilitación y regeneración en los destinos turísticos más maduros, promoviendo el atractivo de nuestro patrimonio histórico y natural. Incentivaremos el comportamiento responsable de las empresas del sector de la hostelería y la restauración, que pueden contribuir significativamente a reducir la huella ecológica del turismo y a mejorar las condiciones laborales de sus empleados y empleadas, al tiempo que aumenta la calidad de su oferta. 
• Se impulsará la aprobación de una Ley de plásticos de un solo uso, como parte de la Estrategia de Economía Circular, que promoverá la reutilización y el reciclaje, introduciendo para determinados residuos el sistema de depósito y retorno, para alcanzar el objetivo de “residuo cero” en el horizonte 2050. 
• Integraremos la preservación de nuestra rica biodiversidad, terrestre y marina, en todas las políticas sectoriales, mediante estrategias específicas de lucha contra la desertificación, protección de humedales, conectividad y restauración ecológica… en las que se establecerán los correspondientes “pagos por servicios ambientales”, y se aprovecharán todas las iniciativas europeas. Asimismo, ampliaremos y fortaleceremos la Red de Parques Nacionales y las Áreas Marinas Protegidas. 
• España seguirá comprometida en la preservación de los océanos, reforzando la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, implicando a los consumidores mediante la adecuada trazabilidad de los alimentos procedentes del mar. 
• Aprobaremos sendos Estatutos Básicos para los Agentes Forestales y para las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, de forma que en todo el territorio se mejoren las condiciones de trabajo de estos profesionales, que juegan un papel crucial en la preservación de la biodiversidad, así como en la prevención y extinción de incendios forestales. 
• Actualizaremos el Libro Blanco de la Educación Ambiental, con el objetivo de favorecer el conocimiento riguroso y crítico sobre las cuestiones ambientales, así como para consolidar un enfoque ético que promueva conductas responsables, y capacite para el análisis de alternativas y la resolución de conflictos. 
• Se aprobará un Plan de Salud y Medio Ambiente, priorizando las actuaciones de prevención y el criterio de precaución, para reducir el impacto de toda forma de contaminación sobre la salud de la población, y el correspondiente coste económico para el Sistema Nacional de Salud.  Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos que, como indica la comunidad científica, son capaces de sentir emociones.

4. AVANCE CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y TRANSICIÓN DIGITAL 

4.1. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

• Fortaleceremos el sistema de ciencia y tecnología, propiciando un Pacto de Estado por la Ciencia y la Innovación. 
• Aumentaremos la inversión pública en I+D+i y estimularemos la inversión privada, de manera que la inversión total llegue al 2% del PIB al final de la legislatura, aumentando el peso de las partidas destinadas a inversión directa, garantizando una planificación plurianual de la financiación a través de la Agencia Estatal de Investigación. 
• Continuaremos eliminando las trabas burocráticas que lastran los proyectos de investigación; aumentaremos la inversión para proyectos de investigación y las facilidades para contratar investigadores a cargo de ellos; estableceremos incentivos para que la investigación académica, la transferencia de conocimiento y la innovación se conviertan en auténticos motores del progreso de nuestra sociedad; continuaremos con la política de atracción del personal docente e investigador, especialmente de las y los españoles que tuvieron que marcharse al extranjero en busca de oportunidades. 
• Trabajaremos por el desarrollo de una carrera investigadora y académica estable, digna y predecible. Para ello: o Aprobaremos el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), ligado a la nueva Ley de Universidades, con un modelo profesional, transparente y basado en el mérito y la capacidad. 
• Diseñaremos medidas para la atracción de talento joven, así como el acceso a la carrera profesional mediante una plaza de PDI postdoctoral contratado. o Ofreceremos oportunidades de consolidación al profesorado asociado con perfil académico. o Continuaremos con la estabilización con Oferta Pública de Empleo aumentando la tasa de reposición en determinados puestos de técnicos y de científicos. o Implementaremos mejoras del Estatuto del Personal Investigador en Formación. 
• Estableceremos medidas más audaces para cerrar brechas de género en los organismos con más presencia de mujeres académicas y científicas, y para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. o Crearemos fondos específicos para proyectos de investigación en áreas estratégicas. 

4.2. Transformación digital 

• Aprobaremos la Estrategia España Nación Emprendedora, que será la agenda digital de España para los próximos diez años, y promoverá una profunda transformación de nuestro tejido productivo, -incluyendo una Ley de startups, que incluya a las empresas tecnológicas de todos los sectores, y el apoyo específico a la transición digital de las pymes-, así como la digitalización de la Administración, creando la figura del Chief Data Officer para promover una gestión eficiente de los datos y su mejor uso para la articulación de políticas públicas. 
• Promoveremos un plan de tecnologías habilitadoras del cambio, como el big data, la inteligencia artificial, la supercomputación, el procesamiento del lenguaje natural, las DLT, el 5G, el Internet de las cosas, las tecnologías biomédicas en medicina personalizada, las tecnologías de generación y almacenamiento de energías limpias, etc.  Promoveremos una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que aborde el poder transformador de esta tecnología para nuestra economía y servicios públicos, logrando un perfecto encaje de la misma con nuestros valores éticos y sociales. 
• Crearemos una entidad pública de financiación de la innovación, el emprendimiento, la transformación digital y la transición ecológica, que integre los programas y entidades públicas de crédito existentes. 
• Impulsaremos, conjuntamente con las comunidades autónomas, el desarrollo de las competencias digitales en el alumnado, así como de disciplinas vinculadas con el ámbito digital, incluyendo desde la educación primaria contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos; y reformaremos el Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones de la Formación Profesional (FP) a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI, creando nuevas titulaciones vinculadas al mercado digital.